DS(C) nº 383/3 del 1/3/1995

GARCIA-ROSADO Y GARCIA

LA SEÑORA GARCIA-ROSADO Y GARCIA: Gracias, señor Presidente. Buenos días, especialmente a la señora Directora General.

Paso a leer la pregunta.

La Junta de Castilla y León habitualmente viene concediendo, año tras año, subvenciones a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Salamanca y provincia, así como a otras -pero el caso era hablar ahora de Salamanca y provincia-, por distintos conceptos. En relación a dichas subvenciones, formulamos las siguientes preguntas.

Primera pregunta: ¿cuál ha sido la cuantía anual de dichas subvenciones, y por separado, en los años noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres y noventa y cuatro?

Segunda pregunta: ¿por qué conceptos les ha sido concedida la subvención en cada caso, de esos cuatro años?

Y tercera pregunta: si se ha justificado fehacientemente el uso de ese dinero y si se han presentado las correspondientes facturas de justificación, año tras año, por parte de la Federación de Jubilados y Pensionistas.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para contestar en nombre de la Junta, tiene la palabra doña Mari Cruz Rodríguez Saldaña.

RODRIGUEZ SALDAÑA

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (SEÑORA RODRIGUEZ SALDAÑA): Buenos días. Gracias, señor Presidente.

Anualmente, la Junta convoca la convocatoria de financiación del sistema de acción social, con una serie de líneas de ayuda para actividades y mantenimientos para todos los sectores que conforman el sistema de acción social. Concretamente, en el caso que nos ocupa, el sector de los mayores, ha convocado en el año noventa y uno una cuantía de 75.000.000 de pesetas; en el noventa y dos, 80.000.000 de pesetas; en el noventa y tres, 90.000.000; y en el noventa y cuatro, 115.000.000 de pesetas, dirigidas al sector de los mayores, para realizar actividades tendentes a la integración en el medio, a la participación, la cultura, promover la solidaridad entre generaciones y el mantenimiento de asociaciones donde se ubican esas asociaciones o federaciones, el mantenimiento de sus sedes.

Durante el ejercicio noventa y uno, a Salamanca se le concedieron 6.600.000 pesetas; en el noventa y dos, 8.386.000; en el noventa y tres, 8.970.000; y en el noventa y cuatro, 13.518.000 pesetas a las asociaciones de Salamanca. Concretamente, fueron 92, en el año noventa y dos; 125, en el noventa y tres; y 165 en el noventa y cuatro.

La Federación por la que me pregunta la señora Procuradora, y al amparo de la Orden del veinticuatro del dos del noventa y dos, tuvo una ayuda, un importe de 1.150.000 pesetas. Dirigidos, 1.100.000 pesetas a actividades, entre otras, como más importante, la puesta en marcha de una revista, la revista "La voz de los mayores", de las que responsables políticos de la provincia de Salamanca, entre ellos Alcalde, el Director Provincial del INSERSO, tuvieron oportunidad de escribir... de hacer editoriales, presentaciones, en esta misma revista.

Durante el año noventa y uno, y al amparo de la Orden de veintidós del uno del noventa y uno, esta Federación no obtuvo ninguna subvención, ninguna ayuda para realizar actividades, dado que las propuestas que hicieron en su día de presentación no se ajustaban a los objetivos de la convocatoria: facilitar, sobre todo, la inserción de esos colectivos en el medio en el que se mueven y compatibilizar los trabajos, las actividades que realizan las asociaciones con lo que realizan los Centros de Acción Social en ese medio, en esa zona de acción social.

En el año noventa y tres, al amparo de la Orden del dos del uno del noventa y tres, recibieron una ayuda, una subvención, de 150.000 pesetas, dirigidas a actividades y mantenimiento de la sede.

(-p.11300-)

Y en el año noventa y cuatro, al amparo de la Orden tres del uno del noventa y cuatro, Resolución del veintiocho del seis del noventa y cuatro, recibieron una ayuda de la Junta de 500.000 pesetas, tendentes -lo mismo- a actividades y mantenimiento, favorecer el desarrollo de actividades y a mantener sus sedes sociales. Y 100.000 pesetas, también, del INSERSO de Salamanca, de la Dirección Provincial del INSERSO.

Estas subvenciones mencionadas en los ejercicios... los tres ejercicios -noventa y dos, noventa y tres y noventa y cuatro-, fueron presentadas las justificaciones correctamente, como así lo han certificado los servicios gestores de la Consejería. No obstante, toda la documentación de estas justificaciones están a su disposición en la propia Consejería, para que puedan ser consultados por la Procuradora y por los miembros de esta Comisión que lo deseen.

Es todo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señora Directora General. En turno de réplica, doña Carmen tiene la palabra.

GARCIA-ROSADO Y GARCIA

LA SEÑORA GARCIA-ROSADO Y GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Muchas gracias, señora Directora General, por la información que nos ha dado. Era eso, precisamente, lo que queríamos.

Solamente me ha suscitado una duda, cuando en la primera parte de su intervención ha dicho año por año la cuantía que se había... con la que se había ayudado a la Federación de Jubilados de Salamanca y provincia; por ejemplo, en el año noventa y tres, 8.970.000 pesetas. Y luego, una segunda parte, vuelve a decir que el año noventa y tres se le conceden 150.000 pesetas, con arreglo a la Orden, a la convocatoria de subvenciones.

Quería preguntarle si esas segundas cantidades de las que nos ha hablado están incluidas en esos 8.970.000 -por ejemplo, en el año noventa y tres-, o es además. Esa sería la pregunta que le quisiera hacer.

Y también quería decirle... quería preguntarle qué juicio le merece... Aquí tengo yo un ejemplar de esto, de "La voz de los mayores", revista que usted me dice que fue subvencionada, y en la que escriben, pues, distintas personalidades; yo tengo aquí -de casualidad, porque es la única a que he podido acceder- la del número 5 de abril del noventa y cuatro. Pues es verdad, pues aquí escribe el Secretario de la Federación, escribe el Presidente de las Cortes de Castilla y León, aquí también escribe un Concejal del PP de Salamanca.

Pero, sobre todo, quería preguntarle qué juicio le merece el que, en este caso concreto de esta revista número 5 y en alguna otra que no he querido traer, pues se aproveche para decir -digámoslo en tono coloquial-... para poner verde al Gobierno Socialista, al Presidente del Gobierno, a los Ministros del Gobierno. Por ejemplo, pues: Solbes eructó la verdad; pues, tal Ministro perdió la credibilidad; el otro está en baja forma, habla... habla desde un púlpito y no desde la calle. Cosa que nos parece que en ningún caso se debería consentir que una revista y una publicación de este tipo, que se subvenciona y se financia con medios públicos, se insulte a nadie, sea de la formación política que sea y sea del colectivo que sea, aunque no fuere una formación política.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. La Directora General tiene la palabra.

RODRIGUEZ SALDAÑA

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (SEÑORA RODRIGUEZ SALDAÑA): Sí.

Quiero aclararle que los datos que he dado han sido datos globales para Salamanca, para todo el colectivo de asociaciones de Salamanca. Es decir, en el año noventa y uno fueron 6.600; en el noventa y dos, 8.386; en el noventa y tres, 8.970; y en el noventa y cuatro, 13.518. Ahí están incluidos los datos a los que me he referido antes, es decir, los correspondientes a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Salamanca: El 1.150.000, en el noventa y dos, las 150.000 en el noventa y tres; y las 500.000 en el noventa y cuatro.

Nosotros entendemos que financiar una revista de expresión, vehículo de canalización de las necesidades de las inquietudes de los mayores, como puede ser un medio escrito o una revista, nos parece realmente interesante. Y por eso, en el año noventa y dos, fuimos un poco los promotores de que saliera esta revista a la calle, como instrumento, sobre todo, de canalización de sus propuestas, de sus necesidades y, sobre todo, como vehículo de contacto entre unos mayores y otros, incluso de fuera de la Comunidad Autónoma, o de otras provincias de la Comunidad.

Desde luego, yo no puedo, no es mi competencia supervisar el contenido de esta revista. Y desde luego no apruebo, lógicamente, que haya temas políticos en un tema que debe ser puramente social, donde se deben canalizar, simplemente, lo que son las necesidades, las experiencias, las actuaciones, las propuestas de los mayores. Creo que el sector de los mayores nunca debe estar politizado, que los mayores tienen sus necesidades concretas, necesidades de salud, necesidades económicas, de participación, de voluntariado, necesidades incluso educativas, de llenar ese tiempo libre, y que deben de ir por ahí esos canales de expresión como son, en este caso, una revista.

(-p.11301-)

Y, desde luego, me parece que contar con la colaboración de expertos, de políticos que tengan que decir algo en este tema, me parece bueno; pero, desde luego, deslindando juicios personales y, desde luego, separando lo que puede ser una aportación puramente técnica o cualificada hacia el sector, o lo que pueda ser una aportación puramente política, que no le dice absolutamente nada al sector.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. ¿Algún Procurador de esta Comisión quiere alguna aclaración? Doña Leonisa Ull, tiene la palabra.

ULL LAITA

LA SEÑORA ULL LAITA: Buenos días.

Quería decirle a la señora Directora General, con todos los respetos, que, si ese artículo y las alusiones hubiesen sido al Partido Popular, le hubiese sido más fácil controlar, o le hubiese llamado más la atención, o emitiría el mismo juicio y hubiese dejado que hubiesen escrito lo que aparece en esa revista.

¿Considera ella que se lo hubiese pasado? Le pregunto sólo, con todo respeto.

RODRIGUEZ SALDAÑA

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (SEÑORA RODRIGUEZ SALDAÑA): Yo reitero lo que he dicho antes. Yo creo que la colaboración de los políticos hacia la sociedad civil -en este caso hacia los mayores-, o de los mayores hacia los políticos, debe ser puramente... en el campo puramente de este sector, del sector de los mayores: todo lo que pueda favorecer, pues, su información, la transmisión de esas inquietudes, de esa información, de esas necesidades, lo que es la colaboración.

Desde luego, me parece que los juicios políticos, los juicios de responsables políticos yo no les acepto, no les veo bien, ni en responsables de un signo político ni de otro signo político.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Don Javier León de la Riva, tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente.

Para preguntarle a la Directora General si la Consejería tiene alguna responsabilidad, o su Dirección General, sobre el contenido de la revista, participa en la Dirección o en el control. Si entiende que en mil novecientos noventa y cinco sigue vigente la censura en las revistas y los medios de comunicación, independientemente de a quién se dirijan.

Y, en último término, si no cree que los artículos que aparecen en las revistas de este tipo... no conozco la revista, no he leído ninguna, ni el artículo del señor Málaga ni el del señor Estella, ni ningún otro, y, por lo tanto, ignoro el contenido del mismo. Pero si no es habitual en este tipo de publicaciones -algo que desconozco, insisto, si lo dice ésta- que la responsabilidad de la revista, o del director de la revista, no asume la de los artículos firmados y que esos son de la exclusiva responsabilidad de sus firmantes, cosa que es una norma que tradicionalmente se hace en este tipo... o se publica en este tipo de revistas.

En definitiva, si cree que la Consejería debe mantenerse al margen del contenido de las revistas y se debe respetar la libertad de expresión en un régimen democrático como el actual.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. La Directora General tiene la palabra.

RODRIGUEZ SALDAÑA

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (SEÑORA RODRIGUEZ SALDAÑA): La Consejería yo creo que en ningún momento debe interferir las actuaciones que hagan los mayores. Debe, en todo caso, favorecer que estas actuaciones se hagan dentro de los canales previstos y en consecución de unos objetivos que sean saludables para los mayores.

Desde luego, los responsables de la editorial de esta revista, los responsables de la edición de esta revista, son muy libres de verter, en todo caso, sus opiniones. Otra cosa es que a mí me parezca más o menos interesante que las opiniones vayan hacia un punto determinado, como pueda ser todo lo que favorezca, pues, el bienestar, en definitiva, de los mayores, su integración en el ámbito, su colaboración con otros sectores, o que se derive a un tema más político.

La Consejería entiendo que en este campo no puede, efectivamente, meter la censura o decir por ahí o por allá, y no lo ha hecho nunca y no lo va a hacer.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Directora General. Doña Olga Cavero, tiene la palabra.

