PNL/002274-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 23 de noviembre de 2018, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002272 a PNL/002275.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 23 de noviembre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,

Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en el Pleno de la Cámara:

ANTECEDENTES

En poco más de 170 días el Gobierno socialista ha comprometido con su acción de gobierno, y con las medidas y anuncios efectuados desde el Ministerio de Transición Ecológica el futuro del sector energético e industrial de nuestra Comunidad.

Así, la semana pasada conocíamos el anuncio de que el Gobierno prepara, en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una propuesta para prohibir la venta de vehículos propulsados por combustibles fósiles (gasolina y gasóleo) e híbridos a partir del año 2040, un anuncio que ha contado con el rechazo frontal de la industria de la automoción y de los agentes sociales, dado que, de ponerse en práctica, afectaría de forma directa al futuro de un sector que da empleo a un cuarto de millón de trabajadores en España, supone un 40 % de la industria nacional y un 10 % del Producto Interior Bruto, sólo en Castilla y León que es la Comunidad Autónoma que en el año 2017 produjo el mayor número de vehículos, 600.000 unidades, un 23 % del total nacional, esta decisión compromete más de 50.000 empleos, 14.000 vinculados a las plantas ensambladoras existentes en las provincias de Valladolid y Palencia y otros cerca de 36.000 de fábricas de componentes e industria auxiliar con importante peso en el resto de la Comunidad y especialmente en provincias de Ávila y Burgos.

A este anuncio, se suma también el objetivo establecido en el borrador de esa misma ley de establecer zonas de cero emisiones en el centro las ciudades de más de 50.000 habitantes antes de 2023, medida esta que tendrá una enorme influencia a la hora de determinar la opción de compra de vehículos propulsados por combustibles fósiles en el futuro próximo, comprometiendo de forma inmediata los planes industriales del conjunto del sector de la automoción en España y en Castilla y León.

Ha detenerse en cuenta además que el supuesto objetivo que persiguen estas medidas van mucho más allá del establecido en el marco europeo, por el Consejo Europeo, en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos anuncios sorprenden más si tenemos en cuenta que el propio Presidente del Gobierno anunció en su visita a las instalaciones de Renault en Valladolid el pasado día 22 de octubre un "acuerdo estratégico para la automoción en breves semanas".

A lo anterior, han de sumarse las decisiones ya adoptadas por el Ministerio de Transición Ecológica que directamente afectan a nuestra Comunidad; la no convocatoria de un nuevo concurso para la explotación de hidrocarburos en la provincia de Burgos, el cierre de las explotaciones privadas de carbón existentes en la provincias de León y Palencia y por el contrario el mantenimiento de la actividad pública de HUNOSA en la comunidad vecina de Asturias; y el anuncio de cese de la actividad de la centrales térmicas existentes en Castilla y León, cuatro de las catorce existentes en nuestro país, antes del 30 de junio de 2020, ante la inacción del Gobierno para modificar los criterios de cierre de instalaciones de generación, o la necesaria ampliación de la fecha límite de actividad a 2030, para permitir a las empresas propietarias poder acometer las inversiones necesarias pendientes en desulfuración y desnitrificación, que haría viable la continuidad de la actividad de al menos tres grupos existentes en Castilla y León. Estas medidas, que están siendo adoptadas y anunciadas al margen de las decisiones de las instituciones comunitarias, van a suponer la pérdida de más de 1.100 puestos de trabajo directos en las provincias de León y Palencia.

Por si todo lo expuesto no fuera suficiente, el Ministerio de Transición Ecológica acaba de anunciar el reparto de los fondos disponibles para actuaciones de infraestructuras del Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013-2018, asignando a Castilla y León únicamente un 31,3 % de los mismos, sin que sepamos cuáles han sido los criterios fijados para dicho reparto. La injusta decisión contó con el rechazo de los representantes de nuestra Comunidad en la Comisión de Cooperación para las actuaciones de infraestructuras del Carbón y las Comarcas Mineras en el periodo 2103-2018, una decisión que además excluye las actuaciones del Acuerdo Suplementario firmado en octubre de 2016, que incluía la variante de Guardo, el polígono industrial de Carrocera y el proyecto de telecomunicaciones del ayuntamiento de Bembibre.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España a fin de que:

1. Retire el anuncio de prohibir la venta de vehículos propulsados por gasolina, gasoil e híbridos a partir del año 2040, medida incluida en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sin estudio ni valoración de sus consecuencias económicas, y la sustituya por medidas de incentivación a la adquisición y fabricación de vehículos menos contaminantes, haciendo compatible el desarrollo y trasformación del sector de la automoción de nuestro país con el cumplimiento de los compromisos asumidos por España en materia de transición ecológica.

2. Rectifique su política energética, comprometiéndose a corto y medio plazo a contar con todas las energías disponibles en el mix energético nacional y especialmente con nuestro carbón autóctono, asegurando de este modo un menor coste energético para las familias y empresas y asegurando una estabilidad del suministro energético que ahora mismo está en riesgo.

3. Revoque su decisión de establecer el año 2025 como fecha límite de la actividad de las centrales térmicas existentes en todo el país, ampliándolo hasta 2030, permitiendo con ello que las propietarias de los grupos 4 y 5 de la Central de Compostilla y el 2 de la Robla realicen las inversiones de desnitrificación y desulfuración necesarias para poder continuar su actividad, teniendo de este modo un plazo justo y necesario para su amortización y posibilitando con ello una transición justa para el sector en nuestra Comunidad.

4. Modifique los criterios de reparto de los fondos disponibles para actuaciones de infraestructuras del Marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013-2018, para hacerlos proporcionales a las Comunidades Autónomas beneficiarias, de modo que, por tanto, la asignación a nuestra Comunidad no sea inferior al 40 % de los mismos.

5. Proceda a tramitar el Acuerdo Suplementario del Convenio Marco para la Promoción de las Zonas Mineras del Carbón firmado en octubre de 2016, de modo que se incorpore en el anexo de actuaciones al polígono de Carrocera la variante de Guardo y el proyecto de telecomunicaciones del ayuntamiento de Bembibre, y se seleccionen estas actuaciones para su financiación.

Valladolid, 21 de noviembre de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano