PNL/001055-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de noviembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/001054 a PNL/001056.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 4 de noviembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, en virtud del art. 162 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en Pleno:

ANTECEDENTES

Las Administraciones Locales han sido unas de las grandes perjudicadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno central del Partido Popular. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo exponente normativo el concepto de "estabilidad presupuestaria", que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y cuya puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como "Ley Montoro".

Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno central han supuesto un retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos locales. Nos encontramos ante una situación de emergencia histórica en el municipalismo, y por ello es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual que la Ley 27/2013 somete a los municipios. Una Ley que además contó, desde su tramitación, con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muestra de ello es el nulo consenso que se generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco parlamentario, que se unió a los presentados y admitidos por distintos Parlamentos y Gobiernos Autonómicos.

En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado Español, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local.

Supuestamente, el objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las Administraciones Locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos que en realidad se han producido han sido una merma importante en los servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la Administración y una reducción en las competencias municipales.

En este sentido, la ley introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento de Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas, amputando garantías democráticas, de representación y participación ciudadana, recortando servicios sociales que se prestaban en los municipios de manera satisfactoria, y, en consecuencia, atentando contra el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas y contra la autonomía local, como incluso ha declarado el propio Tribunal Constitucional.

Por todo lo expuesto, es necesario volver al consenso anterior a 2013, e implementar medidas urgentes que permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras ciudades.

El ámbito local constituye un espacio fundamental para la defensa y la lucha de derechos sociales como el derecho a la sanidad, a la educación o a la vivienda y que por tanto es necesario la elaboración de una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los Entes Locales; garantizar un nuevo sistema de financiación local que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales; y garantizar la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.

En definitiva se trata de construir ciudades con derechos, y recuperar los derechos de las personas que las habitan.

Por todo ello presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que exhorte al Gobierno de España:

1.- A elaborar un proyecto de Ley que derogue la Ley 27/2013, de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, implementando medidas urgentes que permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley de Bases del Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras ciudades.

2.- A que elabore un nuevo proyecto de Ley de Bases de Régimen Local a través de un proceso participativo en el que estén presentes los Entes Locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, para así construir un nuevo municipalismo partiendo de la asunción de nuevas competencias, garantizando una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales y garantizando la transparencia y participación vinculante de la ciudadanía.

Valladolid, 2 de noviembre de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos