4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000380-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000372 a PNL/000396.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Javier García Martín, Diego Vallejo Martínez, María Isabel Fernández Rodríguez, Aída Estrella Paredes García, Sergio García Herrero, Paloma Ramírez Calle y Sergio Iglesias Herrera, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación:
ANTECEDENTES
La Orden EDU/1353/2018, de 12 de diciembre, regula el procedimiento de acreditación para el ejercicio de la docencia en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en los centros de titularidad privada de la Comunidad de Castilla y León.
De acuerdo con la información oficial emitida por la propia Administración Autonómica en su portal de trámites administrativos, el plazo máximo fijado para la resolución y notificación de estas acreditaciones es de seis meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente.
Sin embargo, en la práctica administrativa actual se vienen registrando demoras sustanciales que en múltiples ocasiones superan holgadamente el año de espera, duplicando el plazo legalmente establecido para la resolución de los expedientes.
Este retraso genera consecuencias indeseadas en el ámbito educativo de la Comunidad:
1. Riesgo e inseguridad jurídica en las aulas: Existe una incertidumbre real de que profesionales de la enseñanza puedan estar impartiendo docencia en centros privados durante periodos prolongados sin contar formalmente con la acreditación definitiva emitida por la Consejería de Educación. Si bien los centros comprueban de manera previa las titulaciones académicas de su personal, la falta de una resolución expresa dentro de los plazos legales distorsiona el correcto control administrativo de los requisitos exigidos por los Reales Decretos aplicables (como el Real Decreto 860/2010 o el Real Decreto 1834/2008).
2. Precarización de los profesionales docentes: Los profesores afectados ven dificultada su proyección laboral y su estabilidad contractual al quedar supeditados a resoluciones extemporáneas de la Administración.
3. Carga administrativa para las Direcciones Provinciales y la Dirección General: El atasco en la gestión administrativa evidencia la escasez de recursos humanos y materiales dedicados a la fiscalización y tramitación de estas solicitudes.
Por todo lo expuesto, se hace imprescindible adaptar los recursos de la Consejería de Educación y optimizar los flujos de gestión interna para garantizar el estricto cumplimiento de los plazos normativos, garantizando así tanto los derechos de los profesionales como la máxima calidad y seguridad jurídica en el sistema educativo de Castilla y León.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar las decisiones que sean necesarias para:
1. Dotar de los recursos humanos y técnicos necesarios a la Dirección General de Profesionales de la Educación y a las Direcciones Provinciales de Educación para agilizar la tramitación de las solicitudes de acreditación docente en centros privados reguladas por la Orden EDU/1353/2018.
2. Garantizar el estricto cumplimiento del plazo máximo de seis meses establecido para la resolución y notificación de dichos expedientes de acreditación.
3. Implementar un plan choque de resolución de expedientes acumulados para eliminar el desfase actual y evitar situaciones en las que el personal docente ejerza en centros educativos durante periodos prolongados a la espera de la resolución administrativa definitiva".
Valladolid, 15 de octubre de 2026.
LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,
Fdo.: Javier García Martín, Diego Vallejo Martínez, María Isabel Fernández Rodríguez, Aída Estrella Paredes García, Sergio García Herrero, Paloma Ramírez Calle y Sergio Iglesias Herrera
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000380-01
CVE="BOCCL-12-002031"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
Legislatura
Pags. 6678-6680
BOCCL nº 55/12 del 5/11/2026
CVE: BOCCL-12-002031
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000380-01
Proposición no de ley presentada por los Procuradores D. Javier García Martín, D. Diego Vallejo Martínez, Dña. María Isabel Fernández Rodríguez, Dña. Aída Estrella Paredes García, D. Sergio García Herrero, Dña. Paloma Ramírez Calle y D. Sergio Iglesias Herrera, instando a la Junta de Castilla y León a dotar de los recursos humanos y técnicos necesarios a la Dirección General de Profesionales de la Educación y a las Direcciones Provinciales de Educación para agilizar la tramitación de las solicitudes de acreditación docente en centros privados regulados por la Orden EDU/1353/2018, para su tramitación ante la Comisión de Educación.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de octubre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000372 a PNL/000396.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de octubre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Javier García Martín, Diego Vallejo Martínez, María Isabel Fernández Rodríguez, Aída Estrella Paredes García, Sergio García Herrero, Paloma Ramírez Calle y Sergio Iglesias Herrera, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Educación:
ANTECEDENTES
La Orden EDU/1353/2018, de 12 de diciembre, regula el procedimiento de acreditación para el ejercicio de la docencia en las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en los centros de titularidad privada de la Comunidad de Castilla y León.
De acuerdo con la información oficial emitida por la propia Administración Autonómica en su portal de trámites administrativos, el plazo máximo fijado para la resolución y notificación de estas acreditaciones es de seis meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente.
Sin embargo, en la práctica administrativa actual se vienen registrando demoras sustanciales que en múltiples ocasiones superan holgadamente el año de espera, duplicando el plazo legalmente establecido para la resolución de los expedientes.
Este retraso genera consecuencias indeseadas en el ámbito educativo de la Comunidad:
1. Riesgo e inseguridad jurídica en las aulas: Existe una incertidumbre real de que profesionales de la enseñanza puedan estar impartiendo docencia en centros privados durante periodos prolongados sin contar formalmente con la acreditación definitiva emitida por la Consejería de Educación. Si bien los centros comprueban de manera previa las titulaciones académicas de su personal, la falta de una resolución expresa dentro de los plazos legales distorsiona el correcto control administrativo de los requisitos exigidos por los Reales Decretos aplicables (como el Real Decreto 860/2010 o el Real Decreto 1834/2008).
2. Precarización de los profesionales docentes: Los profesores afectados ven dificultada su proyección laboral y su estabilidad contractual al quedar supeditados a resoluciones extemporáneas de la Administración.
3. Carga administrativa para las Direcciones Provinciales y la Dirección General: El atasco en la gestión administrativa evidencia la escasez de recursos humanos y materiales dedicados a la fiscalización y tramitación de estas solicitudes.
Por todo lo expuesto, se hace imprescindible adaptar los recursos de la Consejería de Educación y optimizar los flujos de gestión interna para garantizar el estricto cumplimiento de los plazos normativos, garantizando así tanto los derechos de los profesionales como la máxima calidad y seguridad jurídica en el sistema educativo de Castilla y León.
Por todo ello, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar las decisiones que sean necesarias para:
1. Dotar de los recursos humanos y técnicos necesarios a la Dirección General de Profesionales de la Educación y a las Direcciones Provinciales de Educación para agilizar la tramitación de las solicitudes de acreditación docente en centros privados reguladas por la Orden EDU/1353/2018.
2. Garantizar el estricto cumplimiento del plazo máximo de seis meses establecido para la resolución y notificación de dichos expedientes de acreditación.
3. Implementar un plan choque de resolución de expedientes acumulados para eliminar el desfase actual y evitar situaciones en las que el personal docente ejerza en centros educativos durante periodos prolongados a la espera de la resolución administrativa definitiva".
Valladolid, 15 de octubre de 2026.
LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,
Fdo.: Javier García Martín, Diego Vallejo Martínez, María Isabel Fernández Rodríguez, Aída Estrella Paredes García, Sergio García Herrero, Paloma Ramírez Calle y Sergio Iglesias Herrera
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000380-01
CVE="BOCCL-12-002031"
