DS(C) nº 403/11 del 8/7/2024

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Señorías, buenos días. Damos comienzo a la sesión. ¿Algún grupo parlamentario quiere comunicar alguna sustitución? ¿Grupo Socialista?

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Sí. Buenos días, señor presidente. Hay una sustitución: don Jesús Guerrero sustituye a doña Nuria Rubio.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

¿UPL-Soria ¡Ya!?

EL SEÑOR PALOMAR SICILIA:

Sí. Buenos días. Sustituyendo a José Ángel Ceña Tutor, Juan Antonio Palomar Sicilia.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

¿Vox Castilla y León?

LA SEÑORA HERNANDO RUIZ:

Sí. Buenos días, presidente. Susana Suárez sustituye a Carlos Menéndez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

¿Grupo Popular?

EL SEÑOR RUIZ MEDRANO:

Sí. Buenos días, presidente. Paloma Vallejo Quevedo sustituye a Miguel Ángel García Nieto y Elena Rincón Iglesias sustituye a Carmen Sánchez Bellota.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Muchas gracias. Por el señor secretario se dará cuenta de la lectura del punto del orden del día.

Comparecencia presidente Consejo Consultivo

EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

Comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León para informar sobre la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León correspondiente al ejercicio dos mil veintitrés, remitida de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1/2002, de nueve de abril, del Consejo Consultivo de Castilla y León.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida a su Casa al presidente del Consejo Consultivo, a todo el equipo que nos acompaña. A todos ellos, agradecerles hoy la presencia en este... en este... en esta Comisión. Y ya saben ustedes que tienen... no tiene tiempo determinado para su intervención. Y espero que todos les escuchemos, como viene siendo habitual, con la cortesía y la educación que tiene esta Comisión. Muchas gracias. Tiene la palabra.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR SÁNCHEZ DE VEGA):

Muchas gracias, señor presidente. Lo primero es agradecer a la Cámara, a Mesa y presidente, que hayan habilitado estos días para cerrar, antes del verano, lógicamente, las comparecencias correspondientes, y, en nuestro caso, pues era yo creo que necesario también. Por lo tanto, agradezco no solo a ellos, sino a ustedes que estén presentes hoy aquí y que nos hagan las observaciones que estimen oportuno.

Y, como es habitual -y lo saben-, pues aunque no hay un límite máximo de tiempo, pues yo no consumiré más allá de -espero- cuarenta minutos, treinta y cinco o cuarenta minutos, lo cual seguramente es de agradecer por todos, a las alturas de año que estamos.

Bueno, se trata de la comparecencia, de comparecer ante ustedes, que son los representantes de nuestros ciudadanos, para someternos a las consideraciones que tengan oportuna... oportunas y de exponerles las principales líneas de lo que es nuestro trabajo, de lo que ha sido nuestro trabajo durante el año dos mil veintitrés, que está contenido en la Memoria, en la Memoria que hemos entregado esta misma mañana al presidente de las Cortes. Y que, lógicamente, esta intervención es una... es una síntesis, es una síntesis de ese trabajo de todo el año, y, además, reflejado -como digo- en la Memoria.

La comparecencia es, pues, un ejercicio de democracia al fin y al cabo, ¿no? Tiene por objeto constatar la efectividad, el trabajo, la utilidad en este tiempo de esta Institución Propia de la Comunidad, que desarrolla ese imprescindible trabajo de garantía de la legalidad, preventiva, de defensa de los derechos de los ciudadanos castellanos y leoneses en los asuntos, pues que la ley nos ha atribuido, que nos compete.

Quiero agradecer igualmente la presencia de los consejeros que hoy nos acompañan: el presidente Herrera, el expresidente Herrera, consejero nato; la consejera Valle Ares y el consejero Francisco Ramos. También nos acompañan hoy el letrado jefe y secretario del Consejo, Javier Píriz; y el que ha sido hasta hace unos días secretario del Tribunal Administrativo de Contratos, de Recursos Contractuales, Luis Gracia, al que, pues públicamente y ante ustedes, le reconozco el trabajo hecho durante muchos años en el Consejo Consultivo y, sobre todo, en el Tribunal Administrativo, durante estos 11-12 años de vida del Tribunal Administrativo adscrito al Consejo, y que hoy pues ocupa la Autoridad Independiente en Materia de Corrupción, contra la corrupción, al que felicitamos públicamente -como digo- desde aquí.

Algunos empleados del Consejo que nos acompañan y que nos ayudan en las tareas diarias del mismo, pues están con nosotros: Juan, Mamen y Pepe, a los que agradezco sinceramente, porque son los colaboradores... colaboradores más cercanos, les agradezco su presencia hoy aquí acompañándonos.

A todos... a todos, mi más sincero agradecimiento, que hago extensivo al resto de personal que nos acompaña. Y... porque, además, en esta Memoria pues se contiene buena parte del trabajo hecho por su parte, por ellos, en el año veintitrés.

El esquema de mi intervención seguirá pues las pautas de otras comparecencias anteriores -creo que es un esquema razonable y por eso sigo manteniéndolo-. Expondré, en primer término, una serie de consideraciones generales sobre la Institución Propia Consejo Consultivo, que ya saben que es una institución no muy común en el contexto de España, de los... de los sistemas... del sistema autonómico, por ser Consejo Consultivo y adscrito a él el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales; con esta configuración no se producen... en España... no se produce en España ningún caso similar. Seguidamente me referiré a la actividad propia de la función consultiva, para resumir, posteriormente, el trabajo del Tribunal Administrativo. Y, finalmente, terminar con algunas consideraciones finales. Y -como digo- es el esquema que he seguido y que me parece bastante oportuno.

Consideraciones generales acerca de la institución. Les recuerdo que -como decía hace un momento- el Consejo Consultivo integra dos órganos: el Consejo, que ejerce la función jurídico-consultiva con carácter superior y no vinculante, no vinculante; y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, encargado de resolver el recurso especial en materia de contratación pública, este, sin embargo, con carácter vinculante y con similitudes evidentes con los fallos judiciales.

Se han cumplido ya más de cuatro lustros desde el inicio del Consejo y más de una década desde la adscripción al mismo del tribunal... del TARCCYL, llamado TARCCYL, experiencia que resulta una buena base de afianzamiento. En la decisión de instaurar Consejo y Tribunal hay una clara expresión de autogobierno, que refleja, desde mi punto de vista, el acierto de su particular diseño al compatibilizar dos funciones jurídicas en una misma institución.

Ambos órganos pertenecen esencialmente a un tronco común funcional: el de la garantía y el control de legalidad como fundamento y como objetivo. Por ello, el acierto de la adscripción.

El Consejo la lleva a cabo de manera previa y preventiva, antes de que las Administraciones tomen la decisión correspondiente, lo que permite no solo controlar, supervisar la legalidad, garantizar la legalidad de la decisión administrativa, sino también aconsejar soluciones jurídicas allá donde entiende que hay contradicciones legales o falta de claridad jurídica.

Y el Tribunal actúa también para prevenir o resolver controversias que encierran conflictos de interés económico en materia de contratación pública. El hilo conductor de ambos viene a ser el mismo.

La trayectoria de ambos órganos en el tiempo transcurrido se confirma todos los años con el altísimo seguimiento de sus casi 18.000 dictámenes por las Administraciones consultantes y las más de 1.600 resoluciones dictadas. Sus señas de identidad institucional (independencia, imparcialidad, objetividad, neutralidad política, transparencia y eficacia) se han plasmado en la actividad del año pasado, en que el Consejo Consultivo aprobó 539 dictámenes, todos ellos por unanimidad (es decir, sin votos particulares), y el Tribunal Administrativo, que resolvió 180 recursos.

De estos datos puede deducirse que las Administraciones siguen confiando en el Consultivo como garante de la legalidad de los procedimientos y de su actuación administrativa; que los ciudadanos ven protegidos sus derechos, como veremos después, principalmente a través de los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones; y que el Tribunal ofrece una justicia administrativa que genera una confianza sólida prejudicial entre los candidatos a la contratación, los licitadores -competidores- y los operadores jurídicos. Precisamente por tratarse el Consejo de un órgano consultivo cuyos dictámenes no son, por regla general, vinculantes, la auctoritas tiene un peso fundamental que transforma el consejo dado en vinculatoriedad fáctica cuando es asumido por las entidades consultantes.

La auctoritas no solo deriva del simbolismo que el Estatuto le confiere al definirlo como el superior órgano consultivo de la Comunidad; es un concepto que sirve convencionalmente para medir el grado de confianza, el valor moral de autoridad, la plusvalía del prestigio jurídico en un órgano cuyas decisiones no son, por propia condición, mandatos jurídicos. Por ejemplo, radica en el esfuerzo por mantener los índices de calidad de los dictámenes y en el objetivo de resolver los expedientes dentro de los plazos legalmente establecidos; este año hemos conseguido reducir el tiempo de emisión de los dictámenes desde la admisión a trámite. Igualmente, se basa en el grado de confianza de las instituciones hacia nuestro parecer, que mantenemos en cifras muy altas, lo que confirma que el carácter preventivo de su intervención, de la intervención del Consultivo, es percibido como garantía esencial de legalidad.

En cuanto al Tribunal Administrativo, la ejecutividad o vinculación jurídica de sus resoluciones forma parte esencial de su condición de tribunal por su similitud con los órganos judiciales: resuelve controversias jurídicas con arreglo a los procedimientos y a los mecanismos típicamente jurisdiccionales, y sus resoluciones son ejecutivas, a lo que añade gratuidad y rapidez de actuación.

En otro orden de ideas, el Consejo Consultivo, como institución, ha seguido cumpliendo el compromiso de exteriorizar y dar a conocer nuestra actividad. Hemos participado en diversas actividades técnicas, académicas, de estudio, principalmente centradas en materia de Derecho público, como el curso sobre contratación del sector público, celebrado en Palencia, en la sede del Consejo de Cuentas, en el que se abordó la importancia de los controles en materia de contratación pública. También la jornada "Cinco años de la Ley de Contratos del Sector Público", que se desarrolló en las Cortes -en estas Cortes-, en la que se analizaron los controles sobre las áreas de riesgo en la contratación pública. Y las "Jornadas sobre el 45 aniversario de la Constitución Española y el cuadragésimo del Estatuto de Autonomía", celebradas en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, en la que intervinieron varios expresidentes de Comunidad, exmagistrados del Tribunal Constitucional y destacados catedráticos y académicos.

Resalto de manera destacada que el Consejo ha estado directamente involucrado en la promoción de un libro conmemorativo sobre los 40 años de autonomía, recientemente editado. Es nuestra contribución a la efemérides que se cumplió el año pasado, y a él, si me lo permiten, me referiré al final de mi intervención. [El orador muestra un libro]. Y, por cierto, he traído un ejemplar para que, si quieren, le echen un vistazo, pero no está mal el ejemplar, ¿eh? 1.300 páginas, 40 autores, sobre muy distintas materias, pero todas centradas en la Comunidad de Castilla y León. Por lo tanto, después le dedicaremos, si me lo permiten, tres minutos.

Por tanto, seguimos nuestro empeño por promover la transferencia del conocimiento, lo que, en sintonía con ello, significa haber estado presentes en... -como digo- en distintos cursos, seminarios, jornadas de especialización y formación en las materias que son cometido de esta institución.

Memoria del Consejo como órgano consultivo. Detallaré algunos datos -los más destacados- de la actividad del Consejo como órgano consultivo, que están recogidos en la Memoria, por supuesto.

De los 539 dictámenes aprobados, se han emitido 19 sobre potestad normativa de la Junta, que, al margen de su número, tienen una especial importancia jurídico-política. Los expedientes de responsabilidad patrimonial han supuesto el 67 % del volumen anual, como se sigue confirmando desde el origen y en todos los casos de Consejos Consultivos u órganos consultivos de España -también del Consejo de Estado, donde la responsabilidad patrimonial de las Administraciones es uno de los gruesos de actividad y trabajo de estos-. A los que les siguen los de revisión de oficio, con casi un 13 % del total, que es un buen número.

Enseguida me referiré a estos datos en relación con las... lo sustancial, con las competencias del Consejo. Antes, sin embargo, quisiera destacar brevemente ciertos aspectos que ayudan a comprender el ejercicio dos mil veintitrés.

En primer término, quiero recordarles que el objetivo que nos fijamos ante ustedes en la comparecencia del año pasado de emitir los dictámenes en menos de 20 días lo hemos logrado. En el año veintitrés, los dictámenes han sido emitidos en 18 días hábiles.

En segundo término, resalto la confianza de las instituciones consultantes, que siguen manteniendo un nivel altísimo, como decíamos hace un momento. El 95 % de las decisiones administrativas han confirmado nuestro parecer. Es un plus de reconocimiento y prestigio hacia un órgano que no emite mandatos, sino consejos.

En tercer término, el origen de las consultas se ha revertido en relación con el año anterior: el 50 %... 54 % -perdón- ha procedido de las Administraciones locales; el 45 de la Administración autonómica, correspondiendo el 32 % de este 45 (79 consultas) a la Consejería de Sanidad. Destaco, por tanto, la importancia que, dentro de las consultas del Gobierno regional, tienen los asuntos sanitarios, no solo por su número, sino porque tienen importantes implicaciones en cuanto se refiere a derechos constitucionales.

Cuarto. Por provincias, Valladolid, León y Salamanca es... -al fin y al cabo, no deja de ser una curiosidad- son las provincias de las que proceden más expedientes objeto de dictamen. Algunos de ellos, 46, no pueden ser provincializados, bien por tratarse de proyectos normativos de la Junta que afectan a toda la Comunidad, o bien porque, siendo de otra competencia, afectan a varias provincias, o también al conjunto de la Comunidad, como ven en el... en la Memoria.

En quinto lugar, por materias, el mayor número de dictámenes proviene de expedientes -como decía hace un momento- de responsabilidad patrimonial: 362. Se trata de un mecanismo de exigencia de la responsabilidad a las Administraciones por el funcionamiento de los servicios públicos, dispuesto este por la Constitución en el 106.2.

La mayor parte de estos dictámenes, 155, se refiere a expedientes del ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques, etcétera, que provocan daños a las personas). 53 son del ámbito sanitario, y 47 de ellos están relacionados con infraestructuras. Asimismo, 35 se refieren a los efectos generados por el COVID, mayoritariamente perjuicios en el ámbito de la hostelería. El resto corresponden a actividades municipales, infraestructuras y otros aludidos en la Memoria.

Pero lo interesante, creo yo, es que estas notas nos permiten explicar el significado sustantivo que tienen los dictámenes en relación con las propias competencias, con las competencias del Consejo.

En primer lugar, los referidos a la potestad normativa de la Junta subrayan la relevancia jurídica del control previo sobre esta función del Gobierno regional, porque remite a principios constitucionales y estatutarios que inspiran el procedimiento de elaboración de las normas por parte del Gobierno, como el de la seguridad jurídica, de la confianza en el Derecho, transparencia, buen gobierno o la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Se trata... el mecanismo se trata de que un órgano externo, independiente e imparcial como el Consejo Consultivo lleva a cabo el control de la justificación de los motivos de las normas, pues esta constituye la razón de ser de la decisión política convertida en norma jurídica. De manera que, al ponderar la participación del ciudadano en el procedimiento, la Memoria y los informes requeridos se ha de llegar a concluir que el proyecto no es arbitrario, a fin de evitar una posterior sentencia de nulidad de la norma una vez que esta está en vigor.

Por ello, el dictamen sobre la potestad normativa de la Junta cumple la doble función de garantía de legalidad y control jurídico; y lo es también de asesoramiento a la labor política y administrativa del Gobierno regional. En él se verifica, según los casos, que la decisión política esté encuadrada en el marco jurídico al que se refiere, advirtiendo de contradicciones, sugiriendo interpretaciones conforme a Derecho o indicando al Gobierno los pasos a seguir para encauzar jurídicamente la decisión pública; de ahí su importancia jurídico-política a la que me refería hace un minuto. El año pasado, de las 19 consultas planteadas en este ámbito, en 18 dictámenes se formularon observaciones.

En segundo término, en cuanto al aspecto sustantivo de los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones derivada del funcionamiento de los servicios públicos, nos acercan, seguramente sin saberlo ellos, a los castellanos y leoneses, a su actividad diaria, a la afectación de los asuntos más próximos a su cotidiano quehacer. Son dictámenes que sirven como un mecanismo constitucional implícito de protección de sus derechos, a los que el Consejo dedica en torno al 67 % de su labor -lo decíamos hace un momento también: 362 casos-, porcentaje al que se une el ejercicio de otras competencias a través de las cuales también se sustancian casos relativos a derechos, como los expedientes de revisión de oficio tramitados por las Administraciones, los dictámenes relativos a asuntos urbanísticos y otros. También en estos el Consejo interviene en la vida de las personas tutelando el ejercicio de sus derechos en relación con las Administraciones.

Como otros años, la explicación de este alto porcentaje de asuntos es la baja cuantía que la ley establece en Castilla y León para acceder al Consultivo a través de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial: 3.000 y 6.000 euros, según si la consulta se plantea por la Administración local o por la Administración autonómica. Estos umbrales de acceso facilitan el dictamen al ciudadano ante la realidad territorial y de población de nuestra Comunidad y ensanchan -esto sí es importante- la protección de sus posiciones jurídicas al ser afectados por el funcionamiento de los servicios públicos.

Pensemos que en todos estos expedientes están presentes situaciones dignas de protección jurídica referidas a derechos sanitarios, educativos, de servicios sociales, de salud, relativos a menores, dependencia, familia, funcionarios, medioambientales, etcétera. Por tanto, asuntos muy sensibles para la vida del ciudadano.

Mediante los dictámenes recaídos en estas materias, el Consejo promueve que la decisión administrativa dé efectividad a estos derechos del ejercicio diario por parte de la ciudadanía, sin necesidad de utilizar el sistema judicial. En este Consejo... en este -perdón- contexto se encuadran algunos casos que están referidos en la Memoria. Son dictámenes que calan como lluvia fina al conjunto del ordenamiento conformando una suerte de justicia indirecta, pero próxima a los ciudadanos, ampliando las formas de protección jurídica clásicas.

La Memoria contiene también un extracto de la doctrina legal del año pasado, así como de las mociones y recomendaciones para un mejor funcionamiento de las Administraciones públicas.

Del extracto destaco la nueva regulación autonómica del plazo para dictar la caducidad de los procedimientos de resolución de contratos tramitados por las entidades locales, redacción nueva introducida por la Ley de Medidas de febrero de dos mil veinticuatro y auspiciada reiteradamente por este Consejo -ustedes lo saben bien y lo habrán oído en distintas comparecencias- para dar seguridad jurídica y certeza al ordenamiento autonómico en esta materia.

En cuanto a las mociones y recomendaciones, señalo algunas dirigidas a la Administración autonómica, y otras también a la local, por su importancia o impacto:

Primera. El Consejo vuelve a constatar que en la Memoria justificativa de la evaluación de los proyectos normativos (anteproyectos de ley y proyectos de Reglamento), con cierta frecuencia, se contiene una insuficiencia de evaluación de los impactos preceptivos exigidos por la legislación vigente. No aportar por la Junta una mínima estimación, ser insuficiente o soslayar el impacto presupuestario, por ejemplo, es una práctica contraria a los principios de buena regulación y calidad normativa que puede arrastrar al proyecto a la invalidez futura. Nuestro dictamen es, por tanto, una advertencia de posible nulidad.

Segunda. El Consejo ha constatado la dificultad de dar claridad y coherencia al régimen jurídico aplicable a la... al procedimiento de elaboración de normas autonómicas. Tal dificultad está provocada por la pendencia de un... de un desarrollo reglamentario que no ha llegado en el plazo previsto de un año y que se refiere a trámites esenciales del procedimiento de elaboración de normas generales por parte de la Junta; además de recomendar a la Administración autonómica que dé redacción a tales preceptos y aclare los problemas de confusión normativa autonómica que provoca el juego interpretativo de varias disposiciones que están en contraste, el Consejo ha dictaminado la vigencia de los preceptos objeto de reforma a la espera del nuevo régimen jurídico -no quiero cansarles con muchas cuestiones jurídicas-.

Tercera. Del mismo modo, el Consejo sigue constatando que, en algunos procedimientos de elaboración también de proyectos normativos, el plazo que se concede para los trámites de participación ciudadana, de audiencia y de información pública concluye a las 14 horas del último día otorgado para ello. Nos habrán oído ya en varias comparecencias que, si el portal de Gobierno Abierto de la Junta está habilitado durante las 24 horas del día, pues reiteramos la recomendación de extender el tiempo de participación ciudadana hasta las veintitrés cincuenta y nueve horas; es decir, hasta que acaba el día natural. El fin, sencillamente, es facilitar la participación ciudadana.

Cuarta. Si bien es cierto que se va apreciando una mayor agilidad en los expedientes de responsabilidad patrimonial, el retraso en la tramitación sigue con plazos que, en ocasiones puntuales, pueden superar los dos años. Hombre, en este orden de ideas, los expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria son los más complejos, y su tramitación constituye uno de los aspectos que afectan al derecho a la salud y también a la buena Administración. Al margen de su dificultad, que es evidente, se sigue apreciando retraso en su resolución.

Quinta. Carácter más técnico tiene la recomendación dirigida a las autoridades consultantes en los procedimientos de revisión de oficio y con respecto a los expedientes de resolución de contratos con oposición del contratista. Aconsejamos en estos casos que, antes de la solicitud del dictamen preceptivo al Consejo, suspendan el plazo para resolver y se notifique tal suspensión al interesado, a fin de evitar que sigan corriendo los plazos y se produzca la caducidad del procedimiento.

En resumen: casi 600 expedientes sometidos a nuestra consideración como Consultivo. A algunos aludimos en la Memoria en la parte dedicada al extracto doctrinal, a la que lógicamente me remito por ser extenso.

Memoria del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. En relación con la actividad del Tribunal, en dos mil veintitrés se dictaron 174 resoluciones que resolvieron 180 recursos. A ello se unen los 62 acuerdos sobre medidas cautelares, de suspensión o no suspensión del procedimiento de licitación.

Con carácter general, advertimos en estos últimos años dos hechos: licitaciones que no han recibido ninguna oferta; e incremento de casos de resolución de contratos debido a la situación económica, especialmente derivada del incremento de los precios -es lo que suelen alegar los... esto... los adjudicatarios-. Aunque en la Memoria tiene información... tienen información exhaustiva al respecto, pueden destacarse algunos datos llamativos.

¿Qué contratos se recurren con mayor frecuencia? Los de servicios, el 64 % de los recursos presentados; los de suministros, el 22 %. Entre ambos suman el 86 % de los recursos. Solo el cinco y medio por ciento se plantearon frente a contratos de obra, en los que, para recurrir, el valor del contrato ha de superar los 3.000.000 de euros.

En cuanto a los momentos del procedimiento de contratación pública, el acto más frecuentemente recurrido sigue siendo el de adjudicación, casi el 40 %, que representa el punto final del proceso: se adjudica el contrato a una empresa. Lo que se recurre en este momento es, pues, la adjudicación; los demás competidores no tienen ya posibilidades de ser adjudicatario, salvo recurso ante nuestro tribunal o a la vía judicial. De manera que los recurrentes atacan la posición del adjudicatario y los argumentos de la adjudicación para intentar convertirse y suplantar la posición del adjudicatario del contrato.

Otro momento del procedimiento es el posible recurso contra la aprobación de los pliegos, que se ha incrementado casi en un 10 %, y representa el 24 por... el 24 % del total de recursos -los pliegos-. Este acto significa la aprobación de la norma que va a regir con carácter individual cada contratación. El recurso planteado contra los pliegos abre la puerta a que las empresas interesadas en competir participen influyendo en la regulación concreta de esa contratación o impulsen la aclaración de cláusulas oscuras o contrarias a Derecho. Aunque el objeto y contenido del contrato lo determina el órgano de contratación, la aplicación de los principios generales, las cláusulas objetivo o los criterios de evaluación pueden ponerse en cuestión por los interesados en participar en la licitación mediante este recurso contra los pliegos.

El restante 36 % de los recursos fue presentado en otros momentos clave del procedimiento de contratación, como son los recursos contra la exclusión y la no exclusión de los licitadores, como aparece descrito en la Memoria.

Tercera pregunta. ¿Cuál es el origen institucional de los contratos recurridos? Los ayuntamientos fueron los órganos de contratación que más recursos recibieron: 65, es decir, el 36 %. Contra el Gobierno regional, el ámbito de gestión más recurrido fue el sanitario: la Gerencia Regional de Salud; como órgano de contratación, soportó 38 actos recurridos, es decir, el 31 %... perdón, el 21 %.

En cuanto a la procedencia -como he dicho anteriormente, es una curiosidad-, procedencia provincial de los recursos, las provincias de Valladolid y de León son a las que con más frecuencia afecta la ejecución del contrato recurrido.

Para finalizar este bloque de datos, el resultado de los recursos fue el siguiente: el 25 % de las resoluciones fueron estimatorias, 45, total o parcialmente. El 47 % de los recursos, 86, fueron desestimados. Y 40, el 22 %, se inadmitieron. El resto fueron recursos archivados.

Creo que lo interesante es que de este conjunto de datos podríamos deducir algunas conclusiones:

Primera. La especialización e independencia del Tribunal Administrativo respecto de los poderes adjudicadores y de la... de las Administraciones, la suma de los valores estimados -más de 1.580 millones en litigio, de euros- y el mantenimiento de unas cifras de recursos anuales similares en los casi 12 años de adscripción del Tribunal al Consejo confirman la utilidad del órgano y la consolidación de ambas características esenciales.

Segunda. El Tribunal Administrativo responde a un modelo de jurisdicción a la que se atribuye valor vinculante y ejecutivo a sus resoluciones -lo hemos dicho al inicio-, pero también expresa un modelo de auctoritas si aludimos a algunos criterios de evaluación de desempeño utilizados por distintos organismos estatales, como la llamada "tasa de éxito". Según este indicador, la relación entre el número de recursos estimados y los admitidos da como resultado dicha tasa. Es un modo de medir la efectividad de la justicia restitutoria de los tribunales administrativos. Esta ratio en nuestro tribunal fue, en el año pasado, del veinte... del 34 %, del 34 %; esto es, abarca a un tercio de los asuntos admitimos... admitidos a trámite para pronunciarse sobre el fondo. Es un índice que ratifica una suerte de legitimidad de ejercicio, según un criterio asentado por -como digo- distintos organismos: la Oficina Independiente de Regulación, Supervisión de la Contratación o el Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa.

Tercera. Otro indicio del éxito del Tribunal se encuentra en su capacidad de solución prejudicial de los recursos, con la teórica descongestión que conlleva para el poder judicial, a la par de su rapidez. Y ello se ha conseguido en un contexto, el del año pasado, en que dos circunstancias han afectado notablemente a la contratación: una de ellas, el Plan de Recuperación y Resiliencia, que nos impelía a acortar los plazos de resolución; y la otra, la realidad de numerosas resoluciones de contratos debido a los efectos postpandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania.

Cuarta. Unido a este contexto anual, está el esfuerzo del Tribunal por rebajar significativamente los plazos de resolución desde la remisión completa del expediente; rebaja que es visible: rebajamos el tiempo de resolución de los 28 días del año anterior a los 20 de media del pasado dos mil veintitrés. Este dato ha de resaltarse todavía más, si cabe, en comparación con los más de 12 meses de resolución de los Juzgados de lo Contencioso y los 17 del Tribunal Superior de Justicia para resolver litigios sobre contratación pública.

Quinta. En último lugar, destaco que en nuestras bases de datos jurídicas sobre la actividad del Tribunal solo han recaído, en dos mil veintitrés, 4 pronunciamientos judiciales: 3 confirman nuestro fallo, nuestra resolución; y 1 estima el recurso contencioso-administrativo.

La Memoria -como conocen- también dedica un amplio apartado a alguno de los criterios adoptados por el Tribunal en sus resoluciones. Hay casos interesantes que se mencionan en ella y otros curiosos, como, por ejemplo, el de la Resolución 170 sobre la participación de un alcalde en la Mesa de Contratación. El tribunal hubo de recordar que la ley configura la Mesa como un órgano de asistencia técnica en la que el titular del órgano de contratación, pues no puede participar, evidentemente, por apariencia de imparcialidad, ¿no?

En nuestra página web encuentran a su disposición, junto a la doctrina al respecto, transparencia y valor añadido de formación e información para adjudicadores, candidatos y licitadores.

Consideraciones finales. (Concluyo ya). Quisiera añadir a estos datos una reflexión que tiene que ver con la valiosa labor que la función consultiva ofrece. Creo que, en su papel de ser expresión del Estado de Derecho, los Consejos Consultivos pueden asumir competencias que serían beneficiosas a este gran principio esencial del Estado democrático. Me refiero, por una parte, a la emisión de dictámenes sobre las proposiciones de ley, que provoca que la función consultiva traspase el umbral parlamentario. Ese fue el debate que tuvieron ustedes, o tuvo la Mesa de las Cortes -mejor dicho-, recientemente: la posibilidad de solicitar dictamen facultativo a este Consejo sobre una proposición de ley. En estos casos, la garantía jurídica que supone la intervención de un órgano externo e independiente de la dinámica política de mayorías y minorías se extiende a la vida parlamentaria, en sintonía con la que se sigue en la vida del Gobierno autonómico respecto de los anteproyectos de ley de la Junta.

Por otra, esta cuestión se añade al también debatido problema del control previo de los decretos-leyes, problemática más amplia, pues su profusa utilización por los Ejecutivos como instrumento de Gobierno puede estar provocando la consolidación de una mutación constitucional y estatutaria.

Son asuntos que comienzan a llenar la literatura académica y jurídico-constitucional, y que tienen la virtualidad, sencillamente, de reflexiones, seguramente, con origen de mi deformación profesional, ¿no?

Sin embargo, lo que no es una reflexión académica, sino una realidad tangible, es la edición del libro que el Consejo ha promovido, con el apoyo de la Junta, durante estos últimos meses; un libro sobre los 40 años de autonomía en Castilla y León. [El orador muestra un libro]. Lo vuelvo a mostrar por el... por el orgullo que sentimos al fin y al cabo, ¿no? Y digo que es una realidad que hoy pueden contemplar en este acto, prácticamente recién salido de la editorial hace unos días, y que esperamos que estén presentes cuando lo presentemos ante estas Cortes, ¿no? Es una labor, al fin y al cabo, de todos.

Como decía hace un momento, el pasado año el Pleno decidió que, al cumplirse los 20 años del Consejo y tras 40 años de autonomía, pues era oportuno propiciar un estudio plural, recopilatorio también, sobre lo que ha significado la historia de la nueva Castilla y León que se originó en el Estatuto de mil novecientos ochenta y tres. En él se han reunido los trabajos de más de 40 expertos en materia autonómica de España, un elenco de primeras firmas del mundo jurídico y de otras áreas del conocimiento, que han reflexionado sobre lo que ha supuesto la autonomía para esta moderna Castilla y León en sus más de 40 años de vida.

Quiero detenerme -si me lo permiten- unos minutos sencillamente en lo que significa esta obra, que refrenda la idea que desde el mismo momento de tomar posesión, en dos mil diecinueve, nos propusimos los consejeros: ser una institución útil para su tiempo, hacer el trabajo lo mejor posible y generar plusvalías de conocimiento hacia la sociedad castellano y leonesa.

A ello responde este volumen. A través de sus más de 1.300 páginas, divididas en cuatro capítulos, hemos pretendido que el lector pueda tener una visión de los principales ámbitos de la realidad estatutaria de Castilla y León, desde una reflexión global y multidisciplinar, integradora de los datos jurídico-políticos y de la realidad histórica, geográfica, económica y social que a ellos subyacen.

Además, es una obra plural por los enfoques temáticos y por la diversidad de perspectivas desde la... desde las que se elaboran y se abordan los temas, lo que constituye el hilo conductor de una versión libre, de posiciones y valoraciones distintas, cuyo contraste permite llegar a adecuadas y razonables conclusiones.

El primer capítulo se dedica a la Castilla y León que surge de este Estatuto de mil novecientos ochenta y tres, y se abre con la visión de los expresidentes de la Junta, que aportan testimonio de experiencia y perspectiva histórica como personificación de la Comunidad a lo largo de los 40 años. Se abordan también en este capítulo los primeros pasos de su gestación como Comunidad Autónoma, así como sus principales señas de identidad.

El capítulo 2 tiene como objeto el estudio de los elementos fundamentales del Estatuto: el principio de autonomía; los derechos, principios y deberes estatutarios; la organización territorial; la hacienda de la Comunidad, etcétera.

En el tercer capítulo se aborda el estudio de las instituciones autonómicas.

Y el cuarto está dedicado a los 40 años de ejercicio competencial.

En suma, una completa -creo yo- perspectiva de la autonomía de Castilla y León.

En fin, creo sinceramente que el patrimonio de esta tierra también está formado por quienes se preocupan por el estudio de la Comunidad y por las instituciones que muestran interés en ello. Al fin y al cabo, el Consejo Consultivo de Castilla y León es el órgano en el que culminan las superiores consultas de la Comunidad en los asuntos que la ley dispone.

Por todo ello, haber impulsado esta obra constituye un orgullo por el significado que tiene: contribuir a una visión democrática de esta Castilla y León, la que corresponde y responde al cuadragésimo aniversario de su autonomía.

Con estas últimas palabras quedo a su disposición para aclarar las cuestiones que tengan a bien plantearnos. Espero no haber sido muy denso en los aspectos más jurídicos, y les agradezco su atención. Reitero mi agradecimiento, mi gratitud, de nuevo, a los consejeros por acompañarme en este acto y por su implicación en el día a día del Consejo. Muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Muchas gracias, señor Sánchez de Vega. Comenzamos ahora con la participación de los diferentes grupos parlamentarios. Los señores portavoces saben que van a tener un tiempo máximo de quince minutos -se lo comento al principio para que lo sepan-, a diferencia de otras Comisiones. Y empezaremos, como siempre, el turno de intervenciones con la intervención del Grupo Mixto. Y el portavoz será don Francisco Igea Arisqueta.

EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:

Bien. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida. Sabe que siempre es un placer volver a verle a usted y a todos los consejeros que le acompañan, muy especialmente al expresidente Herrera.

Son ustedes, en fin, una... -me va a permitir la broma- de recurso paleontológico, de otros tiempos. Y siempre da gusto verles por aquí, ¿no? Y más en estos tiempos en los que las cosas, bueno, pues parece que llevan un camino diferente.

Usted ha hablado largo y tiempo de la función del Consultivo, función esencial, sobre todo de la... los informes previos a las leyes que se elaboran en esta Comunidad, ya sea por el Gobierno o por el Parlamento, especialmente el Gobierno.

Y hay que reconocer -y ahí me gustaría conocer su opinión- que ciertamente las cosas han cambiado. Y que se han producido y se están produciendo cambios normativos esenciales sin el concurso del Consultivo. Y hablaré de... pues la Ley de Sanidad Animal; el blindaje -supuesto blindaje-, trampantojo, de los servicios sociales; la ley de concordia. Aunque hay que recordar -ya que está hoy aquí el presidente Herrera- el importante trabajo que se hizo con el Decreto de Memoria Histórica, que consiguió -ahí sí- concordia, ahí sí. Y hoy que está aquí es bueno reconocerlo, porque lo que tenemos encima de la mesa es más discordia que concordia. Desde luego, proporcionalmente mucho más: peor texto, peor alma y peor espíritu.

Y quizás en la intervención del Consultivo pues podría haber hecho algo al respecto. Pero es que se ha llegado incluso al despropósito de que una proposición de ley de estas Cortes desarrolle un decreto como el de difícil cobertura. Yo también me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo es posible, en fin, que una proposición de ley desarrolle un decreto que existe ya desde hace muchos años, como es el decreto de difícil cobertura? Todo ello -en mi opinión- nos trae nostalgia de un funcionamiento normal de las instituciones, que se ha abandonado en esta legislatura.

Y, por último, me gustaría resaltar también y conocer su opinión a este respecto sobre qué opina usted de que algo tan importante como la agencia de lucha contra la corrupción se haya desarrollado sin informe previo de nadie y en una disposición adicional segunda de una Ley de Presupuestos. No sé si esto a ustedes les parece lo propio, lo normal. Todas estas cosas son realmente sorprendentes.

Con respecto a la evolución de los recursos y de las materias consultadas que figuran en su Memoria, llama la atención, entiendo que en gran parte por el fin de la pandemia, pero la disminución como agente consultante de la Consejería de Sanidad, prácticamente más de 100; es el que más desciende como agente consultante.

Y llama la atención, en la responsabilidad patrimonial, que ha pasado de haber una coincidencia entre la Administración consultante y el Consejo pues del 82 % al 72. Ha bajado diez puntos el grado de concordancia entre lo que ustedes proponen y lo que propone la Administración consultante; lo cual también creo que es un asunto importante.

Sobre el asunto de la responsabilidad patrimonial, centrado básicamente en las reclamaciones por las medidas restrictivas del COVID, sí quiero resaltar la coincidencia de este... de este Consejo Consultivo con la sentencia del Supremo. La última de ellas dejaba bien claro que las medidas que se tomaron estaban ajustadas a la legalidad, al conocimiento científico, eran proporcionales, eran bienintencionadas. Lo digo porque si usted pudiera recordarles esto a alguno de los grupos que durante la pandemia y después de la pandemia se empeñaron en desprestigiar la acción de la Administración autonómica en la lucha contra la pandemia. Hoy, no solo la ciencia, no solo la evidencia, sino también la legalidad, ponen de manifiesto que esa actuación fue justa y proporcionada.

Tampoco sería un mal día hoy para recordar una cosa sorprendente: que es que hubo más fallecidos por COVID en dos mil veintidós que en dos mil veintiuno. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otras Comisiones.

Por lo demás, poco más que agradecer también su... su trabajo, su buen hacer, y esperar -y eso espero que suceda, si no en esta legislatura, a la cual ya se espera poco, sino en las siguientes- que ustedes puedan volver a hacer su trabajo con normalidad y con más intensidad. Yo les deseo que trabajen más. Cuanto más trabajan ustedes, mejores son las normas.

Y es sorprendente que haya quien haya decidido, en la presente legislatura, intentar eludir al pepito grillo que son ustedes, porque en realidad lo que están haciendo es eludir su propia conciencia. El Gobierno actual, la mayoría actual, lo que hace al eludir su control previo, aparte de poner en riesgo la garantía de la legalidad, es eludir su conciencia. Pero ya le digo yo que la conciencia le persigue a uno hasta el último de sus días. Nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Muchas gracias, señor Igea. Le recuerdo a los señores portavoces que estamos hablando de un asunto, que es la Memoria del año dos mil veintitrés. Se lo recuerdo a todos porque no me gusta interrumpir ni ser protagonista de la Comisión. Pero voy a hacer un recordatorio en este momento, porque creo que tenemos que ser conscientes todos de qué estamos hablando.

Para continuar con el turno de intervenciones, le corresponde la palabra al portavoz del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, don Juan Antonio Palomar Sicilia. Tiene la palabra por un turno de quince minutos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PALOMAR SICILIA:

Sí. Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Y, bueno, darle la bienvenida al señor Sánchez de Vega y a todo su equipo que se encuentra hoy con él.

Y me gustaría destacar pues unas cuantas cuestiones que creo que tienen gran relevancia para mi formación. En primer lugar, pues destacar la falta de participación ciudadana en ciertos... ciertos trámites administrativos, lo que constituye un desafío que debe abordarse con premura y eficacia. De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento de la Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo, esta institución tiene la facultad de formular mociones y recomendaciones destinadas a mejorar el funcionamiento de la Administración.

Sin embargo, en los dictámenes emitidos sobre anteproyectos de ley y disposiciones de carácter general, el Consejo Consultivo ha identificado recurrentemente la dificultad de dotar de coherencia el régimen jurídico aplicable al procedimiento de elaboración de normas autonómicas. Este órgano advierte una notable indeterminación y confusión normativa respecto a la articulación de los trámites de participación ciudadana. Como digo, esta indeterminación se manifiesta especialmente en la implementación de los derechos de participación y de audiencia de los ciudadanos, consagrados en los Artículos 9.2 y 105.a) de la Constitución española. Y más especialmente, se evidencia en los procedimientos de consulta pública previa, audiencia e información pública.

Por lo tanto, es fundamental garantizar la realización efectiva de estos trámites de participación ciudadana, proporcionando seguridad jurídica a la normativa autonómica, como sucede con la Ley 3/2001, que se requiere... se remite -perdón- a una normativa de procedimiento común que en la práctica no siempre se aplica íntegramente en la elaboración de leyes y solo resulta parcialmente efectiva en la creación de reglamentos.

Un ejemplo concreto en esta problemática es el plazo concedido para los trámites de participación ciudadana, audiencia e información pública de los procedimientos de elaboración de proyectos normativos. El Consejo Consultivo ha observado que, a pesar de las recomendaciones contenidas en la Memoria de dos mil uno, en varios procedimientos normativos el plazo otorgado para estos trámites todavía concluye a las 14 horas del último día establecido. Esta situación persiste a pesar de que las sugerencias y observaciones deben presentarse a través del portal del Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, el cual está habilitado las 24 horas del día.

En vistas de ello, el Consejo Consultivo reitera que la participación ciudadana no debe limitarse hasta las 14 horas, sino que debería extenderse hasta las 23:59 horas del último día natural. Esta ampliación es especialmente relevante cuando el plazo concedido es el mínimo de 10 días naturales y no se especifica la hora en que comenzó dicho plazo.

La garantía de una participación ciudadana efectiva y el establecimiento de una normativa clara y coherente son pilares fundamentales para una Administración transparente y democrática. El acceso y la capacidad de influir en los procesos normativos refuerzan la legitimidad de las instituciones y fomentan una ciudadanía activa y comprometida.

La extensión de los plazos para que sea posible esta participación constituye un paso esencial para asegurar que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y tenidas en cuenta en la elaboración de normas que les afecta directamente. Por eso es tan importante que la Administración deba adoptar medidas concretas para resolver la indeterminación y confusión normativa, porque es imperativo proporcionar un marco jurídico claro y accesible que garantice el derecho de todos los ciudadanos.

En segundo lugar, en lo referente a la jurisdicción contencioso-administrativa y al recurso especial, pues se continúa observando una problemática persistente: la ampliación... la aplicación de normativa desfasaba... desfasada -perdón- en las sentencias emitidas por los tribunales de lo contencioso-administrativo. A diferencia de los tribunales de recursos contractuales, estos tribunales tienden a aplicar lo que se denomina derecho histórico, lo que significa que, según el Informe CIJA dos mil dieciocho, que, en materia contractual, los contratos se rigen por la normativa vigente en el momento de su adjudicación. Esto conlleva a que frecuentemente los litigios actuales se resuelvan con base a normativas antiguas.

Esta práctica resulta en que menos de un tercio de los asuntos se resolvieron aplicando dichas... pues normas... las normas vigentes durante el año dos mil dieciocho, lo cual pone en evidencia un desfase significativo entre la evolución normativa y la resolución de los litigios. El retraso en los procedimientos judiciales, caracterizados por su larga duración, impide que las interpretaciones judiciales se ajusten al ritmo de las novedades legislativas, lo que dificulta la consolidación de una jurisprudencia actualizada y coherente. Esta situación, evidentemente, requiere pues creo que de una corrección urgente.

El anacronismo en la ampliación de Derecho no solo afecta la seguridad jurídica, sino que también socava la eficacia y la relevancia de las decisiones jurídicas... -perdón- las decisiones judiciales. Debe de reducirse la brecha temporal entre la normativa vigente y su aplicación en los litigios. La adaptación de las interpelaciones... interpretaciones jurídicas a las leyes contemporáneas es esencial para garantizar que las sentencias reflejen adecuadamente el marco actual y respondan a las necesidades y realidades presentes.

Una corrección en este aspecto no solo mejoraría la calidad de las resoluciones judiciales, sino que también contribuiría a la confianza en el sistema judicial y en la Administración.

Y ya, por último, nos ha llamado la atención una cuestión en relación a la provincia de Soria. Es importante referirse a los dictámenes, los cuales pues representan la expresión ordinaria del ejercicio de la función consultiva, conforme a lo establecido en la Ley 1/2002, de nueve de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, y en el marco normativo consagrado en el Artículo 149.1.18 de la Constitución española, asumido por la Comunidad de Castilla y León para regular la organización de sus instituciones de autogobierno.

Bien. En las reuniones del Consejo Consultivo se han aprobado un total de 539 dictámenes -los ha nombrado usted en su intervención, señor Sánchez de Vega-, y entre estos pues destacan particularmente los relativos a la responsabilidad patrimonial, que son los más frecuentes y cuya provincialización se basa en el lugar donde se produjeron los daños reclamados. Siguiendo la tendencia de los años anteriores, Valladolid, León y Salamanca son las provincias que más dictámenes han generado, como nos ha señalado usted, en dos mil veintitrés. En contraste están: Burgos, que ha solicitado 40 dictámenes; Segovia, 45; y Zamora, 44. Y las cifras más... más bajas pues se registran en Palencia, con 30; Ávila, con 29; y en mi provincia, Soria, con 28. Considerando el factor poblacional, Segovia emerge como la provincia que ha recibido más dictámenes del Consejo Consultivo, con 29,20 dictámenes por cada 100.000 habitantes. Ávila y Soria, por otro lado, se sitúan en niveles más bajo... más bajos en términos absolutos como relativos, siendo Soria notablemente inferior a la media autonómica. Y este dato podría reflejar pues lamentablemente unas carencias de expedientes en mi provincia.

El análisis de estos dictámenes ofrece una visión profunda sobre la distribución de las reclamaciones y las respuestas consultivas en Castilla y León. La concentración de dictámenes en provincias como Valladolid, León y... y Salamanca -perdón- pueden ser identificadas de una mayor pues actividad administrativa o de una mayor incidencia de daños que requieren dictámenes consultivos.

En contraste, las bajas cifras en Soria podrían sugerir una menor incidencia de reclamaciones o una subutilización de los mecanismos de reclamación disponibles, algo que también debería pues intentar corregirse -no sé; si me lo puede aclarar, cuál de estas dos pueden ser- a través de una mayor intervención administrativa o un ajuste de las políticas de gestión de reclamaciones. Así que, bueno, esas tres cuestiones serían, principalmente. Nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Muchas gracias, señor Palomar. Continuamos con el turno de intervenciones. En este caso le corresponde al Grupo Vox Castilla y León. En este caso, su portavoz será la señora Hernando Ruiz. Le recuerdo también por un tiempo máximo de quince minutos.

LA SEÑORA HERNANDO RUIZ:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, quiero dar la bienvenida en esta Comisión al presidente del Consejo Consultivo, el señor Sánchez de Vega, al igual que a todos sus miembros que le acompañan hoy en esta Cámara, consejeros y letrados de equipo.

En primer lugar, mostrarle también nuestro agradecimiento, por parte del Grupo Parlamentario Vox, reconociendo el trabajo que llevan a cabo desde el Consejo Consultivo, así como desde el TARCCYL; un trabajo que, como bien ha expuesto, es de control y garantía de la legalidad y aplicación del Derecho, como garante a su vez de la actividad de la Administración autonómica y de las Administraciones locales, repercutiendo directamente en los ciudadanos de la región.

Por otro lado, también quería manifestar que este trabajo de la función consultiva y... y jurisdiccional de los recursos en materia de contratación elaborados y desarrollados por esta Institución Propia de estas Cortes deben de ir de la mano de la buena gestión y del uso eficiente de los recursos públicos, que debe ser siempre una máxima de cualquier gobernante o de cualquier institución que dependa de las mismas. Y como, por otra parte, además, así tenemos recogido también en el acuerdo de Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox para esta legislatura.

Quiero aprovechar también para significar los datos que se recogen en esta Memoria, como digo, exhaustiva, detallada y bastante completa, y, desde luego, interesante.

En cuanto a la actividad consultiva, por un lado estamos hablando de un incremento en los asuntos dictaminados con respecto al año anterior, y vemos que ha habido un vuelco en cuanto a la resolución de estos dictámenes en procedimientos de responsabilidad patrimonial. Vienen de la Administración autonómica, con un 67,16 % respecto a algo más del 76 % del año anterior, de los que del ámbito sanitario corresponden al 14,60 %, por su especial incidencia en la vida cotidiana... ¡ay!, ciudadana -perdón-.

En cuanto a consultas de Administración regional y entidades locales, que es a lo que se hacía referencia antes, se mantiene el volumen, con apenas un cambio porcentual en cuanto a los dictámenes emitidos respecto de entidades locales, y ahora pasamos de un 53,99 % de consultas procedentes de la Administración regional, frente al 53,03 del año anterior. Y entidades locales, a un 45,08 %, frente al 43,83 del año anterior. Entendemos que es significativo, aunque -como digo- está perfectamente explicado y reflejado en la Memoria el motivo, pero, en cualquier caso, es reseñable.

En cuanto al TARCCYL, el Tribunal Administrativo eleva su cifra de asuntos en litigio, que pasan de los... de 5.434 millones del dos mil veintidós, que venía en la Memoria del año anterior, a los 1.580 millones de... de este dos mil veintitrés, que se refleja en la Memoria. Y hay cuatro sentencias de la jurisdicción contenciosa sobre recursos planteados por el TARCCYL: en tres de ellas se confirma la posición mantenida por este; y solo una se ha estimado el contencioso-administrativo planteado.

Respecto a temas de transparencia, la actividad de la página web baja a niveles inferiores de los de dos mil veintidós y dos mil veintiuno, sumando solo 2,5 millones de visitas. Me gustaría saber si esto aplica también el canal de denuncias, puesto que sería conveniente saber si, a pesar de haber añadido el canal de denuncias, han bajado en 400.000 las visitas del portal web, casi un 13 % de las visitas. Si es así, a pesar de la inclusión del canal de denuncias, ha caído... han caído las visitas, y nos gustaría saber el porqué.

Respecto de la rapidez de los dictámenes, mejoran sensible... sensiblemente los índices de años anteriores, pasando de 22 del dos mil dos a 20 días hábiles.

Pero sí quería aprovechar también para hacerle una segunda cuestión, o para plantearle una segunda cuestión, y es que cuando... en cuanto a la posibilidad de ampliar o reducir plazos en la Administración de dictámenes, al que se hace referencia en la Memoria, se ha acordado en la Memoria del dos mil veintidós, lógicamente, la ampliación del plazo para emitir dictámenes en 98 casos -y ahí viene reflejado-, que supone algo más del 16 % de los dictámenes emitidos. Y la pregunta en concreto es: ¿son las causas o la causa principal, si hubiera... si hubiera varias al respecto?

Significar también las auctoritas del Consejo. Se mantiene el dato en un 96 % respecto de la Memoria del año anterior. Como vemos, al mantenerse el dato de la aceptación, la doctrina amplía y reiterada del... amplia -perdón-, la doctrina amplia y reiterada del Consejo en cuanto a la emisión de sus dictámenes sigue el camino del año anterior, por lo que sigue siendo tomada en cuenta como una referencia por parte de las Administraciones locales y de la Administración autonómica.

Y, por último, hacerle una última cuestión -permítame también el matiz, al igual que las anteriores-, es que el apartado 146, de personal de la institución, hace mención a las vacantes actualmente, al cierre de Memoria... de la Memoria; refiere que hay 5 vacantes -hay 23 cubiertas de 28-, de las que 2 de ellas son de letrado, 1 de documentalista, 1 de técnico en el servicio de expedientes y la última de jefe de negociado en el servicio de expedientes. Y queríamos saber la situación actual, a día de hoy, respecto a estas vacantes, puesto que -como digo- la Memoria hace referencia al dos mil veintitrés, o al cierre de la Memoria del ejercicio dos mil veintitrés. Nada más. Y muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Muchas gracias, señora Hernando. Por cuarto lugar, tendrá la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Luis Briones Martínez -le recuerdo-, por un tiempo máximo de quince minutos.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, dar la bienvenida y agradecer la comparecencia del señor presidente del Consejo Consultivo, el señor Sánchez de Vega, de la señora Valles Ares y del señor Ramos Antón, que son los consejeros electos.

Y también, ¿cómo no?, dar la bienvenida que... también al señor Juan Vicente Herrera, expresidente de la Junta de Castilla y León. Siempre es grato verle por aquí y seguir... seguir con ganas, cómo viene a estas, sin duda, comparecencias, ¿no? También al resto de los miembros del Consejo que hoy le acompañan, también a los letrados.

Nosotros nos felicitamos, en primer lugar, de los más de 20 años de la instauración del Consejo Consultivo -lo dijimos y lo volvemos a decir-, y también de más de diez años desde la creación del Tribunal de Recursos Contractuales. No nos queda a los socialistas la menor duda del acierto que hubo en su momento en la implantación, fundamentalmente por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista. Y estamos, sin duda alguna, viendo los resultados.

Hoy ha aportado nuevamente dictámenes de calidad democrática, de conocimiento experto, de control de la Junta y de las entidades locales, del Poder Ejecutivo. Pensábamos que iba a ser así. Hoy empezamos a notar alguna cosa y ya no vemos ese control porque -como explicaré- parece que se nos está yendo a través de algunas de las proposiciones de ley que quieren suplir algunos de lo que serían los proyectos de ley.

Por lo tanto, tenemos que decir que lo primero que procede, y exigimos nuevamente a los grupos mayoritarios, es que se proceda a la renovación de este órgano tan necesario en esta Comunidad Autónoma, porque está cumpliendo a rajatabla las funciones que le encomienda el Estatuto de Autonomía y la propia ley. Y como reiteramos siempre desde este grupo parlamentario, debe estar el Consejo al margen de los avatares políticos y partidistas de este Parlamento.

En primer lugar, vamos a analizar -eso sí, brevemente- la Memoria de los dictámenes del Consejo Consultivo y, posteriormente, la del Tribunal de Recursos Contractuales. Pero me permitirán que este año hagamos una importante y extensa referencia a algo que nos empieza a preocupar gravemente desde el punto de vista jurídico y de calidad democrática, como es el de privar a este órgano esencial de la Comunidad de la calidad de sus dictámenes, ya que, lamentablemente, parece una voluntad, por parte fundamentalmente de los grupos de Partido Popular y Vox, de evitar los pronunciamientos del Consejo Consultivo en algunas de las leyes esenciales como la ley de concordia o en decretos de leyes de los que posteriormente hablaremos y que, a nuestro entender, pudieran rezumar un tufillo antidemocrático.

En primer lugar -como he dicho-, hablaremos de los dictámenes del Consejo Consultivo. Vamos a reiterar algunos datos, que creemos que es bueno ponerlos también de relevancia. Lo primero que tenemos que saber es que el Consejo Consultivo sustituye .....; es el órgano externo encargado de velar por la legalidad de los acuerdos y de las leyes, entre otras importantes funciones encomendadas, y en cuya... en cuya función advierte y garantiza y ayuda a tomar decisiones jurídicamente lo más acertadas posible, con muchísimo éxito. Por tanto, yo creo que eso es relevante.

¿En cuanto a la actividad propia? Bueno, algunos datos. Yo creo que es... lo ha dicho en este caso el presidente al inicio: el Consejo emitió 539 dictámenes, y por unanimidad prácticamente de todos, en el año dos mil veintitrés. Yo creo que eso es fundamental, es determinante.

Pero yo... parece que ha habido una reducción con relación al año anterior, con el año dos mil veintidós, pero sí que la parte positiva, y es la que me gusta resaltar, es que los dictámenes se emitieron en un plazo de 18 días hábiles. Sin duda alguna, para nosotros es una magnífica... una magnífica noticia la bajada de los 20 días a los 18 días. Parece que no, pero los que trabajamos en el ámbito judicial sabemos precisamente lo que eso significa.

El número de dictámenes son procedentes de las entidades locales. Y es verdad, y también lo ha dicho, se ha invertido, el 54 %; y el 45 % de la Administración autonómica. Antes era claramente al revés.

Y luego yo quiero destacar, en contra de lo que ha dicho por parte del Grupo Vox, bueno, pues que la web del Consejo Consultivo recibió más de 2,5 millones de visitas. Nosotros creemos que eso es más que indicativo del interés que puede despertar, sin duda alguna, por parte de quienes se dirigen a ellos.

De esos 539 dictámenes, 362 son de responsabilidad patrimonial -se ha puesto de manifiesto-. Prácticamente representan un 68 % del año dos mil veintitrés, y se debe fundamentalmente a la existencia de dos importantes bloques de consulta novedosos en el presente año en relación con la Administración autonómica, y se ha hablado fundamentalmente y me voy a referir a las Consejerías de Sanidad, que ha solicitado dictamen en 79 expedientes. Pero la situación es similar a la de otros años, tanto en el ámbito sanitario como el COVID.

Es decir, aquí hemos detectado, señor presidente, enormes retrasos en la resolución de los expedientes, de hasta cuatro y cinco años por parte de la Junta -como digo-, sobre todo en Sanidad.

Y en cuanto a las otras Consejerías, que han tramitado 129 consultas -hablamos fundamentalmente de Medio Ambiente, Vivienda, Ordenación del Territorio, Educación y Presidencia-, no voy a entrar en datos pormenorizados, porque usted lo ha explicado perfectamente y además vienen en la Memoria.

En cuanto al Tribunal de Recursos Contractuales, como saben, la principal función es resolver los recursos especiales en procedimientos de contratación de las Administraciones públicas regulados por la normativa europea y la Ley 9/2017, de contratos de las Administraciones Públicas. Y, con carácter preventivo, normalmente antes de su formalización, con un importe de ahorro de tiempo y de recursos tanto para las Administraciones como para los propios licitadores, contribuyendo a la garantía de las condiciones de igualdad y transparencia en la contratación pública.

En el año dos mil... dos mil veintitrés se presentan 179 recursos ante el TARCCYL, que emitió 180 resoluciones, resolviendo 174 recursos. Y el plazo de emisión de sus resoluciones también, también se redujo notablemente a 20 días hábiles desde la recepción del expediente y a dos meses, que es muy importante, desde la... la admisión a trámite.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en dos mil veintitrés se resolvieron 208 recursos, el 64 %. Es decir, 143 de los recursos presentados fueron dirigidos, como ha puesto de manifiesto el propio presidente, a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido precisamente el del final del recurso, es decir, el de la adjudicación de las obras.

Se ha puesto de manifiesto la cifra, pero creo que es importante nuevamente que quede constancia, y sobre todo en el Diario de Sesiones. Es decir, la suma de los valores estimados supera los 1.550 millones de euros el pasado año, de ahí el valor, sin duda alguna, que tienen sus resoluciones.

En cuanto a los recursos estimados en dos mil veintitrés y la tasa de éxito, en el total de los recursos resueltos, 84 fueron desestimados, 40 se inadmitieron y 27 fueron estimados, 18 % de los cuales de forma parcial.

Para nosotros, una de las más importantes claves de este tribunal es la agilidad en cuanto al tiempo de resolución de los expedientes. Así, comparando estas cifras con las del año dos mil veintidós, observamos, sin duda alguna, una mejoría respecto a los datos y a la duración de las resoluciones del Tribunal. Y, en este sentido, en dos mil veintidós se rebajó el más de 11 días hábiles la duración del procedimiento y 8 días desde la recepción del expediente de contratación completa.

Una vez realizadas -como he dicho, brevemente- las funciones del Consejo Consultivo y del TARCCYL, vamos a hacer referencia a lo que decía inicialmente, algo que nos parece fundamental y que hemos advertido en el inicio de nuestra intervención. Y aunque no está en las Memorias, porque no puede ni debe de estar, pero, como decía al principio, parece que existe una voluntad por parte del Gobierno de evitar los pronunciamientos del Consejo Consultivo de Castilla y León. Y eso habla bien del Consejo. Por algo será, por tanto, que la Junta de Castilla y León intente evitar sus dictámenes. Seguramente por su objetividad, auctoritas e independencia, yo creo que es determinante. Y habla, como decía, mal de la Junta de Castilla y León, que, a nuestro entender, menoscaba el sistema de contrapesos y equilibrios institucionales que aportan calidad democrática al autogobierno. Veamos.

En el año dos mil veintitrés se sometieron solamente dos anteproyectos de leyes a dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León: el anteproyecto de la ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración de Castilla y León; y el anteproyecto de ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León. Sin embargo, se presentaron en las Cortes, además de estos dos anteproyectos, dos proposiciones de ley por los Grupos PP y Vox y se sometieron a convalidación tres decretos-leyes. Ninguna de estas cinco normas pudo ser dictaminada por el Consejo Consultivo de Castilla y León. Por algo sería.

Así que podemos concluir que, el año pasado, Partido Popular y Vox le metieron al Consejo Consultivo y, por tanto, a la ciudadanía cinco -hablamos ahora que está la Copa de Europa- cinco... 5-2. Por lo tanto, una pena.

Las proposiciones de ley presentadas por los Grupos PP y Vox fueron las siguientes: la Ley 2/2023, bonificaciones fiscales de tasas veterinarias; la Ley 1/2023, de veinticuatro de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. Y es una pena, una pena que una ley como la Ley de Medidas, que es una ley del Gobierno, señorías, y de acompaña... de acompañamiento de los Presupuestos, se presente mediante proposición por parte de los grupos parlamentarios. Esto es indicativo de la confusión entre poderes y sus funciones, el Ejecutivo y el Legislativo, y, por tanto, de muy escasa cultura democrática.

Claro que las 42 enmiendas que se han presentado por parte de los grupos parlamentarios a la Ley de Medidas del veinticuatro es como escamotear al Consejo Consultivo y también al CES la mayor parte de esta Ley de Medidas.

Parece que el menoscabo al Consejo Consultivo es una de las principales funciones, la de mayor trascendencia y relevancia. Se está, sin duda alguna, convirtiendo en una cultura de la derecha y la extrema derecha de Castilla y León.

En cuanto a los decretos leyes, fíjese, el Decreto-ley 3/2023, de once de mayo, por el que se regula el Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, reguladora de la protección de las personas que informan... o que informen -perdón- sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, nada más y nada menos, hoy que tenemos aquí la persona que va a presidir precisamente este órgano.

O el Decreto-ley 2/2023, de Medidas Urgentes sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Creo que con los reiterados varapalos que esta Consejería se lleva un mes sí y otro no también en los tribunales, no está en absoluto de más que se busque en el Consejo de Castilla... -perdón- Consultivo de Castilla y León un poquito de calidad y seguridad jurídica.

O el Decreto-ley barra 2023, de treinta de marzo, por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Pero es que, además, cuando los proyectos de ley se someten al Consejo Consultivo, ni la Junta de... -esto ya es gravísimo- ni la Junta de Castilla y León ni los grupos Partido Popular y Vox le hacen ni el más... -permítanme que le diga- ni el más puñetero caso, aunque formalmente dicen que sí lo hacen, pero no se corrige en absoluto. Dos... y voy a poner dos ejemplos.

Primer ejemplo: la Ley 3/2024, de doce de abril, reguladora del modelo de atención a los centros de carácter residencial y centros de día, a pesar de las enmiendas que se presentan por los grupos, fundamentalmente del Grupo Parlamentario Socialista, siguiendo el dictamen prácticamente que sale inicialmente y que llega al Consejo, fíjense ustedes, llega el propio dictamen sin estudios previos, ni evaluación completa y rigurosa del impacto económico presupuestario, ni del impacto en materia de empleo, ni en el precio de los servicios de mercado. Pero esto se queda así. Así se aprueba la ley.

Hay otros defectos advertidos -y voy terminando- por el Consejo Consultivo y no corregidos: mínima eficacia ordenadora propia de la ley, que se suple con recomendaciones que dejan el texto en un importante nivel de indeterminación e inseguridad jurídica; falta de regulación de las ratios de personal; coexistencia de dos regímenes jurídicos diferenciados; falta de regulación de varias figuras profesionales del sistema de gestión de calidad de la participación de los usuarios. Hasta siete observaciones sustantivas que hacía el propio Consejo Consultivo a este... a este anteproyecto, y otras muchas de carácter orientativo, con poco éxito en lo sustancial.

Y el segundo ejemplo: la creación de la Autoridad Independiente en Materia de Corrupción de Castilla y León. Fíjese usted, la ley salió de las Cortes sin que la Junta corrigiera en el anteproyecto ni los errores ni las debilidades por el Consejo Consultivo, sin... sin delimitar -perdón- con claridad la naturaleza jurídica, sin definir sus funciones, sin garantizar la dotación y adquisición de medios suficientes, sin plena coherencia con la Ley 2/2023. En definitiva, en palabras del propio Consejo Consultivo, "sin un régimen acabado de la Autoridad Independiente a cuya creación procede, en cuanto a la naturaleza del órgano".

Y termino. Señorías, los dictámenes del Consejo Consultivo sobre los anteproyectos de ley son serios, detallados y de gran calidad jurídica, y cumplen su función con absoluta solvencia. Pero se observa que el Gobierno cada día elude, en mayor medida, los dictámenes del mismo, porque es el que le dice las verdades jurídicas y, sin duda alguna, la que aplica la normativa y la coherencia en las mismas.

Y en esta actitud antidemocrática amenaza con convertirse en cultura institucional, lo que constituye un menoscabo del Estado de Derecho y de la calidad democrática. Lo acabamos de ver con la Proposición de Ley de Concordia -termino ya-; sí, me ha dicho el señor presidente que, bueno, que no debo entrar, ¿no?, pero bueno, que lo vamos a ver. Es decir, ¿cómo es posible que una ley tan importante, tan importante, se haya impedido que la Mesa de las Cortes, controlada por PP y Vox, pueda, pueda pronunciarse sobre la misma? Un despropósito absolutamente democrático.

Por lo tanto, desde aquí nosotros proponemos al Consejo Consultivo que reflexione sobre estas cuestiones últimas que he avanzado, que estudie a propia iniciativa, como hacen en otros Consejos Consultivos, las materias en que evitan... en que se evita su dictamen y el alcance jurídico constitucional y estatutario de este comportamiento para el autogobierno.

No en vano, el dictamen del Consultivo sobre las disposiciones de más alto rango normativo constituye la más relevante función de este órgano, al que respetamos, cuya función defendemos y a cuyos miembros, a todos, aplaudimos por su trabajo en el año dos mil veintitrés. Muchas gracias, presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Muchas gracias, señor Briones. Finalizamos este turno de intervenciones con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Ramiro Ruiz Medrano -le recuerdo también-, por un tiempo máximo de quince minutos.

EL SEÑOR RUIZ MEDRANO:

Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Iniciar esta intervención podría hacerse de diversas maneras, pero todas ellas serían incorrectas e incluso maleducadas si no lo hiciera con palabras de bienvenida al presidente del Consejo Consultivo y del TARCCYL, señor Sánchez de Vega, así como a los señores consejeros de dicha institución: la señora Ares, el señor Ramos y el siempre evocado en esta Casa para bien, el expresidente señor Herrera Campo, consejero nato. Por supuesto, también al secretario general y letrado jefe, señor Píriz Urueña, así como a Luis Gracia, actual titular de la Autoridad Independiente en Materia de Corrupción. Gracias a todos por su presencia. Y gracias al conjunto de trabajadores que, desde la independencia, la sabiduría jurídica, la eficacia, hacen posible el cumplimiento de sus funciones con brillantez, rigor y prontitud. Y gracias especialmente a usted, señor presidente, por su clarificadora exposición.

Han sido varias las ocasiones que he tenido la oportunidad de escuchar sesiones similares a las que hoy estamos celebrando, y siempre hemos sido gratamente sorprendidos por su capacidad de condensar la ingente labor desarrollada por la institución que preside a través de la docta palabra que le acompaña en todas sus exposiciones.

Coincidirán conmigo, señorías, que en esta comparecencia estamos asistiendo y siendo partícipes de un singular acto de democracia y de transparencia, donde lo expuesto hoy y lo disponible y actualizado en el portal web del órgano consultivo -destaco: con más... como ya se ha dicho, más de dos millones y medio de visitas recibidas- nos ofrece todo tipo de información y documentación para sentirnos orgullosos de este recurso que tiene 21 años de existencia. Y que, dando continuidad a este compromiso de transparencia, y en cumplimiento de la Ley 2/2023, de veinte de febrero, también ha puesto en funcionamiento su canal de denuncias.

El objetivo común del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo es el de garantizar la legalidad y la defensa de los derechos de los castellanos y leoneses en su ámbito competencial. Y vemos como este importante reto se realiza de forma conjunta, como muestra, una vez más, del autonomismo útil y austero que representa esta Comunidad: misma infraestructura, mismos medios personales, mismo presupuesto, para así hacer eficaz la encomienda de los dos órganos. Como Consultivo, mediante dictámenes para velar por los derechos en los procesos de las decisiones de las Administraciones de Castilla y León; y, como Tribunal Administrativo, mediante resoluciones ejecutivas, garantizando el procedimiento de contrataciones públicas imparciales y conforme a ley.

Antes de adentrarme en el análisis de la Memoria presentada, y pese a que todos conozcamos las raíces de esta institución, me parece oportuno resaltar la plena autonomía orgánica y funcional con la que el Consejo ejerce sus funciones, algo que le garantiza su plena objetividad e independencia. Su función es, además de ejercer sus funciones complementarias, la emisión de dictámenes jurídicos a través de consultas preceptivas o facultativas sobre asuntos sometidos a su consideración por las Administraciones autonómica y las locales de Castilla y León.

Algo también que se viene cumpliendo con rigor y eficacia desde su constitución, con la Presidencia de la señora Salgueiro, el señor Amilivia y el hoy... y hoy el señor Sánchez de Vega, acompañados como consejeros, entre otros, de los expresidentes de la Junta de Castilla y León Madrid López, Nalda García, Herrera Campo o el expresidento... -perdón- o el expresidente de las Cortes, señor Estrella Hoyos (anteriormente expresidentes de la Junta). A todos, al igual que al resto que por economía del tiempo no he nombrado, también nuestra gratitud por esa labor y por prestigiar a esta institución.

Más de 20 años los cumplidos por el Consejo y más de 10 los del Tribunal Administrativo. Cumplidos y cumpliendo a plena satisfacción la labor encomendada -encomendada y desarrollada con eficacia- y con el reconocimiento de las Administraciones como garante jurídico de los procedimientos y de la legalidad de la actuación administrativa, y generando confianza plena entre los licitadores, operadores jurídicos, entre los distintos agentes afectados e implicados.

La Memoria de dos mil veintitrés, presentada para conocimiento de esta Cámara, de las Administraciones y de los ciudadanos de nuestra Comunidad, recoge, en sus más de 165 páginas y en los cuatro bloques referenciados, un gran número de apartados que aportan información y documentación.

Por ejemplo, hemos leído y escuchado como durante el año dos mil veintitrés fueron 539 los dictámenes emitidos por el Consejo; todos ellos por unanimidad, sin votos particulares. Y 180 los recursos que resolvió el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCYL). Existe un pequeño descenso, es verdad, en relación al dos mil veintidós, aunque son datos muy similares a los de años anteriores.

Sí que nos parece destacable que las consultas realizadas -como ya ha dicho algún otro interviniente- por las entidades locales, prácticamente un 54 %, superen a las que surgieron de la Administración autonómica, un 45 %.

Nos satisface, tal y como se refleja la Memoria, que el 95 % de las decisiones administrativas han confirmado el parecer del Consejo.

Otro motivo también para felicitarles es el haber alcanzado el compromiso adquirido el año pasado de reducir a 18 días el tiempo de emisión de sus dictámenes. Y seguro que sin haber perdido un ápice de calidad y rigor en los mismos.

Datos, entre otros muchos, que, como le hemos escuchado y que nosotros coincidimos, otorgan a la institución la plena confianza para que las Administraciones sigan confiando en el Consultivo como garante de la legalidad de los procedimientos y de las actuaciones administrativas, que los ciudadanos vean protegidos sus derechos y que el Tribunal genere confianza prejudicial entre todos los agentes implicados en las contrataciones.

A lo largo de su intervención nos ha hablado de la auctoritas, algo que la institución que usted preside se ha ganado por su buen hacer, y no solo por la definición que pueda emanar del Estatuto de Castilla y León, y sí por la confianza, la calidad y el rigor jurídico.

También por el esfuerzo por mantener los índices de calidad de los dictámenes o de las resoluciones, por el cumplimiento de los plazos de las resoluciones de los expedientes y por tener detrás el aval de los datos y el valor moral de la autoridad.

Igualmente, nos parece destacable confirmar la continuidad que se está llevando a cabo para dar a conocer la labor que se está desarrollando desde el Consejo, a través de jornadas, a través de seminarios, a través de reuniones académicas.

Y, ¿cómo no?, destacar, como usted ha hecho en su exposición, la jornada "Cinco años de la Ley de Contratos del Sector Público", llevada a cabo aquí, en las Cortes de Castilla y León; o las jornadas conmemorativas del 45 aniversario de nuestra Constitución y el 40 del Estatuto de Autonomía.

Estas actuaciones, y todas las reflejadas en la Memoria, justifican la labor divulgativa y formativa, que facilitan un mayor acercamiento y conocimiento de la institución.

También destacaríamos, al menos desde el Grupo Popular, el apartado donde se recogen la doctrina legal, las mociones y recomendaciones, los plazos de caducidad, la doctrina del Consejo y la responsabilidad patrimonial de la Administración -por cierto, el origen del mayor número de dictámenes, 155, en esta Memoria de dos mil veintitrés-. O materias tan relevantes como la resolución de contratos de suministros y de obras.

Vemos igualmente con agrado cómo se recogen mociones y recomendaciones para alcanzar un mejor funcionamiento de la Administración, y que el Grupo Popular analizará con detalle: la ampliación del horario para el plazo en los trámites de participación ciudadana, mayor agilidad en los expedientes de responsabilidad patrimonial o la insuficiencia... la insuficiente evaluación de los impactos preceptivos. Son cuestiones que desde luego conviene estudiar y que conviene abordar.

En la Memoria del TARCCYL comprobamos como existe un exceso de licitaciones que han quedado desiertas. Y también nos preocupa las actuaciones que han sido abandonadas por, entre otras causas, el importante incremento de los precios.

Yo no quiero ya concluir sin destacar el esfuerzo que realiza el Tribunal por rebajar significativamente los plazos de resolución de los expedientes, dejándolos en 20 días, ante los 28 del año pasado.

Desde el Grupo Popular no solo apoyamos a la institución que usted preside, sino que reiteramos nuestro reconocimiento público a la labor que desarrollan día a día. Pueden estar orgullosos y satisfechos. La institución no solo está demostrando que está plenamente consolidada, que se ha ganado el respeto de las Administraciones y de los ciudadanos, sino que forma parte del llamado "autonomismo útil al servicio de las personas", acuñado por el presidente Herrera.

Una vez más nos ha demostrado, señor Sánchez de Vega, que su buen hacer es positivo, nos da pie a que el minucioso trabajo desarrollado durante estos 365 días y expuesto y desgranado en la Memoria presentada nos haya resultado mucho más entendible y mucho más asequible. Gracias por su palabra y por su labor. Pero dos cuestiones:

Una: ¿evitar el informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, en la ley de amnistía es ejemplar?

Y segunda: enhorabuena; enhorabuena por la publicación señalada, que, a buen seguro, será libro de cabecera para los estudios en general y en particular para los convencidos con nuestra Autonomía. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Muchas gracias, señor Ruiz. Para contestar a las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, tiene la palabra el excelentísimo presidente del Consejo Consultivo, don Agustín Sánchez de Vega.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR SÁNCHEZ DE VEGA):

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, y por supuesto, gratitud a todas las palabras de ánimo, de continuidad, de respaldo, de felicitación, por supuesto. Este... este es nuestro trabajo. Y ¡hombre!, pues no está mal de vez en cuando oír palabras favorables, ¿no? Por lo tanto, yo lo agradezco personalmente, pero creo que lo agradezco en nombre de quienes estamos aquí. Somos el Consejo, somos el Tribunal. Por lo tanto, muchísimas... muchísimas gracias.

Después han sido... han sido muchas las apreciaciones que han... que han hecho ustedes. Intentaré... intentaré, pues sistematizarlas de la manera que pueda, improvisando en este momento de la siguiente manera, porque han surgido numerosos asuntos, muchos aspectos.

Primero. Yo creo que lo primero que para nosotros es una Memoria y la... y la actividad de hoy es un ejercicio de transparencia, de claridad, de honestidad, de puesta en... al público de lo que hemos hecho durante el año dos mil veintitrés; de los problemas que hemos tenido, de los asuntos que hemos tratado, de cómo los hemos resuelto, de cómo hemos dictaminado; de, a la vista de los dictámenes y hacia dónde, pues los... las Administraciones consultantes hacia qué... qué orientación tienen, qué orientación llevan. Y todo esto concluye en... no solo en la Memoria, sino en el conjunto de comentarios que hoy hemos visto, ¿no? Y, por lo tanto, para nosotros, como digo, es un... es un elemento clave de honestidad sobre el trabajo que hacemos.

También, también cuando indirectamente se producen, bueno, pues críticas al funcionamiento de la Administración en general o autonómica, o críticas o posiciones contrarias a las que mantienen las Administraciones locales, que hay numerosos casos. No hace falta que lo... que los exponga, ¿no?

Bien. Comenzando por lo más complicado, seguramente, a que han aludido todos los portavoces, y que han aludido el portavoz del PSOE críticamente, el portavoz del Partido Popular desde otro punto de vista, también... también creo que Igea y los demás representantes, representantes de Vox y Soria ¡Ya! Es decir, todos los grupos yo creo que han insistido en este problema general, problema general de la situación nacional en su conjunto y -permítanme que hable así, ¿no?-, de cómo el poder, quien sea quien lo detenta, busca fórmulas para evitar controles o busca fórmulas para hacer más fácil la conclusión de sus planteamientos, ¿no?, independientemente de quien lo ocupe. Y esto, inevitablemente, yo tengo que decirlo por... por otras condiciones, ¿no?, que son las de estudiar el Derecho Constitucional y estudiar, bueno...

Es decir, hay dos... dos huecos por los que el control del poder político se escapa -y digo en general-, y estos son -y se han puesto de manifiesto hace ya mucho tiempo- las proposiciones de ley y los decretos-leyes. Los decretos-leyes, suavizados por el Tribunal Constitucional de una manera ya... a lo largo de sus años, de los 45 años -del año setenta y nueve, ¿no?, se inicia el Tribunal Constitucional, el funcionamiento-, pues se ha ido suavizando cada vez más hasta dar... dar autenticidad o dar legitimidad a los decretos-leyes ómnibus; con lo que ya es tremendo el que el requisito previo sustancial del... de la extraordinaria y urgente necesidad se haya convertido en nada es extraordinario, nada es urgente, nada es necesario, todo... todo es posible, ¿no?

Y entonces, en esa línea, pues los Gobiernos de un signo, de otro signo, autonómicos, nacional, etcétera, pues han encontrado en esa línea una forma de dar respuesta rápida, ¿no?, anticipación y rapidez a los problemas que... que afrontan.

El otro asunto es algo más complicado, porque son las proposiciones de ley, ¿no?, una fórmula a través de las cuales pueden sortearse... -uno y otro lo han dicho desde dos puntos de vista distintos- puede sortearse el control de los procedimientos.

El problema es que cuando se atribuye a un órgano externo, como los Consejos Consultivos o el Consejo de Estado, insertarse en el procedimiento legislativo, pues... pues se está, digamos, vulnerando la sacrosanta interna corporis de las Cámaras. Pero bueno, esto... esto ya sucede en Cataluña, el Consejo de Garantías Estatutarias. Sucede también en... en este... en Canarias: el Consejo Consultivo de Canarias pues emite dictámenes sobre las proposiciones de ley.

Y, en nuestro caso, pues está el requisito previo de la unanimidad de la Mesa, ¿no? Y ahí estamos. No... no digo nada. Es decir, no... es una fórmula posible, es una fórmula valorable, valorable, para que un órgano externo también... -por supuesto que la... las Cortes tienen sus... sus letrados y son muy solventes, ¿no?- para que un órgano externo pudiera pronunciarse sobre... sobre la elaboración de una proposición de ley, ¿no?

Pero también he de decir que la generosidad con que se regula el Consejo Consultivo de Castilla y León no se produce en muchos de los otros Consejos Consultivos. Y digo generosidad no solo en cuanto a las competencias, en cuanto a la estricta composición, a su... este... elección por las Cortes, que da muchas garantías, con un altísimo porcentaje (tres quintos), pues esto da independencia, autonomía, autoridad también, auctoritas al fin y al cabo, ¿no?, al Consejo de Castilla y León, lo que no ocurre en otros Consejos. Si ustedes lo piensan bien, pues el conjunto de Consejos Consultivos acaban formando una especie de sistema, ¿no?, de sistema consultivo, de sistema con respecto a cada uno de los Gobiernos y las Comunidades Autónomas, del Estado de Derecho expresado en términos autonómicos. Bien.

Por lo tanto, este, que es un problema constitucional, pues no me permite a mí entrar en concreto en el asunto de Castilla y León. Sí observamos, claro, que este es un problema que se está produciendo en el conjunto del... del Estado; también en las Comunidades Autónomas.

Con respecto a otras cuestiones... Que evidentemente esté significa que la solución está en las manos de los Parlamentos autonómicos. El querer convertir a los Consejos Consultivos en el órgano supremo máximo o en el órgano jurídico superior en todos los órdenes a que los Consejos Consultivos sean un órgano de asesoramiento, incluso interno o próximo al Gobierno, hay un abismo imponente. Pero bueno, esto es otra cuestión, que nos llevaría muy lejos.

Con respecto a otros asuntos. Agradezco muchísimo que... que reflejen -y lo han dicho todos- que se ha mejorado el plazo, se ha mejorado el plazo de resolución de los asuntos. Es decir, una institución para ser útil tiene, efectivamente, que ser más o menos rápida. Si en otros años hemos tardado más es por, precisamente, la situación de personal que vivimos, que los que llevan con nosotros en la Comisión más tiempo pues lo conocen. Y entonces, claro, se trata este de un órgano bastante escueto en cuanto a personal. Somos veintitantas personas (26-28), que tenemos vacantes algunas plazas -creo que se ha referido la representante de Vox a ello-. A día de hoy estamos mucho mejor, porque están todas las plazas de letrado cubiertas, es decir... sí, algunas de Administración, de funcionarios y demás, están vacantes.

Pero, obviamente, queremos plantear... -y lo digo aquí, por ser la sede- queremos plantear una revisión de la RPT, de la relación de puestos de trabajo del Consejo, porque -aludía también la representante de Vox-, efectivamente, aquí hay una plaza de documentalista; es decir, en el siglo XXI, con el sistema internet y con fórmulas de... pues el documentalista la verdad es que estamos pensando que a lo mejor pudiera reconvertirse en otro tipo de... de plaza, ¿no?

De manera que les agradezco muchísimo, porque ha habido algún año, yo creo que no fue el anterior, sino el pasado, es decir, el veinti... veintiuno, creo recordar, pues fue... fueron años muy difíciles para el Consejo, muy difíciles para el Consejo, por el número de asuntos y por el trabajo acumulado.

Entonces, quiero... quiero seguir añadiendo asuntos a los que ustedes me plantean. Poco hemos de decir del dictamen de la autoridad... sobre la Autoridad Independiente Anticorrupción, porque es un dictamen de este año, si no recuerdo mal, del año veinticuatro, en el que decíamos... hacíamos las consideraciones oportunas acerca de la... de la inserción en el Consejo de Cuentas, ¿no?

Sí se nota, como... como bien ha advertido Francisco Igea, que, efectivamente, hay una cierta tendencia, si podemos pensarlo así, al grado de... a disminuir el grado de coincidencia de un 10 % en materia de sanidad. Sí, sí, sobre todo ha habido varios casos, que además aparecen reflejados en la Memoria, casos muy interesantes, desde luego, que nos han llevado a mantener una posición diferente, distinta a la planteada por la Consejería de Sanidad. Y, entonces, ese tipo de casos se notan, ¿no? Son casos, digo, muy interesantes desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos de los padres, de los derechos a la salud, al funcionamiento de los servicios públicos sanitarios.

El representante de Soria ¡Ya! aludía al asunto de las provincias, al dato informa... Para nosotros es un dato informativo. Es decir, no... no es más que un dato, como digo, de honestidad, de transparencia, de expresar en la Memoria todos los datos que podemos, que podemos, ¿no?, dentro de nuestra capacidad, y por reflejar la procedencia de los asuntos por provincias. No tiene nada que ver con lo que es el trabajo nuestro. No miramos... como es obvio, no miramos la provincia de origen ni la institución de origen; trabajamos igual con la... de donde venga, ¿no? Entonces, se trata de un dato informativo que a nosotros, en cuanto a la sustancia del trabajo, no nos afecta en absoluto.

Y aludían, creo que también el representante de Soria ¡Ya! y algún representante más, a la... al problema de la coherencia del sistema, de la coherencia del ordenamiento autonómico. Es un problema... es un asunto muy técnico, es un asunto muy técnico. Y no... es decir, yo creo que no hay ningún tipo de consideración política en el fondo. Es un asunto muy técnico en el que se advierte en una Ley de Medidas del año... para... para el año veintidós, es decir, del año veintiuno, advierte el legislador la necesidad de reformar ciertos aspectos de la participación ciudadana. Y establece un plazo, un plazo que no se... en el que no se produce esa reforma, lo que nos lleva a nosotros a un planteamiento técnico, estrictamente jurídico, de qué hacemos. No... no hay. Evidentemente sigue vigente la normativa actual, por lo tanto, por lo tanto, está garantizada la participación ciudadana, todo lo que significa y la... las exigencias de que el ciudadano pueda participar en los borradores y en los anteproyectos de leyes y proyectos de decreto a exigencia de la jurisprudencia europea, que insiste mucho en la participación de los... del pueblo y de los ciudadanos en la elaboración de normas por parte de los Gobiernos. Por lo tanto, está garantizada. No se trata de que... de que haya un... una... una eclosión de problemas en cuanto a este asunto, ¿no?

Seguimos en un altísimo respaldo, del 95 %. Hacemos un esfuerzo todos los años por recabar las informaciones correspondientes. Claro, claro, el Consejo es un órgano que no está previsto que él sea el que recabe ese tipo de informaciones, ni que tengamos que... este la... la exigencia de... de rescatar qué ha sucedido con nuestros dictámenes. Pero bueno, en ese intento de conocer qué ha sucedido, pues, como digo, se confirma que en un porcentaje altísimo, altísimo, están siguiéndose nuestras... nuestras consideraciones.

A este respecto, también han aludido ustedes a las visitas a la... a la página web, las visitas de la página web, que han podido disminuir, pero en todo caso es un volumen enorme, es un... es un conocimiento por parte no solo de los especialistas, sino también del ciudadano, ¿no?, conocimiento del ciudadano que puede entrar en la página a conocer cuáles son las posiciones del Consejo y del Tribunal. Son... es una cifra enorme, altísima.

Y, por cierto, sí, también, hemos puesto en funcionamiento nuestro canal de denuncias con la estructura mínima que exige la ley y que está funcionando dentro de... dentro del Consejo Consultivo, ¿no?

No sé si me dejo alguna pregunta concreta. Me lo perdonarán, me perdonarán, si no les parece mal. Si... si ustedes creen que ha faltado alguna contestación, me lo recuerdan.

Pero, sí, hay una curiosa, interesante, que creo que ha sido el portavoz Igea, sobre los asuntos acerca del COVID; creo que hablaba de los asuntos del COVID. Claro, le tocan de cerca por su condición de médico, seguro, por su... Pero claro, es que... es que yo creo recordar que el Consejo Consultivo se anticipó a los problemas derivados del COVID con una jornada en Segovia, precisamente, en la que participó el Consejo de Estado y los Consejos Consultivos de toda España para... como un debate para conocer cuáles podían ser las posiciones de la función consultiva en el sistema español acerca de estos... acerca de este problema que se nos venía encima, ¿no?, que se nos venía encima.

Y, ¡hombre!, pues la quiero recordar porque fuimos los promotores y... y sirvió para aclarar las posiciones de lo que iba a ser la función consultiva; función consultiva que, además, después ha sido ratificada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. O sea, que, bueno, gracias por advertirlo, ¿no?

Y muchísimas gracias. Mi gratitud en nombre del Consejo Consultivo y del Tribunal por las palabras que siempre recibimos. Nos... nos gusta venir a esta Comisión, sinceramente, porque nos vemos respaldados por sus señorías. Muchísimas gracias a todos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERNÁNDEZ LÓPEZ):

Muchas gracias, señor Sánchez de Vega. ¿Algún portavoz quiere consumir un turno de réplica? ¿Ninguno? Perfecto.

Pues, antes de finalizar, ¿cómo no?, vamos a reiterar el agradecimiento al presidente del Consejo Consultivo, a los vocales, al secretario general y a la Entidad Independiente -que ha sido elegida hace muy poquitos días- en Materia de Corrupción. Gracias a todos por su presencia. Al resto del equipo también del Consejo Consultivo que les acompañan hoy.

Y, sin más, levantamos la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos].