PE/007080-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

D. José Sarrión Andaluz, Procurador de Izquierda Unida-Equo, Convergencia por Castilla y León, perteneciente al GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su contestación por escrito:

ANTECEDENTES

Los alumnos de Publicidad de la UVa de Segovia mantienen una protesta denunciando profesorado en algunas asignaturas y reclamaron la devolución de la parte de las tasas correspondientes a las clases perdidas por la tardanza en la contratación de docentes.

Es sólo una muestra de la precariedad laboral que sufre este colectivo en las universidades españolas públicas, que se sirven del trabajo de personas con alta cualificación a cambio de salarios de miseria, al mismo tiempo que aumentan las tasas y las becas se reducen, dificultando el acceso a la universidad de la población en general, y de quienes menos recursos tienen en particular.

Las universidades se valen de la necesidad de empleo y la buena voluntad de los profesionales para obtener un trabajo de calidad por muy poco dinero, utilizando masivamente los contratos de "profesor asociado". La Ley Orgánica de Universidades prevé este tipo de contratos para personas que trabajan fuera de la universidad y pueden aportar sus conocimientos impartiendo algunas horas de clase, lo que se usa para justificar el bajo salario: en la UVa, entre 290 y 780 € al mes.

Aunque existen varios tipos de contratos a tiempo completo y con un salario de más de 1.100 € al mes, lamentablemente son tan sólo una minoría, pues la realidad laboral es que la mayor parte de los contratos que ofertan las universidades son de "profesor asociado", con lo que quienes quieren dedicarse a la docencia e investigación en la universidad no tienen otra opción que presentarse a estas plazas. Como la LOU exige que se trate de profesionales en un ámbito diferente del educativo, solamente pueden presentarse quienes tengan un trabajo fuera de la universidad (algo difícil para quienes han dedicado su tiempo a conseguir una formación de alto nivel) o sean autónomos. Esta última opción es en la mayoría de los casos la única posible, con lo que gran parte del mísero salario debe dedicarse al pago del "recibo de autónomos" y, en su caso, de las tasas del colegio profesional. Así, tenemos en nuestras universidades profesoras y profesores que tienen que sobrevivir cada mes con 100, 200, 300 €. Ello se añade a la temporalidad de los contratos y a la necesidad de competir cada cierto tiempo con otras compañeras y compañeros para mantener el puesto de trabajo, al ser convocadas plazas en concurso público, lo que fomenta la competitividad entre el profesorado y disminuye las acciones colaborativas.

Esta situación es insostenible y afecta a los derechos laborales de estas trabajadoras y trabajadores y también al derecho a la educación del alumnado, que ve cómo pasan los días sin tener quien imparta varias asignaturas, o cambian de profesorado en el mismo curso académico.

Recientemente el Tribunal Supremo ha amparado a un profesor que impartió clase durante 10 años con este tipo de contratos. El TS indica que el ámbito universitario no es "un espacio inmune al cumplimiento de la normativa comunitaria y española sobre contratación temporal" y que "lo que realmente hay en este tipo de situaciones es la utilización de una modalidad contractual, generalmente temporal, para la realización de trabajos que no resultan amparados por la regulación finalista del contrato utilizado. Existe, por tanto, una situación de fraude" (STS 2419/2017, de 1 de junio).

No obstante, tras esta sentencia de junio, el nuevo curso ha comenzado con la misma situación.

PREGUNTA

1. ¿Tiene la Consejería de Educación prevista alguna medida para solucionar el problema de la precariedad laboral en la universidad?

2. ¿Por qué no tienen los alumnos la posibilidad de reclamar la parte proporcional de las tasas correspondientes a las clases que no han recibido por no estar contratado el profesorado?

3. ¿La reducción el año próximo de un 5 % en las tasas es todo lo que va a hacer la Consejería de Educación por la universidad pública?

Valladolid, 18 de octubre de 2017.

EL PROCURADOR,

Fdo.: José Sarrión Andaluz