PNL/001307-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de febrero de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001292 a PNL/001318.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de febrero de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Procurador de Izquierda Unida-Equo de Castilla y León, D. José Sarrión Andaluz, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente.

ANTECEDENTES

La maniobra de las empresas propietarias de las centrales nucleares que pretenden alargar la vida productiva de sus instalaciones es inaceptable.

Lamentablemente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo que tiene como fin primordial velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica de las personas y del medio ambiente, se ha puesto del lado de los intereses mercantiles de las empresas y está dispuesto a facilitar que centrales obsoletas, como la de Santa María de Garoña (Burgos) y las próximas a agotar los 40 años autorizados, como Almaraz, sigan produciendo energía eléctrica.

El CSN no refleja en su composición la actual conformación del Parlamento y de la sociedad española, está controlado por el Partido Popular y se muestra en cada decisión al servicio de los intereses económicos de las empresas propietarias. Su objetivo es facilitar que, además de Garoña, las centrales nucleares activas en España (Almaraz I y II, Ascó I y lI, Cofrentes, Trillo y Vandellos II) puedan seguir activas más allá de los 40 años de vida útil autorizada. Recordemos que las centrales se construyeron pensando en una vida útil de 25 años que ya fue prorrogada en su momento a 40. Ahora se pretende extender esto a 60 años.

El caso de Garoña es especialmente preocupante porque esa central tiene la misma tecnología peligrosa y de alto riesgo que tenía la japonesa de Fukushima, está parada desde 2012 y no ha cumplido las exigencias que el propio CSN le impuso para una posible renovación de autorización.

Los fallos de diseño de la central de Garoña han sido denunciados por múltiples organizaciones. Recordemos que ya en 1982 el CSN y Nuclenor reconocieron la existencia de grietas en la vasija el reactor, un grave problema que se mantuvo oculto durante años. Diversos profesionales han llegado a constatar que "la central no posee ni cúpula de protección, una doble vasija que impediría el escape de radiación en caso de accidente, ni torre de refrigeración, lo que hace que el agua se evacúe directamente al Ebro a unos 10 ºC por encima de la temperatura media del río, con el consiguiente impacto por contaminación térmica que produce.

Para acabar con las deficiencias con que se encuentra Garoña, el cementerio nuclear con que toda central cuenta, se ha saturado al estar dimensionado para 40 años de vida útil, lo que obligaría a construir otro cementerio nuclear en la propia central.

Por todo ello, la central no tiene viabilidad alguna. Lleva 3 años cerrada y no se ha conocido incidente alguno en el suministro eléctrico en la zona que abastece, por lo que la necesidad técnica de su suministro es totalmente irreal".

Es preciso destacar también la situación de la central de Almaraz, en funcionamiento desde 1981 y la más potente. Su actividad genera un fuerte rechazo social y político en Extremadura y Portugal, como se ha constatado en la reciente Conferencia Antinuclear de Lisboa sin que ello se haya traducido hasta el momento en una acción gubernamental acorde con el descontento social.

No puede descartar, y así hay que denunciarlo, que también se pretenda asegurar a las empresas propietarias de las centrales, beneficios relacionados con el lucro cesante que puedan obtener del estado si no se cumplen las expectativas de negocio en los años de funcionamiento tal y como ha pasado con el fallido proyecto Castor.

Hay que insistir en la peligrosidad de las instalaciones nucleares ya que todas tienen una tecnología antigua, de la década de los años 70-80 del pasado siglo XX y, además de los graves riesgos para la salud y el medio ambiente, pueden provocar accidentes gravísimos de consecuencias fatales para la población, para el territorio, para las aguas y para el medio ambiente.

Es necesario elaborar un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares lo antes posible, que permita la implantación de energías renovables para sustituir a la energía nuclear. Las energías renovables son más seguras social y ambientalmente, son generadoras de empleo local y contribuyen de manera directa a la autosuficiencia energética.

El cierre definitivo de las centrales nucleares, además del plan de energías renovables, debe ir acompañado de actuaciones urgentes para la dinamización socioeconómica de las comarcas en las que están las centrales nucleares, para que los y las trabajadores y trabajadoras de las centrales tengan alternativas laborales y se pueda mantener la actividad socioeconómica en las comarcas afectadas. La financiación de los planes de dinamización de cada comarca debe ser asumida por el Estado y por las empresas propietarias de las centrales que se han lucrado con la producción eléctrica y ni siquiera han asumido los costes del tratamiento de los residuos radiactivos.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Instar al Gobierno de la Nación a:

1.- Tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña.

2.- Asumir la responsabilidad política y penal que pueda derivarse de cualquier decisión relacionada con la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña.

3.- Elaborar un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares que permita la implantación de energías renovables que sustituyan la energía nuclear.

4.- Coordinar con las administraciones territoriales planes de dinamización de las comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares, cofinanciados por los Presupuestos Generales del Estado y las empresas propietarias de las centrales nucleares".

En Valladolid, a 8 de febrero de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: José Sarrión Andaluz