4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000317-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000316 a PNL/000365.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana Isabel Casado Ridruejo, María del Carmen Iglesias Parra, Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Luis Briones Martínez, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales:
ANTECEDENTES
La aprobación del Decreto 13/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, ha supuesto la creación de una nueva Dirección General de Ayudas Sociales y la atribución a este centro directivo de funciones de coordinación, seguimiento y gestión de prestaciones, ayudas y subvenciones dirigidas a personas vulnerables.
Entre las competencias asignadas a la Dirección General de Ayudas Sociales destacan la coordinación en la elaboración, desarrollo y seguimiento de programas, prestaciones, ayudas y subvenciones; la gestión de actuaciones en materia de inclusión social; la coordinación de instrumentos para garantizar el derecho subjetivo a la renta garantizada de ciudadanía; y la cooperación con entidades del tercer sector social.
La propia Consejería tiene atribuidas funciones de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en materia de ayudas sociales, inclusión y protección de las personas más vulnerables, así como la elaboración de estadísticas y la difusión de información a través de sus sistemas de información y de la página web institucional.
Castilla y León destina cada año decenas de millones de euros a ayudas, prestaciones y subvenciones dirigidas a familias, personas vulnerables, beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía, entidades del tercer sector y distintos colectivos con necesidades específicas. Sin embargo, ni los ciudadanos ni estas Cortes disponen actualmente de una visión global que permita conocer con precisión cuántas ayudas se conceden, a quién llegan, cuánto dinero se ejecuta realmente o qué resultados producen sobre la situación de las personas beneficiarias.
La creación de la nueva Dirección General de Ayudas Sociales fue presentada por la Junta como una apuesta por mejorar la coordinación, planificación y seguimiento de las políticas de apoyo social. Sin embargo, crear nuevas estructuras administrativas solo tiene sentido si va acompañado de una gestión más eficaz, más transparente y sometida a una evaluación permanente de resultados.
No basta con anunciar ayudas, convocarlas o consignar partidas presupuestarias. La verdadera medida del éxito de una política pública no es cuánto dinero se compromete sobre el papel, sino cuántas personas acceden efectivamente a las ayudas, cuántas quedan excluidas, cuánto tarda la Administración en resolver los expedientes y si los recursos públicos contribuyen realmente a reducir situaciones de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social.
Resulta especialmente llamativo que una Consejería que tiene atribuidas competencias de planificación, seguimiento, coordinación y evaluación de las actuaciones sociales no publique de forma integrada indicadores que permitan conocer el grado de cobertura, eficacia y ejecución de las ayudas que gestiona.
La ausencia de esta información impide el adecuado control parlamentario, dificulta la evaluación de las políticas públicas y limita la capacidad de los ciudadanos para conocer el destino y el impacto de unos recursos que se financian con fondos públicos. Lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se evalúa difícilmente puede considerarse una buena política pública.
Por ello, las Cortes de Castilla y León deben exigir a la Junta un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que permita pasar de la propaganda a la evidencia, de los anuncios a los resultados y de los titulares a la evaluación objetiva de las ayudas sociales que reciben los castellanos y leoneses.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Elaborar y publicar anualmente una Memoria de Ayudas Sociales de Castilla y León, que recoja de forma integrada todas las prestaciones, ayudas, subvenciones y programas de apoyo económico gestionados por la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales o coordinados por la Dirección General de Ayudas Sociales.
2. Incorporar en dicha memoria indicadores homogéneos y comparables que permitan evaluar la gestión y los resultados de las ayudas sociales, incluyendo, al menos:
● Número de beneficiarios.
● Cobertura territorial.
● Perfil de las personas destinatarias.
● Importe ejecutado y porcentaje de ejecución presupuestaria.
● Tiempo medio de tramitación y resolución.
● Indicadores de eficacia y cumplimiento de objetivos.
3. Publicar en formato abierto y reutilizable los datos estadísticos agregados relativos a las ayudas sociales gestionadas por la Consejería, garantizando en todo caso la protección de los datos personales de los beneficiarios.
4. Comparecer anualmente en las Cortes de Castilla y León la persona titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales para presentar los resultados de la Memoria de Ayudas Sociales y dar cuenta de la ejecución, cobertura y evaluación de las principales políticas de ayudas y prestaciones sociales de la Comunidad.
5. Remitir anualmente a las Cortes de Castilla y León un informe específico que identifique las ayudas sociales con menor grado de ejecución presupuestaria, las causas de dicha infraejecución y las medidas correctoras previstas para garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a sus potenciales beneficiarios".
Valladolid, 28 de septiembre de 2026.
LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,
Fdo.: Ana Isabel Casado Ridruejo, María del Carmen Iglesias Parra, María del Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Luis Briones Martínez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000317-01
CVE="BOCCL-12-001772"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
Legislatura
Pags. 6031-6033
BOCCL nº 49/12 del 22/10/2026
CVE: BOCCL-12-001772
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000317-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo, Dña. María del Carmen Iglesias Parra, Dña. María del Pilar García Colmenero, D. Diego Vallejo Martínez, Dña. Aída Estrella Paredes García, Dña. Noelia Merino Hernández y D. Luis Briones Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a la realización de diversas actuaciones en materia de ayudas sociales, para su tramitación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000316 a PNL/000365.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana Isabel Casado Ridruejo, María del Carmen Iglesias Parra, Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Luis Briones Martínez, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales:
ANTECEDENTES
La aprobación del Decreto 13/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, ha supuesto la creación de una nueva Dirección General de Ayudas Sociales y la atribución a este centro directivo de funciones de coordinación, seguimiento y gestión de prestaciones, ayudas y subvenciones dirigidas a personas vulnerables.
Entre las competencias asignadas a la Dirección General de Ayudas Sociales destacan la coordinación en la elaboración, desarrollo y seguimiento de programas, prestaciones, ayudas y subvenciones; la gestión de actuaciones en materia de inclusión social; la coordinación de instrumentos para garantizar el derecho subjetivo a la renta garantizada de ciudadanía; y la cooperación con entidades del tercer sector social.
La propia Consejería tiene atribuidas funciones de planificación, gestión, seguimiento y evaluación en materia de ayudas sociales, inclusión y protección de las personas más vulnerables, así como la elaboración de estadísticas y la difusión de información a través de sus sistemas de información y de la página web institucional.
Castilla y León destina cada año decenas de millones de euros a ayudas, prestaciones y subvenciones dirigidas a familias, personas vulnerables, beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía, entidades del tercer sector y distintos colectivos con necesidades específicas. Sin embargo, ni los ciudadanos ni estas Cortes disponen actualmente de una visión global que permita conocer con precisión cuántas ayudas se conceden, a quién llegan, cuánto dinero se ejecuta realmente o qué resultados producen sobre la situación de las personas beneficiarias.
La creación de la nueva Dirección General de Ayudas Sociales fue presentada por la Junta como una apuesta por mejorar la coordinación, planificación y seguimiento de las políticas de apoyo social. Sin embargo, crear nuevas estructuras administrativas solo tiene sentido si va acompañado de una gestión más eficaz, más transparente y sometida a una evaluación permanente de resultados.
No basta con anunciar ayudas, convocarlas o consignar partidas presupuestarias. La verdadera medida del éxito de una política pública no es cuánto dinero se compromete sobre el papel, sino cuántas personas acceden efectivamente a las ayudas, cuántas quedan excluidas, cuánto tarda la Administración en resolver los expedientes y si los recursos públicos contribuyen realmente a reducir situaciones de vulnerabilidad, pobreza o exclusión social.
Resulta especialmente llamativo que una Consejería que tiene atribuidas competencias de planificación, seguimiento, coordinación y evaluación de las actuaciones sociales no publique de forma integrada indicadores que permitan conocer el grado de cobertura, eficacia y ejecución de las ayudas que gestiona.
La ausencia de esta información impide el adecuado control parlamentario, dificulta la evaluación de las políticas públicas y limita la capacidad de los ciudadanos para conocer el destino y el impacto de unos recursos que se financian con fondos públicos. Lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se evalúa difícilmente puede considerarse una buena política pública.
Por ello, las Cortes de Castilla y León deben exigir a la Junta un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que permita pasar de la propaganda a la evidencia, de los anuncios a los resultados y de los titulares a la evaluación objetiva de las ayudas sociales que reciben los castellanos y leoneses.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Elaborar y publicar anualmente una Memoria de Ayudas Sociales de Castilla y León, que recoja de forma integrada todas las prestaciones, ayudas, subvenciones y programas de apoyo económico gestionados por la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales o coordinados por la Dirección General de Ayudas Sociales.
2. Incorporar en dicha memoria indicadores homogéneos y comparables que permitan evaluar la gestión y los resultados de las ayudas sociales, incluyendo, al menos:
● Número de beneficiarios.
● Cobertura territorial.
● Perfil de las personas destinatarias.
● Importe ejecutado y porcentaje de ejecución presupuestaria.
● Tiempo medio de tramitación y resolución.
● Indicadores de eficacia y cumplimiento de objetivos.
3. Publicar en formato abierto y reutilizable los datos estadísticos agregados relativos a las ayudas sociales gestionadas por la Consejería, garantizando en todo caso la protección de los datos personales de los beneficiarios.
4. Comparecer anualmente en las Cortes de Castilla y León la persona titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales para presentar los resultados de la Memoria de Ayudas Sociales y dar cuenta de la ejecución, cobertura y evaluación de las principales políticas de ayudas y prestaciones sociales de la Comunidad.
5. Remitir anualmente a las Cortes de Castilla y León un informe específico que identifique las ayudas sociales con menor grado de ejecución presupuestaria, las causas de dicha infraejecución y las medidas correctoras previstas para garantizar que los recursos públicos lleguen efectivamente a sus potenciales beneficiarios".
Valladolid, 28 de septiembre de 2026.
LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,
Fdo.: Ana Isabel Casado Ridruejo, María del Carmen Iglesias Parra, María del Pilar García Colmenero, Diego Vallejo Martínez, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Luis Briones Martínez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000317-01
CVE="BOCCL-12-001772"
