PNL/000195-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de septiembre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000192 a PNL/000195.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de septiembre de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Castilla y León es una Comunidad extensa en la que las comunicaciones por carretera desempeñan un papel decisivo. No son solo vías de paso, sino infraestructuras esenciales para cohesionar el territorio y contribuir a la fijación de población.

En el caso de las autopistas, no puede obviarse que se han convertido en parte esencial de la vida diaria de miles de personas que necesitan desplazarse por motivos laborales, educativos o familiares; también de los autónomos y empresas que mueven mercancías de forma cotidiana y que necesitan ser competitivos.

En este contexto, los peajes en autopistas estatales que discurren por Castilla y León constituyen una carga añadida. Es el caso de la AP-66, de León a Campomanes, principal conexión rodada entre Asturias y Castilla y León, con una concesión vigente hasta 2050; de la AP-71, entre León y Astorga, con peajes en vigor hasta 2055; y de la AP-6, la AP-51 y la AP-61, cuya concesión se extiende hasta noviembre de 2029 y que siguen siendo corredores esenciales para la conexión de las provincias de Ávila y Segovia con Madrid y con el eje del noroeste de España.

El Partido Popular ha venido sosteniendo que Castilla y León no puede quedar al margen de las soluciones que el Gobierno de España sí ha implantado en otros territorios.

Razones de equidad y justicia territorial implican que la liberalización de los peajes es el objetivo final y en esa línea ha venido trabajando la Junta de Castilla y León de forma coordinada con Galicia y Asturias, Comunidades que comparten problemas semejantes en relación con la AP-9 y la AP-66, participando en declaraciones y encuentros conjuntos para exigir soluciones en el ámbito estatal y europeo, con el fin de que el Gobierno de España aplique la decisión de la Comisión de la Unión Europea que anula la prórroga de la concesión que grava con peaje el tránsito entre León y Asturias, en lo que a nuestra Comunidad respecta, y proceda en consecuencia a eliminar el peaje que encarece el paso por dichas autopistas.

Esa posición común no nace de una estrategia coyuntural, sino de la convicción de que los problemas compartidos del noroeste de España exigen respuestas coordinadas, especialmente cuando afectan a infraestructuras de titularidad estatal que son determinantes para la movilidad y la actividad económica, pues no en vano la red de carreteras de competencia del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana que discurre por nuestra Comunidad representa casi el 25 % del total nacional.

Mientras esta solución no se produzca, resulta plenamente razonable reclamar al Gobierno de España que extienda el régimen de bonificaciones vigente en la AP-66 justas y reales para a todas las autopistas que discurren por Castilla y León, equivalentes a las que viene aplicando en otras infraestructuras como la AP-9 en Galicia o las implantadas en otros territorios.

No se pide un trato de favor, sino una cuestión de igualdad: vivir en Castilla y León no puede salir más caro por el hecho de necesitar una autopista para desplazarse.

El Estado ha podido articular descuentos o liberar peajes en otros lugares, y, por ello, Castilla y León tiene derecho a exigir el mismo esfuerzo, puesto que la equidad territorial no puede depender del código postal ni de la Comunidad Autónoma en la que se viva.

Esta reivindicación forma parte de los compromisos políticos asumidos por el Partido Popular en las recientes elecciones como reivindicación exigible ante el Gobierno de España, y se ha visto reforzada reflejado también en el actual marco del Gobierno en Castilla y León, con el pacto político que lo ha propiciado.

Pero si el Gobierno de España, con la habitual indolencia que caracteriza al Ministro Puente con Castilla y León, no actúa y persiste en no actuar al respecto, la Junta de Castilla y León tendrá que disponer de los instrumentos necesarios para atajar esta situación.

Ante un mapa desigual de peajes, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apostado con ocasión del acto de inauguración de varios tramos de la A-11 en agosto de este año por el vencimiento de las concesiones.

Esta afirmación, amén del desplante institucional perpetrado por Óscar Puente, resulta reveladora. El ministro admite que hoy existe una situación desigual, pero plantea como única respuesta esperar al vencimiento de las concesiones, lo que supone, en la práctica, pedir a los ciudadanos que sigan pagando mientras el Gobierno deja pasar el tiempo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido medidas concretas para aliviar el coste de los peajes a los usuarios recurrentes de la Comunidad en el debate de investidura, anunciando que: "También ayudaremos a los conductores y a los autónomos que usan habitualmente las autopistas: bonificaremos con un mínimo del 60 % los actuales peajes en la Comunidad a los conductores recurrentes empadronados aquí".

La medida anunciada tiene, por tanto, un doble sentido: ofrecer soluciones a los ciudadanos y evidenciar que, ante la falta de respuesta del Estado, el Gobierno autonómico está dispuesto a defender los intereses de Castilla y León.

Por todo ello, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Exigir al Gobierno de España que implante de manera inmediata bonificaciones en los peajes vigentes de las autopistas que discurren por Castilla y León: AP-51, AP-6, AP-61 y AP-71, en las mismas condiciones que las vigentes para la AP-9 y la AP-66.

2. Implantar, en caso de persistir la inacción del Gobierno de España, los instrumentos jurídicos, técnicos y presupuestarios que sean necesarios para bonificar con condiciones similares a la AP-66, con un mínimo del 60 % del importe del peaje a los usuarios recurrentes empadronados en nuestra Comunidad, las autopistas que transcurren por Castilla y León.

3. Dirigirse al Gobierno de España para que, conforme a lo acordado por Castilla y León con las Comunidades de Galicia y Asturias, ponga en marcha los mecanismos necesarios para aplicar el dictamen de la Comisión Europea por el que se concluyó que los contratos de concesión hasta 2048, en la AP-9, y hasta 2050, en la AP-66, vulneran las normas de la Unión Europea y elimine el peaje que grava las mismas".

Valladolid, 1 de septiembre de 2026.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Leticia García Sánchez