4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000369-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000366 a PNL/000369.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres constituye una de las conquistas más importantes del movimiento feminista y uno de los avances fundamentales en la construcción de una sociedad democrática basada en la libertad y la igualdad entre mujeres y hombres.
Durante décadas, las mujeres españolas vieron limitada su capacidad para decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad, sometidas a una legislación que penalizaba la interrupción voluntaria del embarazo y que obligaba a muchas de ellas a recurrir a prácticas clandestinas que ponían en riesgo su salud y su vida.
La recuperación de la democracia permitió avanzar progresivamente en el reconocimiento de estos derechos.
En 1985 se aprobó la primera regulación que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en determinados supuestos. Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, supuso un avance fundamental al establecer un sistema de plazos que reconoce la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su maternidad, dentro de las condiciones establecidas legalmente.
Esta legislación fue reforzada mediante la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que introdujo nuevas garantías para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, eliminó obstáculos y reforzó las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia 44/2023, de 9 de mayo, avaló la constitucionalidad del sistema de plazos establecido en la Ley Orgánica 2/2010 y reconoció la relevancia constitucional de la decisión de las mujeres sobre la continuación o interrupción de su embarazo, vinculada a sus derechos fundamentales.
Sin embargo, los avances legislativos y jurisprudenciales no han impedido que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo continúe siendo cuestionado desde determinados sectores políticos que pretenden limitar la autonomía de las mujeres y condicionar sus decisiones reproductivas.
Castilla y León constituye un ejemplo especialmente significativo de los riesgos que representan estas políticas.
En enero de 2023, el Gobierno autonómico de coalición entre el Partido Popular y Vox anunció la implantación de un denominado protocolo de atención a las mujeres embarazadas que contemplaba actuaciones como ofrecer la escucha del latido fetal y la realización de ecografías adicionales.
Aquella iniciativa, presentada como una medida de apoyo a la maternidad, fue ampliamente cuestionada por su posible utilización para introducir presiones sobre las mujeres que habían decidido interrumpir voluntariamente su embarazo.
La intervención del Gobierno de España contribuyó a impedir la aplicación de medidas que podían vulnerar los derechos reconocidos en la legislación estatal.
Este episodio puso de manifiesto que los derechos de las mujeres no pueden quedar condicionados por la orientación ideológica de los gobiernos autonómicos ni por los acuerdos políticos entre formaciones que cuestionan su libertad para decidir.
Pero los problemas existentes en Castilla y León no se limitan a aquel intento de retroceso.
En nuestra Comunidad persisten importantes dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. De hecho, únicamente tres hospitales públicos de Castilla y León, los de Salamanca, Burgos y Miranda de Ebro, realizan esta prestación sanitaria, y no todos mediante los mismos procedimientos.
Esta situación obliga a numerosas mujeres a desplazarse fuera de su provincia para ejercer un derecho reconocido por la legislación vigente, a ser derivadas a clínicas privadas concertadas, como sucede en Valladolid, o incluso a trasladarse fuera de Castilla y León, como ocurre con mujeres de Soria.
Resulta difícilmente justificable que, en pleno siglo XXI, una mujer tenga que desplazarse cientos de kilómetros para ejercer un derecho que debería estar garantizado en su sistema público de salud.
Porque el derecho a decidir sobre la maternidad no puede depender del lugar de residencia, de los recursos económicos de cada mujer ni de la voluntad política del gobierno autonómico de turno.
Un derecho reconocido por la ley, pero que encuentra obstáculos para ejercerse, no es un derecho plenamente garantizado.
En este contexto, el Gobierno de España aprobó el 7 de abril de 2026 un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española con el objetivo de incorporar expresamente la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y reforzar las garantías constitucionales del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La iniciativa inició su tramitación en las Cortes Generales y superó el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios contrarios a la reforma.
Sin embargo, la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026 provocaron la caducidad de la iniciativa, impidiendo que pudiera culminarse su tramitación parlamentaria.
La interrupción de este procedimiento no elimina la necesidad de avanzar en el reconocimiento constitucional de un derecho esencial para la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres.
Por el contrario, los intentos de restringir los derechos sexuales y reproductivos, como los vividos en Castilla y León en enero de 2023, ponen de manifiesto la importancia de reforzar su protección frente a eventuales retrocesos legislativos.
El reconocimiento expreso de estos derechos en la Constitución Española supondría un avance fundamental para garantizar que la autonomía de las mujeres y su libertad para decidir sobre su maternidad no queden condicionadas por los cambios de mayorías parlamentarias ni por los acuerdos políticos entre formaciones que cuestionan estos derechos.
La libertad de las mujeres para decidir si desean ser madres, cuándo y en qué circunstancias constituye una manifestación esencial de su autonomía personal y de su derecho a desarrollar libremente su proyecto de vida.
Ninguna mujer debe verse obligada a continuar un embarazo contra su voluntad ni sometida a presiones políticas, ideológicas o institucionales que pretendan condicionar una decisión que le corresponde exclusivamente a ella, dentro del marco legal vigente.
Los derechos de las mujeres no pueden convertirse en moneda de cambio de ningún acuerdo de gobierno ni quedar sometidos a los intereses ideológicos de quienes pretenden decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Por ello, resulta necesario avanzar en su reconocimiento y protección constitucional, garantizando que la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad ocupe el lugar que le corresponde en nuestro sistema de derechos y libertades.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España que se constituya tras las próximas elecciones generales para que promueva una reforma del artículo 43 de la Constitución Española que incorpore expresamente el reconocimiento y la protección del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, reforzando las garantías constitucionales de sus derechos sexuales y reproductivos".
Valladolid, 26 de octubre de 2026.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000369-01
CVE="BOCCL-12-001997"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
Legislatura
Pags. 6610-6613
BOCCL nº 54/12 del 3/11/2026
CVE: BOCCL-12-001997
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000369-01
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España que se constituya tras las próximas elecciones generales para que promueva una reforma del artículo 43 de la Constitución Española que incorpore expresamente el reconocimiento y la protección del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000366 a PNL/000369.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.
ANTECEDENTES
El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres constituye una de las conquistas más importantes del movimiento feminista y uno de los avances fundamentales en la construcción de una sociedad democrática basada en la libertad y la igualdad entre mujeres y hombres.
Durante décadas, las mujeres españolas vieron limitada su capacidad para decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad, sometidas a una legislación que penalizaba la interrupción voluntaria del embarazo y que obligaba a muchas de ellas a recurrir a prácticas clandestinas que ponían en riesgo su salud y su vida.
La recuperación de la democracia permitió avanzar progresivamente en el reconocimiento de estos derechos.
En 1985 se aprobó la primera regulación que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en determinados supuestos. Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, supuso un avance fundamental al establecer un sistema de plazos que reconoce la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su maternidad, dentro de las condiciones establecidas legalmente.
Esta legislación fue reforzada mediante la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que introdujo nuevas garantías para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, eliminó obstáculos y reforzó las obligaciones de los poderes públicos para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Asimismo, el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia 44/2023, de 9 de mayo, avaló la constitucionalidad del sistema de plazos establecido en la Ley Orgánica 2/2010 y reconoció la relevancia constitucional de la decisión de las mujeres sobre la continuación o interrupción de su embarazo, vinculada a sus derechos fundamentales.
Sin embargo, los avances legislativos y jurisprudenciales no han impedido que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo continúe siendo cuestionado desde determinados sectores políticos que pretenden limitar la autonomía de las mujeres y condicionar sus decisiones reproductivas.
Castilla y León constituye un ejemplo especialmente significativo de los riesgos que representan estas políticas.
En enero de 2023, el Gobierno autonómico de coalición entre el Partido Popular y Vox anunció la implantación de un denominado protocolo de atención a las mujeres embarazadas que contemplaba actuaciones como ofrecer la escucha del latido fetal y la realización de ecografías adicionales.
Aquella iniciativa, presentada como una medida de apoyo a la maternidad, fue ampliamente cuestionada por su posible utilización para introducir presiones sobre las mujeres que habían decidido interrumpir voluntariamente su embarazo.
La intervención del Gobierno de España contribuyó a impedir la aplicación de medidas que podían vulnerar los derechos reconocidos en la legislación estatal.
Este episodio puso de manifiesto que los derechos de las mujeres no pueden quedar condicionados por la orientación ideológica de los gobiernos autonómicos ni por los acuerdos políticos entre formaciones que cuestionan su libertad para decidir.
Pero los problemas existentes en Castilla y León no se limitan a aquel intento de retroceso.
En nuestra Comunidad persisten importantes dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública. De hecho, únicamente tres hospitales públicos de Castilla y León, los de Salamanca, Burgos y Miranda de Ebro, realizan esta prestación sanitaria, y no todos mediante los mismos procedimientos.
Esta situación obliga a numerosas mujeres a desplazarse fuera de su provincia para ejercer un derecho reconocido por la legislación vigente, a ser derivadas a clínicas privadas concertadas, como sucede en Valladolid, o incluso a trasladarse fuera de Castilla y León, como ocurre con mujeres de Soria.
Resulta difícilmente justificable que, en pleno siglo XXI, una mujer tenga que desplazarse cientos de kilómetros para ejercer un derecho que debería estar garantizado en su sistema público de salud.
Porque el derecho a decidir sobre la maternidad no puede depender del lugar de residencia, de los recursos económicos de cada mujer ni de la voluntad política del gobierno autonómico de turno.
Un derecho reconocido por la ley, pero que encuentra obstáculos para ejercerse, no es un derecho plenamente garantizado.
En este contexto, el Gobierno de España aprobó el 7 de abril de 2026 un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española con el objetivo de incorporar expresamente la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y reforzar las garantías constitucionales del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La iniciativa inició su tramitación en las Cortes Generales y superó el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios contrarios a la reforma.
Sin embargo, la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026 provocaron la caducidad de la iniciativa, impidiendo que pudiera culminarse su tramitación parlamentaria.
La interrupción de este procedimiento no elimina la necesidad de avanzar en el reconocimiento constitucional de un derecho esencial para la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres.
Por el contrario, los intentos de restringir los derechos sexuales y reproductivos, como los vividos en Castilla y León en enero de 2023, ponen de manifiesto la importancia de reforzar su protección frente a eventuales retrocesos legislativos.
El reconocimiento expreso de estos derechos en la Constitución Española supondría un avance fundamental para garantizar que la autonomía de las mujeres y su libertad para decidir sobre su maternidad no queden condicionadas por los cambios de mayorías parlamentarias ni por los acuerdos políticos entre formaciones que cuestionan estos derechos.
La libertad de las mujeres para decidir si desean ser madres, cuándo y en qué circunstancias constituye una manifestación esencial de su autonomía personal y de su derecho a desarrollar libremente su proyecto de vida.
Ninguna mujer debe verse obligada a continuar un embarazo contra su voluntad ni sometida a presiones políticas, ideológicas o institucionales que pretendan condicionar una decisión que le corresponde exclusivamente a ella, dentro del marco legal vigente.
Los derechos de las mujeres no pueden convertirse en moneda de cambio de ningún acuerdo de gobierno ni quedar sometidos a los intereses ideológicos de quienes pretenden decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Por ello, resulta necesario avanzar en su reconocimiento y protección constitucional, garantizando que la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad ocupe el lugar que le corresponde en nuestro sistema de derechos y libertades.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España que se constituya tras las próximas elecciones generales para que promueva una reforma del artículo 43 de la Constitución Española que incorpore expresamente el reconocimiento y la protección del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, reforzando las garantías constitucionales de sus derechos sexuales y reproductivos".
Valladolid, 26 de octubre de 2026.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000369-01
CVE="BOCCL-12-001997"
