4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000321-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000316 a PNL/000365.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de La Presidencia.
ANTECEDENTES
La disponibilidad de vivienda constituye uno de los factores que condicionan de forma más directa la capacidad de los municipios rurales para mantener población y atraer nuevos residentes. La existencia de empleo, servicios públicos o posibilidades de emprendimiento pierde parte de su efecto si quienes desean instalarse en una localidad no encuentran una vivienda habitable, asequible y disponible para poder instalar su residencia permanente.
En el medio rural, además, el problema presenta una singularidad evidente, ya que la escasez de oferta residencial efectiva puede coexistir con un número elevado de viviendas vacías. No se trata, por lo tanto, únicamente de aumentar el parque construido. Una parte relevante de la respuesta pasa por recuperar inmuebles que hoy están cerrados, deteriorados o fuera del mercado y conseguir que vuelvan a cumplir una función residencial estable.
Los datos oficiales confirman esta realidad. El Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística contabilizó 3.837.328 viviendas vacías en España. Los municipios de menos de 10.000 habitantes, que reunían el 20,3 % de la población residente en viviendas familiares, concentraban el 45,0 % de todas las viviendas vacías. En los municipios de menos de 1.000 habitantes, una de cada tres viviendas se encontraba vacía (33,3 %). Estas cifras muestran que la política de vivienda rural exige instrumentos distintos de los concebidos exclusivamente para los ámbitos urbanos.
Castilla y León conoce especialmente bien este desafío por su extensión territorial, su elevado número de pequeños municipios y la dispersión de su población. La política de vivienda, en este contexto, no puede desligarse de la cohesión territorial. Disponer de una casa en condiciones adecuadas puede determinar que una familia permanezca en un pueblo, que un joven pueda iniciar allí su proyecto vital o que un profesional acepte establecer su residencia en el municipio en el que trabaja.
La Junta de Castilla y León viene aplicando soluciones específicamente adaptadas a esta realidad. El programa REHABITARE recupera inmuebles en desuso de titularidad municipal situados en municipios de menos de 5.000 habitantes y los incorpora al parque público de alquiler social.
Su diseño persigue simultáneamente facilitar vivienda a quienes la necesitan, asentar población y generar actividad económica en el medio rural. El programa exige, además, que exista demanda residencial acreditada en el municipio, vinculando así la inversión pública a una necesidad efectiva de vivienda.
Esta experiencia demuestra que la recuperación del parque existente puede producir varios efectos beneficiosos al mismo tiempo, como son ampliar la oferta de alquiler asequible, evitar la degradación de inmuebles y espacios urbanos tradicionales, aprovechar patrimonio ya construido y favorecer que la población pueda permanecer o instalarse en pequeños municipios. Junto a estas actuaciones, Castilla y León ha venido incorporando una discriminación favorable al medio rural en distintas políticas de acceso a la vivienda, especialmente dirigidas a los jóvenes.
El problema, sin embargo, tiene dimensión nacional y requiere que el Estado asuma plenamente sus responsabilidades en materia de política de vivienda, fiscalidad y reto demográfico.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado mediante el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, reconoce ya que el reto demográfico debe formar parte de la política estatal de vivienda. Entre sus instrumentos figuran ayudas a la rehabilitación y regeneración rural, a la rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler social o asequible y a la compra o autopromoción de vivienda por jóvenes en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño. La existencia de estos programas supone un punto de partida, pero hace especialmente necesario que su ejecución territorial responda a la intensidad real del problema y no diluya las necesidades del medio rural dentro de criterios generales de población.
Castilla y León necesita que la financiación estatal tenga en cuenta factores como la dispersión, el reducido tamaño de numerosos municipios, la baja densidad de población y la existencia de un parque residencial que, aun estando construido, requiere inversión para volver a ser habitable y entrar en el mercado. Asimismo, es necesario ampliar los incentivos para que viviendas de titularidad privada que hoy permanecen cerradas puedan rehabilitarse y destinarse, con garantías para propietarios y arrendatarios, a residencia habitual.
La lucha contra la despoblación exige pasar de la mera existencia física de viviendas a su disponibilidad efectiva. Recuperar una casa vacía, facilitar su rehabilitación y conseguir que sea ocupada de forma permanente es una actuación de vivienda, pero también una actuación de cohesión territorial. Por ello resulta necesario reforzar la cooperación entre el Estado, la Comunidad Autónoma y las entidades locales, orientar los recursos hacia los territorios con mayores dificultades demográficas y evaluar los resultados en términos de viviendas efectivamente recuperadas y nuevos hogares establecidos en el medio rural.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que:
1. Refuerce, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la financiación destinada a recuperar viviendas vacías o deterioradas en el medio rural y a incorporarlas a la oferta de residencia habitual, tanto mediante alquiler asequible como mediante otras fórmulas que aseguren su ocupación permanente.
2. Impulse incentivos de ámbito estatal para favorecer que los propietarios rehabiliten y movilicen viviendas actualmente desocupadas en municipios rurales cuando se destinen a residencia habitual, estableciendo al mismo tiempo mecanismos que aporten seguridad al arrendamiento.
3. Establezca fórmulas estables de cooperación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para ampliar las actuaciones de recuperación del parque residencial existente, aprovechando la experiencia de programas autonómicos consolidados y evitando duplicidades administrativas".
Valladolid, 29 de septiembre de 2026.
LA PORTAVOZ,
Fdo.: Leticia García Sánchez
PNL/000321-01
CVE="BOCCL-12-001776"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
Legislatura
Pags. 6041-6043
BOCCL nº 49/12 del 22/10/2026
CVE: BOCCL-12-001776
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000321-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que realice distintas actuaciones en materia de vivienda, para su tramitación ante la Comisión de la Presidencia.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000316 a PNL/000365.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de La Presidencia.
ANTECEDENTES
La disponibilidad de vivienda constituye uno de los factores que condicionan de forma más directa la capacidad de los municipios rurales para mantener población y atraer nuevos residentes. La existencia de empleo, servicios públicos o posibilidades de emprendimiento pierde parte de su efecto si quienes desean instalarse en una localidad no encuentran una vivienda habitable, asequible y disponible para poder instalar su residencia permanente.
En el medio rural, además, el problema presenta una singularidad evidente, ya que la escasez de oferta residencial efectiva puede coexistir con un número elevado de viviendas vacías. No se trata, por lo tanto, únicamente de aumentar el parque construido. Una parte relevante de la respuesta pasa por recuperar inmuebles que hoy están cerrados, deteriorados o fuera del mercado y conseguir que vuelvan a cumplir una función residencial estable.
Los datos oficiales confirman esta realidad. El Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística contabilizó 3.837.328 viviendas vacías en España. Los municipios de menos de 10.000 habitantes, que reunían el 20,3 % de la población residente en viviendas familiares, concentraban el 45,0 % de todas las viviendas vacías. En los municipios de menos de 1.000 habitantes, una de cada tres viviendas se encontraba vacía (33,3 %). Estas cifras muestran que la política de vivienda rural exige instrumentos distintos de los concebidos exclusivamente para los ámbitos urbanos.
Castilla y León conoce especialmente bien este desafío por su extensión territorial, su elevado número de pequeños municipios y la dispersión de su población. La política de vivienda, en este contexto, no puede desligarse de la cohesión territorial. Disponer de una casa en condiciones adecuadas puede determinar que una familia permanezca en un pueblo, que un joven pueda iniciar allí su proyecto vital o que un profesional acepte establecer su residencia en el municipio en el que trabaja.
La Junta de Castilla y León viene aplicando soluciones específicamente adaptadas a esta realidad. El programa REHABITARE recupera inmuebles en desuso de titularidad municipal situados en municipios de menos de 5.000 habitantes y los incorpora al parque público de alquiler social.
Su diseño persigue simultáneamente facilitar vivienda a quienes la necesitan, asentar población y generar actividad económica en el medio rural. El programa exige, además, que exista demanda residencial acreditada en el municipio, vinculando así la inversión pública a una necesidad efectiva de vivienda.
Esta experiencia demuestra que la recuperación del parque existente puede producir varios efectos beneficiosos al mismo tiempo, como son ampliar la oferta de alquiler asequible, evitar la degradación de inmuebles y espacios urbanos tradicionales, aprovechar patrimonio ya construido y favorecer que la población pueda permanecer o instalarse en pequeños municipios. Junto a estas actuaciones, Castilla y León ha venido incorporando una discriminación favorable al medio rural en distintas políticas de acceso a la vivienda, especialmente dirigidas a los jóvenes.
El problema, sin embargo, tiene dimensión nacional y requiere que el Estado asuma plenamente sus responsabilidades en materia de política de vivienda, fiscalidad y reto demográfico.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado mediante el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, reconoce ya que el reto demográfico debe formar parte de la política estatal de vivienda. Entre sus instrumentos figuran ayudas a la rehabilitación y regeneración rural, a la rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler social o asequible y a la compra o autopromoción de vivienda por jóvenes en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño. La existencia de estos programas supone un punto de partida, pero hace especialmente necesario que su ejecución territorial responda a la intensidad real del problema y no diluya las necesidades del medio rural dentro de criterios generales de población.
Castilla y León necesita que la financiación estatal tenga en cuenta factores como la dispersión, el reducido tamaño de numerosos municipios, la baja densidad de población y la existencia de un parque residencial que, aun estando construido, requiere inversión para volver a ser habitable y entrar en el mercado. Asimismo, es necesario ampliar los incentivos para que viviendas de titularidad privada que hoy permanecen cerradas puedan rehabilitarse y destinarse, con garantías para propietarios y arrendatarios, a residencia habitual.
La lucha contra la despoblación exige pasar de la mera existencia física de viviendas a su disponibilidad efectiva. Recuperar una casa vacía, facilitar su rehabilitación y conseguir que sea ocupada de forma permanente es una actuación de vivienda, pero también una actuación de cohesión territorial. Por ello resulta necesario reforzar la cooperación entre el Estado, la Comunidad Autónoma y las entidades locales, orientar los recursos hacia los territorios con mayores dificultades demográficas y evaluar los resultados en términos de viviendas efectivamente recuperadas y nuevos hogares establecidos en el medio rural.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que:
1. Refuerce, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la financiación destinada a recuperar viviendas vacías o deterioradas en el medio rural y a incorporarlas a la oferta de residencia habitual, tanto mediante alquiler asequible como mediante otras fórmulas que aseguren su ocupación permanente.
2. Impulse incentivos de ámbito estatal para favorecer que los propietarios rehabiliten y movilicen viviendas actualmente desocupadas en municipios rurales cuando se destinen a residencia habitual, estableciendo al mismo tiempo mecanismos que aporten seguridad al arrendamiento.
3. Establezca fórmulas estables de cooperación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para ampliar las actuaciones de recuperación del parque residencial existente, aprovechando la experiencia de programas autonómicos consolidados y evitando duplicidades administrativas".
Valladolid, 29 de septiembre de 2026.
LA PORTAVOZ,
Fdo.: Leticia García Sánchez
PNL/000321-01
CVE="BOCCL-12-001776"
