PNL/000020-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de julio de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000001 a PNL/000041.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de julio de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Nuria Rubio García, Mario Rivas López, María Isabel Fernández Rodríguez y Benjamín Fernández Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

La comunidad educativa de la provincia de León ha impulsado en los últimos meses una iniciativa para que los centros públicos de Educación Infantil y Primaria que lo soliciten puedan impartir también los cursos de 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria.

Esta propuesta cuenta con un amplio respaldo social. Un total de 62 colegios públicos de la provincia de León han apoyado formalmente esta reivindicación y otros 33 centros han mostrado también su apoyo, representando a alrededor de 3.200 familias leonesas que solicitan a la Junta de Castilla y León que estudie la implantación voluntaria de este modelo educativo.

Las familias y los equipos educativos que respaldan esta medida defienden que la permanencia del alumnado de 11 y 12 años en su centro de referencia durante dos cursos más favorecería una transición más gradual entre la Educación Primaria y la Secundaria, mejoraría el acompañamiento educativo y emocional en una etapa especialmente sensible y permitiría una mayor atención personalizada.

Asimismo, señalan que esta medida contribuiría a reducir desplazamientos diarios del alumnado, facilitar la conciliación familiar y reforzar el mantenimiento de servicios públicos esenciales en el medio rural, donde los centros educativos desempeñan un papel fundamental para la fijación de población.

La propia experiencia existente en Castilla y León demuestra que existen fórmulas organizativas que permiten impartir enseñanzas obligatorias en un mismo centro, como ocurre en los Centros de Educación Obligatoria (CEO), mientras que otras comunidades autónomas están desarrollando modelos similares adaptados a las necesidades de sus territorios.

Sin embargo, la Consejería de Educación ha descartado hasta el momento esta posibilidad sin abrir un proceso de diálogo con las familias ni realizar una evaluación rigurosa de la viabilidad pedagógica, organizativa y territorial de la propuesta.

Ante una demanda respaldada por miles de familias y por una parte importante de la comunidad educativa, resulta necesario que la Junta de Castilla y León analice esta iniciativa desde el diálogo, el consenso y el interés general, valorando sus posibles beneficios y garantizando, en todo caso, la calidad del sistema educativo público.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Realizar, durante el año 2026, un estudio técnico, pedagógico y organizativo sobre la implantación voluntaria de los cursos de 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria en los colegios públicos de Castilla y León que dispongan de espacios, recursos e infraestructuras adecuadas.

2. Abrir un proceso de diálogo con las asociaciones de familias, equipos directivos, profesorado, organizaciones sindicales y ayuntamientos para analizar la viabilidad y las condiciones necesarias para el desarrollo de este modelo.

3. Evaluar específicamente el impacto que esta medida podría tener en la mejora de la transición educativa, la atención al alumnado, la conciliación familiar, la reducción de desplazamientos escolares y la lucha contra la despoblación en el medio rural.

4. Diseñar, en su caso, un programa piloto de implantación voluntaria en aquellos centros cuya comunidad educativa lo solicite y que cumplan los requisitos establecidos por la Administración educativa.

5. Garantizar que cualquier actuación que pudiera desarrollarse se lleve a cabo mediante planificación previa, dotación suficiente de recursos humanos y materiales, y sin menoscabo de la calidad educativa de los institutos públicos existentes".

Valladolid, 24 de junio de 2026.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Nuria Rubio García, Mario Rivas López, María Isabel Fernández Rodríguez y Benjamín Fernández Martínez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Martínez Mínguez