PE/000330-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/000034, PE/000103, PE/000213, PE/000246, PE/000251, PE/000255, PE/000259, PE/000263, PE/000266, PE/000267, PE/000269, PE/000272, PE/000273, PE/000280, PE/000283, PE/000285, PE/000287 a PE/000289, PE/000293 a PE/000297, PE/000299 a PE/000301, PE/000303, PE/000304, PE/000306, PE/000309, PE/000311, PE/000312, PE/000315, PE/000316, PE/000318, PE/000323, PE/000324, PE/000328 a PE/000330, PE/000336 a PE/000340, PE/000343, PE/000346, PE/000352, PE/000355, PE/000361, PE/000364 a PE/000370, PE/000376 a PE/000381, PE/000385, PE/000389 a PE/000391, PE/000395, PE/000396, PE/000398, PE/000400, PE/000401, PE/000405, PE/000406 y PE/000415.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de octubre de 2026.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

Pregunta escrita PE/000330 formulada por Alicia Gallego González, Procuradora de Unión del Pueblo Leonés (UPL), del Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento de la proposición no de ley PNL/001359, aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el 7 de mayo de 2025, en relación a la construcción de un muro de contención que proteja el camino parcelario que une Olmedo de Camaces y Fuenteliante.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, esta Consejería le informa lo siguiente:

1.- ¿Por qué la Junta no ha ejecutado aún el compromiso adquirido por las cortes? ¿Cuándo pretende ejecutarlo?

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental no ha llevado a cabo la actuación a la que se refiere la resolución aprobada por las Cortes de Castilla y León porque, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, carece de competencias en materia de titularidad, conservación y mantenimiento de los caminos rurales de titularidad municipal. En este sentido, la normativa aplicable atribuye dichas competencias a las entidades locales. A título indicativo, cabe citar la vigente legislación:

- La Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 25 atribuye a los municipios competencias propias en materia de infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, y cuyo artículo 26 establece la prestación obligatoria de los servicios relacionados con las vías públicas, correspondiendo a las diputaciones provinciales la asistencia y coordinación de los municipios de menor capacidad económica y de gestión.

- El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, cuyo artículo 3 considera los caminos como bienes de dominio público de las entidades locales, correspondiendo a estas su conservación, administración y policía.

Aunque el camino al que se refiere la iniciativa parlamentaria tuvo su origen en un proceso de concentración parcelaria, dicha circunstancia no altera el régimen competencial vigente. Finalizadas las actuaciones de concentración parcelaria y una vez recibidas las obras, los caminos resultantes se entregan al ayuntamiento y pasan a integrarse en el patrimonio de la entidad local correspondiente.

En el caso concreto objeto de la pregunta, los caminos derivados del proceso de concentración parcelaria fueron entregados al Ayuntamiento el 19 de octubre de 1998. Desde esa fecha, y al no haberse iniciado un nuevo procedimiento de concentración parcelaria en el municipio, la Consejería carece de título competencial que ampare la ejecución de las obras solicitadas.

Por ello, la ejecución directa de un muro de contención en un camino de titularidad municipal no encuentra encaje jurídico dentro de las competencias atribuidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, sin perjuicio de las actuaciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, puedan corresponder a la entidad local titular del camino o, en su caso, a la Diputación Provincial.

2.- ¿Qué acciones ha tomado la Junta desde el 7 de mayo de 2025 para impulsar la construcción de un muro de contención que proteja el camino parcelario que un Olmedo de Camaces y Fuenteliante cercano al río Camaces en el punto en que se dio tras el desbordamiento del Camaces el derrumbe de un muro preexistente que tenía dicha finalidad, tal como le solicitaron las cortes de Castilla y León en una proposición no de ley presentada por UPL cuya resolución fue aprobada el 7 de mayo de 2025?

Al margen de la ausencia de competencia material anteriormente expuesta, la ejecución de la actuación proyectada presenta una limitación jurídica adicional derivada de su ubicación en zona de influencia del dominio público hidráulico.

De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y con el articulo 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, cualquier actuación constructiva en dichas zonas requiere la previa autorización del organismo de cuenca competente.

