PNL/001386-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de marzo de 2017, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley, PNL/001385 a PNL/001387.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de marzo de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

Desde julio de 2011 hasta julio de 2016, la Comunidad de Castilla y León ha perdido, de acuerdo con las estadísticas oficiales, un total de 13.640 empleos públicos, de los que 5.008 trabajaban en la administración central y 2.619 en la administración autonómica, correspondiendo el resto a la Administración Local y a las Universidades Públicas.

La ausencia de cobertura de la inmensa mayoría de los puestos de trabajo que han quedado vacantes ha supuesto, por una parte, un envejecimiento del colectivo de empleados públicos y por otra una evidente disminución en la calidad de prestación de los servicios públicos y, en última instancia, un alto grado de interinidad y de precariedad en la función pública, particularmente agravado sobre todo en el sector educativo y también en el sector sanitario.

Así, las consecuencias negativas de esta situación no solo las sufren los empleados públicos. Las sufren la totalidad de los ciudadanos usuarios de los servicios públicos que ven cómo se van degradando servicios esenciales como la educación, la sanidad o los servicios sociales.

El artículo 20 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, establece las tasas de reposición en el sector público. De acuerdo con el citado artículo la tasa de reposición podrá ser hasta del 100 % en sectores como la educación, la sanidad, la inspección fiscal, a los servicios de prevención y extinción de incendios, al personal de atención directa en servicios sociales o al personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo, por citar aquellos con incidencia directa en las competencias de la Comunidad Autónoma. De entre el personal que presta sus servicios en la Administración del Estado destaca, por su incidencia en la vida diaria de los ciudadanos, la administración de justicia, que también sufre una seria carencia de medios humanos y materiales.

Por parte de la Junta de Castilla y León no se han aprovechado al máximo las posibilidades de la tasa de reposición en aquellas áreas en las que podía hacerlo, haciendo uso por el contrario de otros mecanismos como la privatización de la prestación de servicios.

Por otra parte los términos en los que está redactada la limitación a la tasa de reposición lleva no solo a una deficiente prestación de servicios. Además, en algunos sectores, se estén utilizando mecanismos de contratación indirecta a través de figuras como las encomiendas de gestión para eludir la aplicación de la Ley.

Lógicamente la falta de cobertura de las plazas que van quedando vacantes, junto con el empeoramiento de la calidad del servicio, está suponiendo una importante sobrecarga de trabajo a los empleados públicos que intentan paliar como pueden la falta de personal a la vez que siguen sufriendo los recortes derivados de la crisis como el aumento de su jornada laboral, la falta de cobertura del 100 % durante sus bajas laborales o la enorme pérdida de poder adquisitivo que han venido sufriendo.

Ante ello es necesario iniciar un proceso de normalización de las condiciones de trabajo y de prestación de servicios de los empleados públicos que incluya tanto la reposición de sus derechos como la eliminación de hábitos anómalos que han ido instaurándose en la administración autonómica, como las privatizaciones, la utilización de las encomiendas de gestión, la convocatoria de concursos sin incluir la totalidad de plazas no ocupadas con carácter definitivo por funcionarios públicos o el abuso en la utilización de las libres designaciones.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Requerir al Gobierno de España a impulsar la eliminación de la tasa de Reposición en el empleo público, de forma que la administración de la Comunidad pueda recuperar la calidad en la prestación de los servicios públicos a través de la aprobación de una Oferta de Empleo Público Extraordinaria que recupere a lo largo de la presente legislatura, el empleo público perdido desde 2011.

2.- Requerir al Gobierno de España a impulsar las medidas necesarias para posibilitar en la Comunidad Autónoma la recuperación de la jornada de 35 horas así como el pago del 100 % de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales.

3.- En tanto se produzca su eliminación, ampliar, hasta el máximo permitido por la legislación básica, la tasa de reposición que viene aplicando la Comunidad en los centros de atención directa de Sanidad, Educación, Gerencia de Servicios Sociales, Empleo y Operativo del Servicio de Extinción de Incendios, así como en el resto de las Consejerías y, con carácter específico, en aquellas que tengan externalizada la prestación o gestión de servicios de forma que se produzca su reversión, incluyéndose estas plazas en las correspondientes Ofertas de Empleo Público.

4.- Convocar durante el ejercicio 2017 y en tanto no se produzca la eliminación de las tasas de reposición y sus límites, todas las oposiciones a plazas incluidas en las Ofertas de Empleo Público vigentes y no desarrolladas y proceder a la convocatoria de los procesos selectivos necesarios para cubrir la totalidad de plazas vacantes o cubiertas por personal interino.

5.- Convocar en 2017 un Concurso General y Permanente de Traslados de Funcionarios Públicos que incluya la totalidad de los puestos de trabajo no cubiertos con carácter definitivo.

6.- Limitar el sistema de cobertura de puestos de trabajo por libre designación a los puestos superiores a Jefe de Servicio o puestos equivalentes de la Administración Institucional y secretaría de los miembros del Consejo de Gobierno.

7.- Garantizar que la implantación del nuevo modelo de función pública no suponga merma alguna en la independencia ni en los derechos de los empleados públicos garantizándose una prestación profesional de sus servicios".

Valladolid, 27 de marzo de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández