4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000310-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000310 a PNL/000313.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
El presente documento contiene imágenes. Puede consultar la versión íntegra del mismo en la publicación en formato PDF, BOCCL-12-001742.
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
Las pensiones públicas constituyen uno de los principales pilares del Estado del Bienestar y uno de los mayores logros colectivos de nuestra democracia. El sistema público de pensiones garantiza no solo un ingreso a las personas que, después de toda una vida de trabajo, alcanzan la jubilación, sino también la protección frente a situaciones de incapacidad, viudedad, orfandad y otras circunstancias de vulnerabilidad.
El sistema público de pensiones se fundamenta en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad e intergeneracionalidad, garantizando que todas las personas puedan acceder a una pensión con independencia de su capacidad individual de ahorro.
Por ello, resultan especialmente preocupantes las recientes declaraciones del partido de ultraderecha, Vox, que ha calificado el sistema público de pensiones como un sistema "zombi" y ha afirmado que está "quebrado", planteando como alternativa una "reforma estructural" hacia un modelo mixto que combine el sistema de reparto con la capitalización individual.
Tras estas declaraciones se encuentra una concepción radicalmente diferente de lo que debe ser nuestro sistema de protección social: sustituir progresivamente la garantía colectiva de una pensión pública por un modelo en el que una parte de la jubilación dependa de la capacidad individual de ahorro y de la contratación o disponibilidad de mecanismos privados de capitalización.
Esta propuesta no puede ser asumida con indiferencia. Quien dispone de salarios más elevados y de capacidad de ahorro podrá complementar su pensión; quien haya tenido empleos precarios, salarios bajos, periodos de desempleo o carreras laborales discontinuas tendrá mayores dificultades para hacerlo.
La consecuencia sería una sociedad con pensionistas de primera y de segunda, debilitando precisamente la función redistributiva y de cohesión social que debe cumplir un sistema público de pensiones.
Frente a esta concepción, el Partido Socialista Obrero Español defiende con claridad el carácter público, solidario y suficiente del sistema de pensiones, así como su sostenibilidad y su capacidad para garantizar unas pensiones dignas a las generaciones presentes y futuras.
La defensa de las pensiones públicas no significa ignorar los retos demográficos y económicos que afronta el sistema. Significa abordarlos desde el diálogo social, el Pacto de Toledo y la búsqueda de mayores niveles de empleo, mejores salarios, más cotizantes y mayores ingresos del sistema, y no trasladando a cada trabajador la responsabilidad individual de financiar su propia jubilación.
La Recomendación Segunda del Pacto de Toledo, relativa al mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, establece la necesidad de garantizar la conservación del poder adquisitivo de los pensionistas.
En cumplimiento de esta recomendación, la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, recuperó la vinculación de la revalorización de las pensiones a la evolución de los precios, estableciendo que las pensiones contributivas se actualicen anualmente de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior.
Este cambio resulta especialmente relevante si se compara con las decisiones adoptadas durante los gobiernos del Partido Popular presididos por Mariano Rajoy.
Entre 2014 y 2017, las pensiones contributivas se revalorizaron con carácter general únicamente un 0,25 % anual, como consecuencia del nuevo índice de revalorización introducido por la reforma del Gobierno del Partido Popular. En 2017, mientras las pensiones subieron un 0,25 %, el IPC medio aumentó un 2 %, provocando una pérdida de poder adquisitivo del 1,75 %.
La evolución de las revalorizaciones generales permite apreciar con claridad las diferencias entre ambos modelos:
La diferencia no es únicamente cuantitativa, sino fundamentalmente de modelo y de concepción política.
Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy desvinculó la actualización de las pensiones de la evolución de los precios y estableció el conocido límite del 0,25 % en los años de déficit, los gobiernos socialistas han recuperado y consolidado por ley la garantía del poder adquisitivo.
Desde 2022, las pensiones contributivas se han revalorizado conforme al mecanismo establecido por la Ley 21/2021: un 2,5 % en 2022, un 8,5 % en 2023, un 3,8 % en 2024, un 2,8 % en 2025 y un 2,7 % en 2026.
En 2026, la revalorización general del 2,7 % se corresponde con la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, dando cumplimiento a la fórmula legal establecida y garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo.
Además, el compromiso de los gobiernos socialistas no se limita a las pensiones contributivas. En 2026 las pensiones mínimas aumentan un 7 % con carácter general, llegando hasta el 11,4 % en determinados supuestos, mientras las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se incrementan un 11,4 %.
La defensa de las pensiones públicas es especialmente importante en Castilla y León, una Comunidad con una elevada proporción de población pensionista y donde las pensiones constituyen una fuente fundamental de ingresos para miles de familias y contribuyen de manera decisiva a mantener la actividad económica, el comercio y los servicios en nuestros municipios.
Por ello, las declaraciones realizadas desde Vox no pueden quedar sin respuesta. Las Cortes de Castilla y León deben trasladar un mensaje inequívoco: las pensiones públicas no son un negocio, son un derecho; la jubilación no puede depender de la capacidad individual de ahorro; y el futuro de nuestros mayores no puede quedar en manos de los mercados financieros.
El Partido Socialista Obrero Español defiende un sistema público de pensiones sostenible, suficiente y solidario, financiado sobre la base de la solidaridad entre generaciones y territorios, y considera irrenunciable que las pensiones mantengan su poder adquisitivo mediante su revalorización conforme al IPC, tal y como establece actualmente la legislación.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Manifestar su compromiso inequívoco con el carácter público, universal, solidario y de reparto del sistema español de pensiones, rechazando cualquier propuesta encaminada a su privatización total o parcial o a sustituir la garantía colectiva por sistemas de capitalización individual.
2. Rechazar las propuestas que pretendan convertir las pensiones públicas en una prestación básica insuficiente que deba ser complementada mediante el ahorro privado individual, por considerar que supondrían un debilitamiento del Estado del Bienestar y aumentarían las desigualdades entre las personas pensionistas.
3. Defender el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su revalorización anual conforme a la evolución del IPC, en cumplimiento de la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo y de la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.
4. Instar al Gobierno de España a continuar fortaleciendo el sistema público de pensiones mediante políticas que incrementen el empleo estable y de calidad, mejoren los salarios y las bases de cotización y garanticen la sostenibilidad financiera y social del sistema.
5. Reivindicar el diálogo social y el Pacto de Toledo como instrumentos fundamentales para abordar los retos presentes y futuros del sistema público de pensiones, frente a propuestas de privatización o individualización del riesgo.
6. Trasladar este acuerdo al Gobierno de España, a los agentes sociales y a las organizaciones representativas de las personas pensionistas, haciendo constar el compromiso de las Cortes de Castilla y León con la defensa de unas pensiones públicas, dignas y suficientes, que mantengan siempre su poder adquisitivo".
Valladolid, 13 de octubre de 2026.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000310-01
CVE="BOCCL-12-001742"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
Legislatura
Pags. 5949-5952
BOCCL nº 48/12 del 20/10/2026
CVE: BOCCL-12-001742
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000310-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a realizar determinadas actuaciones que muestren su defensa del actual sistema español de pensiones, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000310 a PNL/000313.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
TEXTO
El presente documento contiene imágenes. Puede consultar la versión íntegra del mismo en la publicación en formato PDF, BOCCL-12-001742.
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
Las pensiones públicas constituyen uno de los principales pilares del Estado del Bienestar y uno de los mayores logros colectivos de nuestra democracia. El sistema público de pensiones garantiza no solo un ingreso a las personas que, después de toda una vida de trabajo, alcanzan la jubilación, sino también la protección frente a situaciones de incapacidad, viudedad, orfandad y otras circunstancias de vulnerabilidad.
El sistema público de pensiones se fundamenta en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad e intergeneracionalidad, garantizando que todas las personas puedan acceder a una pensión con independencia de su capacidad individual de ahorro.
Por ello, resultan especialmente preocupantes las recientes declaraciones del partido de ultraderecha, Vox, que ha calificado el sistema público de pensiones como un sistema "zombi" y ha afirmado que está "quebrado", planteando como alternativa una "reforma estructural" hacia un modelo mixto que combine el sistema de reparto con la capitalización individual.
Tras estas declaraciones se encuentra una concepción radicalmente diferente de lo que debe ser nuestro sistema de protección social: sustituir progresivamente la garantía colectiva de una pensión pública por un modelo en el que una parte de la jubilación dependa de la capacidad individual de ahorro y de la contratación o disponibilidad de mecanismos privados de capitalización.
Esta propuesta no puede ser asumida con indiferencia. Quien dispone de salarios más elevados y de capacidad de ahorro podrá complementar su pensión; quien haya tenido empleos precarios, salarios bajos, periodos de desempleo o carreras laborales discontinuas tendrá mayores dificultades para hacerlo.
La consecuencia sería una sociedad con pensionistas de primera y de segunda, debilitando precisamente la función redistributiva y de cohesión social que debe cumplir un sistema público de pensiones.
Frente a esta concepción, el Partido Socialista Obrero Español defiende con claridad el carácter público, solidario y suficiente del sistema de pensiones, así como su sostenibilidad y su capacidad para garantizar unas pensiones dignas a las generaciones presentes y futuras.
La defensa de las pensiones públicas no significa ignorar los retos demográficos y económicos que afronta el sistema. Significa abordarlos desde el diálogo social, el Pacto de Toledo y la búsqueda de mayores niveles de empleo, mejores salarios, más cotizantes y mayores ingresos del sistema, y no trasladando a cada trabajador la responsabilidad individual de financiar su propia jubilación.
La Recomendación Segunda del Pacto de Toledo, relativa al mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, establece la necesidad de garantizar la conservación del poder adquisitivo de los pensionistas.
En cumplimiento de esta recomendación, la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, recuperó la vinculación de la revalorización de las pensiones a la evolución de los precios, estableciendo que las pensiones contributivas se actualicen anualmente de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior.
Este cambio resulta especialmente relevante si se compara con las decisiones adoptadas durante los gobiernos del Partido Popular presididos por Mariano Rajoy.
Entre 2014 y 2017, las pensiones contributivas se revalorizaron con carácter general únicamente un 0,25 % anual, como consecuencia del nuevo índice de revalorización introducido por la reforma del Gobierno del Partido Popular. En 2017, mientras las pensiones subieron un 0,25 %, el IPC medio aumentó un 2 %, provocando una pérdida de poder adquisitivo del 1,75 %.
La evolución de las revalorizaciones generales permite apreciar con claridad las diferencias entre ambos modelos:
La diferencia no es únicamente cuantitativa, sino fundamentalmente de modelo y de concepción política.
Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy desvinculó la actualización de las pensiones de la evolución de los precios y estableció el conocido límite del 0,25 % en los años de déficit, los gobiernos socialistas han recuperado y consolidado por ley la garantía del poder adquisitivo.
Desde 2022, las pensiones contributivas se han revalorizado conforme al mecanismo establecido por la Ley 21/2021: un 2,5 % en 2022, un 8,5 % en 2023, un 3,8 % en 2024, un 2,8 % en 2025 y un 2,7 % en 2026.
En 2026, la revalorización general del 2,7 % se corresponde con la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, dando cumplimiento a la fórmula legal establecida y garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo.
Además, el compromiso de los gobiernos socialistas no se limita a las pensiones contributivas. En 2026 las pensiones mínimas aumentan un 7 % con carácter general, llegando hasta el 11,4 % en determinados supuestos, mientras las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se incrementan un 11,4 %.
La defensa de las pensiones públicas es especialmente importante en Castilla y León, una Comunidad con una elevada proporción de población pensionista y donde las pensiones constituyen una fuente fundamental de ingresos para miles de familias y contribuyen de manera decisiva a mantener la actividad económica, el comercio y los servicios en nuestros municipios.
Por ello, las declaraciones realizadas desde Vox no pueden quedar sin respuesta. Las Cortes de Castilla y León deben trasladar un mensaje inequívoco: las pensiones públicas no son un negocio, son un derecho; la jubilación no puede depender de la capacidad individual de ahorro; y el futuro de nuestros mayores no puede quedar en manos de los mercados financieros.
El Partido Socialista Obrero Español defiende un sistema público de pensiones sostenible, suficiente y solidario, financiado sobre la base de la solidaridad entre generaciones y territorios, y considera irrenunciable que las pensiones mantengan su poder adquisitivo mediante su revalorización conforme al IPC, tal y como establece actualmente la legislación.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Manifestar su compromiso inequívoco con el carácter público, universal, solidario y de reparto del sistema español de pensiones, rechazando cualquier propuesta encaminada a su privatización total o parcial o a sustituir la garantía colectiva por sistemas de capitalización individual.
2. Rechazar las propuestas que pretendan convertir las pensiones públicas en una prestación básica insuficiente que deba ser complementada mediante el ahorro privado individual, por considerar que supondrían un debilitamiento del Estado del Bienestar y aumentarían las desigualdades entre las personas pensionistas.
3. Defender el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y su revalorización anual conforme a la evolución del IPC, en cumplimiento de la Recomendación Segunda del Pacto de Toledo y de la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.
4. Instar al Gobierno de España a continuar fortaleciendo el sistema público de pensiones mediante políticas que incrementen el empleo estable y de calidad, mejoren los salarios y las bases de cotización y garanticen la sostenibilidad financiera y social del sistema.
5. Reivindicar el diálogo social y el Pacto de Toledo como instrumentos fundamentales para abordar los retos presentes y futuros del sistema público de pensiones, frente a propuestas de privatización o individualización del riesgo.
6. Trasladar este acuerdo al Gobierno de España, a los agentes sociales y a las organizaciones representativas de las personas pensionistas, haciendo constar el compromiso de las Cortes de Castilla y León con la defensa de unas pensiones públicas, dignas y suficientes, que mantengan siempre su poder adquisitivo".
Valladolid, 13 de octubre de 2026.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000310-01
CVE="BOCCL-12-001742"
