PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 10 de noviembre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000397 a PNL/000411.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de noviembre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Diego Vallejo Martínez, Cristian Delgado Alves, María del Carmen Iglesias Parra, Pilar García Colmenero, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Luis Briones Martínez, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.
ANTECEDENTES
La pobreza no es una circunstancia inevitable, sino el reflejo del fracaso de las políticas públicas cuando son incapaces de garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía. Constituye una de las mayores amenazas para la cohesión social, limita las oportunidades vitales de miles de personas y perpetúa las desigualdades de generación en generación. Frente a esta realidad, las Administraciones públicas no pueden permanecer impasibles. El artículo 70.10 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad competencias exclusivas en materia de asistencia social, servicios sociales, protección de las familias, la infancia, la juventud y los colectivos en situación de exclusión social. Asimismo, la Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y León, establece como finalidad del sistema prevenir y atender las situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
Sin embargo, la realidad social de Castilla y León muestra una evolución profundamente preocupante. El XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza y la Exclusión Social elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) revela un deterioro generalizado de los principales indicadores sociales de la Comunidad. Actualmente, cerca de 580.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y 475.000 viven bajo el umbral de la pobreza, 32.000 más que el año anterior, lo que representa uno de cada cinco habitantes de Castilla y León. Además, la Comunidad se ha convertido en la tercera Comunidad más desigual de España.
La situación es especialmente grave entre la infancia, la juventud y las familias con menores a cargo. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión entre los menores de edad supera ya el 30 %, mientras que la pobreza juvenil continúa creciendo y alcanza a más de uno de cada cinco jóvenes. Del mismo modo, las familias con niños y niñas a su cargo registran los peores datos de pobreza y pobreza severa desde que existen registros, evidenciando que las nuevas generaciones están soportando una parte desproporcionada de las consecuencias de la vulnerabilidad económica.
A ello se suma el impacto cada vez más determinante de la vivienda. El informe identifica el acceso a una vivienda digna como uno de los principales factores de empobrecimiento en Castilla y León. El incremento de casi un 60 % de los precios de compra y de casi un 30 % de los precios de los alquileres, está provocando que más de la mitad de las personas que viven en alquiler a precio de mercado se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social. Para muchos jóvenes, emanciparse ha dejado de ser un proyecto de vida para convertirse en un factor de vulnerabilidad económica.
También se deterioran las condiciones materiales de vida de la población. Cada vez son más las familias que tienen dificultades para afrontar gastos imprevistos o participar con normalidad en actividades sociales, culturales y de ocio. La carencia material y social severa se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, alcanzando a 161.000 personas y afectando con especial intensidad a menores y hogares con hijos e hijas a cargo, siendo la cifra más alarmante que más de un 40 % de la población manifiesta dificultades para llegar a fin de mes.
La situación resulta aún más preocupante en el medio rural. Mientras la Junta afirma combatir la despoblación y defender el reto demográfico, los indicadores de pobreza y exclusión social muestran una especial incidencia en amplias zonas rurales de la Comunidad, la tasa AROPE se dispara hasta el 26,6 % y la tasa de pobreza severa roza el 24 %. No es posible fijar población, atraer talento joven ni garantizar el relevo generacional cuando la pobreza, la precariedad y la falta de oportunidades continúan formando parte de la realidad cotidiana de miles de familias en los municipios más pequeños.
Las ayudas que se conceden deben seguir una estrategia que revierta estos datos coordinando las acciones y mejorando la justicia social. No puede existir política de natalidad sin seguridad económica, al igual que no puede construirse el futuro de Castilla y León si crecer, emanciparse, alquilar una vivienda o formar una familia se convierten en factores de riesgo de pobreza.
Por todo ello, resulta imprescindible impulsar una Estrategia Autonómica de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para los próximos años, que sitúe la erradicación de la pobreza, la protección de la infancia y la juventud, así como la igualdad de oportunidades como prioridades estratégicas de Comunidad. Una estrategia que aborde el apoyo a las familias mediante becas de comedor, transporte escolar y ayudas para material de estudio, que apueste por el fomento del empleo y de la formación, del acceso a la vivienda y del alquiler asequible, que ayude a mitigar el sobreendeudamiento y la pobreza energética, así como el refuerzo a la salud mental, la dependencia, la atención temprana, y que permita que personas sin hogar y personas en situación de soledad no deseada puedan recuperar los vínculos con la sociedad y reconstruir sus proyectos de vida. Con los objetivos de reducir antes del 2031 la tasa AROPE y la tasa de pobreza en 5 puntos así como la tasa de pobreza severa y la tasa de carencia material y social severa en 3 puntos.
Por lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Elaborar y aprobar, en el plazo máximo de seis meses, una Estrategia Autonómica de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2027-2031, dotada con una financiación plurianual mínima de 3.000 millones de euros durante su periodo de vigencia, que garantice una actuación integral y coordinada para prevenir y reducir la pobreza y la exclusión social en Castilla y León.
2. Incorporar a dicha Estrategia medidas específicas dirigidas a combatir la pobreza infantil y juvenil, apoyar a las familias con menores a cargo, facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, fomentar el empleo y la formación, prevenir la pobreza energética y el sobreendeudamiento, y reforzar la atención a las personas en situación de especial vulnerabilidad, con particular atención al medio rural.
3. Establecer objetivos cuantificables que permitan alcanzar, antes de finalizar 2031, una reducción de al menos cinco puntos porcentuales en la tasa AROPE y en la tasa de pobreza, así como una reducción de al menos tres puntos porcentuales en las tasas de pobreza severa y de carencia material y social severa, tomando como referencia los indicadores disponibles al inicio de la Estrategia.
4. Garantizar la participación efectiva de las entidades del tercer sector de acción social, los agentes sociales y económicos y las organizaciones representativas de los colectivos afectados en la elaboración, desarrollo y seguimiento de la Estrategia.
5. Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que incluyan indicadores públicos de cumplimiento, un informe intermedio de evaluación en 2029 y un informe final al término de su vigencia, que serán remitidos a las Cortes de Castilla y León".
Valladolid, 23 de octubre de 2026.
LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,
Fdo.: Diego Vallejo Martínez, Cristian Delgado Alves, María del Carmen Iglesias Parra, María del Pilar García Colmenero, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Luis Briones Martínez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000402-01
CVE="BOCCL-12-002187"
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 10 de noviembre de 2026, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000397 a PNL/000411.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 10 de noviembre de 2026.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Daniel de la Rosa Villahoz
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Diego Vallejo Martínez, Cristian Delgado Alves, María del Carmen Iglesias Parra, Pilar García Colmenero, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Luis Briones Martínez, Procuradores y Procuradoras pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.
ANTECEDENTES
La pobreza no es una circunstancia inevitable, sino el reflejo del fracaso de las políticas públicas cuando son incapaces de garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía. Constituye una de las mayores amenazas para la cohesión social, limita las oportunidades vitales de miles de personas y perpetúa las desigualdades de generación en generación. Frente a esta realidad, las Administraciones públicas no pueden permanecer impasibles. El artículo 70.10 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad competencias exclusivas en materia de asistencia social, servicios sociales, protección de las familias, la infancia, la juventud y los colectivos en situación de exclusión social. Asimismo, la Ley 16/2010, de Servicios Sociales de Castilla y León, establece como finalidad del sistema prevenir y atender las situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
Sin embargo, la realidad social de Castilla y León muestra una evolución profundamente preocupante. El XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza y la Exclusión Social elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) revela un deterioro generalizado de los principales indicadores sociales de la Comunidad. Actualmente, cerca de 580.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y 475.000 viven bajo el umbral de la pobreza, 32.000 más que el año anterior, lo que representa uno de cada cinco habitantes de Castilla y León. Además, la Comunidad se ha convertido en la tercera Comunidad más desigual de España.
La situación es especialmente grave entre la infancia, la juventud y las familias con menores a cargo. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión entre los menores de edad supera ya el 30 %, mientras que la pobreza juvenil continúa creciendo y alcanza a más de uno de cada cinco jóvenes. Del mismo modo, las familias con niños y niñas a su cargo registran los peores datos de pobreza y pobreza severa desde que existen registros, evidenciando que las nuevas generaciones están soportando una parte desproporcionada de las consecuencias de la vulnerabilidad económica.
A ello se suma el impacto cada vez más determinante de la vivienda. El informe identifica el acceso a una vivienda digna como uno de los principales factores de empobrecimiento en Castilla y León. El incremento de casi un 60 % de los precios de compra y de casi un 30 % de los precios de los alquileres, está provocando que más de la mitad de las personas que viven en alquiler a precio de mercado se encuentren en riesgo de pobreza o exclusión social. Para muchos jóvenes, emanciparse ha dejado de ser un proyecto de vida para convertirse en un factor de vulnerabilidad económica.
También se deterioran las condiciones materiales de vida de la población. Cada vez son más las familias que tienen dificultades para afrontar gastos imprevistos o participar con normalidad en actividades sociales, culturales y de ocio. La carencia material y social severa se ha incrementado de manera muy significativa en los últimos años, alcanzando a 161.000 personas y afectando con especial intensidad a menores y hogares con hijos e hijas a cargo, siendo la cifra más alarmante que más de un 40 % de la población manifiesta dificultades para llegar a fin de mes.
La situación resulta aún más preocupante en el medio rural. Mientras la Junta afirma combatir la despoblación y defender el reto demográfico, los indicadores de pobreza y exclusión social muestran una especial incidencia en amplias zonas rurales de la Comunidad, la tasa AROPE se dispara hasta el 26,6 % y la tasa de pobreza severa roza el 24 %. No es posible fijar población, atraer talento joven ni garantizar el relevo generacional cuando la pobreza, la precariedad y la falta de oportunidades continúan formando parte de la realidad cotidiana de miles de familias en los municipios más pequeños.
Las ayudas que se conceden deben seguir una estrategia que revierta estos datos coordinando las acciones y mejorando la justicia social. No puede existir política de natalidad sin seguridad económica, al igual que no puede construirse el futuro de Castilla y León si crecer, emanciparse, alquilar una vivienda o formar una familia se convierten en factores de riesgo de pobreza.
Por todo ello, resulta imprescindible impulsar una Estrategia Autonómica de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para los próximos años, que sitúe la erradicación de la pobreza, la protección de la infancia y la juventud, así como la igualdad de oportunidades como prioridades estratégicas de Comunidad. Una estrategia que aborde el apoyo a las familias mediante becas de comedor, transporte escolar y ayudas para material de estudio, que apueste por el fomento del empleo y de la formación, del acceso a la vivienda y del alquiler asequible, que ayude a mitigar el sobreendeudamiento y la pobreza energética, así como el refuerzo a la salud mental, la dependencia, la atención temprana, y que permita que personas sin hogar y personas en situación de soledad no deseada puedan recuperar los vínculos con la sociedad y reconstruir sus proyectos de vida. Con los objetivos de reducir antes del 2031 la tasa AROPE y la tasa de pobreza en 5 puntos así como la tasa de pobreza severa y la tasa de carencia material y social severa en 3 puntos.
Por lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Elaborar y aprobar, en el plazo máximo de seis meses, una Estrategia Autonómica de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2027-2031, dotada con una financiación plurianual mínima de 3.000 millones de euros durante su periodo de vigencia, que garantice una actuación integral y coordinada para prevenir y reducir la pobreza y la exclusión social en Castilla y León.
2. Incorporar a dicha Estrategia medidas específicas dirigidas a combatir la pobreza infantil y juvenil, apoyar a las familias con menores a cargo, facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, fomentar el empleo y la formación, prevenir la pobreza energética y el sobreendeudamiento, y reforzar la atención a las personas en situación de especial vulnerabilidad, con particular atención al medio rural.
3. Establecer objetivos cuantificables que permitan alcanzar, antes de finalizar 2031, una reducción de al menos cinco puntos porcentuales en la tasa AROPE y en la tasa de pobreza, así como una reducción de al menos tres puntos porcentuales en las tasas de pobreza severa y de carencia material y social severa, tomando como referencia los indicadores disponibles al inicio de la Estrategia.
4. Garantizar la participación efectiva de las entidades del tercer sector de acción social, los agentes sociales y económicos y las organizaciones representativas de los colectivos afectados en la elaboración, desarrollo y seguimiento de la Estrategia.
5. Establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que incluyan indicadores públicos de cumplimiento, un informe intermedio de evaluación en 2029 y un informe final al término de su vigencia, que serán remitidos a las Cortes de Castilla y León".
Valladolid, 23 de octubre de 2026.
LOS PROCURADORES Y PROCURADORAS,
Fdo.: Diego Vallejo Martínez, Cristian Delgado Alves, María del Carmen Iglesias Parra, María del Pilar García Colmenero, Aída Estrella Paredes García, Noelia Merino Hernández y Luis Briones Martínez
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Carlos Martínez Mínguez
PNL/000402-01
CVE="BOCCL-12-002187"