PNL/001852-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/001852-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para, a su vez, instarle a cumplir estrictamente la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51 y, en consecuencia, a revisar en el 2018 o lo antes posible dicha concesión, así como para que informe del estado de cumplimiento de esta Sentencia, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001849 a PNL/001859.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Los GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS, CIUDADANOS Y MIXTO (lUCyL-EQUO) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate ante el Pleno de la Cámara:

ANTECEDENTES

Las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 constituyen una barrera económica infranqueable que afecta a todo el noroeste de España y su comunicación con Madrid. Especialmente para nuestra Comunidad Autónoma, donde el sur con las provincias de Segovia y Ávila quedan aisladas de un desarrollo económico y social que genere empleo y riqueza, a pesar de estar situadas a escasos kilómetros de Madrid. Muestra de ello son los altos índices de desempleo y despoblación. Estos peajes constituyen un ejemplo de desigualdad con respecto a otras provincias limítrofes con Madrid, y que se sitúan a la misma distancia, por tanto la eliminación de los peajes es un factor decisivo para el desarrollo económico en el territorio, ya que de esta forma se facilitaría que las empresas que busquen una ubicación en la periferia de Madrid se puedan instalar en estas provincias generando empleo directo. A lo que habría que añadir la subsistencia de las empresas ya establecidas, ya que en la actualidad el pequeño tejido empresarial se ven obligados a incrementar sus costes en el transporte y envío de mercancías, y lo que supone una reducción excesiva de sus márgenes comerciales para poder ser más competitivos. Por lo tanto si las pequeñas y medianas empresas no son capaces de generar empleo en el territorio, la consecuencia directa es que la población tiene que salir a buscarlo a otros lugares.

Por otro lado, la existencia del peaje de la AP-6 provoca la total masificación de vehículos en la alternativa gratuita a la AP-6 que constituye la carretera N-VI. Una vía que según datos de la propia Dirección General de Tráfico contempla una media de 12.000 vehículos diarios, de los cuales 1.200 son vehículos pesados. Esta gran cantidad de tráfico transita por zonas protegidas como son la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-EI Espinar y los márgenes del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y también su paso por núcleos urbanos como es el caso de la localidad segoviana de San Rafael. Ello provoca una situación de gran inseguridad tanto ambiental pero sobre todo personal, que en caso de San Rafael ha derivado en numerosos accidentes y atropellos en su travesía, algunos de ellos con víctimas mortales. A raíz de ello, actualmente la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento han entablado negociaciones para proporcionar soluciones a esta problemática. Entre ellas la subvención del tráfico pesado por la AP-6 para liberar la NVI. La eliminación del peaje supondría una posible solución a la problemática en la Travesía de San Rafael y por lo tanto se pondría fin al grave problema de seguridad vial que vive el municipio.

La eliminación del peaje estaría justificada por los acontecimientos que ha sufrido la misma desde 1999. En este año, el Ministerio de Fomento concede a Iberpistas las obras de la AP-51, la AP-61, el túnel reversible y varios ramales de conexión y además le amplia la concesión del peaje del túnel de la AP-6 de 2018 hasta 2050.

Las organizaciones de CC. OO. de Ávila y la Asociación Centaurea al detectar graves irregularidades, por no cumplir la Ley de Contratos del Sector Público y deciden denunciar estas obras ante la Comisión Europea.

En el año 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE/2010/111) dictaminó en sentencia firme la ilegalidad de la concesión del contrato de las obras y la ampliación del peaje para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), por lo que la Comisión Europea sancionó a España por vulnerar la normativa de contratación pública Europea En el año 2012 el Ministerio de Fomento modifica la concesión para cumplir la sentencia. Reduce la concesión a Iberpistas en 7 años y le indemniza con una cantidad que todavía no es pública. Esos 7 años volverán a salir a "concurso". El Real Decreto aprobado por Fomento (Real Decreto 488/2012, de 5 de marzo) establece que en noviembre de 2019, y en función del tráfico real del túnel y las autopistas desde 1999, el Ministerio decidirá si la concesión se prolonga hasta 2032 o hasta 2037.

A la sentencia del Tribunal Europeo hay que añadir la falta de gestión que ha tenido la concesionaria ante situaciones de crisis como se pudo ver el pasado fin de semana del 6 y 7 de enero con un colapso, implicando a miles de conductores, por el temporal de frío y nieve, a pesar de haber sido anunciado por la AEMET.

Esta imprevisión por parte de la concesionaria hizo que miles de vehículos quedasen atrapados en esta vía durante más de 17 horas, con temperaturas bajo cero y con un temporal que, según se adentraba la noche, arreciaba con más virulencia. Desde las 20 horas del sábado 6, que se cerró la circulación, hasta las 14:30 horas del domingo 7, que se volvió a abrir. Situación que ya se había repetido en años anteriores como el 2009 y 2011. Donde tuvieron que ser los servicios públicos (Guardia Civil, UME) los que tuvieron que gestionar la mala planificación en la gestión de crisis de la AP-6 Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Dirigirse al Gobierno de España instándole a cumplir estrictamente la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE/2010/111) donde se declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51) y por tanto revisar la concesión en 2018 o lo antes posible, y que su explotación se realice de forma directa por el sector público.

2. Dirigirse al Gobierno de España para que informe sobre el estado de cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2010/111, de 22 de abril, y especialmente su incidencia sobre el coste de los peajes sobre todo por los usuarios.

En Valladolid, a 19 de enero de 2018.

EL PORTAVOZ DEL G. P. PODEMOS,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

EL PORTAVOZ DEL G. P. CIUDADANOS,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

EL PORTAVOZ DEL G. P. MIXTO,

Fdo.: José Sarrión Andaluz


PNL/001852-01

CVE="BOCCL-09-023056"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
IX Legislatura
Pags. 49390-49392
BOCCL nº 369/9 del 8/2/2018
CVE: BOCCL-09-023056

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/001852-01
Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto, a instancia del Sr. Sarrión Andaluz (IU-EQUO), instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para, a su vez, instarle a cumplir estrictamente la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje AP-6, AP-61 y AP-51 y, en consecuencia, a revisar en el 2018 o lo antes posible dicha concesión, así como para que informe del estado de cumplimiento de esta Sentencia, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001849 a PNL/001859.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Los GRUPOS PARLAMENTARIOS PODEMOS, CIUDADANOS Y MIXTO (lUCyL-EQUO) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate ante el Pleno de la Cámara:

ANTECEDENTES

Las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 constituyen una barrera económica infranqueable que afecta a todo el noroeste de España y su comunicación con Madrid. Especialmente para nuestra Comunidad Autónoma, donde el sur con las provincias de Segovia y Ávila quedan aisladas de un desarrollo económico y social que genere empleo y riqueza, a pesar de estar situadas a escasos kilómetros de Madrid. Muestra de ello son los altos índices de desempleo y despoblación. Estos peajes constituyen un ejemplo de desigualdad con respecto a otras provincias limítrofes con Madrid, y que se sitúan a la misma distancia, por tanto la eliminación de los peajes es un factor decisivo para el desarrollo económico en el territorio, ya que de esta forma se facilitaría que las empresas que busquen una ubicación en la periferia de Madrid se puedan instalar en estas provincias generando empleo directo. A lo que habría que añadir la subsistencia de las empresas ya establecidas, ya que en la actualidad el pequeño tejido empresarial se ven obligados a incrementar sus costes en el transporte y envío de mercancías, y lo que supone una reducción excesiva de sus márgenes comerciales para poder ser más competitivos. Por lo tanto si las pequeñas y medianas empresas no son capaces de generar empleo en el territorio, la consecuencia directa es que la población tiene que salir a buscarlo a otros lugares.

Por otro lado, la existencia del peaje de la AP-6 provoca la total masificación de vehículos en la alternativa gratuita a la AP-6 que constituye la carretera N-VI. Una vía que según datos de la propia Dirección General de Tráfico contempla una media de 12.000 vehículos diarios, de los cuales 1.200 son vehículos pesados. Esta gran cantidad de tráfico transita por zonas protegidas como son la Reserva de la Biosfera del Real Sitio de San Ildefonso-EI Espinar y los márgenes del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y también su paso por núcleos urbanos como es el caso de la localidad segoviana de San Rafael. Ello provoca una situación de gran inseguridad tanto ambiental pero sobre todo personal, que en caso de San Rafael ha derivado en numerosos accidentes y atropellos en su travesía, algunos de ellos con víctimas mortales. A raíz de ello, actualmente la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento han entablado negociaciones para proporcionar soluciones a esta problemática. Entre ellas la subvención del tráfico pesado por la AP-6 para liberar la NVI. La eliminación del peaje supondría una posible solución a la problemática en la Travesía de San Rafael y por lo tanto se pondría fin al grave problema de seguridad vial que vive el municipio.

La eliminación del peaje estaría justificada por los acontecimientos que ha sufrido la misma desde 1999. En este año, el Ministerio de Fomento concede a Iberpistas las obras de la AP-51, la AP-61, el túnel reversible y varios ramales de conexión y además le amplia la concesión del peaje del túnel de la AP-6 de 2018 hasta 2050.

Las organizaciones de CC. OO. de Ávila y la Asociación Centaurea al detectar graves irregularidades, por no cumplir la Ley de Contratos del Sector Público y deciden denunciar estas obras ante la Comisión Europea.

En el año 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE/2010/111) dictaminó en sentencia firme la ilegalidad de la concesión del contrato de las obras y la ampliación del peaje para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51), por lo que la Comisión Europea sancionó a España por vulnerar la normativa de contratación pública Europea En el año 2012 el Ministerio de Fomento modifica la concesión para cumplir la sentencia. Reduce la concesión a Iberpistas en 7 años y le indemniza con una cantidad que todavía no es pública. Esos 7 años volverán a salir a "concurso". El Real Decreto aprobado por Fomento (Real Decreto 488/2012, de 5 de marzo) establece que en noviembre de 2019, y en función del tráfico real del túnel y las autopistas desde 1999, el Ministerio decidirá si la concesión se prolonga hasta 2032 o hasta 2037.

A la sentencia del Tribunal Europeo hay que añadir la falta de gestión que ha tenido la concesionaria ante situaciones de crisis como se pudo ver el pasado fin de semana del 6 y 7 de enero con un colapso, implicando a miles de conductores, por el temporal de frío y nieve, a pesar de haber sido anunciado por la AEMET.

Esta imprevisión por parte de la concesionaria hizo que miles de vehículos quedasen atrapados en esta vía durante más de 17 horas, con temperaturas bajo cero y con un temporal que, según se adentraba la noche, arreciaba con más virulencia. Desde las 20 horas del sábado 6, que se cerró la circulación, hasta las 14:30 horas del domingo 7, que se volvió a abrir. Situación que ya se había repetido en años anteriores como el 2009 y 2011. Donde tuvieron que ser los servicios públicos (Guardia Civil, UME) los que tuvieron que gestionar la mala planificación en la gestión de crisis de la AP-6 Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Dirigirse al Gobierno de España instándole a cumplir estrictamente la Sentencia de 22 de abril de 2010 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE/2010/111) donde se declara ilegal la concesión otorgada en 1999 para la construcción, conservación y explotación del paquete de autopistas de peaje: AP-6 (Villalba-Adanero), su conexión a Segovia (AP-61) y su conexión a Ávila (AP-51) y por tanto revisar la concesión en 2018 o lo antes posible, y que su explotación se realice de forma directa por el sector público.

2. Dirigirse al Gobierno de España para que informe sobre el estado de cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 2010/111, de 22 de abril, y especialmente su incidencia sobre el coste de los peajes sobre todo por los usuarios.

En Valladolid, a 19 de enero de 2018.

EL PORTAVOZ DEL G. P. PODEMOS,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos

EL PORTAVOZ DEL G. P. CIUDADANOS,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

EL PORTAVOZ DEL G. P. MIXTO,

Fdo.: José Sarrión Andaluz


PNL/001852-01

CVE="BOCCL-09-023056"



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