PNL/000802-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de agosto de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000784 a PNL/000847.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de agosto de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D.ª Lorena González Guerrero y D.ª Adela Pascual Álvarez, Procuradoras pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, en virtud del art. 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Educación.

ANTECEDENTES

La primera infancia resulta una etapa determinante para el desarrollo integral de los niños y niñas. Entre los 0 y los 3 años se sientan las bases del aprendizaje que permiten desarrollar todas nuestras habilidades y potencialidades como personas adultas.

Disciplinas académicas como la psicología evolutiva y la pedagogía han obtenido numerosas evidencias científicas que respaldan la importancia de la escolarización desde edades tempranas. Además de los numerosos beneficios en aspectos clave como la socialización y el desarrollo afectivo, la educación 03 contribuye a la detección e intervención precoz ante trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, condiciones personales de discapacidad... que pueden experimentar los niños y niñas a esas edades.

El Informe Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural lnequalities, de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural de la Comisión Europea, publicado en 2008, ya traslucía la permeabilidad de las instituciones europeas a buena parte de estas evidencias:

"La educación infantil puede contribuir de forma decisiva a luchar contra las desigualdades educativas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Los programas de intervención más eficaces son los que aúnan una educación intensiva, temprana, centrada en el niño y desarrollada en centros educativos, así como un serio compromiso y formación por parte de los padres, junto con una programación de actividades educativas en el hogar y medidas de apoyo familiar".

La Educación Infantil se presenta explícitamente "como un medio eficaz para establecer las bases del aprendizaje posterior, prevenir el abandono escolar, favorecer la equidad en los resultados e incrementar los niveles generales de competencia".

En esta línea, el Estado español apostó en el año 2008 por invertir en la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil a través del Plan Educa 3. Este programa obtuvo resultados muy satisfactorios, pasando de 199.341 alumnas y alumnos matriculados en el curso 2004/2005 a 440.593 en el curso 2014/2015. Pese a los buenos resultados, el programa finalizó en 2012 y no han vuelto a invertirse recursos para ampliar la oferta de plazas para el ciclo de 0 a 3 años.

En la actualidad se ha alcanzado un buen nivel de concienciación en la población general respecto a los beneficios de esta opción educativa en esta etapa del desarrollo, al tratarse de una etapa que no tiene carácter obligatorio. Sin embargo, las principales dificultades para las familias son principalmente la falta de plazas públicas que aseguren la escolarización gratuita de los niños y niñas de 0 a 3 años. Así, nos encontramos ante una situación en la que sólo las familias que cuentan con recursos económicos suficientes pueden escolarizar a sus hijos e hijas en centros privados, ante la escasa oferta pública de las administraciones educativas.

Un dato que apoya esta tesis lo encontramos en el aumento del 9,2 % de excedencias por cuidados familiares que se produjo en el año 2014 en relación al año anterior, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tras tres años consecutivos de bajadas. Si se analizan en profundidad estos datos, contrasta el número de mujeres solicitantes de estos permisos (7.834) frente al de hombres (637), lo cual resulta altamente preocupante en cuanto supone un retroceso en la igualdad entre hombres y mujeres.

Por otra parte, es una asignatura pendiente para las administraciones el reconocimiento de la etapa 03 como una etapa plenamente educativa, como solicitan diversas entidades y asociaciones de la comunidad educativa. Dicho reconocimiento implicaría que sus profesionales pasen a depender exclusivamente de las Administraciones Educativas, así como aprobar un currículo regulado por normativa estatal, de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los Derechos y Necesidades de los niños y niñas.

Asimismo, es fundamental que los ratios en esta etapa se ajusten también a dichas necesidades y, en ese sentido, sería recomendable que se aplicaran los siguientes criterios:

1 adulto para 4 niños/as menores de 12 meses.

1 adulto para 6 niños/as de 12 a 23 meses.

1 adulto para 8 niño/as de 24 a 35 meses.

1 adulto para 15 niños/as 36 a 72 meses.

En línea con la convicción de que la etapa 03 es una etapa en la que es posible compensar desigualdades sociales y acompañar adecuadamente el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas, es necesario que exista un cuerpo único de profesores/as en el que se incluyan los y las docentes de dicha etapa.

Por su parte, la educación pública, gratuita y de calidad en la etapa 03 es fundamental para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país. Como revela la Encuesta de Población Activa, la mayor tasa de exclusión o precariedad laboral de las mujeres respecto a los hombres empieza, principalmente, cuando las mujeres tienen hijos. Es en este momento cuando, como madres, se pone sobre ellas la responsabilidad de la crianza que, en ausencia de suficientes servicios de educación infantil (la red de escuelas infantiles, públicas y privadas, sólo se cubre al 31 % de los niños de 0 a 3 años) y la carestía de sus precios (540 € al mes de media en el caso de las privadas) se vuelve demasiadas veces incompatible con el trabajo o con una jornada laboral a tiempo completo.

Es así que las mujeres sufren en nuestro país mayor desempleo (3 puntos), mayor inactividad laboral (12 puntos) y mayor presencia en el empleo a tiempo parcial (72 %). Una brecha salarial del 19 %, 3 puntos superior a la media europea y que, a la larga, se convierte en una brecha en las pensiones que actualmente alcanza un 34 %. Esta situación no es sólo contraria a la Constitución en su artículo 35 sino que supone un desperdicio de capital productivo cualificado cuando, aunque son las mujeres quienes concentran el 59 % de las titulaciones académicas y, además, con 10 puntos más de rendimiento académico, están un 14 % menos en el empleo cualificado. Un despilfarro de inversión en capital humano toda vez que cada universitario le cuesta al Estado 9000 € por año.

Como afirma el Instituto Nacional de Estadística, "la educación preescolar facilita la conciliación entre vida laboral y familiar". Especialmente si es pública: los precios de la educación infantil privada (que suponen el 47 % de la red de escuelas infantiles) ascienden, de media, a los 540 € al mes. Es así que la principal razón alegada por las madres que abandonan el trabajo o la jornada completa por el cuidado de hijos es la carestía de tales servicios.

Mantener esta situación, con servicios de educación infantil escasos en su oferta de plazas e inaccesibles en sus precios, imposibilita la consecución de los objetivos de igualdad entre hombres y mujeres de la Estrategia Europa 2020. Paralelamente a la discriminación y perjuicio económico de las mujeres que eligen ser madres, esta situación de conflicto entre la crianza de los hijos y la independencia económica de las mujeres puede ser un factor que explique que otras mujeres en edad fértil elijan no ser madres y la tasa de natalidad en España esté resultando de las más bajas de la UE (1.3), muy por debajo de la tasa de reposición demográfica (2.1). Un fenómeno que enfrenta a una inversión de la pirámide poblacional y consiguiente puesta en riesgo del sistema de pensiones.

Por todo ello se presenta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al gobierno central a:

1. Que se reconozca la gratuidad del primer ciclo de la Educación Infantil y se disponga el deber de las Administraciones educativas de garantizar una oferta suficiente de plazas en centros públicos.

2. Regular desde la Administración General del Estado el primer ciclo de la Educación Infantil, para lo cual se realizarán las modificaciones legislativas pertinentes, desarrollando el correspondiente Real Decreto por el que se establezcan las enseñanzas mínimas del primer ciclo de Educación Infantil.

Valladolid, 20 de julio de 2016.

LAS PROCURADORAS,

Fdo.: Lorena González Guerrero y

Adela Pascual Álvarez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos