4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000315-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000314 y PNL/000315.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación de los servicios públicos en España se encuentra en estado crítico. Colapso y saturación son el estado habitual de los centros de salud, hospitales y aulas de los centros educativos públicos. Y quienes sufren las consecuencias son los españoles, especialmente los más humildes, víctimas de la degradación de los servicios públicos que sostienen con sus impuestos.
Esta realidad tiene unas causas muy concretas, y están directamente relacionadas con el aumento exponencial de la inmigración masiva, promovida exprofeso con las políticas de efecto llamada de las últimas décadas. Lo estamos comprobando de manera muy dramática en las últimas semanas, con la invasión de Ceuta del 30 de julio de 2026. Desde entonces, la ciudad sufre con gravísima intensidad este colapso, ante la inacción traidora del Gobierno de la Nación.
Los españoles, en consecuencia, están siendo expulsados de servicios públicos como la sanidad y la educación públicas. La saturación les obliga a recurrir a centros de titularidad privada para poder ser atendidos por un profesional sanitario o para escolarizar a sus hijos. El gasto de las familias en actividades extracurriculares para compensar el déficit de calidad de las aulas ha aumentado un 38 % entre 2019 y 2024. La escuela y la sanidad pública ya no tienen sitio para ellos. Los españoles sostienen con sus impuestos unos servicios a los que luego no pueden acceder.
De hecho, en el periodo 1999-2024, los centros educativos públicos crecieron un 37 % frente a los privados, que lo hicieron en un 67 %. En cuanto al número de alumnos, entre 2001 y 2024, crecieron un 13 % los matriculados en la escuela pública, mientras que los de la privada lo hicieron en un 32 %. La situación es mucho más dura si hablamos de educación universitaria: frente a la pérdida del 12 % del alumnado en las aulas públicas, las universidades privadas vieron aumentar sus matrículas en un 330 % entre 1999 y 2024.
Además, tal y como constata el último informe PISA, la inmigración masiva también afecta a la calidad de la enseñanza, ya que los alumnos extranjeros afrontan desventajas adicionales, como el desconocimiento de la lengua española. Asimismo, este informe señala que el alumnado nativo obtiene puntuaciones superiores a las del alumnado de origen extranjero en ciencias, lectura y matemáticas.
Todo esto tiene también consecuencias nefastas para los profesionales de la educación: sobrecarga de trabajo, aumento de la conflictividad, falta de recursos para atender a los alumnos con necesidades especiales y unas ratios excesivas que repercuten en sus condiciones laborales y en la calidad de la enseñanza.
La misma dinámica afecta a nuestra sanidad pública. Así, se aprecia cómo durante los últimos años, al marcado abandono institucional y la infrafinanciación, se han sumado políticas favorecedoras de la inmigración masiva que, en la práctica, han supuesto la estocada definitiva a un sistema al borde del colapso.
En esta línea, el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, fue una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez con el objeto de reintroducir la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España, pasando éstos a recibir atención sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales españoles.
Más recientemente, el pasado 10 de marzo, el Consejo de Ministros iba más allá y aprobaba un Real Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento "del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en territorio español" con el objeto de establecer un procedimiento homogéneo aplicable en toda España.
Esta medida no sólo es injusta porque equipara a los españoles que llevan años y generaciones contribuyendo con su esfuerzo y trabajo a la construcción de nuestro Estado del bienestar a personas que acaban de llegar de forma ilegal, sino que, además, universaliza un servicio colapsado de origen y que es material y humanamente incapaz de hacer frente a un incremento exponencial de la presión asistencial.
La saturación severa que asola nuestra sanidad pública se aprecia fácilmente ante la falta de relevo generacional entre los profesionales sanitarios de cara a la próxima década; las movilizaciones y reivindicaciones de nuestros profesionales sanitarios ante la creciente precarización laboral y salarial que padecen; la fuga masiva de profesionales sanitarios ligada a la contratación masiva de profesionales sanitarios extracomunitarios; el incremento constante de las listas de espera para acudir al médico de Atención Primaria o especialista -en 2018, era de 4 días, pasando en 2025 a los 9 días- o el aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas -según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a 30 de junio de 2025, 832.728 pacientes esperaban una intervención, con un tiempo medio de espera de 118,6 días de los cuales, el 19,6 % llevaba incluido en lista de espera más de 6 meses-; las graves desigualdades entre regiones, fruto de un fallido modelo autonómico que no sólo genera españoles de primera y de segunda categoría, sino que, además, incita a una suerte de competencia sanitaria entre regiones y a un incremento de la brecha asistencial especialmente sangrante en el mundo rural; o una marcada obsolescencia y/o déficit de infraestructuras sanitarias esenciales para garantizar un servicio sanitario de calidad en todo el territorio sin distinción.
Desgraciadamente, la regularización masiva de más de un millón de inmigrantes ilegales y la indefensión total de nuestras fronteras -tal y como sentencia la reciente invasión en Ceuta y la inacción absoluta del Gobierno de la Nación-, no harán más que acelerar el desmantelamiento total y absoluto de nuestra sanidad.
Aunque Castilla y León no vive actualmente los niveles de saturación de otras Comunidades, la eficiencia y calidad actual de los servicios públicos está comprometida por el incremento indiscriminado de la inmigración masiva que empieza a convertirse en una masa insostenible de demandantes de servicios y prestaciones sociales.
Este número de personas crece en progresión geométrica mientras los recursos y la financiación de las prestaciones sociales, la infraestructura educativa y sanitaria no llega a hacerlo en progresión aritmética, generando una gran distorsión entre el ritmo de crecimiento de los demandantes -impulsados por la inmigración masiva- y el avance de los servicios públicos mencionados anteriormente.
Por último, resulta ineludible destacar que, si bien el colapso sanitario actual afecta negativamente a toda la población en general, son determinados pacientes especialmente vulnerables los que más han visto mermado su derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad. De este modo es deber de todas las Administraciones públicas competentes implementar todas las medidas necesarias para garantizar en todo caso la calidad asistencial de pacientes de edad avanzada, con enfermedades preexistentes graves, con enfermedades crónicas avanzadas, con antecedentes quirúrgicos recientes, con discapacidad o con un historial psiquiátrico grave -entre otros- con independencia del territorio o la región de residencia.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación para que, conforme a los trámites legalmente oportunos y procedimientos de reforma previstos normativamente, proceda a:
1. Manifestar la gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos en España, en términos de saturación y en muchas ocasiones de colapso, así como en la devaluación de la calidad de las prestaciones y el empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados públicos.
2. Manifestar la realidad de que los recursos de las Administraciones públicas para la prestación de los servicios públicos en España son limitados y que, dada la presión provocada por la inmigración masiva, estos recursos están alcanzando su límite material y ya son insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población española.
3. Frenar las políticas de inmigración masiva, asegurando una prestación adecuada y de calidad de los servicios públicos para todos los españoles.
4. Cambiar la política inmigratoria e iniciar la repatriación de los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España, la deportación de los inmigrantes legales que cometan delitos graves, hagan del delito leve su medio de vida o pretendan imponer un modo de vida y cultura contraria a la nuestra y la remigración de los extranjeros que vivan de las ayudas sociales.
5. Aumentar la inversión y a adoptar las medidas necesarias para garantizar en toda España una mejora de las infraestructuras y servicios de los centros educativos con el fin de que puedan dar una respuesta adecuada a las necesidades de los alumnos.
6. Aumentar la inversión y a adoptar las medidas necesarias para garantizar en toda España la mejora de las condiciones laborales y de las retribuciones de los docentes y de todo el personal de la comunidad educativa y a aplicar todas las medidas de seguridad necesarias que garanticen su integridad en el entorno educativo.
7. Reforzar la Alta Inspección Educativa, con el fin de garantizar una educación de calidad y avanzar en el estudio de la relación entre la degradación de la educación y el aumento de la inmigración masiva, dando a conocer estos datos de manera pública y accesible para todos los españoles.
8. Derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.
9. Combatir el fenómeno del turismo sanitario.
10. Vincular el acceso al sistema sanitario con carácter general a la residencia legal en España, atendiendo siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital o aquellas que requieran atención inmediata.
11. Impulsar todas las medidas necesarias para garantizar la calidad asistencial de aquellos pacientes especialmente vulnerables -con edad avanzada, enfermedades preexistentes graves, enfermedades crónicas avanzadas, antecedentes quirúrgicos recientes, discapacidad o historial psiquiátrico grave, entre otros- y acabar con todas aquellas trabas que dificultan el acceso a una asistencia sanitaria de calidad en tiempo y forma.
