PNL/000864-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de septiembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000861 a PNL/000880.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de septiembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis Aceves Galindo, Luis Briones Martínez y Virginia Barcones Sanz, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:

ANTECEDENTES

En los Presupuestos del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León para el año 2016 constatamos por quinta vez consecutiva la ausencia de partidas de Cooperación Local para poner en marcha los Planes Provinciales de Cooperación y, por lo tanto, una vez más, la pérdida que supone para los municipios castellanos y leones y para la actividad económica autonómica.

No es la primera vez que desde este grupo se presentan iniciativas para reclamar que los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Castilla y León contengan los fondos necesarios para que se vuelva a recibir las cantidades que se recibían en 2011 para los planes provinciales de cooperación.

Los Planes Provinciales de Obras y Servicios y el Fondo de Cooperación Local gestionados por las Diputaciones, con la participación activa de los Ayuntamientos de su ámbito territorial, han venido siendo una de las herramientas financieras más potentes, eficaces y eficientes con que han venido contando los pequeños municipios para su desarrollo socioeconómico y su mantenimiento, así como para el desarrollo de la igualdad de oportunidades y la preservación medioambiental del conjunto del territorio español.

Por este motivo, la eliminación (por quinta vez consecutiva) de la aportación del Estado y la Junta a estos Planes Provinciales, no sólo es relevante, sino que supone un verdadero "atentado" a la cohesión territorial y social de este país, de esta Comunidad y de las provincias que la componen, ya que, por enésima vez, se lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas del medio rural español que viven en pequeños municipios que, hoy por hoy, todavía padecen un mayor grado de atraso relativo, sea cual sea su localización geográfica en el Estado.

Abundando en ello, podemos afirmar que:

a) En el ámbito local resulta complicado y casi siempre erróneo homogeneizar la gestión de todas las entidades locales dadas las desigualdades que, de partida, se dan entre grandes y pequeños municipios, medio urbano y medio rural. Por ello, efectivamente, algunos que cuentan con formidables presupuestos cuentan también hoy con importantes niveles de déficit, mientras la mayoría, con presupuestos más modestos, están haciendo enormes esfuerzos para mantener unos servicios básicos dignos y necesarios que han servido y sirven para paralizar la "sangría poblacional" que históricamente se viene produciendo en nuestro país desde las zonas rurales a las urbanas. La eliminación de la aportación del Estado y la Junta a los Planes Provinciales sólo provocará, sin margen de error alguno, que la brecha que aún existe entre lo urbano y lo rural se profundice hasta límites inimaginables en el siglo XXI, llevándonos de nuevo sin remedio más éxodo rural.

b) Los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en este país son idénticos vivan éstos donde vivan, pertenezcan al medio rural o urbano, residan en pequeños municipios o en grandes ciudades. Siendo así las cosas, resulta evidente que para que puedan ejercerse esos derechos ciudadanos éstos han de tener la posibilidad de ejercitarlos en el medio en el que viven y que en el ámbito de los pequeños municipios sólo es esto posible si cuentan con las infraestructuras y los servicios básicos que la puesta en marcha de los Planes Provinciales posibilitan. La supresión del apoyo del Estado y la Junta a estos Planes sólo conseguirá incrementar de nuevo las desigualdades sociales y lesionar los derechos básicos constitucionales de los ciudadanos del medio rural, ya de por sí lesionados por otras medidas desplegadas por el Estado y por la Junta de Castilla y León que les están afectando directamente como son los recortes en materia de sanidad, dependencia, educación, formación y orientación laboral y un largo etcétera que se une igualmente a la eliminación de la inversión Estatal a la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

c) Del mismo modo, la eliminación presupuestaria de los Planes Provinciales está incidiendo negativamente en el desarrollo económico de los pueblos y en la paralización de la generación de empleo, abocándolos irremediablemente de nuevo al subdesarrollo económico y social. Resulta evidente que el despliegue anual de la contratación pública de pequeñas infraestructuras a escala local genera por sí misma un empleo directo para el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas locales relacionadas con la construcción, uno de los sectores más castigados por la crisis que ha generado la mayor bolsa de desempleo en nuestro país, empresas que ante la ausencia de estos Planes incrementa sus dificultades.

d) Igualmente, a nadie se le escapa la destrucción de empleo directo e indirecto en el ámbito del medio rural de empresas del sector de la construcción, encargadas de ejecutar las obras municipales en este ámbito.

Por lo tanto es responsabilidad de estas Cortes, defendiendo los intereses de todos los ayuntamientos de la Comunidad, reclamar tanto al Gobierno de España como a la Junta de Castilla y León que sus presupuestos contemplen las partidas necesarias para los Planes provinciales de Cooperación.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Que habilite las partidas presupuestarias oportunas en el Fondo de Cooperación Local/Planes Provinciales de Obras y Servicios de tal forma que lleguen a los municipios de Castilla y León como venían realizando hasta 2011.

2. Instar al Gobierno de España a habilitar las partidas presupuestarias oportunas dentro del programa de Cooperación Económica Local del Estado para los conceptos de Fondo Especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes y Aportación a las Diputaciones Provinciales para la financiación de las inversiones de las entidades locales, por importe igual al realizado hasta el ejercicio 2011, para que llegue a los municipios de Castilla y León como venía haciéndolo hasta dicho ejercicio".

Valladolid, 25 de agosto de 2016.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Luis Aceves Galindo,

Luis Briones Martínez y

Virginia Barcones Sanz

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández