M/000089-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite la moción, M/000089, presentada por el Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, relativa a política general en materia de política agraria, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 20 de octubre de 2026.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento, podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dicha moción haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario VOX Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000089 relativa a "Política agraria".

ANTECEDENTES

El sector agrícola y ganadero constituye uno de los pilares económicos y sociales de Castilla y León y desempeña un papel esencial en el mantenimiento de la actividad y el empleo en nuestros pueblos, la conservación del territorio y la garantía de nuestra seguridad y soberanía alimentarias.

Sin embargo, agricultores y ganaderos afrontan desde hace años importantes dificultades derivadas del incremento de los costes de producción, unos precios insuficientes en determinados sectores, una creciente carga burocrática, las dificultades para el relevo generacional y una competencia exterior que no siempre se produce bajo las mismas condiciones exigidas a nuestros productores.

La respuesta a esta situación no puede limitarse exclusivamente a medidas coyunturales. Es necesario actuar también sobre las causas estructurales que condicionan la rentabilidad y competitividad de las explotaciones.

Entre las principales reivindicaciones del sector se encuentra la necesidad de avanzar hacia una Política Agraria Común más sencilla, flexible y adaptada a la realidad productiva.

En este sentido, recientemente se ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de modificar determinados requisitos de los ecorregímenes, facilitando el cumplimiento de las rotaciones con especies mejorantes en explotaciones que combinan secano y regadío, otorgando mayor capacidad de decisión sobre los cultivos mejorantes y simplificando los requisitos aplicables a los barbechos considerados espacios de biodiversidad.

Estas modificaciones deberían abordarse con la suficiente rapidez para permitir su aplicación desde la campaña 2027. Al mismo tiempo, la negociación de la futura PAC 2028-2034 exige defender una financiación suficiente, el mantenimiento de sus dos pilares y su condición de verdadera política común.

Resulta igualmente imprescindible reducir la burocracia y revisar aquellas exigencias derivadas del Pacto Verde, que lastran la competitividad de nuestros agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria a fin de evitar incrementos de costes de producción, limitaciones en la capacidad productiva o nuevas cargas al sector.

A ello se añade la necesidad de garantizar una competencia justa frente a las importaciones procedentes de terceros países. No resulta razonable exigir a nuestros productores elevados estándares sanitarios, fitosanitarios, ambientales, laborales, de trazabilidad y bienestar animal mientras determinados productos importados pueden haber sido obtenidos bajo condiciones diferentes.

Por ello, España debe defender ante la Unión Europea la reciprocidad, las cláusulas espejo, unos controles eficaces sobre las importaciones y mecanismos de salvaguardia ágiles, especialmente ante aquellos acuerdos comerciales o incrementos de importaciones que puedan provocar perturbaciones graves en nuestros mercados.

La defensa de la rentabilidad exige igualmente actuar sobre los costes de producción, garantizar el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria, mejorar los seguros agrarios, favorecer la disponibilidad de recursos hídricos y la modernización de regadíos, reforzar la sanidad animal y vegetal y adaptar la fiscalidad a las circunstancias reales de cada campaña.

Especial atención merece el relevo generacional. Facilitar la incorporación de jóvenes requiere ayudas y financiación, pero también menos burocracia, acceso a la tierra, facilidades para la transmisión y modernización de explotaciones y un marco fiscal adecuado.

Castilla y León necesita una política agraria que permita producir, competir y obtener una rentabilidad digna. Una política que proteja a quienes producen nuestros alimentos y garantice el futuro de una actividad estratégica para nuestra tierra y para España.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a continuar desarrollando, en el ámbito de sus competencias, medidas destinadas a mejorar la rentabilidad, competitividad y viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad y, asimismo, a que inste al Gobierno de España a:

1. Promover, con carácter inmediato, las modificaciones normativas necesarias para flexibilizar los requisitos de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de que puedan resultar aplicables desde la campaña 2027.

2. Incorporar específicamente dentro de dichas modificaciones las propuestas acordadas el 5 de octubre de 2026 entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, y trasladadas conjuntamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, promoviendo para ello las modificaciones del Plan Estratégico de la PAC y de la normativa estatal que resulten necesarias para:

a) Permitir que, en las explotaciones que combinen superficies de secano y regadío, el cumplimiento de la práctica de rotación con especies mejorantes pueda calcularse sobre el conjunto de la superficie acogida, estableciendo los mecanismos de ponderación necesarios para respetar la distinta cuantía de las ayudas y mantener la proporcionalidad económica.

b) Revisar la exigencia de destinar un porcentaje mínimo específico a cultivos de leguminosas, manteniendo el porcentaje global exigido de especies mejorantes y permitiendo una mayor capacidad de decisión al agricultor en función de las condiciones agronómicas y productivas de su explotación.

c) Permitir que los barbechos puedan ser reconocidos como espacios de biodiversidad sin imponer actuaciones adicionales que generen costes innecesarios para los agricultores, manteniendo las condiciones de gestión necesarias para garantizar su función ambiental.

3. Defender ante las instituciones europeas la máxima simplificación y flexibilización de la PAC, a la condicionalidad y los ecorregímenes y adaptando éstos a las características agronómicas, productivas y climáticas de los diferentes territorios y otorgando mayor capacidad de decisión a agricultores y ganaderos.

4. Defender, en la negociación de la PAC 2028-2034, una financiación suficiente, al menos equivalente en términos reales a la correspondiente al actual marco financiero, manteniendo su condición de política común diferenciada, sus dos pilares y rechazando cualquier proceso de renacionalización.

5. Impulsar una reducción efectiva de las cargas burocráticas que soportan agricultores y ganaderos, evitando duplicidades, utilizando la información que ya obra en poder de las Administraciones y generalizando la tramitación de oficio cuando resulte jurídicamente posible.

6. Revisar, en los ámbitos nacional y europeo, exigencias derivadas del Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 y sus estrategias asociadas que incrementen de manera desproporcionada los costes de producción, reduzcan la capacidad productiva de las explotaciones o impongan cargas administrativas sin beneficios proporcionados.

7. Defender, en los acuerdos comerciales celebrados por la Unión Europea con terceros países, el principio de reciprocidad, la aplicación efectiva de cláusulas espejo, garantizando que los productos importados estén sometidos a estándares sanitarios, fitosanitarios, ambientales, laborales, de trazabilidad y bienestar animal equivalentes a los exigidos a los productores españoles y europeos.

8. Reforzar los controles sobre las importaciones agroalimentarias procedentes de terceros países, tanto en frontera como mediante mecanismos de certificación y, cuando resulte necesario, verificaciones en origen que garanticen el cumplimiento efectivo de los requisitos exigidos.

9. Defender la preferencia por la producción comunitaria y reconocer el carácter estratégico de la agricultura y la ganadería para garantizar la soberanía y seguridad alimentarias de España y de la Unión Europea.

10. Defender los intereses de agricultores y ganaderos españoles ante los efectos del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, garantizando una vigilancia específica de los productos sensibles y reclamando la activación ágil y efectiva de los mecanismos de salvaguardia establecidos en él cuando se produzcan perturbaciones graves del mercado.

11. Realizar un seguimiento específico de las consecuencias de las importaciones agrícolas procedentes de Ucrania sobre los mercados nacionales y reclamar la activación de los mecanismos europeos de salvaguardia cuando se acrediten perturbaciones graves, especialmente en sectores como el cereal.

12. Impulsar medidas estructurales destinadas a mejorar la rentabilidad del sector cerealista, actuando sobre los costes de producción, los seguros agrarios, los recursos hídricos, la innovación, la fiscalidad, las importaciones y la reducción de cargas administrativas.

13. Reforzar la aplicación de la legislación de la cadena alimentaria, intensificando los controles de oficio sobre las relaciones contractuales y las posibles prácticas abusivas y mejorando la coordinación entre las Administraciones competentes.

14. Impulsar y actualizar estudios objetivos de costes de producción en los principales sectores agrícolas y ganaderos, facilitando información que contribuya a conocer la situación económica real de las explotaciones y al correcto funcionamiento de la cadena alimentaria.

15. Promover una revisión del sistema de seguros agrarios que permita adaptar sus coberturas a la evolución de los riesgos, costes y circunstancias productivas y garantice instrumentos adecuados ante fenómenos excepcionales.

16. Reforzar los instrumentos de prevención, vigilancia y respuesta frente a las enfermedades animales y vegetales y establecer, cuando proceda, mecanismos de apoyo vinculados a los daños efectivamente acreditados, con participación de las distintas Administraciones en función de sus competencias.

17. Impulsar medidas destinadas al relevo generacional, facilitando la primera instalación y modernización de explotaciones, el acceso a financiación, formación y tierra, la transmisión de explotaciones y reduciendo las cargas administrativas soportadas por los jóvenes agricultores y ganaderos.

18. Revisar la normativa estatal que pueda dificultar la incorporación de jóvenes, la modernización y la transmisión de explotaciones, incluyendo la regulación relativa a arrendamientos rústicos cuando constituya un obstáculo para el relevo generacional.

19. Revisar los índices de rendimiento neto de módulos y el porcentaje de gastos de difícil justificación en estimación directa simplificada al sector agrario, cuando concurran circunstancias extraordinarias debidamente acreditadas que comprometan la viabilidad de las explotaciones.

20. Garantizar que las ayudas extraordinarias que puedan establecerse ante crisis de mercado, sanitarias, climatológicas o incrementos excepcionales de costes respondan a daños, pérdidas o sobrecostes objetivamente acreditados, dispongan de financiación suficiente y se tramiten con criterios de agilidad, proporcionalidad y mínima carga administrativa.

21. Impulsar una política nacional del agua que garantice las infraestructuras necesarias para el sector agrario y destinar financiación suficiente a la modernización de regadíos, mejorando la eficiencia y garantizando la capacidad productiva de las explotaciones.

22. Evaluar previamente el impacto económico, productivo y administrativo de las nuevas normas nacionales y europeas que afecten al sector primario, evitando aprobar obligaciones que puedan comprometer injustificadamente la rentabilidad o competitividad de las explotaciones.

23. Defender que la producción agrícola y ganadera y la seguridad alimentaria constituyan criterios prioritarios en la elaboración de las políticas nacionales y europeas que afecten al medio rural.

24. Mantener una interlocución permanente con las organizaciones profesionales agrarias, los pequeños agricultores y ganaderos, y demás representantes del sector; para trasladar ante el Gobierno de España y las instituciones europeas las modificaciones normativas y medidas estructurales necesarias para garantizar la rentabilidad, competitividad y futuro del sector agrícola y ganadero.

En Valladolid, a 23 de octubre de 2026.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Hierro Santos