En Valladolid, a 8 de octubre de 2026.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Hierro Santos
PNL/000315-01
CVE="BOCCL-12-001770"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
Legislatura
Pags. 6024-6027
BOCCL nº 49/12 del 22/10/2026
CVE: BOCCL-12-001770
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000315-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, instando a la Junta de Castilla y León para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a realizar determinadas actuaciones en relación a política inmigratoria, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000314 y PNL/000315.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y aprobación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La situación de los servicios públicos en España se encuentra en estado crítico. Colapso y saturación son el estado habitual de los centros de salud, hospitales y aulas de los centros educativos públicos. Y quienes sufren las consecuencias son los españoles, especialmente los más humildes, víctimas de la degradación de los servicios públicos que sostienen con sus impuestos.
Esta realidad tiene unas causas muy concretas, y están directamente relacionadas con el aumento exponencial de la inmigración masiva, promovida exprofeso con las políticas de efecto llamada de las últimas décadas. Lo estamos comprobando de manera muy dramática en las últimas semanas, con la invasión de Ceuta del 30 de julio de 2026. Desde entonces, la ciudad sufre con gravísima intensidad este colapso, ante la inacción traidora del Gobierno de la Nación.
Los españoles, en consecuencia, están siendo expulsados de servicios públicos como la sanidad y la educación públicas. La saturación les obliga a recurrir a centros de titularidad privada para poder ser atendidos por un profesional sanitario o para escolarizar a sus hijos. El gasto de las familias en actividades extracurriculares para compensar el déficit de calidad de las aulas ha aumentado un 38 % entre 2019 y 2024. La escuela y la sanidad pública ya no tienen sitio para ellos. Los españoles sostienen con sus impuestos unos servicios a los que luego no pueden acceder.
De hecho, en el periodo 1999-2024, los centros educativos públicos crecieron un 37 % frente a los privados, que lo hicieron en un 67 %. En cuanto al número de alumnos, entre 2001 y 2024, crecieron un 13 % los matriculados en la escuela pública, mientras que los de la privada lo hicieron en un 32 %. La situación es mucho más dura si hablamos de educación universitaria: frente a la pérdida del 12 % del alumnado en las aulas públicas, las universidades privadas vieron aumentar sus matrículas en un 330 % entre 1999 y 2024.
Además, tal y como constata el último informe PISA, la inmigración masiva también afecta a la calidad de la enseñanza, ya que los alumnos extranjeros afrontan desventajas adicionales, como el desconocimiento de la lengua española. Asimismo, este informe señala que el alumnado nativo obtiene puntuaciones superiores a las del alumnado de origen extranjero en ciencias, lectura y matemáticas.
Todo esto tiene también consecuencias nefastas para los profesionales de la educación: sobrecarga de trabajo, aumento de la conflictividad, falta de recursos para atender a los alumnos con necesidades especiales y unas ratios excesivas que repercuten en sus condiciones laborales y en la calidad de la enseñanza.
La misma dinámica afecta a nuestra sanidad pública. Así, se aprecia cómo durante los últimos años, al marcado abandono institucional y la infrafinanciación, se han sumado políticas favorecedoras de la inmigración masiva que, en la práctica, han supuesto la estocada definitiva a un sistema al borde del colapso.
En esta línea, el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, fue una de las primeras medidas del Gobierno de Pedro Sánchez con el objeto de reintroducir la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a extranjeros no registrados ni autorizados a residir en España, pasando éstos a recibir atención sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales españoles.
Más recientemente, el pasado 10 de marzo, el Consejo de Ministros iba más allá y aprobaba un Real Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento "del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en territorio español" con el objeto de establecer un procedimiento homogéneo aplicable en toda España.
Esta medida no sólo es injusta porque equipara a los españoles que llevan años y generaciones contribuyendo con su esfuerzo y trabajo a la construcción de nuestro Estado del bienestar a personas que acaban de llegar de forma ilegal, sino que, además, universaliza un servicio colapsado de origen y que es material y humanamente incapaz de hacer frente a un incremento exponencial de la presión asistencial.
La saturación severa que asola nuestra sanidad pública se aprecia fácilmente ante la falta de relevo generacional entre los profesionales sanitarios de cara a la próxima década; las movilizaciones y reivindicaciones de nuestros profesionales sanitarios ante la creciente precarización laboral y salarial que padecen; la fuga masiva de profesionales sanitarios ligada a la contratación masiva de profesionales sanitarios extracomunitarios; el incremento constante de las listas de espera para acudir al médico de Atención Primaria o especialista -en 2018, era de 4 días, pasando en 2025 a los 9 días- o el aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas -según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a 30 de junio de 2025, 832.728 pacientes esperaban una intervención, con un tiempo medio de espera de 118,6 días de los cuales, el 19,6 % llevaba incluido en lista de espera más de 6 meses-; las graves desigualdades entre regiones, fruto de un fallido modelo autonómico que no sólo genera españoles de primera y de segunda categoría, sino que, además, incita a una suerte de competencia sanitaria entre regiones y a un incremento de la brecha asistencial especialmente sangrante en el mundo rural; o una marcada obsolescencia y/o déficit de infraestructuras sanitarias esenciales para garantizar un servicio sanitario de calidad en todo el territorio sin distinción.
Desgraciadamente, la regularización masiva de más de un millón de inmigrantes ilegales y la indefensión total de nuestras fronteras -tal y como sentencia la reciente invasión en Ceuta y la inacción absoluta del Gobierno de la Nación-, no harán más que acelerar el desmantelamiento total y absoluto de nuestra sanidad.
Aunque Castilla y León no vive actualmente los niveles de saturación de otras Comunidades, la eficiencia y calidad actual de los servicios públicos está comprometida por el incremento indiscriminado de la inmigración masiva que empieza a convertirse en una masa insostenible de demandantes de servicios y prestaciones sociales.
Este número de personas crece en progresión geométrica mientras los recursos y la financiación de las prestaciones sociales, la infraestructura educativa y sanitaria no llega a hacerlo en progresión aritmética, generando una gran distorsión entre el ritmo de crecimiento de los demandantes -impulsados por la inmigración masiva- y el avance de los servicios públicos mencionados anteriormente.
Por último, resulta ineludible destacar que, si bien el colapso sanitario actual afecta negativamente a toda la población en general, son determinados pacientes especialmente vulnerables los que más han visto mermado su derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad. De este modo es deber de todas las Administraciones públicas competentes implementar todas las medidas necesarias para garantizar en todo caso la calidad asistencial de pacientes de edad avanzada, con enfermedades preexistentes graves, con enfermedades crónicas avanzadas, con antecedentes quirúrgicos recientes, con discapacidad o con un historial psiquiátrico grave -entre otros- con independencia del territorio o la región de residencia.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación para que, conforme a los trámites legalmente oportunos y procedimientos de reforma previstos normativamente, proceda a:
1. Manifestar la gravedad de las consecuencias que la inmigración masiva tiene para los servicios públicos en España, en términos de saturación y en muchas ocasiones de colapso, así como en la devaluación de la calidad de las prestaciones y el empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados públicos.
2. Manifestar la realidad de que los recursos de las Administraciones públicas para la prestación de los servicios públicos en España son limitados y que, dada la presión provocada por la inmigración masiva, estos recursos están alcanzando su límite material y ya son insuficientes para dar respuesta a las necesidades de la población española.
3. Frenar las políticas de inmigración masiva, asegurando una prestación adecuada y de calidad de los servicios públicos para todos los españoles.
4. Cambiar la política inmigratoria e iniciar la repatriación de los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España, la deportación de los inmigrantes legales que cometan delitos graves, hagan del delito leve su medio de vida o pretendan imponer un modo de vida y cultura contraria a la nuestra y la remigración de los extranjeros que vivan de las ayudas sociales.
5. Aumentar la inversión y a adoptar las medidas necesarias para garantizar en toda España una mejora de las infraestructuras y servicios de los centros educativos con el fin de que puedan dar una respuesta adecuada a las necesidades de los alumnos.
6. Aumentar la inversión y a adoptar las medidas necesarias para garantizar en toda España la mejora de las condiciones laborales y de las retribuciones de los docentes y de todo el personal de la comunidad educativa y a aplicar todas las medidas de seguridad necesarias que garanticen su integridad en el entorno educativo.
7. Reforzar la Alta Inspección Educativa, con el fin de garantizar una educación de calidad y avanzar en el estudio de la relación entre la degradación de la educación y el aumento de la inmigración masiva, dando a conocer estos datos de manera pública y accesible para todos los españoles.
8. Derogar el Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.
9. Combatir el fenómeno del turismo sanitario.
10. Vincular el acceso al sistema sanitario con carácter general a la residencia legal en España, atendiendo siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital o aquellas que requieran atención inmediata.
11. Impulsar todas las medidas necesarias para garantizar la calidad asistencial de aquellos pacientes especialmente vulnerables -con edad avanzada, enfermedades preexistentes graves, enfermedades crónicas avanzadas, antecedentes quirúrgicos recientes, discapacidad o historial psiquiátrico grave, entre otros- y acabar con todas aquellas trabas que dificultan el acceso a una asistencia sanitaria de calidad en tiempo y forma.
En Valladolid, a 8 de octubre de 2026.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Hierro Santos
PNL/000315-01
CVE="BOCCL-12-001770"
