PNL/000542-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de marzo de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000506 a PNL/000542.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de marzo de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Briones Martínez, Gloria María Acevedo Rodriguez, Ana María Muñoz de la Peña González, Virginia Barcones Sanz y José Ignacio Martín Benito, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:

ANTECEDENTES

El primer párrafo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, recoge lo siguiente: "Los derechos otorgados a los ciudadanos por los artículos 24 y 25 de la Constitución son corolario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho, tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental. En lógica coherencia con los contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artículo 119 del propio texto constitucional previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con todo ello, nuestra Norma Fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos".

Pues bien, durante los cuatro últimos años, la Política del Gobierno del Partido Popular en materia de Justicia ha tenido dos elementos básicos como motores de actuación, el control del poder judicial y el recorte indiscriminado de los medios destinados a la prestación del servicio público y todo ello con un claro objetivo, cambiar el modelo de Justicia actual, imponiendo un modelo de fuerte componente ideológico en el que la Justicia es menos servicio público y sirve menos para combatir la desigualdad. De esta concepción, se derivan efectos muy negativos para los derechos de las personas.

Con el Partido Popular y sus reformas, la Justicia ha dejado de gravitar básicamente sobre el servicio a la ciudadanía y de ser un instrumento eficaz e independiente en el ejercicio de los derechos, también en el cumplimiento de las obligaciones y en la configuración de un régimen efectivo de garantías, para constituirse en una fuente de negocio para determinados colectivos profesionales (registradores, notarios, procuradores, etc.), y esto ha comportado un deterioro en el servicio que la justicia está llamada a prestar. Esta política ha descuidado a los ciudadanos y a sus derechos, lo que ha llevado a que documentos tan importantes como la carta de derechos de los ciudadanos ante la administración de justicia, haya perdido toda efectividad, sin que cada uno de los derechos, se haya convertido necesariamente en obligaciones reales para los integrantes de la oficina judicial.

Además, estas políticas del Gobierno han propiciado que se incremente la desigualdad y que como consecuencia de las dificultades para acceder a la justicia han conseguido, en muchos casos, que el poder ni se sienta, ni esté verdaderamente controlado, elemento este que está en la base de nuestro sistema.

Los cambios legislativos de la X legislatura, (2011-2015), han intentado exclusivamente reducir la demanda de justicia, no satisfacerla, limitando el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al sistema judicial, mediante nuevas tasas procesales, con nuevos requisitos, reducción de la justicia gratuita, y mediante la sustracción de competencias de la administración de justicia y la atribución de muchas actuaciones a distintos colectivos en una suerte de privatización, como por ejemplo, las de jurisdicción voluntaria.

Es por ello, que el recurso a la justicia gratuita, se convirtió en el único horizonte de protección de las familias más vulnerables, en una etapa caracterizada por la precariedad, los recortes presupuestarios, y la falta de apoyo institucional. Pero este servicio público, esencial para garantizar la tutela judicial efectiva, también fue objeto severos recortes que afectan tanto a los ciudadanos como a los profesionales que prestan este servicio. Se calcula que se recaudaron entre 2012 y 2014, alrededor de 650 millones de euros por tasas judiciales, de las que solo se han destinado 6 millones a la CC. AA. para hacer frente a la Justicia gratuita, que según el Gobierno era la razón de la implantación.

Tal y como recoge una nota de prensa de la asociación de Abogados del Turno de Oficio ALTO DO, /.../. El Turno de Oficio es un servicio esencial para una sociedad que quiera seguir definiéndose como Estado de Derecho moderno y occidental. Su precarización, mediante el maltrato institucional a los abogados de oficio, perjudica a los usuarios del servicio, que pueden ser cualesquiera ciudadanos carentes de recursos, pone en riesgo ese servicio esencial, y no garantiza el constitucional derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad con quienes tienen medios, para lo cual es imprescindible seguir contando con profesionales experimentados, cuyo permanente esfuerzo en la prestación de un servicio esencial a la ciudadanía sea razonablemente compensado. /.../".

El 24 de febrero de 2014, el Gobierno remitió a la Cámara un Proyecto de Ley de Reforma de la Justicia Gratuita, que fue objeto de 8 enmiendas a la totalidad. La propuesta contenida en el Proyecto era más restrictiva, más compleja y más burocrática que la que estaba y está actualmente en vigor y contenía elementos de posible inconstitucionalidad. Ante el rechazo de la Cámara y de los Colegios Profesionales, se paralizó la tramitación del Proyecto y se utilizó la vía de enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir modificaciones unilaterales a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, sin que las mismas subsanaran las carencias de que esta adolecía.

Como parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, es imprescindible reforzar el beneficio de justicia gratuita, la calidad y efectividad del sistema y una dotación suficiente. Del mismo modo, es ineludible revisar los criterios para la concesión del beneficio de tal manera que se adecúen a la realidad de cientos de familias devastadas por la crisis y finalmente, es una exigencia, evaluar la efectividad del turno de oficio para dar respuesta con la debida garantía a este derecho.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que se solicite al Gobierno de la Nación la realización una reforma del sistema de justicia gratuita que fomente la especialización, la dote de medios suficientes y adecuados que permita a la ciudadanía hacer efectivo su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, a quienes en función de su nivel de renta y capacidad económica, acredite insuficiencia de recursos para litigar".

Valladolid, 22 de marzo de 2016.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Luis Briones Martínez,

Gloria María Acevedo Rodríguez,

Ana María Muñoz de la Peña González,

Virginia Barcones Sanz y

José Ignacio Martín Benito

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández