M/000033-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de febrero de 2018, ha admitido a trámite la Moción, M/000033, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia presupuestaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 6 de febrero de 2018.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de febrero de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación 33 relativa a política general en materia presupuestaria:

La presente moción pretende revertir algunos de los problemas que genera la política presupuestaria de la Junta de Castilla y León, tanto desde el punto de vista estructural como coyuntural, ahora que tenemos ya una perspectiva, no sólo de esta legislatura sino de más tiempo, para analizar criterios, prioridades y rigor del gobierno autonómico.

Algunas cuestiones tienen que ver con:

a) La falta de rigor en los escenarios macroeconómicos, como ha señalado este año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que ha cuestionado el cuadro macroeconómico de la Junta de Castilla y León para 2018, especialmente en materia de previsiones de empleo, y le pide que compare sus previsiones con las de otros organismos para evitar los excesos de optimismo.

Algo que no es de extrañar cuando la estadística de la Consejería dice que el PIB de Castilla y León es 4.500 millones superior al que dice el INE o, sorprendente, cuando afirma que en Castilla y León había, en el 3T de 2017, 1.022.091 empleos equivalentes a tiempo completo, 35.000 más que todos los que computaba la EPA, tanto a tiempo parcial como completo, y 116.000 más que afiliados a la Seguridad Social, en el mismo momento para el que existen datos comparables.

b) La falta de transparencia en relación a los objetivos de estabilidad presupuestaria, ya que la Junta de Castilla y León no justifica en ningún documento el cumplimiento de la regla de gasto. Esta justificación tendría que estar en la memoria económico-financiera de los Presupuestos para no tener que esperar a que el informe del Consejo de Cuentas sobre la Cuenta General de 2015 desvele el flagrante incumplimiento de la misma que, frente al tope del 1,3 %, se disparó al 5,3 %.

c) El cumplimiento de la legalidad, como la presentación de los Presupuestos en plazo que señala nuestro Estatuto, algo que se vulneró en el ejercicio 2017, en teoría, por no contar con Presupuesto Generales del Estado (PGE), lo que es contradictorio con que se hayan aprobado los de 2018 sin que se conozca el proyecto de PGE para el ejercicio en curso.

La razón de fondo era otra bien distinta: cumplir los objetivos de déficit, algo que nunca se había producido hasta que en 2016 se dio un cerrojazo presupuestario en octubre y, posteriormente, se decidió prorrogar los presupuestos hasta junio de 2017, lo que ha impedido a las Consejerías gastar el dinero presupuestado en inversiones.

Este año los incumplimientos de la legalidad nos abocan al problema esencial de los presupuestos que plantea siempre la Junta de Castilla y León. Frente a unas entregas a cuenta de 6.159,74 millones, anunciadas por el Ministerio en julio de 2017 por el Ministerio, sabemos que el Ministro las ha reducido a 5.880,05 en enero de 2018, con presupuestos aprobados, cantidad inferior incluso a la consignada para 2017, 5.924,58 millones. Es decir, las nuevas entregas comunicadas son inferiores a las que habría supuesto una hipotética congelación de las mismas por la prórroga presupuestaria.

Y esto es algo que hay que denunciar y que poco se ha oído a la Junta de Castilla y León porque, en el fondo, el recorte responde al compromiso del Gobierno de España con Ciudadanos para reducir 2.000 millones del IRPF a los más ricos para que apoyen los PGE, similar al pactado aquí, que supone que los más ricos se ahorrarán 55 millones en el impuesto de sucesiones, en relación con la regulación de dicho impuesto a comienzo de la legislatura.

Asimismo, esta circunstancia nos sitúa en el corazón del debate presupuestario: el de las prioridades políticas: qué queremos pagar, con qué impuestos y quién y cuánto tiene que pagar cada ciudadano.

Los socialistas defendemos el siguiente modelo: recursos suficientes para sostener un Estado de Bienestar que garantice la igualdad de oportunidades y para propiciar un cambio de modelo productivo que ofrezca oportunidades de empleo y permita incrementar ingresos gracias a un mayor crecimiento económico.

Por el contrario, después de muchos años de Gobiernos de España socialistas, la derecha se encontró con un Estado de Bienestar que jamás habría impulsado y, aunque no habla abiertamente de arrumbarlo, trata de ir socavándolo mientras hace negocio con él, como con el HUBU, con el vergonzoso acuerdo con Farmaindustria al que obliga el Ministerio a aquellas comunidades que quieran acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica, o con las tasas de reposición de empleados públicos que obligan a muchas administraciones a privatizar servicios. Por no hablar de la financiación esquilmada a la Ley de Dependencia o de las exhortaciones hechas por el Presidente del Gobierno y la Sra. Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, en favor de planes de pensiones privados ahora que han situado al borde de la quiebra el sistema de pensiones.

En lugar de reducir gasto farmacéutico o sanitario, por ejemplo, mediante subastas de medicamentos, mayor eficacia en la contratación pública o etc., la Junta de Castilla y León prefiere beneficiar a la gran industria farmacéutica y rebajar impuestos a los ricos para menguar los recursos de nuestro Estado de Bienestar.

Del mismo modo que renuncia a la eficacia del gasto público cuando impulsa conciertos educativos donde ya existen centros públicos, lo que supone duplicidad de gasto con centros públicos del entorno, cuando no recortes para los públicos. Solo en 2016, en relación con lo presupuestado, la Junta de Castilla y León recortó 39 millones en profesores de la escuela pública, mientras incrementaba los conciertos en 41 millones en la educación infantil y primaria y 42 millones en la secundaria.

Porque, una vez definidas las prioridades, el debate crucial es el de los ingresos. No sólo los socialistas, sino también los sindicatos, estamos reclamando un suelo de gasto social superior, nunca inferior al 12 % del PIB, para vincular el gasto social a la marcha de la economía, no al peso del servicio de deuda como pretende hacer la derecha cuando trata de referirlo al 80 % del gasto no financiero de las Consejerías. Es evidente que, del presupuesto de 2008 al de 2018, el servicio de deuda ha pasado de 390 a 1.391 millones, lo que hace que el gasto no financiero sea menor y, por tanto, que siga habiendo recortes importantes en términos nominales y, especialmente, reales.

La negativa a generar más ingresos produce los siguientes efectos:

1.º La Junta de Castilla y León presenta proyectos de presupuestos que, una vez aprobados, es incapaz de materializar por falta de ingresos.

2.º En los dos últimos ejercicios con cuenta general aprobada, las facturas de la cuenta 409 han superado los 440 millones en promedio, facturas que se pagan con los remanentes que genera el no ejecutar inversiones prometidas.

3.º Por tanto, se paralizan las inversiones sociales prioritarias que se anuncian cada año, otras políticas sociales como la vivienda o el empleo, las inversiones tradicionales así como aquellas que, desde las Consejerías de Agricultura y Economía, tendrían que propiciar el cambio de modelo productivo.

4.º Y al dejar de gastar en esos programas de inversiones por no generar ingresos hace perder Fondos Europeos a la Comunidad Autónoma, perdiendo una cantidad ingente de recursos.

El efecto de esta política presupuestaria es el deterioro de los servicios públicos y el menor pulso económico que merma las oportunidades para que la gente joven se quede en Castilla y León. En suma, la política presupuestaria de la Junta de Castilla y León, como herramienta de su acción política, está llevando a la Comunidad Autónoma a un serio problema de supervivencia demográfica e institucional.

En base a lo expuesto y a las propuestas trasladadas a la Junta de Castilla y León, se formula la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º Instar al Gobierno de España a:

a) Ratificar las entregas a cuenta comunicadas en julio de 2017 y que sirvieron de base para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2018.

b) Presentar una propuesta de modelo de financiación autonómica, no condicionada a la aprobación de los PGE para 2018.

2.º Presentar una reforma fiscal progresiva que recaude más de quienes más ganan, tienen y heredan, para garantizar ingresos suficientes que aseguren un suelo de gasto social no inferior al 12 % del PIB y recursos para modernizar la economía de Castilla y León.

3.º Remitir a las Cortes de Castilla y León los escenarios presupuestarios de los que, antes de la aprobación del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para cada ejercicio, ha de dar cuenta la Consejería de Economía y Hacienda a la Junta de Castilla y León, incorporándolos como un tomo más del proyecto de Presupuestos.

4.º Publicar, en el Portal de Gobierno Abierto, los escenarios presupuestarios elaborados para la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2015 y siguientes, junto con el resto de la información presupuestaria.

5.º Incorporar en el informe económico-financiero de los proyectos de Presupuestos una justificación del cumplimiento de la regla de gasto, regulada en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

6.º Remitir a las Cortes de Castilla y León, cada tres meses, un listado con el estado de ejecución de cada uno de los proyectos contenidos en el anexo de inversiones que acompaña a los presupuestos, con indicación específica de los que forman parte del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias.

7.º Facilitar el acceso por parte de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León mediante sistemas telemáticos en tiempo real a las cuentas de ejecución de los Presupuestos, con cuantas modificaciones se produzcan en los estados de ingresos y de gastos, en particular al Sistema de Información Contable de Castilla y León.

8.º Incorporar al Portal de Gobierno Abierto, en tiempo real, las cuentas de ejecución del Presupuesto del sector público de Castilla y León, con cuantas modificaciones se produzcan en los estados de ingresos y de gastos, en particular el acceso a la información del Sistema de Información Contable de Castilla y León".

Valladolid, 12 de febrero de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández