M/000010-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite la moción, M/000010, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de atención a la dependencia, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 20 de octubre de 2026.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento, podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha moción haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000010 relativa a "Política general en materia de atención a la dependencia":

ANTECEDENTES

La atención a las personas en situación de dependencia constituye una obligación de los poderes públicos y un elemento esencial del sistema de protección social. Garantizar una atención adecuada, suficiente y en tiempo constituye una cuestión de dignidad, igualdad de oportunidades y justicia social, que debe hacerse efectiva con independencia del lugar de residencia, de la situación económica o de la capacidad de las familias para asumir los cuidados.

Sin embargo, la situación de la dependencia en Castilla y León sigue presentando importantes retos que requieren una respuesta urgente por parte de la Junta de Castilla y León. Las cifras ponen de manifiesto la necesidad de avanzar desde el reconocimiento formal de los derechos hacia su ejercicio efectivo, mediante una reducción real de los tiempos de valoración y resolución, una atención más ágil y un refuerzo de los servicios y prestaciones.

La reciente reforma de la normativa estatal en materia de dependencia plantea, además, la necesidad de que la Comunidad Autónoma adapte sus procedimientos, recursos y servicios para garantizar que las nuevas medidas y los derechos ampliados lleguen efectivamente a las personas dependientes y a sus familias.

A esta situación se suma la necesidad de aclarar y resolver las cuestiones relativas al presupuesto, al destino de los fondos que se reciben del Estado, al copago de los servicios de dependencia, a la calidad del servicio de ayuda a domicilio, a las personas cuidadoras no profesionales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista considera necesario que la Junta de Castilla y León adopte compromisos concretos, con medidas, plazos, objetivos evaluables y mecanismos de seguimiento que permitan garantizar una atención digna, suficiente y equitativa a todas las personas en situación de dependencia.

Por lo expuesto se formula la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Elaborar y poner en marcha, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta moción, un plan de choque para reducir las listas de espera en materia de dependencia, que incorpore indicadores sobre las personas fallecidas durante la tramitación o mientras permanecían pendientes de recibir la prestación o servicio reconocido, así como sobre el tiempo total transcurrido desde la presentación de la solicitud hasta el acceso efectivo a la atención, incluyendo un calendario de reducción de las personas pendientes de valoración, reconocimiento de grado y resolución de prestaciones, medidas específicas para garantizar que las personas que ya tienen reconocida una prestación puedan recibirla efectivamente, objetivos cuantificados de reducción de los tiempos de tramitación y resolución, con plazos de cumplimiento verificables, la publicación periódica de los datos de solicitudes pendientes, tiempos medios de espera, prestaciones reconocidas y prestaciones efectivamente recibidas, desglosados por provincias y tipos de prestación y el refuerzo de los recursos humanos y administrativos necesarios para agilizar los procedimientos, garantizando la aplicación rigurosa, transparente y homogénea de los criterios de valoración.

2. Adoptar, en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, las medidas normativas, organizativas, presupuestarias y de coordinación necesarias para:

a) Hacer efectivo el refuerzo de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecido por el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

b) Adaptar la normativa, los procedimientos y los servicios autonómicos a las modificaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, introducidas por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Españoia.

3. Presentar ante las Cortes de Castilla y León un informe detallado sobre las actuaciones realizadas para adaptar la normativa autonómica a las resoluciones judiciales relativas al copago de los servicios de dependencia en la Comunidad. Establecer un procedimiento claro, ágil y efectivo para tramitar y resolver las solicitudes de devolución de las cantidades que legalmente correspondan, informando sobre el número de solicitudes y reclamaciones presentadas, las estimadas y desestimadas, los expedientes pendientes de resolución y las cantidades efectivamente reintegradas, evitando que tengan que acudir a la vía judicial.

4. Presentar un plan público y desglosado de aplicación de los 227 millones de euros adicionales previstos en la financiación estatal del nivel mínimo de dependencia para Castilla y León en 2027, identificando las partidas, los programas, los servicios y las actuaciones que se reforzarán, con especial atención a la ampliación y mejora del servicio de ayuda a domicilio, el refuerzo de la teleasistencia, los centros de día y los servicios de promoción de la autonomía personal, el incremento de la disponibilidad de plazas residenciales y de los recursos públicos de atención, la mejora de los recursos humanos y de las condiciones necesarias para garantizar la continuidad y calidad de los cuidados y la reducción de las listas de espera y de los tiempos de valoración, resolución y acceso efectivo a las prestaciones.

5. Elaborar un plan plurianual de inversiones y recursos humanos en materia de dependencia que permita mantener, modernizar y ampliar la red de servicios, infraestructuras y equipamientos, así como disponer de profesionales suficientes para garantizar una atención de calidad. Dicho plan deberá incluir una explicación detallada de la evolución de las inversiones de la Gerencia de Servicios Sociales contempladas en los presupuestos de 2027, incluyendo la reducción señalada, y especificar qué medidas compensatorias se adoptarán para evitar que dicha evolución perjudique la atención a las personas dependientes.

6. Promover en el ámbito de las competencias de la Junta de Castilla y León, y respetando la negociación colectiva en colaboración con las entidades locales y las organizaciones representativas de las personas trabajadoras y de las empresas prestadoras, un plan de mejora del servicio de ayuda a domicilio que contemple revisar, en colaboración con las entidades locales, los criterios de financiación y contratación pública del servicio de ayuda a domicilio, incorporando mecanismos que permitan adecuar los precios de los contratos al coste real del servicio, garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos aplicables, reforzar las cláusulas sociales y asegurar condiciones laborales dignas, incluyendo el reconocimiento de los desplazamientos y las particularidades de la prestación en el medio rural.

7. Desarrollar un programa autonómico de apoyo económico y protección social de las personas cuidadoras no profesionales. Evaluar la suficiencia de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, promover medidas complementarias de apoyo económico en el ámbito de las competencias autonómicas, no profesionales que incluya la ampliación de los servicios de respiro familiar y de los recursos temporales de sustitución en los cuidados, el acceso a apoyo psicológico, orientación social y formación para el cuidado, medidas de información, acompañamiento y prevención de la sobrecarga física y emocional, la coordinación con los servicios sanitarios y sociales para atender las necesidades propias de las personas cuidadoras, medidas de conciliación y apoyo que contribuyan a evitar que el cuidado de familiares en situación de dependencia implique abandonar el empleo, renunciar a oportunidades profesionales o desatender la propia salud y la incorporación de la perspectiva de género en la planificación y evaluación de las políticas de dependencia, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado de los cuidados no remunerados sobre las mujeres.

8. Remitir a las Cortes de Castilla y León, con periodicidad semestral, un informe de seguimiento de las medidas aprobadas en esta moción que incluya, al menos, la evolución de las listas de espera y de los tiempos de valoración y resolución, el número de personas que tienen reconocida una prestación y la reciben efectivamente, la ejecución de los recursos económicos adicionales destinados a dependencia, diferenciando la financiación estatal y autonómica, la evolución de las inversiones, los recursos humanos y la cobertura de los servicios, los avances en la mejora de la ayuda a domicilio, las condiciones laborales y el apoyo a las personas cuidadoras, la situación de las reclamaciones relativas al copago y las cantidades devueltas, cuando proceda, el grado de cumplimiento de los objetivos y calendarios establecidos, con identificación de las medidas correctoras cuando se produzcan desviaciones".

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Martínez Mínguez