PL/000032-02

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 8 de julio de 2014, ha admitido a trámite la Enmienda a la Totalidad con devolución del texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, PL/000032.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de julio de 2014.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: María Josefa García Cirac

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA DE TOTALIDAD al Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León:

El proyecto remitido plantea una supuesta reforma de la administración en varios ámbitos. Uno de los objetivos del mismo sería la reducción de costes de la administración. Este objetivo queda directamente descartado a la luz del contenido del Proyecto. La reducción de órganos puede suponer una reducción de los costes. Pero en este caso los órganos que se eliminan son sustituidos por la previsión de que existan otros con lo que la reducción desaparece. Se produce, eso sí, una reducción de ingresos al establecer una rebaja del 50 % para el "pronto pago" de determinadas infracciones. Reforma que tampoco puede aceptarse desde la óptica de que las normas sancionadoras no están dirigidas a recaudar ingresos sino a evitar que se produzcan determinados hechos. Con la reforma propuesta la compulsión administrativa reduce su eficacia en la mitad con respecto a los hechos sancionables objeto de descuento.

Con carácter general el proyecto de Ley abunda en la opacidad de la administración autonómica, algo que se está convirtiendo en una de sus señas de identidad. En el conjunto de su regulación se reduce y dificulta la información a los ciudadanos, incluso en trámites como las exposiciones públicas, se elude la publicación de los acuerdos en el Boletín Oficial, se evita informar a las Cortes de Castilla y León de las actuaciones del ejecutivo y se elimina a las organizaciones representativas de la ciudadanía de los órganos de participación.

Aborda el proyecto modificaciones relativas a la Función Pública. Dichas modificaciones, lejos de ir en defensa del interés público, provocarían efectos indeseables entre los que se encuentran:

• Una reducción de la participación de los representantes de los empleados públicos a través de la reforma del Consejo de la Función Pública o de su intervención en la toma de decisiones que afectan a los empleados públicos.

• Una pérdida de garantías en la gestión del empleo público, con unas relaciones de puestos de trabajo respecto a las que se elude la negociación, con menor información y evitando su publicación en el Boletín Oficial.

• Un sistema de adscripción de puestos de trabajo a los empleados públicos que, lejos de primar la profesionalidad y la independencia en el servicio a los intereses públicos, pretende fomentar la sumisión y la fidelidad a otros intereses no necesariamente públicos. Así, lejos de implantar una carrera profesional objetiva, se establece un sistema en el que la asunción de mayores responsabilidades depende del libre arbitrio, cuando no arbitrariedad, de quien ostenta el gobierno.

• Un sistema en el que a los empleados públicos, personas que optaron profesionalmente por el servicio a los intereses públicos, se les puede forzar a prestar sus servicios a entes distintos a la propia administración cuya actuación no siempre está orientada a los intereses públicos.

Las modificaciones referentes a la organización administrativa tienen como denominador común la apertura de puertas a la privatización de la gestión de servicios públicos a través de distintos procedimientos. Estas situaciones, que en la actualidad ya se vienen produciendo y que han llegado a ser detectadas por la Inspección de Trabajo y que podrían suponer una cesión ilegal de trabajadores deben ser erradicadas. Por el contrario, lo que hace la Junta de Castilla y León con este proyecto es forzar la Ley para darles cabida.

Modifica también un conjunto de órganos de la Comunidad. Órganos de coordinación intraadminisitrativa en los que se olvida la necesaria especialización de los mismos. Órganos de cooperación local, en los que se reduce la representatividad de los entes locales. Y un conjunto de órganos de participación.

Respecto a la modificación de estos hay que hacer varias consideraciones. Con carácter general estos órganos no se suprimen, ya que se dice en cada caso que deberá existir un órgano similar con lo que se llega a la conclusión de que el hipotético ahorro económico es nulo. Pero la reforma sí afecta, y en profundidad, a la participación de la sociedad en los mismos. En casi todos los casos, junto con la eliminación de las funciones del órgano, se suprimen las referencias a su composición y las garantías que establecían las diversas leyes para que la representación de la sociedad, de las organizaciones sindicales y empresariales, de los colectivos afectados en cada caso y sus representaciones, estuvieran garantizadas.

La reforma elimina estas referencias y las deja a un posterior e incierto desarrollo reglamentario.

Suprime paralelamente la obligatoriedad de suministrar a las Cortes de Castilla y León información, en los casos en los que las leyes lo contemplaban. Información que, por otra parte, el ejecutivo elude remitir siempre que le resulta posible.

Se trata, en resumen, de un proyecto de Ley que va en contra de los intereses públicos, en contra de los trabajadores públicos y de su independencia y profesionalidad, en contra de la transparencia ya que se fomenta la opacidad en el funcionamiento de la administración y en contra de la participación de la sociedad en asuntos que directamente conciernen a los ciudadanos.

Se trata de un proyecto que no supondrá en ningún caso un ahorro económico para la Comunidad ni una mejora en la gestión de los intereses públicos. Más bien al contrario.

Se trata, además, de un proyecto que no se justifica desde el punto de vista de la oportunidad política, puesto que el panorama normativo en relación con las reformas de la administración, deben ir acompañado de una financiación suficiente que haga viables las reformas que se pretenden. Y en este momento, con el aplazamiento anunciado de las reformas de la financiación autonómica y los recortes aplicados a los servicios públicos, no parece que se acompasen adecuadamente ambos aspectos.

En definitiva, se trata de un proyecto que no responde a los objetivos que se exponen en el mismo, que se remite a la Cámara en un momento en el que no está definida la financiación de la Comunidad Autónoma y existe un desconocimiento de los recursos disponibles y para el que, además, se solicita la aplicación del trámite de urgencia de forma que se limita la capacidad de participación de los representantes de los ciudadanos y se fuerza a su tramitación en el periodo en el que puede pasar más desapercibido para los ciudadanos en general y para los empleados públicos en particular.

Por todo ello, se solicita la devolución del Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a la Junta de Castilla y León.

Valladolid, 13 de junio de 2014.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Óscar López Águeda