PNL/001128-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 7 de diciembre de 2016, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/001121 a PNL/001130.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 7 de diciembre de 2016.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presenta la siguiente Proposición No de Ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las mujeres han sido protagonistas y uno de los principales agentes de los cambios sociales y culturales producidos en nuestro país en la última década. Son también las primeras en unir sus fuerzas para condenar cualquier tipo de violencia y preservar sus derechos, trabajando para superar los obstáculos que les impiden desarrollar su vida con plenitud.

Con motivo de la declaración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se reconoce que la violencia ejercida contra las mujeres atenta contra los más elementales derechos de las personas y constituye una violación de los Derechos Humanos que ninguna sociedad debe tolerar.

La perseverancia en la lucha contra la violencia de género consiguió situarla en la agenda política como uno de los temas principales de debate público para defender la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos sociales, laborales o familiares y combatir cualquier discriminación por razón de género o sexo.

El 7 de octubre del 2004 el Congreso de los Diputados se aprobaba por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que en su exposición de motivos dice:

- "La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión".

- "Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución".

Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

Pero doce años después, es preciso reconocer que los avances siguen siendo pocos y que es necesario revisar y actualizar las políticas y acciones públicas para evitar que la violencia de género se siga produciendo.

En lo que llevamos de año 42 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España, una violencia que refleja y refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres además de atentar contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las víctimas.

La violencia se produce por conductas que pretenden mantener el control sobre la otra persona y guarda relación con las desigualdades existentes en la distribución del poder y con las ideas y los comportamientos basados en estereotipos en nuestra sociedad, que se deben combatir desde las fases más tempranas de la infancia, con el fin de evitar el desarrollo de futuras actitudes sexistas, que pueden desembocar en relaciones de dominio y sometimiento en función del género.

Por todo ello, es preciso que hombres y mujeres se consideren como iguales, con el mismo valor y con los mismos derechos y tratamiento jurídico como paso fundamental para acabar con la violencia de género y con toda forma de discriminación que pretenda generar una falsa superioridad moral que finalmente lleva a la violencia.

Consideramos que la educación y la formación son el mejor instrumento para combatir la violencia de género en general, puesto que contribuyen a desarrollar la capacidad de los jóvenes para tratar a sus parejas y a las personas de su entorno con respeto, independientemente del sexo, y les hace conscientes de los principios de igualdad.

Por ello consideramos que sigue siendo necesario que los poderes públicos fomenten medidas que promuevan cambios a nivel educativo, social, económico, político y familiar, que se traduzcan en una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

Desde el 2008 tenemos políticas ineficaces dotadas de recursos insuficientes. No solo ha habido recortes en sanidad, educación o dependencia, también en el programa de lucha por la igualdad de oportunidades donde se ha recortado un 53 % y en el de prevención de la violencia de género que se ha disminuido un 11 %.

Es necesario cambiar esta situación y por ello asumimos el compromiso de intensificar la tarea de trabajar por la igualdad real y efectiva en nuestra sociedad para la erradicación todo tipo de violencias contra la mujer, la dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad sexual o expresión de género, la agresión sexual y el acoso sexual, la trata de mujeres, la esclavitud y otras prácticas contrarias a los derechos humanos, como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y los denominados delitos de honor, formas, todas ellas de violencia, que causan a las víctimas daños físicos, sexuales, emocionales o psicológicos, perjuicios económicos y, desde luego, supone una clara discriminación y una violación de los derechos y las libertades fundamentales de la víctima.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

• Impulsar y desarrollar todas las medidas necesarias para declarar el firme compromiso en la lucha contra la violencia de género promoviendo políticas destinadas a impulsar los cambios culturales, económicos y sociales a favor de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres.

• Impulsar una campaña institucional de sensibilización contra la violencia de género para fomentar la concienciación, educación, control, asistencia e inclusión social, para prevenir la violencia y el maltrato con especial incidencia en los medios de comunicación para que adopten un papel proactivo y responsable en la lucha contra la violencia de género, mediante un control riguroso de contenidos, especialmente aquellos destinados a la infancia y la juventud que pudieran generar o mantener actitudes sexistas o banalizar las distintas formas de violencia contra las mujeres.

• Trabajar conjuntamente con las asociaciones y entidades que promuevan la igualdad efectiva mediante cambios culturales, económicos y sociales.

• Asumir el compromiso dentro de nuestra Comunidad e instar al Gobierno de España a mejorar los programas que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, considerando que la promoción de la igualdad es la mejor vacuna contra la violencia de género, además de adecuar las partidas presupuestarias para la prevención de la violencia de género a la realidad actual para que se garantice una mejor asistencia a las víctimas, así como un mayor apoyo a los municipios, a nivel económico y de otro tipo de recursos, para este fin.

En Valladolid, a 1 de diciembre de 2016.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez