POC/000278-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta oral ante comisión, POC/000211 a POC/000214, POC/000233, POC/000241, POC/000271, POC/000272, POC/00276 a POC/000279, POC/000287, POC/000288, POC/000300, POC/000304, POC/000307 y POC/000309, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, que han sido evacuadas por escrito en virtud del artículo 159.3 del Reglamento de la Cámara.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de septiembre de 2017.

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación por escrito a la POC 278, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León sobre los dictámentes de obtención del grado de personas con dependencia.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos fundamenta su pregunta en el número 3 de la escala de valoración de la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia incluida en el XVII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En él se valora el porcentaje de personas que no obtienen grado sobre el total de personas dictaminadas. La comunidad de Castilla y León ocupa el lugar 13 de 19, con un porcentaje del 22,06%.

La pregunta formulada vincula esa información con la presunta falta de profesionales que elaboran los dictámenes. Sin embargo, este análisis es erróneo.

Este porcentaje de personas que no obtienen grado sobre el total de personas dictaminadas, no se refiere a las personas que están sin dictaminar, sino a aquellas que, una vez dictaminadas han obtenido una puntuación inferior a 25 puntos del BVD (baremo de valoración de dependencia) y, en consecuencia, no obtienen grado de dependencia. A esto se añaden aquellos casos que las personas, tras presentar su solicitud, o bien desisten, o bien el procedimiento finaliza anticipadamente por otras causas: caducidad por no aportar documentación, traslado a otra comunidad autónoma, etc.

El hecho de que en Castilla y León el porcentaje de personas sin grado sea superior a la media nacional se debe a la peculiar organización de los servicios sociales en nuestra comunidad, la única en la que se encuentran integrados el SAAD y el sistema de servicios sociales, existiendo una única puerta de acceso y un único baremo de valoración para el acceso a los servicios, que se utiliza para todas las personas, independientemente de que vayan a tener derecho o no a las prestaciones de la ley estatal.

Es decir, toda persona que quiera acceder a un servicio (que suponga un apoyo para la realización de las necesidades básicas o instrumentales de la vida) presenta la solicitud en un modelo único, es valorado con el mismo instrumento, y puede acceder a ese tipo de servicios (ayuda a domicilio, centro de día, residencias, servicios de promoción...) aunque no sea dependiente. En concreto, para el acceso al servicio de ayuda a domicilio se exige un mínimo de 12 puntos en la valoración de la capacidad funcional, y para acceder a servicios residenciales se necesita un mínimo de 9 puntos, muy lejos de los 25 necesarios para ser calificado como persona en situación de dependencia. Por lo tanto, las personas que aparecen el sistema de información estatal, con o sin derecho, pueden estar recibiendo prestaciones en el ámbito de la legislación autonómica, dato que no recoge el sistema estatal.

Esta particular organización del acceso, valoración, reconocimiento y provisión de la prestación, hace que el número de personas sin grado sea más alto del que existiría en el caso de que nuestra Comunidad no tuviera el sistema integrado, como sucede en el resto de España.

Por el contrarío, si tuviéramos otro sistema de acceso para las personas con dependencia leve, nivel no cubierto por la legislación estatal, entonces esa cifra sería mucho mejor, pero tendríamos dos sistemas de acceso, lo cual es muy ineficiente y confuso para el ciudadano.

Vista la justificación de la evaluación realizada en ese punto 3 del Observatorio y visto que no existe relación entre dicha evaluación y los medios humanos y técnicos puestos al servicio de la realización del dictamen, como se indica en la pregunta, queda por señalar que:

En lo que se refiere a los medios humanos, Castilla y León es una de las comunidades autónomas que mayor número de profesionales tiene realizando tareas de valoración y dictamen.

Y en cuanto a los medios técnicos, es de sobra conocido en el ámbito de los servicios sociales las grandes ventajas que ofrece para la elaboración del dictamen, la aplicación informática SAUSS, que permite al órgano de valoración, integrado por miembros de la Administración autonómica y de la Administración local, emitir el dictamen conjunto desde su puesto de trabajo, sin que tengan que desplazarse y reunirse físicamente.

Para terminar, y aludiendo al mismo documento en el que se basa la pregunta, se afirma que la comunidad de Castilla y León tiene una atención plena y es la que menos lista de espera tiene (1’33% frente al 26’89% nacional), quedando únicamente reducida a la gestión normal de altas y bajas sin acumulados.

No obstante, en aquellas ocasiones en las que se detecta un incremento en el volumen de atención, se refuerzan los equipos profesionales.

Valladolid, 18 de julio de 2017.

LA CONSEJERA,Fdo.: Alicia García Rodríguez.