PL/000011-03

PRESIDENCIA

La Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 16 de mayo de 2017, ha admitido a trámite la Enmienda a la Totalidad con devolución del texto del Proyecto de Ley a la Junta, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, PL/000011.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de mayo de 2017.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD de DEVOLUCIÓN al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad de Castilla y León.

Las Leyes de Medidas Tributarias, conocidas en la jerga constitucional y parlamentaria como leyes de acompañamiento, siempre han tenido la crítica de ir más allá de los límites marcados por el Tribunal Constitucional para la Ley de Presupuestos.

Lo que subyace detrás de este tipo de leyes es que el Gobierno ve al Parlamento, una vez más, como un mero colegislador, cuando es el principal actor que debería elaborar las leyes. El Gobierno ha ido asumiendo un papel creciente como legislador, en detrimento del Parlamento, algo que viola la concepción clásica de división de poderes.

El hecho de que el examen del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias deba realizarse en un tiempo determinado y breve en la Cámara, así como la circunstancia de que el citado Proyecto contenga modificaciones que afectan a sectores muy distintos del ordenamiento jurídico, determina que la intervención del Parlamento carezca del detalle y la profundidad que serían deseables. De ahí que existan razones más que sobradas para criticar ese modo de legislar. Además, no se le da la publicidad suficiente que existe en el procedimiento legislativo ordinario.

La aprobación de estas leyes significa una restricción ilegítima de la potestad legislativa por el modo de su tramitación, atenta contra el principio de seguridad jurídica por su contenido heteróclito y, adicionalmente, viola el principio de especialidad parlamentaria debido a que todo su contenido se tramita en la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, las Leyes de Medidas atentan contra las potestades legislativas del Parlamento en tanto en cuanto imponen temporalmente el tiempo de examen, enmienda y aprobación de la misma al tramitarse paralelamente al Proyecto de Ley de Presupuestos.

Tampoco es discutible que las Leyes de Medidas no contribuyen a la eficaz realización del principio de seguridad jurídica. Antes bien, es preciso reconocer que lo heterogéneo de su contenido, el modo en que modifican preceptos aislados de textos normativos muy diversos y la propia sucesión de modificaciones, año tras año, de las mismas normas, afectan negativamente a este principio.

Se ha optado en el presente ejercicio por la regulación de un elevado número de materias no tributarias, lo que no consideramos apropiado, puesto que en un Anteproyecto de Ley de estas características consideramos que sólo deben incluirse medidas de naturaleza tributaria que afecten a los ingresos de la Comunidad y ni siquiera están suficientemente motivados estos cambios en la propia Exposición de Motivos de este Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas.

En lo concreto, este Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas sigue insistiendo en los errores de años anteriores y sigue siendo una asignatura pendiente para la Junta de Castilla y León que no sean las clases populares y las clases medias las que soporten el mayor esfuerzo impositivo en Castilla y León mientras las rentas más altas no contribuyen de una manera suficiente al sostenimiento de las arcas públicas.

Para nuestro Grupo Parlamentario se hace necesaria una profunda reforma fiscal que haga del principio de progresividad fiscal recogido en nuestra constitución la seña de identidad de un modelo fiscal alternativo al actualmente vigente. No podemos renunciar otro año más a obtener mayores ingresos procedentes de las rentas y de los patrimonios más altos de Castilla y León que sirvan para financiar los servicios públicos y las políticas de crecimiento económico necesarias para reducir el desempleo en nuestra Comunidad Autónoma.

A la falta de progresividad, se le une la falta de perspectiva de género. Las estadísticas arrojan que un porcentaje mayor de hombres que de mujeres presenta las declaraciones. A esto se une que las mujeres tienen una menor capacidad económica que los hombres por lo que las desgravaciones que resulten de las reducciones serán generalmente inferiores. Se hace necesario un análisis de cómo determinadas desgravaciones pueden tener un impacto negativo o positivo en términos de sexo. Si bien Castilla y León presenta ciertas desgravaciones con un impacto positivo (la de permiso por paternidad o por cuidado de menores de 3 años a cargo de un tercero) no lo es menos que es claramente insuficiente tanto la cuantía, al suponer un gasto fiscal de aproximadamente 16 millones, como el alcance, al ser mínimas las familias y mujeres a las que llega.

Por otro lado, el análisis presupuestario desde el punto de vista del gasto social queda sesgado si no se hace desde una perspectiva de género, puesto que las mujeres son quienes mayor beneficio sacan de que los servicios públicos estén blindados, especialmente de aquellos relacionados con los cuidados (educación, dependencia, cuidado de menores).

Cabe destacar en este Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas cómo un año más se mantienen las constantes bonificaciones o cuotas reducidas para máquinas de juego, bingos y casinos, cuando existen evidentes necesidades de financiación por parte de la administración pública y un aumento de la fiscalidad de este sector redundaría en beneficio de las arcas públicas de Castilla y León.

La Comunidad Autónoma dispone de capacidad fiscal propia que en caso de utilizarse con la diligencia suficiente y de existir una voluntad política real permitiría conseguir mayores ingresos para llevar a cabo políticas económicas y sociales y a la vez hacer del sistema fiscal de Castilla y León un modelo que contribuya con mayor eficacia al principio democrático de redistribución de rentas. En una comparación entre lo que supone el peso de lo recaudado por los impuestos propios sobre el total de ingresos tributarios, el resultado es que en la región es el 1,3 %, frente al 2,2 % de la media nacional.

Desde este Grupo Parlamentario defendemos un modelo fiscal alternativo responsable, que pasa inexcusablemente por acabar con las deducciones en el tramo autonómico del IRPF y una mayor progresividad en los tipos para que los que más ganan más paguen y se alivie la carga fiscal de los que menos ganan.

Una reforma del Impuesto sobre el Patrimonio que grave los patrimonios más altos de nuestra comunidad y una reforma en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la dirección contraria a la que plantea este Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas, siendo necesario una mayor progresividad en este impuesto, así como también en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Una reforma que impulse una nueva modalidad de fiscalidad, la fiscalidad verde, una fiscalidad poco explorada en el sistema impositivo español y especialmente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que tiene la particularidad de que permite que los efectos negativos originados sobre el medio ambiente de la actividad económica que recaen sobre la administración o terceros que no han participado en estas actividades reviertan estos costes externos permitiendo su internalización y una mayor concienciación por parte de la población sobre el medio ambiente que se sustenta en el principio "quien contamina paga".

Por ello hace falta implementar nuevos gravámenes al depósito de residuos peligrosos, el almacenamiento de residuos radioactivos, las bolsas de plásticos, la generación de energía eléctrica por las centrales térmicas situadas en Castilla y León mediante la utilización de combustibles no autóctonos, la instalación de torres e infraestructuras de telecomunicaciones situadas en Castilla y León, gravando la generación de afecciones e impactos visuales y ambientales, la emisión de gases a la atmósfera o gravando la emisión de Dióxido de Carbono (CO2), Óxidos de Nitrógeno (NOX) y Óxidos de Azufre (SOX) desde instalaciones situadas en Castilla y León.

Así mismo desde nuestro Grupo Parlamentario consideramos que se hace conveniente un planteamiento totalmente diferente en lo que se refiere a la lucha contra el fraude fiscal, ampliando de una manera sustancial los medios para luchar contra este fraude, tanto los personales como los materiales.

También pensamos que en aras de proteger al pequeño comercio y para fomentar los establecimientos de proximidad que generan tejido en las ciudades y evitan la degradación de las zonas urbanas que supone a medio plazo aumentar la partida de gasto presupuestario por la necesidad de regeneración urbanística producida tras la falta de actividad económica comercial es necesario establecer un Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León solicita la DEVOLUCIÓN del texto del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de la Comunidad de Castilla y León.

Valladolid, 16 de mayo de 2017.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos