PNL/000935-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de septiembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000885 a PNL/000992.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de septiembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Fuentes Rodríguez, Manuel Mitadiel Martínez, David Castaño Sequeros, M.ª Belén Rosado Diago y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión:

Desde Ciudadanos siempre hemos apostado por una universidad que prepare para el presente y para el futuro.

La 'política del conocimiento’ es una de las grandes asignaturas pendientes de España. El objetivo de Ciudadanos es plantear y desarrollar como prioridad una política coherente, creíble y sostenible que englobe lo que normalmente son un conjunto de políticas relacionadas con la generación y la difusión del conocimiento; en particular, la política universitaria y la de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

El sistema del conocimiento (universidades, centros de investigación, etc.) contribuye al crecimiento y bienestar social.

Una ‘política del conocimiento’ también debe tener en cuenta otra ‘complementariedad’: todo conocimiento tiene retornos privados y sociales. Quien los adquiere mejora sus capacidades profesionales, sociales y humanas, es decir, hay un beneficio privado pero también un alto retorno social, dado que no solo se obtiene el conocimiento sin que su adquisición implique detrimento para los demás (es no rival), sino que es más fácil adquirir y desarrollar conocimientos cuando uno está en un entorno donde otros adquieren y desarrollan conocimientos parecidos. Es precisamente esta preponderancia del retorno social la que impide tratar el conocimiento como bien privado, para el que la asignación de mercado es eficiente.

La España democrática ha seguido el modelo europeo continental del 'sistema público del conocimiento' pero con importantes debilidades en comparación con Francia o Alemania, tanto en tradición científica y universitaria (la Ilustración fue una excepción pasajera en España) como en inversión pública. Afortunadamente, en la primera década del Siglo XXI hubo una mejora global y una cierta convergencia. En particular, del 2000 al 2010 en universidades y centros públicos de investigación el gasto en I+D se duplicó y hubo un fuerte crecimiento del número de investigadores. Sin embargo, el fuerte crecimiento del gasto en I+D sobre el PIB en España, que pasó del 0,89 % al 1,35 % durante esta primera década, solo llegó a la mitad del de Alemania (2,72 %) en 2010, quedando lejos del objetivo para la Unión Europea del 3 % en el 2010 (Consejo Europeo, Barcelona 2002). Desafortunadamente, mucho de lo ganado se ha perdido en la última crisis. Por ejemplo, mientras que en Alemania la inversión y el personal en I+D en educación superior y centros públicos de investigación continúa creciendo sin interrupción (2,85 % del PIB en 2013), en España se ha producido un retroceso (1,24 % del PIB).

El sistema universitario público es una parte esencial del 'sistema del conocimiento' y, en su conjunto, debe contribuir a desarrollar las tres dimensiones con que dicho sistema contribuye al crecimiento y el bienestar social: a) formar a distintos niveles de especialización y difundir y transferir conocimiento; b) generar nuevos conocimientos; c) competir y colaborar en la sociedad global del conocimiento.

En su conjunto significa que, por una parte, cada universidad (o centro de investigación) debe saber especializarse en la forma y nivel en que mejor puede contribuir; por otra parte, que el objetivo de la 'política estatal del conocimiento' debe ser que los tres objetivos se cumplan. Los objetivos de las 'políticas de las CC. AA.' deben ser consistentes con los objetivos estatales.

La financiación adecuada basada en la consecución de objetivos es un complemento necesario para que el cambio de mentalidad se materialice y no degenere, para que la autonomía universitaria produzca excelencia universitaria.

Además, la muy escasa financiación de las universidades y de la investigación es, por supuesto, un gravísimo problema que hay que resolver. Pero no es el único problema y no debe servir de coartada para no corregir muchas de las actuales ineficiencias del sistema desde hace muchos años, sin gastar un euro adicional y, en lo que se refiere a la "burbuja académica", con un extraordinario ahorro.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al nuevo Gobierno de la Nación impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para reformar el sistema universitario español, para promover la excelencia docente e investigadora.

En Valladolid, a 1 de septiembre de 2016.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez,

David Castaño Sequeros,

María Belén Rosado Diago y

José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez