PE/000255-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de julio de 2026, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta escrita PE/000254 a PE/000274.

Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de julio de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ana Isabel Casado Ridruejo, Patricia Gómez Urbán, Pedro González Reglero, Laura Pelegrina Cortijo, Sergio García Herrero, Diego Vallejo Martínez, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Durante las décadas de los años 70 y 80 se promovieron en municipios de Castilla y León importantes parques de viviendas de protección oficial de titularidad pública, inicialmente dependientes del entonces Ministerio de Vivienda y posteriormente Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Como consecuencia de los sucesivos procesos de transferencia de competencias en materia de vivienda, a través del RD 972/1984 y del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda (IPPV), una parte significativa de estos inmuebles pasó posteriormente a ser gestionada y propiedad de la Junta de Castilla y León.

Estas promociones, concebidas para garantizar el acceso a una vivienda digna a familias con menos recursos, y que muchas de sus viviendas fueron adquiridas, conforme a ley, por sus respectivos inquilinos, constituyen todavía hoy una parte relevante del parque público residencial de la Comunidad. Sin embargo, en algunos barrios de la ciudad de Valladolid, como Arturo Eyries o Huerta del Rey, se vienen denunciando desde hace años importantes problemas derivados de la gestión de estas viviendas.

Según trasladan comunidades de propietarios y vecinos afectados, existe un elevado volumen de impagos de rentas de alquiler y otros conceptos asociados a estas viviendas públicas, de gestión directa de la Junta de Castilla y León. Asimismo, se denuncia que muchos de estos inmuebles generan importantes deudas con las comunidades de propietarios por el impago de cuotas comunitarias, suministros comunes, como es el agua al carecer de contadores individuales, derramas extraordinarias e incluso actuaciones obligatorias de conservación y mantenimiento de los edificios.

Esta situación estaría provocando graves dificultades económicas en algunas comunidades de propietarios, comprometiendo su capacidad para afrontar gastos ordinarios, obras de conservación e inspecciones técnicas obligatorias, llegando algunas de ellas a encontrarse en una situación económica límite.

La Junta de Castilla y León debe compatibilizar el derecho de acceso y la función social de la vivienda con el cumplimiento de sus obligaciones como propietaria, evitando que el coste de una deficiente gestión pública recaiga sobre el resto de vecinos de las comunidades afectadas

Por todo lo anteriormente expuesto, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas viviendas pertenecientes al parque público residencial procedente de las antiguas promociones estatales de viviendas de protección oficial de las décadas de los años 70 y 80 son actualmente titularidad de la Junta de Castilla y León, en la provincia de Valladolid?

2. ¿Cuántas de estas viviendas se encuentran actualmente ocupadas en régimen de alquiler o cualquier otra fórmula de cesión de uso?

3. ¿Cuál es el importe total de deuda acumulada por impago de rentas correspondiente a estas viviendas públicas a fecha de respuesta de la presente iniciativa?

4. ¿Cuántos expedientes de reclamación de rentas impagadas mantiene abiertos actualmente la Junta de Castilla y León respecto de estas viviendas?

5. ¿Qué medidas concretas está desarrollando la Junta de Castilla y León para garantizar el cobro de las rentas y reducir los niveles de morosidad existentes en este parque público?

6. ¿Cuántos empleados públicos o efectivos adscritos a la Administración autonómica tienen encomendadas funciones relacionadas con la gestión, seguimiento y reclamación de impagos de estas viviendas en la provincia de Valladolid?

7. ¿Qué actuaciones está realizando la Junta de Castilla y León para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden como propietaria de estas viviendas y evitar el deterioro económico de las comunidades de propietarios afectadas?

8. ¿Considera la Junta de Castilla y León aceptable que existan comunidades de propietarios que se encuentren en una situación económica crítica como consecuencia de impagos vinculados a viviendas de titularidad pública autonómica?

9. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León aprobar algún plan específico de regularización, gestión y mantenimiento de este parque público de viviendas que permita garantizar tanto el derecho a la vivienda de los ocupantes como el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la propiedad de los inmuebles?

Valladolid a 22 de junio de 2026