PNL/002095-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de junio de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002093 a PNL/002096.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de junio de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La brecha salarial entre hombres y mujeres en Castilla y León sigue aumentando en Castilla y León. Según la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el INE en mayo de 2018 el salario de los hombres se incrementó en un 0,5 % más que el de las mujeres, al contrario de lo que ocurrió en el conjunto de España, donde se redujo levemente.

Esta diferencia salarial es una de las consecuencias más duras de la reforma laboral del Partido Popular, que ha degradado las ya poco propicias condiciones laborales de las mujeres, condenándoles a una mayor precariedad y menores salarios que a los hombres.

En Castilla y León, el salario medio fue de 21.551,57 euros. Mientras las mujeres ingresaron 18.662,42 euros, los hombres recibieron 24.445,65. Por ello en virtud de los puestos que ocupan, los contratos que tienen y las jornadas que trabajan, ellas tienen un salario medio que supone el 76,3 % del que tienen los varones. Además de lo anterior el hecho de que las mujeres perciban salarios más bajos, supone unos niveles de cotización más bajos que se traducen en unas pensiones más bajas que las de los hombres, concretamente en nuestra Comunidad son el 40 % más bajas.

La mayor precarización del empleo femenino respecto del masculino no sólo se manifiesta por esta desigualdad retributiva, también lo constata en una menor tasa de actividad, una menor tasa de ocupación y una tasa de paro más elevada. Una desigualdad que hace más vulnerables a las mujeres ante situaciones como la pobreza y la exclusión social, como pone de manifiesto el último informe de Cruz Roja que hace un perfil de la persona vulnerable atendida y el 60 % son mujeres.

Es urgente remover los obstáculos que sitúan a las mujeres en una peor situación en el mercado de trabajo. En este sentido, cabe señalar que el sostenimiento casi en exclusiva de los cuidados por las mujeres es determinante para la mayor precarización del empleo femenino frente al masculino y su diferencia salarial. La conciliación parece seguir siendo un asunto exclusivo de mujeres y actúa situándolas en peores condiciones laborales debido a su hipotética menor disposición el mercado de trabajo.

Las medidas laborales incorporadas en la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad, que remite, en muchos casos, a la negociación colectiva, han mostrado unos efectos limitados como consecuencia de la reducción de la cobertura en la negociación colectiva, consecuencia directa de la reforma laboral del Partido Popular.

Es responsabilidad de los poderes públicos y la administración autonómica combatir de forma decidida esta importante desigualdad y establecer las fórmulas para que la brecha salarial por razón de sexo sea erradicada en nuestra comunidad. En este sentido, es necesario implicar a las empresas en el reto de una igualdad real y hacerlas partícipes de la lucha contra la brecha salarial y la desigualdad de género en el empleo.

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha venido presentando en los últimos años diversas iniciativas encaminadas a la reducción de la brecha salarial y a la presentación, por parte del Ejecutivo, de una Ley de Igualdad Salarial en Castilla y León. Después de que ninguna de estas prosperase por la oposición del Partido Popular, por fin, el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión celebrada el día 7 de marzo de 2018, aprobó la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se instaba a la Junta a presentar un proyecto de Ley de Igualdad Laboral "que contribuya a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la precariedad y la temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres".

Este empeño, unido a los movimientos sociales a favor de una igualdad real que se han venido manifestando en los últimos meses y que tuvieron como máxima expresión la mayor movilización que se recuerda en el día de la mujer, han empujado a la Junta de Castilla y León a elaborar finalmente un Anteproyecto de Ley de Medidas de Apoyo a la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y de Eliminación de la Brecha Salarial de Género en Castilla y León.

Sin embargo, este anteproyecto adolece de diversos problemas que deben ser solventados antes de su remisión a las Cortes de Castilla y León.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que el articulado del Proyecto de Ley de Medidas de Apoyo a la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y de Eliminación de la Brecha Salarial de Género en Castilla y León, que remita a las Cortes de Castilla y León, contemple:

Unas previsiones suficientes de financiación para garantizar su efectividad. A estos efectos, en el marco del Diálogo Social, se establecerá un objetivo de financiación a medio plazo desglosado en previsiones mínimas anuales.

Una adecuada formación en igualdad tanto en el ámbito público como en el privado que contribuya a la consecución de los objetivos de esta Ley.

Un régimen sancionador que, en desarrollo de la competencia recogida en el artículo 70.1.11 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad -,-"Promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de la violencia de género"- contemple los incumplimientos a la Ley que se remita en los distintos ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma.

Valladolid, 6 de junio de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández