PNL/000313-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000310 a PNL/000313.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en el principal factor de precarización y malestar social en España. La vivienda, que durante décadas constituyó el pilar fundamental sobre el que se edificó la prosperidad de las clases medias españolas y el horizonte de estabilidad de las familias, ha sido convertida en un bien inalcanzable. Lo que antaño representaba el símbolo indiscutible de la consolidación social y el arraigo territorial es hoy el reflejo dramático de la contracción, el estrechamiento y la desposesión de generaciones enteras.

No nos encontramos ante un problema coyuntural o una situación aislada en los márgenes de nuestra sociedad, sino ante la aplastante realidad del español medio: de aquel joven o trabajador que ha estudiado, se ha formado, cumple con sus obligaciones, trabaja y percibe un salario digno pero que, sin embargo, se descubre incapaz de desarrollar un proyecto vital independiente. En la España de ayer, el hijo de un trabajador humilde podía, con esfuerzo y tesón, terminar siendo dueño de su hogar y su futuro; en la España de hoy, el hijo de un profesional cualificado se ve forzado a compartir piso, sofá y nevera con desconocidos y a poner en pausa su proyecto vital. Esta ruptura unilateral del contrato social no es fruto de la casualidad, sino del abandono sistemático de las políticas públicas de protección a la familia y al trabajo, combinado con años de ceguera ideológica e inacción institucional.

No podemos resignarnos a que generaciones enteras tengan que elegir entre permanecer junto a sus familias o marcharse para poder construir la suya propia. La vivienda debe volver a ser una garantía de arraigo, estabilidad y prosperidad, y no una barrera que condene a nuestros jóvenes al desarraigo.

Durante años, el Gobierno y sus terminales mediáticas han pretendido abordar la crisis de la vivienda escamoteando a los españoles la causa principal y más evidente del colapso habitacional: la relación directa e innegable que existe entre la escasez de vivienda y las políticas de fronteras abiertas y el fomento de la inmigración masiva.

Los datos son contundentes e inapelables: en los últimos cinco años, España ha registrado la entrada de aproximadamente cinco millones de personas. Cinco millones de nuevos residentes que también necesitan un techo bajo el que cobijarse y cuatro paredes en las que habitar. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, la producción residencial se ha mantenido estancada en niveles irrisorios, construyéndose menos de noventa mil unidades anuales. Resulta matemáticamente incontestable que introducir cinco millones de potenciales demandantes en un mercado donde se construyen menos de quinientas mil viviendas aboca, de forma ineludible, a una crisis de oferta sin precedentes. En otras palabras: no hay solución posible a la emergencia habitacional si cada año se incorpora la población de dos Málagas o dos Sevillas al mercado residencial español.

El fomento irresponsable de la política de puertas abiertas mientras la construcción permanece paralizada obliga a los trabajadores y jóvenes españoles a competir con medio mundo en su propia tierra. Las fronteras porosas del bipartidismo han funcionado como una trampa para las expectativas de futuro de nuestros compatriotas.

El mapa de la España receptora de inmigración masiva coincide de manera exacta con el mapa de las regiones donde más se han encarecido los alquileres y donde más se han degradado los servicios y el entorno urbano. El español de a pie se encuentra atrapado en una pinza: por arriba, golpeado por la gentrificación, los fondos de inversión y las grandes fortunas extranjeras que compran inmuebles a tocateja; por abajo, asfixiado por la guetificación, el chabolismo vertical y la saturación de los recursos públicos. Entre la zona inalcanzable y la zona intransitable, las clases medias y populares españolas han sido marginadas y expulsadas de sus propios barrios.

La consecuencia directa de la escasez y del encarecimiento es la drástica reducción del espacio habitable por persona y el consecuente hacinamiento. Un piso de tres habitaciones en la periferia de cualquier ciudad, que antes arrendaba una familia trabajadora por un precio razonable, es hoy troceado por habitaciones para obtener rendimientos que triplican el valor original. Estamos presenciando la extensión generalizada de fenómenos chabolistas que creíamos superados definitivamente en Europa: el subarriendo masivo por habitaciones, la proliferación de pisos patera y la ocupación de un mismo inmueble por cuatro o cinco familias, lo que debemos denominar con absoluta claridad como chabolismo vertical. El hacinamiento se ha convertido en el perfecto modelo de negocio, un modelo extraordinariamente lucrativo para los poderosos, pero que constituye una competencia desleal insostenible para el español, que no puede ni debe rebajar sus estándares de vida a niveles tercermundistas.

Resulta una reveladora ironía que un Ejecutivo que se autoproclama «el Gobierno más progresista de la historia» se haya convertido en el mejor amigo de los especuladores. No es posible especular con un bien abundante. La especulación sólo prospera allí donde el bien es escaso, codiciado. Al restringir la oferta a través de leyes nefastas como la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023 -que ha provocado el pánico entre los pequeños propietarios y la salida masiva de inmuebles del mercado-, al bloquear la liberación de suelo y al disparar la demanda mediante una inmigración descontrolada, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha diseñado el escenario idóneo para los grandes rentistas. Este Gobierno ofrece a los especuladores lo que más desean: una cola infinita de demandantes desesperados y una oferta estrangulada que les permite fijar precios inhumanos.

El Gobierno no es víctima ni espectador de la especulación, sino el arquitecto de este modelo. Lejos de combatir el negocio especulativo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha convertido en su socio más lucrativo y su principal beneficiario. Porque mientras se llena la boca hablando de la vivienda como derecho, la Administración Pública se embolsa anualmente más de 52.000 millones de euros en impuestos vinculados al proceso edificatorio y la compraventa de vivienda, a la vez que destina una partida pírrica a la inversión pública en materia residencial. El Gobierno de Pedro Sánchez hace caja directamente con la angustia y la necesidad básica de los españoles.

Acceder a una vivienda en propiedad exige a nuestros jóvenes un esfuerzo económico que condiciona durante años sus posibilidades de emancipación. No podemos aceptar que quien trabaja, ahorra y pretende adquirir su primera vivienda tenga que destinar una parte considerable de ese esfuerzo a satisfacer una interminable sucesión de impuestos y cargas administrativas. Facilitar el acceso a la propiedad, especialmente entre nuestros jóvenes y en el medio rural, exige una política fiscal que premie el ahorro, favorezca el arraigo y permita a las familias conservar el fruto de su trabajo.

Frente a este expolio fiscal, tras ocho años de promesas incumplidas, su respuesta ha sido la presentación a bombo y platillo de iniciativas propagandísticas como «Casa 47», un portal web con ochocientas viviendas para todo el territorio nacional -muchas de ellas ubicadas en municipios sin demanda ni servicios-, lo que demuestra la absoluta ineficiencia e inanidad del Ejecutivo ante el drama de la vivienda.

Ante la evidencia de su fracaso y la inminencia de un nuevo ciclo electoral, asistimos a una vergonzosa ceremonia de la confusión en la que el Gobierno de Sánchez pretende una vez más actuar de manera simultánea como Gobierno y como oposición. Sin embargo, resulta políticamente inaceptable pretender redactar el Boletín Oficial del Estado y encabezar al mismo tiempo las protestas en la calle contra sus nefastas consecuencias.

Quienes han provocado el colapso habitacional mediante el intervencionismo, la hiperregulación, la desprotección del propietario frente a la okupación y el fomento de la inmigración no pueden pretender erigirse ahora en salvadores. Mostrar escándalo por la subida de los precios del alquiler mientras se mantienen las fronteras abiertas a la llegada incontrolada de millones de personas y se congela la liberación de suelo es una contradicción que la sociedad española ya no está dispuesta a tolerar.

Y mientras el Gobierno de España presume de anuncios y promesas que nunca se traducen en soluciones suficientes, Castilla y León cuenta con un importante patrimonio inmobiliario vinculado a la SAREB que podría contribuir a atender las necesidades residenciales de nuestros vecinos. Resulta difícil justificar que existan viviendas y activos inmobiliarios de titularidad pública infrautilizados mientras miles de jóvenes y familias encuentran obstáculos para acceder a un hogar. Es necesario exigir al Ejecutivo nacional que facilite la movilización de estos recursos, en colaboración con las Administraciones competentes, para ampliar la oferta residencial allí donde exista una demanda real.

VOX lleva años predicando en solitario, denunciando las verdaderas causas de este drama y exigiendo soluciones de sentido común. Frente a la propaganda, el intervencionismo y la sumisión a las agendas globalistas, es hora de devolver el sentido común a las instituciones. Es urgente devolver la seguridad jurídica, la prosperidad y la certidumbre de un futuro próspero a las familias españolas.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que a su vez insten al Gobierno de España a:

1. Proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal; proceder a la remigración de aquellos extranjeros que, quedando acreditado que no contribuyen de manera efectiva a la economía nacional con su trabajo, pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos; y proceder a la deportación inmediata de todos los extranjeros que cometan delitos graves, hagan del delito leve su forma de vida o pretenden imponer culturas o costumbres incompatibles con las nuestras.

2. Garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes de la vivienda de acuerdo con la legalidad vigente: para acceder a una vivienda social, para acceder a una vivienda protegida y para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda, procurando la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.

3. Atajar la adquisición masiva de vivienda por capital extranjero estableciendo una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. La recaudación resultante se destinará a bonificaciones y exenciones fiscales para la compra de vivienda por parte de españoles y a la construcción de vivienda protegida.

4. Explorar cuantas fórmulas sean necesarias para limitar la demanda extranjera no residente, que está inflando los precios de la vivienda y dificultando la emancipación y la seguridad residencial de los españoles en muchas localidades de nuestro país.

5. Impulsar cuantas reformas legales sean necesarias, a todos los niveles competenciales incluyendo instancias europeas, para favorecer el acceso de los españoles a la primera vivienda habitual, sea nueva o de segunda mano.

6. Impulsar un estudio exhaustivo de todas las tasas e impuestos municipales y autonómicos con el objeto de suprimir y/o bonificar todas aquellas tasas e impuestos involucrados en el proceso edificatorio y que provocan un encarecimiento del precio final de los inmuebles.

7. Incrementar de manera sustancial y sostenida en el tiempo de la producción de vivienda nueva: ampliación de suelo disponible, agilización de los procedimientos, supresión de trabas regulatorias innecesarias que obstaculizan el desarrollo del sector, simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas y duplicidades normativas, al tiempo que se articulan instrumentos de financiación adecuados para promotores y constructores nacionales.

8. Incrementar la construcción de viviendas protegidas y sociales en régimen de propiedad o arrendamiento con opción de compra mediante fórmulas de colaboración público-privada para garantizar que los jóvenes y las familias españolas puedan adquirir un hogar, especialmente aquellos con menos recursos.

9. Promocionar un modelo de alquileres que armonice los intereses de arrendadores (seguridad jurídica, garantía de cobro y recuperación de la posesión) y arrendatarios (asequibilidad, estabilidad). Se impulsarán incentivos fiscales al alquiler de larga duración y asequible, a la compra de vivienda y al acceso a financiación hipotecaria, así como deducciones significativas en el IRPF para jóvenes inquilinos. También se incluirá la reducción del tipo impositivo del IRPF con cada nuevo hijo.

10. Impulsar la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al objeto de vetar que un okupa o un inmigrante ilegal puedan empadronarse en la vivienda ocupada ilegalmente, así como impedir que se beneficien de los derechos que ello concede. Del mismo modo, desalojo inmediato de los okupas en menos de 24 horas.

En Valladolid, a 13 de octubre de 2026.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Hierro Santos