Asimismo, el artículo 7.3 del citado Reglamento establece que únicamente podrán autorizarse construcciones cuando resulten necesarias para el uso, conservación o restauración del dominio público hidráulico, exigiéndose la previa redacción del correspondiente proyecto técnico que valore tanto la solución constructiva como su incidencia sobre el régimen hidráulico del cauce.

Ahora bien, la elaboración y promoción de dicho proyecto presupone la existencia de un título competencial que habilite a la Administración actuante para promover la obra, circunstancia que no concurre en este supuesto, dado que la competencia para la conservación del camino corresponde a la entidad local titular del mismo.

En consecuencia, la Consejería no ha promovido actuaciones dirigidas a la ejecución de dicha infraestructura al carecer de competencia legal para ello, sin perjuicio de la colaboración institucional que pudiera prestarse, en su caso, en el marco de los instrumentos de cooperación interadministrativa.

3.- ¿Qué acciones ha realizado la Junta desde el 7 de mayo de 2025 para impulsar una línea de ayudas específica para el arreglo de caminos parcelarios rurales deteriorados por las fuertes lluvias, atendiendo a la gravedad de los daños causados por las constantes lluvias el pasado invierno en municipios como Olmedo de Camaces, tal como le solicitaron las Cortes en una proposición no de ley presentada por UPL cuya resolución fue aprobada el 7 de mayo de 2025?

La implantación de una línea específica de subvenciones destinada a la reparación de caminos rurales afectados por fenómenos meteorológicos extraordinarios exige la previa concurrencia de diversos presupuestos jurídicos, técnicos y presupuestarios cuya tramitación resulta incompatible con el plazo fijado en la Resolución parlamentaria.

En primer lugar, la creación de una nueva línea de subvenciones requiere la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, incluyendo la aprobación de las correspondientes bases reguladoras, la dotación presupuestaria y la determinación objetiva de los beneficiarios y de los criterios de concesión, cuestiones que exceden a las competencias de esta Consejería al requerir de un Acuerdo de la Junta.

Asimismo, resulta imprescindible determinar previamente la naturaleza de los daños cuya reparación pudiera ser objeto de ayuda, diferenciando aquellos derivados de fenómenos extraordinarios de los ocasionados por el deterioro ordinario o por la falta de conservación de los caminos, responsabilidad que corresponde a sus titulares.

Debe tenerse en cuenta, además, que una parte significativa de los caminos afectados se localiza en zonas potencialmente inundables, cuya delimitación corresponde a los organismos de cuenca. En la actualidad, gran parte del Dominio Público Hidráulico carece de deslinde definitivo, circunstancia que dificulta objetivamente la identificación de las actuaciones susceptibles de financiación pública sin riesgo de invadir competencias estatales.

Igualmente, en los supuestos derivados de fenómenos meteorológicos excepcionales, la activación de ayudas extraordinarias suele vincularse a la previa declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, al amparo de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

La Junta de Castilla y León promovió la solicitud de dicha declaración tras los episodios meteorológicos producidos durante el año 2024. Sin embargo, la Resolución estatal finalmente aprobada no incluyó a la provincia de Salamanca entre los territorios beneficiarios, circunstancia que condiciona el marco jurídico y financiero para la articulación de medidas extraordinarias de apoyo.

Todo ello evidencia que la eventual creación de una línea específica de ayudas requiere necesariamente la coordinación entre la Administración autonómica, la Administración General del Estado, las diputaciones provinciales, los organismos de cuenca y las entidades locales, sin que pueda desarrollarse válidamente mediante una actuación unilateral de esta Consejería.

En consecuencia, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental carece de competencia para ejecutar directamente las actuaciones interesadas sobre un camino de titularidad municipal, sin perjuicio de los mecanismos de cooperación y colaboración interadministrativa que, en su caso, puedan articularse conforme al ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, la eventual implantación de una línea específica de ayudas exige la concurrencia de los requisitos legales, presupuestarios y competenciales previstos en la normativa de subvenciones y en la legislación sectorial aplicable, así como la necesaria coordinación con las restantes Administraciones implicadas.

Valladolid, a 1 de octubre de 2026.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL.