PNL/000354-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 15 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000316 a PNL/000365.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 15 de octubre de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Pedro González Reglero, Patricia Gómez Urbán, Laura Pelegrina Cortijo, Sergio García Herrero, Ana Isabel Casado Ridruejo, Diego Vallejo Martínez y María del Carmen Iglesias Parra, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales:

ANTECEDENTES

El Centro Regional de Menores Zambrana, ubicado en Valladolid, desarrolla una función esencial dentro del sistema de ejecución de medidas judiciales y atención a menores. Por la naturaleza de los servicios que presta, resulta imprescindible garantizar unas condiciones adecuadas tanto para los menores atendidos como para los profesionales encargados de su atención y, particularmente, el estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por la entidad adjudicataria del servicio.

Sin embargo, las deficiencias denunciadas durante los últimos años han puesto reiteradamente en cuestión la adecuada prestación del servicio y la capacidad de la Administración autonómica para garantizar el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas en los correspondientes pliegos.

El Grupo Socialista lleva años advirtiendo de la situación. No estamos ante una problemática que haya aparecido ahora. El Grupo Parlamentario Socialista viene denunciando la situación del Centro Zambrana en las Cortes de Castilla y León desde, al menos, noviembre de 2023, cuando llevó al Pleno de las Cortes la situación del Centro Regional de Menores Zambrana y reclamó explicaciones a la Junta tras los incidentes registrados en el centro, preguntando expresamente por las medidas que tenía previsto adoptar la Administración autonómica. Posteriormente en 2024, el Grupo Socialista volvió a llevar a las Cortes la situación del Zambrana, reclamando explicaciones sobre las condiciones del centro y sobre las denuncias formuladas por los trabajadores y sus representantes sindicales. En mayo de ese mismo año, el Grupo Socialista volvió a preguntar en sede parlamentaria por la situación del centro y registró nuevas iniciativas relacionadas con las denuncias de los trabajadores, las condiciones laborales, la cobertura de las bajas y las actuaciones desarrolladas por la Administración ante los requerimientos y actuaciones de la Inspección de Trabajo. También el Grupo Socialista reclamó información sobre las actuaciones realizadas por la Consejería competente después de las denuncias efectuadas por los trabajadores y sus representantes sindicales en relación con las condiciones existentes en el centro.

Y en febrero de 2025, el Grupo Socialista volvió a llevar el asunto al Pleno de las Cortes, poniendo de manifiesto que la situación denunciada no había quedado resuelta y recordando que ya había sido objeto de iniciativas parlamentarias socialistas en 2023 y 2024.

Por tanto, la Junta de Castilla y León conocía desde hacía años las denuncias y las advertencias formuladas en sede parlamentaria. No estamos, por tanto, ante un problema nuevo ni ante una situación sobrevenida que la Administración haya conocido recientemente. A estas reiteradas advertencias del Grupo Socialista se suma ahora la resolución del Procurador del Común, que reclama a la Junta una investigación «completa e individualizada» sobre las deficiencias de personal del centro.

La Administración autonómica ha reconocido incumplimientos de las ratios durante 41 jornadas entre 2025 y marzo de 2026, cuestión esta que fue negada por la entonces consejera de Familia, Isabel Blanco, hoy Vicepresidenta.

Sin embargo, la reclamación planteada por los trabajadores señalaba hasta 205 jornadas con ausencias de profesionales que, según su denuncia, no habrían sido sustituidos, cuantificando en 7.736 horas el tiempo en que no se habría prestado el servicio comprometido.

La diferencia entre ambas cifras hace imprescindible una comprobación exhaustiva de los registros objetivos existentes: cuadrantes, registros de jornada, absentismo, sustituciones, registros de acceso al centro y comunicaciones de las bajas.

El Procurador del Común considera insuficientes las explicaciones ofrecidas por la Administración y recuerda que una ausencia sobrevenida puede explicar su aparición, pero no elimina la obligación contractual de sustituir al trabajador ni las consecuencias económicas previstas cuando no se produce dicha sustitución.

Además, la utilización de coordinadores para cubrir ausencias de personal de atención directa tampoco puede considerarse automáticamente una solución válida, pues debe comprobarse tanto que dichos profesionales reunían los requisitos exigidos como que su traslado a funciones de atención directa no produjo, a su vez, una insuficiente cobertura de las funciones de coordinación.

Especial relevancia adquiere la cuestión de la continuidad de la prestación. El servicio fue adjudicado a Adis Meridianos a mediados de 2024 por un periodo de dos años y posteriormente se ha producido su prórroga hasta diciembre de 2026.

El propio Procurador del Común reclama comprobar si, antes de acordar dicha prórroga, la Administración evaluó adecuadamente la buena ejecución del servicio y tuvo en consideración las incidencias producidas.

La resolución plantea además la aplicación de las minoraciones económicas previstas en los pliegos, la posible imposición de penalidades -que pueden alcanzar hasta el 2 % del importe anual de facturación en función de la gravedad- y, si los incumplimientos acreditados lo justifican, incluso la eventual resolución del contrato.

Por tanto, lo que ahora reclama el Procurador del Común conecta directamente con cuestiones que el Grupo Socialista ya había planteado reiteradamente en sede parlamentaria: el cumplimiento de las ratios, la cobertura de las bajas, el cumplimiento del pliego, la actuación de la Administración ante las denuncias de los trabajadores y el control efectivo de la empresa adjudicataria.

Durante años, el Grupo Socialista ha reclamado explicaciones y medidas en las Cortes de Castilla y León. Ahora, la resolución del Procurador del Común reclama formalmente que la Junta ejerza de manera efectiva sus potestades de seguimiento, inspección y control.

Por todo ello se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Realizar, con carácter inmediato, una auditoría completa, individualizada y documentada de la prestación del servicio en el Centro Regional de Menores Zambrana durante los ejercicios 2025 y 2026, incluyendo todas las jornadas en las que se hayan producido incumplimientos de las ratios de personal.

2. Contrastar las 41 jornadas de incumplimiento reconocidas por la Administración con las denuncias formuladas por los trabajadores, que apuntan a 205 jornadas y 7.736 horas de servicio no cubierto, mediante el análisis de cuadrantes, registros de jornada, partes de absentismo, sustituciones, registros de acceso y comunicaciones de bajas.

3. Determinar todas las jornadas y horas en las que no se haya producido la sustitución del personal ausente dentro del plazo establecido en los pliegos y aplicar las correspondientes minoraciones económicas y penalidades a la entidad adjudicataria, cuando proceda.

4. Comprobar que las personas que fueron incorporadas a funciones de atención directa para cubrir ausencias cumplían los requisitos establecidos en el contrato y que dicha reasignación no provocó déficits en las funciones de coordinación u otras obligaciones incluidas en la dotación comprometida.

5. A la vista de los resultados de la auditoría, adoptar las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas, tomando en consideración la normativa aplicable y los pliegos de contratación, incluyendo, cuando corresponda, la imposición de penalidades y la valoración de la continuidad del contrato, incluida su eventual resolución si los incumplimientos acreditados así lo justifican.

6. Revisar la evaluación realizada por la Administración con carácter previo a la prórroga del contrato hasta diciembre de 2026, comprobando si se tuvo en consideración el grado efectivo de cumplimiento del servicio, las incidencias de personal y las denuncias formuladas por los trabajadores y sus representantes.

7. Establecer un sistema de control periódico y efectivo de las ratios de personal y de las sustituciones, con información documentada a la Consejería competente y mecanismos que permitan detectar y corregir inmediatamente cualquier incumplimiento.

8. Dar cuenta a las Cortes de Castilla y León de las conclusiones de esta fiscalización y de las medidas adoptadas.

Valladolid, 6 de octubre de 2026.

LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,

Fdo.: Pedro Luis González Reglero, Patricia Gómez Urbán, Laura Pelegrina Cortijo, Sergio García Herrero, Ana Isabel Casado Ridruejo, Diego Vallejo Martínez y María del Carmen Iglesias Parra

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Martínez Mínguez