PNL/002204-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de octubre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002204 a PNL/002207.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de octubre de 2018.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

La Presidenta de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

La necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que supere el actual modelo de 2009 ha sido un asunto de consenso en la Cortes de Castilla y León por parte de todos los grupos con representación parlamentaria. Fruto de ese consenso, se alcanzó un acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios popular, socialista, podemos ciudadanos y mixto, acuerdo que contiene catorce puntos y fue firmado el pasado 13 de abril de 2016. En el punto 2 se establece que "El nuevo sistema debe ser el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, huyendo de cualquier tipo de negociación bilateral".

El Presidente del Gobierno ha pasado de ser tremendamente exigente en la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica con el anterior ejecutivo, a decir que no hay tiempo para revisar el sistema, estableciendo de forma paralela negociaciones bilaterales con comunidades autónomas de régimen común que suponen claras mejoras en materia de financiación para esas comunidades y detraen fondos disponibles para el resto de las comunidades autónomas.

Sirve como ejemplo de lo anterior, lo acontecido el pasado 25 de septiembre se celebró la Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Gobierno-Generalitat, y en esa reunión se alcanzaron tres acuerdos. En el primero, el Gobierno se compromete a pagar 759 millones de euros a la Generalitat en base al cálculo de 2008 de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, inversión del Gobierno en Cataluña en función del PIB catalán respecto al nacional, los primeros 200 millones se incluirán en 2019 y el resto en los tres ejercicios siguientes.

El segundo acuerdo hace referencia a la financiación de la policía autonómica; el Gobierno transferirá 700 millones de euros en los próximos cuatro ejercicios, en 2019 incluirá en los presupuestos 159 millones.

El tercer acuerdo supone que el Estado asumirá el primer tramo de 2.773 millones de euros de deuda a corto plazo de la Generalitat un 60 % del total de la deuda a corto plazo, 4.500 millones.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para solicitarle:

1. Que cualquier diálogo bilateral del Gobierno con una Comunidad Autónoma se enmarque, siempre, con absoluto respeto al principio irrenunciable de lealtad Constitucional. Ello implica que, en ningún caso, el Gobierno alcance acuerdos, con comunidades autónomas que no respeten este principio o amenacen con quebrantar el orden constitucional.

2. Que los acuerdos bilaterales que pudiera alcanzar el Gobierno con las comunidades autónomas se limiten, en todo caso, a asuntos ajenos al sistema de financiación autonómica; para que en ningún caso condicionen la capacidad financiera de la Administración General del Estado para acordar la necesaria mejora de la suficiencia financiera del sistema de financiación autonómica.

3. La necesidad perentoria de defender como prioritaria la definición del nuevo modelo de financiación autonómica, sin más dilación y como verdadera prioridad de legislatura. Dicho nuevo modelo debe ser exclusivamente el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas, sin que en su definición interfiera cualquier tipo de negociación bilateral.

4. Que la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas (FLA y financiación de la deuda a corto plazo) se aborden siempre, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato entre todas las Comunidades de régimen común, sin que en modo alguno, y bajo el paraguas de un supuesto diálogo, estén justificados acuerdos bilaterales que puedan condicionar la capacidad financiera del Estado, resultando gravosos para nuestra comunidad y por ende para los castellanos y leoneses".

Valladolid, 3 de octubre de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano