4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000352-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000316 a PNL/000365.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana Isabel Casado Ridruejo, Esther Pérez Pérez, Luis Briones Martínez, Sergio Iglesias Herrera, Paloma Ramírez Calle, Sergio García Herrero y Cristian Delgado Alves, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Desregulación, Familia y Bienestar Social:
ANTECEDENTES
El pasado mes de junio el Acuerdo de Gobierno PP-Vox para Castilla y León creó dentro del reparto de responsabilidades la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, presentada por el Gobierno autonómico como una de las principales reorganizaciones administrativas de la legislatura, publicándose el Decreto 13/2026 por el que se establece la estructura orgánica de dicha Consejería el 2 de julio.
Sin embargo, la propia norma evidencia una contradicción difícilmente explicable. Mientras el Gobierno anuncia una nueva consejería y presume de una profunda reforma administrativa, la Disposición Transitoria Cuarta reconoce que la organización territorial sigue funcionando exactamente igual que antes, manteniendo provisionalmente las competencias de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales hasta que se apruebe una futura estructura periférica que, a fecha de hoy, continúa sin desarrollarse.
Es decir, la Junta ha sido capaz de crear una nueva consejería, modificar competencias, redistribuir áreas y realizar anuncios públicos sobre un supuesto nuevo modelo, pero no ha concretado todavía cómo va a funcionar realmente en el territorio, ni quién ejercerá las competencias que afectan directamente a los ciudadanos.
Esta situación genera incertidumbre organizativa entre los empleados públicos, falta de transparencia respecto al modelo territorial que pretende implantar el Ejecutivo autonómico y dudas razonables sobre el futuro de los servicios que se prestan en las provincias.
Castilla y León es una Comunidad especialmente dependiente de una Administración próxima y accesible debido a su extensión territorial, su dispersión poblacional y el elevado envejecimiento de la población. Por ello, cualquier proceso de reorganización administrativa debe abordarse con planificación, transparencia y garantías suficientes para evitar la pérdida de capacidad de atención en el territorio.
Resulta especialmente preocupante que, varios meses después de aprobarse la nueva estructura orgánica, la Junta siga amparándose en un régimen transitorio sin ofrecer información pública sobre el modelo definitivo, sus plazos de implantación o sus consecuencias sobre los servicios y profesionales que actualmente desarrollan su labor en las provincias.
No es serio que el Gobierno autonómico anuncie una gran reforma administrativa mientras mantiene en vigor la estructura anterior por falta de desarrollo. No se puede vender una nueva consejería mientras se sigue gestionando con el organigrama heredado. Y no se puede pedir confianza a los ciudadanos cuando ni siquiera se ha explicado cuál será el modelo territorial que sustituirá al actual.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Aprobar, en el plazo máximo de tres meses, la nueva estructura territorial de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, desarrollando plenamente las previsiones contenidas en el Decreto 13/2026 y poniendo fin al régimen transitorio actualmente vigente.
2. Garantizar que el desarrollo de dicha estructura territorial no supondrá la supresión de efectivos, servicios, recursos ni capacidades de atención en ninguna de las provincias de Castilla y León, preservando la proximidad y calidad de los servicios públicos y que cualquier modificación de la estructura periférica se realizará bajo los principios de transparencia, participación institucional, mantenimiento de la atención presencial y cohesión territorial, informando previamente a las entidades locales, organizaciones sindicales y Cortes de Castilla y León".
Valladolid, 6 de octubre de 2026.
LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,
Fdo.: Ana Isabel Casado Ridruejo, Esther Pérez Pérez, Luis Briones Martínez, Sergio Iglesias Herrera, Paloma Ramírez Calle, Sergio García Herrero y Cristian Delgado Alves
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000352-01
CVE="BOCCL-12-001807"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
Legislatura
Pags. 6128-6130
BOCCL nº 49/12 del 22/10/2026
CVE: BOCCL-12-001807
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000352-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores Dña. Ana Isabel Casado Ridruejo, Dña. Esther Pérez Pérez, D. Luis Briones Martínez, D. Sergio Iglesias Herrera, Dña. Paloma Ramírez Calle, D. Sergio García Herrero y D. Cristian Delgado Alves, instando a la Junta de Castilla y León a aprobar, en el plazo máximo de tres meses, la nueva estructura territorial de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, desarrollando plenamente las previsiones contenidas en el Decreto 13/2026 y poniendo fin al régimen transitorio vigente; así como a garantizar distintas cuestiones relacionadas con el desarrollo de dicha estructura territorial, para su tramitación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000316 a PNL/000365.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Ana Isabel Casado Ridruejo, Esther Pérez Pérez, Luis Briones Martínez, Sergio Iglesias Herrera, Paloma Ramírez Calle, Sergio García Herrero y Cristian Delgado Alves, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Desregulación, Familia y Bienestar Social:
ANTECEDENTES
El pasado mes de junio el Acuerdo de Gobierno PP-Vox para Castilla y León creó dentro del reparto de responsabilidades la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, presentada por el Gobierno autonómico como una de las principales reorganizaciones administrativas de la legislatura, publicándose el Decreto 13/2026 por el que se establece la estructura orgánica de dicha Consejería el 2 de julio.
Sin embargo, la propia norma evidencia una contradicción difícilmente explicable. Mientras el Gobierno anuncia una nueva consejería y presume de una profunda reforma administrativa, la Disposición Transitoria Cuarta reconoce que la organización territorial sigue funcionando exactamente igual que antes, manteniendo provisionalmente las competencias de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales hasta que se apruebe una futura estructura periférica que, a fecha de hoy, continúa sin desarrollarse.
Es decir, la Junta ha sido capaz de crear una nueva consejería, modificar competencias, redistribuir áreas y realizar anuncios públicos sobre un supuesto nuevo modelo, pero no ha concretado todavía cómo va a funcionar realmente en el territorio, ni quién ejercerá las competencias que afectan directamente a los ciudadanos.
Esta situación genera incertidumbre organizativa entre los empleados públicos, falta de transparencia respecto al modelo territorial que pretende implantar el Ejecutivo autonómico y dudas razonables sobre el futuro de los servicios que se prestan en las provincias.
Castilla y León es una Comunidad especialmente dependiente de una Administración próxima y accesible debido a su extensión territorial, su dispersión poblacional y el elevado envejecimiento de la población. Por ello, cualquier proceso de reorganización administrativa debe abordarse con planificación, transparencia y garantías suficientes para evitar la pérdida de capacidad de atención en el territorio.
Resulta especialmente preocupante que, varios meses después de aprobarse la nueva estructura orgánica, la Junta siga amparándose en un régimen transitorio sin ofrecer información pública sobre el modelo definitivo, sus plazos de implantación o sus consecuencias sobre los servicios y profesionales que actualmente desarrollan su labor en las provincias.
No es serio que el Gobierno autonómico anuncie una gran reforma administrativa mientras mantiene en vigor la estructura anterior por falta de desarrollo. No se puede vender una nueva consejería mientras se sigue gestionando con el organigrama heredado. Y no se puede pedir confianza a los ciudadanos cuando ni siquiera se ha explicado cuál será el modelo territorial que sustituirá al actual.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Aprobar, en el plazo máximo de tres meses, la nueva estructura territorial de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, desarrollando plenamente las previsiones contenidas en el Decreto 13/2026 y poniendo fin al régimen transitorio actualmente vigente.
2. Garantizar que el desarrollo de dicha estructura territorial no supondrá la supresión de efectivos, servicios, recursos ni capacidades de atención en ninguna de las provincias de Castilla y León, preservando la proximidad y calidad de los servicios públicos y que cualquier modificación de la estructura periférica se realizará bajo los principios de transparencia, participación institucional, mantenimiento de la atención presencial y cohesión territorial, informando previamente a las entidades locales, organizaciones sindicales y Cortes de Castilla y León".
Valladolid, 6 de octubre de 2026.
LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,
Fdo.: Ana Isabel Casado Ridruejo, Esther Pérez Pérez, Luis Briones Martínez, Sergio Iglesias Herrera, Paloma Ramírez Calle, Sergio García Herrero y Cristian Delgado Alves
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000352-01
CVE="BOCCL-12-001807"
