M/000147-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 21 de septiembre de 2018, ha admitido a trámite la Moción, M/000147, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a política general en materia de dependencia, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 11 de septiembre de 2018.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de septiembre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación número I/000147, relativa a política general en materia de dependencia:

ANTECEDENTES

El servicio de ayuda a domicilio es el más demandado de todas las prestaciones de dependencia profesionales, en torno al 20 % en nuestra Comunidad Autónoma. Es un servicio vital ya que permite que las personas, sobre todo aquellas con dependencias moderadas, puedan seguir en sus hogares. Esto hace que los y las usuarias valoren este servicio como el mejor para cubrir sus necesidades. Es además un servicio que previene las situaciones de dependencia, demorando las mismas, y que fomenta la autonomía personal.

Entre las necesidades que cubre este servicio se encuentran cuestiones de movilidad y traslado en el hogar, hábitos de aseo e higiene, administración de medicamentos, del hogar o de las comidas, atención social y muchas otras por lo que se ofrece una atención integral a las personas, especialmente a las personas mayores, que son las principales beneficiarlas del mismo.

Prestación reconocida por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en sucesivos Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia desde la aprobación de dicha Ley se han ido apuntalando los principios de funcionamiento, organización o acreditación profesional de las trabajadoras entre otras cuestiones que actualizan la aplicación del servicio en las distintas Comunidades Autónomas, que son las competentes para su gestión.

Sin embargo, dichas aplicaciones son cuando menos problemáticas. No sólo por las cuestiones que vienen mandatadas a nivel estatal, sino por la posterior gestión y ejecución en nuestra Comunidad Autónoma del servicio.

Por ejemplo, la acreditación profesional establecida de forma obligatoria sigue sin darse de forma general, quedando aún muchas trabajadoras sin acreditar a pesar de estar desempeñando las funciones, no por falta de voluntad de las mismas, sino por un proceso lento y trabado que ha impuesto el Gobierno autonómico y que, en 2015, cuando debía llevarse a término, no había hecho sino empezar. Sucesivas actualizaciones, como hemos dicho, han prorrogado esta cuestión, que trae causa de la falta de diligencia de las Administraciones autonómicas de nuestro país. En este sentido, especial mención merecen las trabajadoras mayores de 55 años, porcentaje nada desestimable en este sector, que debían acreditarse por vía no ordinaria y a las que no se ha dado la oportunidad de hacerlo en Castilla y León.

Desde la existencia de este servicio ha habido un fuerte proceso de privatización que ha ido acompañado a su vez del deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras. Esto ha llegado a su máxima expresión con el punto muerto en la negociación del nuevo convenio colectivo, donde las empresas exigen subidas salariales miserables, complementos de desplazamiento indignos y, en conclusión, unas condiciones no aceptables para las trabajadoras. Las Administraciones públicas deben garantizar un mínimo de condiciones para unas trabajadoras que indirectamente corresponden a la Administración como última gestora (y financiadora) del servicio.

En cuanto a la situación añadida de los usuarios y usuarias, a las que evidentemente el proceso de privatización y precarización laboral repercute de manera directa, ya en 2012, con el Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el servicio de ayuda a domicilio fue uno de los más recortados, sobre todo en la cuestión de las intensidades horarias, que quedaron reducidas a la mínima expresión, afectando al global de usuarios, pero también implementando copagos altos que a día de hoy se mantienen por la falta de financiación estatal y por la reducción autonómica de la misma.

El Gobierno autonómico ha tratado de paliar en el último año las consecuencias de estos recortes, pero las medidas no repercuten en la mayoría de las familias castellano y leonesas. Las rentas intermedias se ven especialmente desfavorecidas por el sistema de cálculo gestado a nivel autonómico y aplicado mediante distintas ordenanzas municipales. Por otro lado, siguen sin ser públicas las intensidades horarias que los y las usuarias reciben, cuestión que atañe tanto al Gobierno central como al autonómico.

Por último, el servicio sufre falta de seguimiento de los contratos, falta de evaluación de calidad y eficiencia, así como del presupuesto destinado, y un descontrol generalizado del servicio que provoca desigualdades territoriales no justificadas, por no hablar de que los precios son distintos en cada territorio, situación que ejemplifica las desigualdades generales de uso, funcionamiento y gestión.

Por todo ello, se formula la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Crear una Comisión de Seguimiento tripartita autonómica, así como a fomentar en colaboración con las entidades locales y Diputaciones Provinciales la creación de comisiones homólogas en estos ámbitos, formadas por las Administraciones especificadas, la representación sindical y las empresas prestadoras del servicio de ayuda a domicilio para garantizar el cumplimiento efectivo de todos los contratos realizados en Castilla y León.

2. Revisar el Acuerdo Marco de Servicios Sociales, en colaboración con las entidades locales y el Diálogo Social, para establecer cláusulas sociales y laborales en los contratos de servicio de ayuda a domicilio homogéneas para toda la Comunidad Autónoma, garantistas para las trabajadoras y de obligado cumplimiento para las empresas.

3. Concluir en la presente legislatura las acreditaciones profesionales de las auxiliares de ayuda a domicilio en su totalidad en Castilla y León para garantizar que todas las personas que prestan el servicio lo hagan conforme al Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en su actualización de 2017 y, asimismo, garantizar que las trabajadoras mayores de 55 años lo hacen conforme a dicho Acuerdo y no por la vía ordinaria.

4. Evaluar el cumplimiento e impacto positivo de la Orden FAM/219/2017, de 20 de marzo, por la que se regula la acreditación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Castilla y León, a fin de garantizar que desde su aprobación las empresas acreditadas y prestadoras del servicio han asumido lo planteado en la misma y revisar anualmente que mantienen los criterios especificados para la acreditación.

5. Mejorar las medidas realizadas en el marco del Diálogo Social y en el acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias para que se establezcan criterios de gratuidad en rentas bajas más flexibles, así como fórmulas de cálculo de las cuotas proporcionales y justas en función del nivel de renta de las personas usuarias, especialmente para las rentas intermedias, que impacten en la mayoría de familias de Castilla y León.

6. Reducir de forma paulatina el copago para que llegue a un porcentaje del 50-50 en el ejercicio presupuestario de 2020.

7. Homogeneizar los precios a través del Acuerdo Marco de Servicios Sociales para que haya un precio único en toda Castilla y León.

8. Realizar un estudio de impacto y evaluativo que esclarezca cuestiones, entre otras, como las desigualdades de uso entre provincias, la relación del número de profesionales, usuarios y usuarias y la evolución del presupuesto, el impacto de género, las desigualdades entre mundo rural y urbano para determinar propuestas de mejora igualitaria del servicio y promover su control.

9. Promover las prestaciones directas del servicio de ayuda a domicilio frente a las prestaciones vinculadas al mismo para primar la atención mediante nuestras profesionales acreditadas y contratadas a través de las entidades locales y el seguimiento de los servicios sociales públicos.

10. Hacer efectivo el criterio de transparencia del servicio de ayuda a domicilio aportando todos los datos relativos al mismo y especialmente las intensidades horarias de los y las usuarias que a día de hoy no se hacen públicos".

Valladolid, 14 de septiembre de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos