PNL/000368-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000366 a PNL/000369.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) constituye una herramienta fundamental para garantizar unas condiciones de vida dignas, combatir la pobreza laboral, reducir las desigualdades sociales y mejorar la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras con menores ingresos.

En una sociedad que aspira a ser justa, no resulta aceptable que trabajar a jornada completa no permita afrontar con dignidad los gastos básicos de vivienda, alimentación, suministros y manutención familiar. El empleo debe ser una vía para alcanzar autonomía económica y bienestar, no una garantía de precariedad y dificultades para llegar a fin de mes.

El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores establece que corresponde al Gobierno fijar anualmente el SMI, previa consulta con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas. La competencia para establecer su cuantía corresponde, por tanto, al Gobierno de España. Los sindicatos desempeñan una función esencial en la negociación, la reivindicación y la defensa de los derechos laborales, pero la decisión final de fijar el salario mínimo es responsabilidad del Ejecutivo.

Por ello, resulta necesario rechazar aquellos discursos que pretenden responsabilizar exclusivamente a las organizaciones sindicales de la evolución del salario mínimo, ignorando deliberadamente quién tiene la competencia legal para determinarlo. Los sindicatos pueden negociar, proponer, reclamar y movilizarse; es el Gobierno quien debe decidir y asumir la responsabilidad política de la cuantía que establece.

La evolución histórica del SMI demuestra que las decisiones políticas tienen consecuencias directas sobre los ingresos de millones de personas trabajadoras.

Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2018, bajo gobiernos del Partido Popular, el SMI pasó de 641 a 735,90 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un incremento aproximado del 14,8 %. Desde 2018, con los gobiernos progresistas, ha pasado de 735,90 a 1.221 euros mensuales en 14 pagas en 2026, un incremento acumulado aproximado del 65,9 %. La subida acumulada del SMI en España en el citado periodo de tiempo, desde 2018 hasta 2026, constituye una de las revalorizaciones más significativas de los últimos años entre las grandes economías de la Unión Europea.

La diferencia es significativa y pone de manifiesto que la mejora de los salarios más bajos no es una cuestión inevitable ni ajena a la política, sino el resultado de decisiones concretas. Las prioridades de cada Gobierno se reflejan en las nóminas de quienes más dificultades tienen para llegar a fin de mes.

En 2026, el SMI se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros anuales, tras un incremento del 3,1 % respecto al año anterior. La subida supone 37 euros mensuales adicionales en 14 pagas, es decir, 518 euros brutos más al año para quienes perciben el salario mínimo durante todo el ejercicio. Según el Gobierno de España, la medida beneficiará aproximadamente a 2,5 millones de personas trabajadoras en el conjunto del país.

Pero el impacto de esta política salarial no se limita a las cifras nacionales. En Castilla y León, donde los salarios reducidos y la precariedad afectan especialmente a determinados sectores, la mejora del SMI tiene una repercusión directa sobre miles de hogares.

Según las estimaciones de las organizaciones sindicales de Castilla y León, más de 130.000 personas trabajadoras de nuestra Comunidad se están beneficiando de la subida del SMI de 2026. El sindicato ha destacado especialmente la incidencia de esta medida en actividades como el empleo doméstico, el comercio, la hostelería, la agricultura, la ganadería y el transporte.

Estamos hablando de más de 130.000 personas y de sus familias. Personas que viven en nuestras nueve provincias, que contribuyen diariamente a la economía de Castilla y León y que merecen que su trabajo les permita vivir con dignidad. Para ellas, mejorar el salario mínimo no es una discusión abstracta ni una batalla partidista: es una cuestión de ingresos, autonomía y seguridad económica.

En una Comunidad que necesita fijar población, ofrecer oportunidades a la juventud y combatir la despoblación, garantizar salarios dignos es también una herramienta de cohesión territorial. No se puede pedir a la gente que se quede en Castilla y León si tener un empleo no le permite vivir dignamente. La lucha contra la despoblación exige oportunidades laborales reales, pero también salarios suficientes para desarrollar un proyecto de vida.

Asimismo, la subida del SMI contribuye a reducir las desigualdades que afectan especialmente a las mujeres y a las personas jóvenes, con mayor presencia en determinados empleos de baja remuneración. Sin embargo, los avances alcanzados no deben conducir a la complacencia. El encarecimiento de la vivienda, la alimentación y los suministros continúan presionando la economía de los hogares, por lo que resulta imprescindible preservar el poder adquisitivo de los salarios.

Las organizaciones sindicales desempeñan una función imprescindible en este proceso. Su participación en el diálogo social permite trasladar las necesidades de las personas trabajadoras y defender que el crecimiento económico se traduzca en mejores salarios y condiciones laborales. Desacreditar sus reivindicaciones o presentar las mejoras salariales como concesiones injustificadas supone ignorar la contribución histórica del sindicalismo a la conquista de derechos laborales y sociales.

Del mismo modo, las organizaciones empresariales tienen su espacio legítimo en la negociación. No obstante, la ausencia de consenso entre los interlocutores sociales no puede convertirse en una excusa para que el Gobierno eluda su responsabilidad legal y política de fijar el salario mínimo.

La Junta de Castilla y León, dentro de sus competencias, debe defender los intereses de las personas trabajadoras de la Comunidad y reclamar al Gobierno de España políticas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. La mejora de los salarios, la reducción de la pobreza laboral y el fortalecimiento del diálogo social son objetivos compatibles con el desarrollo económico y necesarios para avanzar hacia una sociedad más justa.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Primero. Dirigirse al Gobierno de España para que continúe incrementando el Salario Mínimo Interprofesional, con el objetivo de garantizar una remuneración suficiente y digna, preservar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y avanzar hacia los estándares europeos de suficiencia salarial.

Segundo. Defender el papel de las organizaciones sindicales más representativas en la negociación colectiva y el diálogo social, así como su contribución a la mejora de los salarios, la defensa de los derechos laborales y la reducción de las desigualdades.

Tercero. Reivindicar el cumplimiento efectivo del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, recordando que corresponde al Gobierno de España fijar anualmente el SMI y que, por tanto, la responsabilidad última de la decisión y de su cuantía recae en el Gobierno de España, sin perjuicio de la necesaria consulta con las organizaciones sindicales y empresariales.

Cuarto. Instar al Gobierno de España a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de las sucesivas subidas del SMI, reforzando los mecanismos de inspección y control para prevenir incumplimientos y evitar que los incrementos aprobados sean neutralizados mediante prácticas de compensación o absorción salarial contrarias a la normativa aplicable.

Quinto. Favorecer la mejora de los salarios en Castilla y León, la reducción de la precariedad laboral y la creación de empleo estable y de calidad, prestando especial atención a las mujeres, las personas jóvenes y los sectores con menores retribuciones.

Sexto. Instar al Gobierno de España a mantener una política de mejora del SMI teniendo en cuenta su repercusión en las condiciones de vida de más de 130.000 personas trabajadoras de Castilla y León que se benefician de su incremento.

Séptimo. Reforzar el compromiso institucional con el diálogo social y con una distribución más justa de la riqueza, de manera que los beneficios del crecimiento económico se traduzcan en mejoras reales de los salarios y de las condiciones de vida de las personas trabajadoras".

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Martínez Mínguez