4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000157-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000157, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), instando a la Junta a declarar a Castilla y León como Comunidad opuesta al TTIP y exigir al Gobierno a que se comprometa a rechazar el Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y la UE si el mismo incluye la armonización a la baja de las regulaciones de las barreras no arancelarias o incluye cláusula de protección a inversores.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, D. José Sarrión Andaluz, al amparo de lo establecido en los artículos 62 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de HACIENDA Y ECONOMÍA:
ANTECEDENTES
El 28 de noviembre de 2011 durante encuentro entre líderes europeos y estadounidenses se creó el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG, por sus siglas en inglés).
Este grupo tenía como objetivo estudiar las políticas necesarias para incrementar el comercio y la inversión entre EE. UU. y la UE, haciendo recomendaciones a los diferentes gobiernos. En junio de 2013 la Unión Europea y los Estados Unidos anunciaron el inicio de negociaciones para llegar efectivamente a un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), también conocido simplemente como Tratado de Libre Comercio (TLC).
Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más baratos los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo». Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5 % en Estados Unidos y el 5,2 % en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos.
El objetivo de estos tratados es establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que consagraría el dominio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas en detrimento de los ciudadanos de ambas partes del océano. Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reactivar la economía la realidad es que estos tratados pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambientales, ya duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas en nuestro Estado.
No en vano, han sido las multinacionales -Industria automovilista, químicas, farmacéuticas y agroalimentarias, energéticas, bancos, fondos de inversiones, etc.- a ambos lados del Atlántico las que más han presionado para impulsar estas negociaciones. (El 90 % de las negociaciones se han dado con lobbies de estas).
Dado que los aranceles entre la UE y EE. UU. son ya muy bajos el tratado se centrará en la eliminación de leyes con el fin de reducir costes para las multinacionales, las llamadas barreras no convencionales. Así este tratado puede desembocar en la supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, suponiendo también una merma en las libertades digitales. Para ello se generará el "consejo de cooperación reguladora" donde se sentarán profesionales designados por las multinacionales y que marcarán las futuras normativas a crear por los estados.
Uno de los capítulos más polémicos es la de la protección de las inversiones, por la cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar ante tribunales comerciales (poco trasparentes y poco democráticos) cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera a sus beneficios. Por ejemplo una regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas puede ser objeto de demanda.
Queremos denunciar, a la vez de las posibles consecuencias que más abajo se enumeran, la opacidad y el nulo debate con que se están llevando estas negociaciones. No hay debate porque este tratado se está negociando en la sombra, sin tener en cuenta a los gobiernos estatales ni a la ciudadanía. Tras varias rondas de negociaciones la transparencia y la comunicación con la sociedad civil han sido nulas. Los propios Eurodiputados han visto limitado su acceso a los documentos derivados de las negociaciones, hecho el cual ha contado con la denuncia de la propia defensora del pueblo europea. En septiembre de 2014, la Comisión Europea prohibió una Iniciativa Legislativa Popular que invitaba a rechazar las negociaciones.
Frente a la comunicación fluida y contante con las grandes multinacionales, toda comunicación con la sociedad civil por parte de la Comisión Europea se ha limitado a obviar las críticas y repetir, sin diálogo alguno, las supuestas bondades del TTIP.
Las consecuencias de las posibles ratificaciones de estos dos tratados -y el de TISA, acuerdo sobre servicios en fase de negociación entre algunos países de la OCDE- afectarían a amplios sectores de la población a ambos lados del Atlántico, posibilitando políticas que amenazarían:
• Los derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva.
• La pervivencia de servicios públicos como la sanidad, la educación o pensiones.
• La gestión de los residuos, transporte o saneamiento y distribución de aguas que serían privatizados.
• La seguridad alimentaria al permitir los transgénicos en la agricultura, el ganado vacuno hormonado, el porcino y el aviar clorados, los recursos naturales, potenciando el fracking e importando productos altamente contaminantes como las arenas bituminosas.
• La biodiversidad al apostar por la agroindustria que implica pérdidas de variedades locales y razas autóctonas y la paulatina desaparición de los paisajes rurales.
• El principio de precaución sobre uso de sustancias químicas al dejar de controlar su seguridad antes de la obtención del permiso comercial.
• La privacidad personal al permitir un mayor acceso y control sobre datos privados por parte de empresas proveedoras de internet y otras grandes corporaciones sectoriales.
• El acceso a los productos farmacéuticos al reforzar las patentes frente a los genéricos.
• La posibilidad de mecanismos de control bancario que eviten nuevas crisis especulativas.
Para conseguirlo, estos tratados contemplan la implantación de dos mecanismos antidemocráticos que aseguren lo que los negociadores llaman la "armonización normativa" que no es más que una regulación a la baja de la legislación vigente. Por un lado, el Consejo de Cooperación Reguladora, una especie de gobierno de las transnacionales que dictaminará lo que se puede o no se puede legislar en asuntos que afecten a sus intereses y, por otro, el mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre empresas y estados, que garantiza las inversiones -y sus previsiones futuras de beneficios- de cualquier empresa ante potenciales políticas proteccionistas o de control legislativo, conflictos que habrían de resolver tribunales privados de arbitraje fuera de todo control democrático. En definitiva estos tratados, bajo el disfraz de la mejora de la economía y del empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de resultados de las grandes empresas, permitirán la paulatina y perversa apropiación del poder político y judicial por parte del poder económico de las grandes corporaciones transnacionales.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Declarar a Castilla y León como Comunidad Autónoma opuesta al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, el medioambiente y la salud.
2. Exigir al Gobierno Central a comprometerse públicamente a rechazar el Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y la UE en caso de que dicho acuerdo incluya la armonización a la baja de las regulaciones de las barreras no arancelarias -tales como los controles de calidad y salud o las normativas laborales- o incluya una cláusula de protección de inversores (ISDS)".
Valladolid, 15 de septiembre de 2015.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
PNL/000157-01
CVE="BOCCL-09-000626"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 1773-1776
BOCCL nº 25/9 del 25/9/2015
CVE: BOCCL-09-000626
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000157-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), instando a la Junta a declarar a Castilla y León como Comunidad opuesta al TTIP y exigir al Gobierno a que se comprometa a rechazar el Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y la UE si el mismo incluye la armonización a la baja de las regulaciones de las barreras no arancelarias o incluye cláusula de protección a inversores, para su tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2015, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley, PNL/000157, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), instando a la Junta a declarar a Castilla y León como Comunidad opuesta al TTIP y exigir al Gobierno a que se comprometa a rechazar el Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y la UE si el mismo incluye la armonización a la baja de las regulaciones de las barreras no arancelarias o incluye cláusula de protección a inversores.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante la Comisión de Economía y Hacienda.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2015.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo
La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Silvia Clemente Municio
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, D. José Sarrión Andaluz, al amparo de lo establecido en los artículos 62 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de HACIENDA Y ECONOMÍA:
ANTECEDENTES
El 28 de noviembre de 2011 durante encuentro entre líderes europeos y estadounidenses se creó el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG, por sus siglas en inglés).
Este grupo tenía como objetivo estudiar las políticas necesarias para incrementar el comercio y la inversión entre EE. UU. y la UE, haciendo recomendaciones a los diferentes gobiernos. En junio de 2013 la Unión Europea y los Estados Unidos anunciaron el inicio de negociaciones para llegar efectivamente a un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), también conocido simplemente como Tratado de Libre Comercio (TLC).
Un TLC es un acuerdo entre varios países o zonas geográficas para incrementar el volumen de intercambio de bienes y servicios. Y generalmente consiste en reducir los impuestos a la importación, lo que permite a los ciudadanos comprar más baratos los productos extranjeros. Sin embargo, la propia Comisión Europea ha reconocido que «las relaciones económicas entre los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser consideradas entre las más abiertas del mundo». Asimismo, la Organización Mundial del Comercio ha estimado que las tarifas promedio rondan el 3,5 % en Estados Unidos y el 5,2 % en la Unión Europea. Estamos hablando de niveles extraordinariamente reducidos.
El objetivo de estos tratados es establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que consagraría el dominio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas en detrimento de los ciudadanos de ambas partes del océano. Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reactivar la economía la realidad es que estos tratados pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambientales, ya duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas en nuestro Estado.
No en vano, han sido las multinacionales -Industria automovilista, químicas, farmacéuticas y agroalimentarias, energéticas, bancos, fondos de inversiones, etc.- a ambos lados del Atlántico las que más han presionado para impulsar estas negociaciones. (El 90 % de las negociaciones se han dado con lobbies de estas).
Dado que los aranceles entre la UE y EE. UU. son ya muy bajos el tratado se centrará en la eliminación de leyes con el fin de reducir costes para las multinacionales, las llamadas barreras no convencionales. Así este tratado puede desembocar en la supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, suponiendo también una merma en las libertades digitales. Para ello se generará el "consejo de cooperación reguladora" donde se sentarán profesionales designados por las multinacionales y que marcarán las futuras normativas a crear por los estados.
Uno de los capítulos más polémicos es la de la protección de las inversiones, por la cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar ante tribunales comerciales (poco trasparentes y poco democráticos) cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera a sus beneficios. Por ejemplo una regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas puede ser objeto de demanda.
Queremos denunciar, a la vez de las posibles consecuencias que más abajo se enumeran, la opacidad y el nulo debate con que se están llevando estas negociaciones. No hay debate porque este tratado se está negociando en la sombra, sin tener en cuenta a los gobiernos estatales ni a la ciudadanía. Tras varias rondas de negociaciones la transparencia y la comunicación con la sociedad civil han sido nulas. Los propios Eurodiputados han visto limitado su acceso a los documentos derivados de las negociaciones, hecho el cual ha contado con la denuncia de la propia defensora del pueblo europea. En septiembre de 2014, la Comisión Europea prohibió una Iniciativa Legislativa Popular que invitaba a rechazar las negociaciones.
Frente a la comunicación fluida y contante con las grandes multinacionales, toda comunicación con la sociedad civil por parte de la Comisión Europea se ha limitado a obviar las críticas y repetir, sin diálogo alguno, las supuestas bondades del TTIP.
Las consecuencias de las posibles ratificaciones de estos dos tratados -y el de TISA, acuerdo sobre servicios en fase de negociación entre algunos países de la OCDE- afectarían a amplios sectores de la población a ambos lados del Atlántico, posibilitando políticas que amenazarían:
• Los derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva.
• La pervivencia de servicios públicos como la sanidad, la educación o pensiones.
• La gestión de los residuos, transporte o saneamiento y distribución de aguas que serían privatizados.
• La seguridad alimentaria al permitir los transgénicos en la agricultura, el ganado vacuno hormonado, el porcino y el aviar clorados, los recursos naturales, potenciando el fracking e importando productos altamente contaminantes como las arenas bituminosas.
• La biodiversidad al apostar por la agroindustria que implica pérdidas de variedades locales y razas autóctonas y la paulatina desaparición de los paisajes rurales.
• El principio de precaución sobre uso de sustancias químicas al dejar de controlar su seguridad antes de la obtención del permiso comercial.
• La privacidad personal al permitir un mayor acceso y control sobre datos privados por parte de empresas proveedoras de internet y otras grandes corporaciones sectoriales.
• El acceso a los productos farmacéuticos al reforzar las patentes frente a los genéricos.
• La posibilidad de mecanismos de control bancario que eviten nuevas crisis especulativas.
Para conseguirlo, estos tratados contemplan la implantación de dos mecanismos antidemocráticos que aseguren lo que los negociadores llaman la "armonización normativa" que no es más que una regulación a la baja de la legislación vigente. Por un lado, el Consejo de Cooperación Reguladora, una especie de gobierno de las transnacionales que dictaminará lo que se puede o no se puede legislar en asuntos que afecten a sus intereses y, por otro, el mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre empresas y estados, que garantiza las inversiones -y sus previsiones futuras de beneficios- de cualquier empresa ante potenciales políticas proteccionistas o de control legislativo, conflictos que habrían de resolver tribunales privados de arbitraje fuera de todo control democrático. En definitiva estos tratados, bajo el disfraz de la mejora de la economía y del empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de resultados de las grandes empresas, permitirán la paulatina y perversa apropiación del poder político y judicial por parte del poder económico de las grandes corporaciones transnacionales.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Declarar a Castilla y León como Comunidad Autónoma opuesta al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, el medioambiente y la salud.
2. Exigir al Gobierno Central a comprometerse públicamente a rechazar el Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y la UE en caso de que dicho acuerdo incluya la armonización a la baja de las regulaciones de las barreras no arancelarias -tales como los controles de calidad y salud o las normativas laborales- o incluya una cláusula de protección de inversores (ISDS)".
Valladolid, 15 de septiembre de 2015.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: José Sarrión Andaluz
PNL/000157-01
CVE="BOCCL-09-000626"
