PNL/000371-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000370 y PNL/000371.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El año 1936 supuso una profunda fractura en la historia de nuestro país. El golpe de Estado militar de julio de 1936 contra la legalidad constitucional de la Segunda República y la posterior Guerra Civil dieron paso a una represión que se prolongó durante la dictadura franquista y que afectó a miles de personas por sus ideas, su actividad política, sindical o social o su vinculación con las instituciones y organizaciones republicanas.

Esta represión tuvo, además, una dimensión específica sobre las mujeres. Muchas fueron perseguidas no solo por sus ideas, su militancia o su actividad política, sindical, profesional o social, sino también por haber cuestionado los roles de género tradicionales y haber ocupado el espacio público como ciudadanas y sujetos políticos con voz propia.

Durante los años de la Segunda República, numerosas mujeres participaron activamente en un proceso de transformación social que amplió su presencia en la educación, la cultura, el movimiento sindical, la política y la vida pública. Maestras vinculadas a la renovación pedagógica, militantes de partidos políticos y organizaciones sindicales, concejalas, activistas sociales y mujeres comprometidas con la conquista de derechos civiles y políticos contribuyeron a abrir espacios de participación y autonomía que hasta entonces les habían sido negados.

En las provincias que hoy integran la Comunidad Autónoma de Castilla y León, muchas de estas mujeres sufrieron directamente la violencia y la represión desencadenadas tras el golpe de Estado. Algunas fueron fusiladas o asesinadas; otras fueron encarceladas, perseguidas, depuradas profesionalmente o sometidas a diferentes formas de represalia, exclusión y estigmatización social.

Sobre ellas recayó, en muchos casos, una doble forma de represión: la derivada de sus ideas, de su compromiso democrático o de su participación política, sindical, educativa o social y la vinculada a su condición de mujeres que habían desafiado el modelo social y los roles que se pretendían imponerles. La represión trató así no solo de castigar determinadas posiciones políticas, sino también de expulsar a muchas mujeres del espacio público y devolverlas a un papel subordinado en la sociedad.

Tras la muerte, el encarcelamiento o la persecución de muchas de ellas llegó también el silencio. Sus nombres y sus trayectorias desaparecieron durante décadas del relato público y del reconocimiento institucional. Sus familias convivieron en numerosos casos con el miedo, el estigma y la imposibilidad de reivindicar públicamente su memoria.

Pero la represión ejercida sobre las mujeres no se limitó a quienes fueron directamente fusiladas, encarceladas o perseguidas.

Miles de mujeres padecieron las consecuencias de la violencia ejercida contra sus maridos, compañeros, padres, hijos, hermanos y otros familiares. Mujeres que vieron cómo las personas con las que compartían su vida eran detenidas, encarceladas, torturadas, fusiladas, asesinadas o desaparecidas y que, sin haber sido necesariamente objeto de una condena o de una privación formal de libertad, sufrieron también las consecuencias de aquella represión.

Muchas quedaron viudas, tuvieron que asumir en solitario el sostenimiento de sus familias y sacar adelante a sus hijos e hijas en circunstancias de enorme dificultad. A la pérdida personal se sumaron en numerosos casos la precariedad económica, la pérdida de medios de vida, el aislamiento, la discriminación y el estigma asociado a ser esposa, compañera, hija, madre o hermana de una persona represaliada.

También ellas forman parte de la memoria de la represión. Sin embargo, precisamente porque muchas de esas experiencias transcurrieron fuera de las cárceles y de los procedimientos formales, sus historias han permanecido especialmente invisibilizadas. Durante décadas, su sufrimiento, su resistencia cotidiana y el papel que desempeñaron sosteniendo a sus familias y comunidades quedaron relegados al ámbito privado y prácticamente ausentes del reconocimiento público.

Recuperar la memoria democrática exige, por tanto, incorporar una perspectiva de género que permita conocer todas las dimensiones de aquella represión y rescatar las experiencias de las mujeres que durante demasiado tiempo quedaron fuera del relato histórico.

La recuperación de esta memoria constituye una tarea vinculada a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y al reconocimiento de quienes sufrieron persecución o violencia como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.

Las instituciones públicas tienen también una responsabilidad en la preservación y transmisión de esta memoria. Conocer los nombres y las biografías de estas mujeres, recuperar sus trayectorias políticas, sindicales, educativas y sociales y reconocer también a aquellas que soportaron las consecuencias familiares y sociales de la represión constituye una forma de reparación y de reconocimiento democrático.

Asimismo, su conocimiento posee un indudable valor educativo. Recuperar sus historias permite a las generaciones presentes y futuras conocer el papel activo que muchas mujeres desempeñaron en la transformación y modernización de nuestra sociedad, los avances que protagonizaron en el camino hacia la igualdad y las consecuencias que sufrieron por ejercer sus derechos y participar en la vida pública.

Castilla y León debe contribuir a rescatar del silencio sus nombres, sus historias y su legado, reconociendo tanto a las mujeres que fueron víctimas directas de la represión como a aquellas que padecieron sus consecuencias personales, familiares, económicas y sociales.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Reconocer institucional y públicamente a las mujeres de Castilla y León que fueron asesinadas, fusiladas, encarceladas, perseguidas, depuradas o represaliadas tras el golpe de Estado de 1936 y durante la dictadura franquista por su actividad política, sindical, profesional o social, por la defensa de sus derechos y libertades o por su vinculación con la legalidad republicana.

2. Promover la creación de un espacio de memoria, memorial o hito conmemorativo de ámbito autonómico dedicado específicamente a las mujeres víctimas de la represión franquista en Castilla y León, en colaboración con las asociaciones memorialistas de la Comunidad, que contribuya a preservar sus nombres, sus historias, su dignidad y su legado.

3. Impulsar y financiar, en colaboración con las universidades públicas, centros de investigación y entidades memorialistas de Castilla y León, estudios, investigaciones y mapas de memoria destinados a identificar, documentar, catalogar y divulgar las biografías y trayectorias de las mujeres represaliadas en las nueve provincias de la Comunidad.

4. Promover la divulgación y el conocimiento, especialmente entre las generaciones más jóvenes, de los resultados de estas investigaciones y del papel desempeñado por las mujeres en la defensa de los derechos, las libertades, la educación, la participación política y sindical y la modernización social, incorporando la perspectiva de género a las actuaciones de memoria democrática que se desarrollen en Castilla y León.

5. Reconocer institucionalmente a las mujeres que, aun no habiendo sido directamente encarceladas o ejecutadas, padecieron las consecuencias personales, familiares, económicas y sociales derivadas de la persecución, encarcelamiento, tortura, asesinato, fusilamiento o desaparición de sus maridos, compañeros o familiares como consecuencia de la represión franquista, recuperando y dignificando también su memoria y haciendo visible su papel en el sostenimiento de sus familias y comunidades".

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Carlos Martínez Mínguez