CAVERO PEREZ

LA SEÑORA CAVERO PEREZ: Sí, gracias, señora Directora por su presencia, gracias por sus palabras. Pero, mire usted, nos parecen bien todas sus opiniones, pero desearíamos, nos gustaría que en un futuro estos artículos no se produzcan y desearíamos más que estos artículos no sean mérito para posteriores y mayores subvenciones. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): La señora Directora tiene la palabra.

RODRIGUEZ SALDAÑA

(-p.11302-)

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (SEÑORA RODRIGUEZ SALDAÑA): Sí, muchas gracias, señor Presidente. Yo le puedo decir que los méritos para mayores subvenciones o ayudas por parte de la Junta no son en función, precisamente, de determinados artículos con determinada intencionalidad; se marcan cada año en los objetivos de la convocatoria de financiación del sistema, que de alguna manera es desarrollar los objetivos que se marcan los planes de actuación, con unas actuaciones muy concretas, con unos programas muy concretos, una temporalización muy concreta y también con unos presupuestos determinados. Con el informe del CEAS del ámbito en el que se mueve esa asociación, siempre que complemente los objetivos que tiene el CEAS en esa zona, y además con el informe de la Comisión sectorial provincial de Acción Social. Ese es el único requisito, esos dos informes son los únicos requisitos para conceder una ayuda para realizar actividades o para mantener las sedes de las asociaciones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señora Directora General. Por la señora secretaria se da lectura al segundo punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA CAVERO PEREZ): "Proposición No de Ley 250-I, presentada por el Procurador don Jesús Olmos Pascual, relativa a la planificación de la ampliación y puesta en funcionamiento de una red de Centros de Educación Infantil para niños de cero a tres años, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número doscientos siete, del veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Procurador proponente, don Jesús del Olmo Pascual.

OLMOS PASCUAL

EL SEÑOR OLMOS PASCUAL: Gracias, señor Presidente. Me limito a leer a la Comisión los antecedentes de la Proposición No de Ley, donde digo que cada vez es mayor el número de matrimonios en los que ambos cónyuges realizan su jornada laboral fuera del domicilio familiar, lo que plantea problemas de atención a sus hijos menores de tres años, por no poder ser escolarizados hasta dicha edad, y paralelamente crea los correspondientes problemas laborales.

En la solución de estos problemas desempeñan un importante papel los centros de educación infantil, popularmente conocidos como guarderías infantiles. En la actualidad estos centros educativos dependen de la Junta de Castilla y León, Administración Local, o son de iniciativa privada, subvencionados escasamente por la Junta de Castilla y León, y son insuficientes para resolver este grave problema social.

En la financiación de este programa participa el Ministerio de Educación y Ciencia, las Diputaciones y ayuntamientos, resolviendo en parte los problemas económicos que la organización de dichas actividades conlleva.

Por lo expuesto se formula la siguiente propuesta de resolución:

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que a la mayor brevedad posible planifiquen la ampliación y puesta en funcionamiento en toda la Comunidad Autónoma de una red suficiente de centros de educación infantil para atención a los niños de cero a tres años.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Se ha presentado a esta Proposición No de Ley una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. En representación del citado Grupo, doña Pilar San Segundo tiene la palabra.

SAN SEGUNDO SANCHEZ

LA SEÑORA SAN SEGUNDO SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente. La LOGSE, de quien depende actualmente toda la educación infantil -y además la Junta no ha recibido las competencias- dice que podrán determinar las condiciones y establecer la red de centros que deberían ser necesarios para que estos niños pudieran estar dentro de la escolarización infantil. Estando básicamente de acuerdo con usted en la propuesta y que hay unas necesidades crecientes como consecuencia de la incorporación cada vez mayor, afortunadamente, de la mujer al mundo laboral, y que cada vez mayor es el número de matrimonios que trabajan fuera de casa y que les resulta difícil atender a esos niños. Pero, sin embargo, con la LOGSE en la mano estos centros deberían de estar dentro del sistema educativo. Por lo tanto, solamente le correspondería a aquella Administración que tenga competencias en educación la creación y la ampliación y la puesta en funcionamiento de una red de centros de este nivel para toda la población comprendida en el tramo de cero a tres años.

Ya sabemos que no es obligatoria la educación de esos niños en esa edad. Pero, sin embargo, sería una falta de coherencia -y además habría también una descoordinación- el que la Junta de Castilla y León paralelamente organizara una red de este nivel, y que lógicamente debería de estar integrada dentro de todos los centros de la corporación educativa, cuya gestión actualmente pertenece a la Administración Central.

(-p.11303-)

Teóricamente habría que esperar a que la Junta asumiera estas competencias. Como realmente todavía no las tienen y actualmente la Junta de Castilla y León, con su sensibilidad, y tal y como se establece en el Plan Regional de Protección a la Infancia, se asisten de todos estos centros, se hicieron cargo de todos estos centros de la Comunidad, de los cuales tienen treinta y uno que se heredaron del INAS y luego después hay, públicos y subvencionados, siete; ludotecas tienen dos; guarderías infantiles laborales, veintidós; guarderías infantiles sin ánimo de lucro, siete; y públicos y no subvencionados, siete; hay en este momento una red de setenta y seis centros, con un número de usuarios de cuatro mil novecientas setenta y seis y los que se están... de nueva creación, como... se están realizando actualmente, como en San Andrés de Rabanedo y en Membibre. Realmente casi se está atendiendo al 100% de las demandas de la población en este sentido.

Realmente, cuando se adquirieran las competencias por parte de la Junta, sería lógico que en ese cuadro de red de centros que debería hacerse, o en ese mapa de donde serían las mayores posibilidades para poderlo realizar y donde las demandas sean mayores, debería de dejarse el que la Consejería de Cultura y Educación, que posteriormente va a recibir esas competencias, pudiera también planear ese mapa que usted me plantea. Por lo tanto, yo le invito a que usted admita esta enmienda de sustitución, en la que dice que las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social, de Cultura y Turismo y las Corporaciones Locales de más de veinte mil habitantes, puesto que también, como es una red local, tendrían que ser oídas en este punto, puesto que es una labor social local también, elaborarían un mapa en consecuencia con lo establecido en el Plan Regional de Protección y Atención de Menores y en el Plan Integral de Igualdad de Oportunidades para la Mujer de Castilla y León, que integre una red de centros de diversa titularidad, como la Comunidad Autónoma, Corporaciones Locales y centros privados subvencionados, de cara a establecer las prioridades de creación de centros de atención a la primera infancia (de cero a tres años), que dé respuesta a las demandas planteadas en función del número de mujeres trabajadoras, número de niños de esta edad y otras necesidades sociales.

Realmente, la Junta en esto tiene una gran sensibilidad, está atendiendo, se está adecuando a los requisitos que necesitan estos centros por cuestión de la LOGSE, y a mí me parece que sería lo lógico que usted admitiera esta enmienda de sustitución, mientras se reciben las transferencias de educación, puesto que esto ahora depende también de la Administración Central. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra de la enmienda tiene la palabra don Jesús del Olmo.

OLMOS PASCUAL

EL SEÑOR OLMOS PASCUAL: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno me sorprende una cosa que dice ahí, que está atendido el 100% de las necesidades. Efectivamente...

SAN SEGUNDO SANCHEZ

LA SEÑORA SAN SEGUNDO SANCHEZ: Casi, casi.

OLMOS PASCUAL

EL SEÑOR OLMOS PASCUAL: Casi el 100%. Bien, de acuerdo, casi el 100%. No sé dónde estarán atendidas ese 100% de las necesidades. Si se refiere a los centros efectivamente subvencionados como... y que se llaman normalmente guarderías laborales, junto con aquellos otros que son sencillamente guarderías sin ningún tipo de control, ni por parte del Ministerio, ni por parte de la Junta de Castilla y León, porque realmente no se las puede controlar, y donde por desgracia yo creo que no están atendidas con personal suficientemente cualificado, y que estamos en marcha y que yo creo que el Ministerio está en marcha tras de ello, bien, puede ser; pero le puedo decir, sencillamente, que por ejemplo en Segovia, sin ir más allá, de las doce guarderías que hay, le puedo decir que sólo hay una pública, que es a la que yo me refiero, dependiente de la Junta de Castilla y León, la única: la de Nuestra Señora de la Fuencisla; las once son privadas, y de las once privadas solo son seis laborales. A punto de cerrar las otras cinco, por el hecho de que tienen que cobrar unas cuotas en torno a diez, quince mil pesetas y, como es lógico, un trabajador o trabajadora donde el sueldo no sea un poco sustancioso es muy difícil que pueda pagar esa cantidad para que atiendan a sus hijos en estas guarderías. Eso en primer lugar.

En segundo lugar, me dice que depende de la LOGSE. De la LOGSE, sí, efectivamente, hay un tiempo, creo que hasta el año dos mil o dos mil uno, donde todos los centros que son guarderías infantiles se podrán, efectivamente, incluir actualmente guarderías, se llamarán centros infantiles si reúnen las condiciones necesarias. Hasta esa fecha no se van a integrar todos ellos. Estoy hablando de cinco o seis años. Y yo lo que planteo es que mientras tanto, efectivamente, se cree esa red, de acuerdo con lo que está diciendo, de acuerdo con los ayuntamientos, no de más de veinte mil habitantes, porque ¡ojo!, que también hay ayuntamientos con menos de veinte mil habitantes donde tienen este mismo problema; si es una zona más o menos industrializada, o sin ser industrializada, sencillamente donde florezca una industria de cualquier otro tipo, sólo una, y donde trabajen mujeres, pues, como puede ocurrir en varios pueblos de nuestra región que a lo mejor tienen menos de veinte mil, o sencillamente trabajos en el campo, que hoy día está ocurriendo también, puede haber necesidad de esas guarderías.

(-p.11304-)

Por otro lado, yo creo que sería importante la creación de esa red para el control que le he dicho del personal que atiende, porque no nos vamos a limitar a decir más pero con menor calidad, sino que queremos más y con mejor calidad. He dicho antes al principio que en la mayoría de las guarderías infantiles no está controlado el personal que hay. Sí puedo decir que, por ejemplo, en las que dependen directamente de la Junta y del Ministerio son gente cualificada, profesoras de Educación General Básica, psicólogos, psicólogas, pedagogos, etcétera. Entonces, yo creo que el planteamiento, tal como usted me lo dice, siempre que sea en un tiempo y en un plazo determinado... Porque además me sorprende cuando la Consejería ya de Sanidad y Bienestar Social dijo claramente a la prensa en el mes de octubre -y curiosamente yo presenté la Proposición No de Ley el día catorce de octubre y el diecisiete sale la Consejería de Sanidad y Bienestar Social diciéndolo, tres días después-, dice: "Sanidad abordará en el curso noventa y cinco-noventa y seis el mapa de necesidades de la infancia", y donde da todos esos datos que usted me ha leído y que yo tengo también aquí, y donde se ve que es insuficiente totalmente la red de centros, de buenos centros para atender a estos niños.

De todas las formas se puede quizá hacer un punto intermedio entre lo que usted plantea y lo que yo planteo, siempre que se marquen fechas concretas en la planificación o en la realización de ese mapa. Yo hay un apartado donde digo muy claro que tan pronto como sea posible; ahora, ¿cuándo es posible? Si usted me dice: "en tanto en que la LOGSE acepta", y me está hablando usted del año dos mil uno, si hablamos de un calendario mucho más breve podríamos resolver la papeleta; si no, creo que lo demás estamos diciendo sencillamente... lanzando bengalas diciendo que estamos muy interesados por el tema de la mujer trabajadora, por el tema de la atención a los niños de cero a tres años, pero, si no tomamos medidas en breve tiempo o con un calendario muy concreto, creo que sería sencillamente poner fachada, pero nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra doña Pilar San Segundo.

SAN SEGUNDO SANCHEZ

LA SEÑORA SAN SEGUNDO SANCHEZ: Desde luego, tal y como le presento la enmienda... tal y como le presento la enmienda, siempre sería para ponerse de acuerdo en un mapeo siempre antes de que se asumieran las competencias de educación. La adecuación de estos centros con el personal y con todos los requisitos que requieren las adicionales de la LOGSE y el personal cualificado, cómo tendría que ser, usted sabe que hay un plazo hasta el año dos mil para adecuarlos a eso. Eso, aparte de que se está haciendo, ya le digo que sería lógico que en un plazo... yo no sé lo que se podría tardar y cómo lo estimaría usted, pero, desde luego, la intención existe de hacerlo, puesto que estos centros se van a adaptar a lo que exige la LOGSE para la educación infantil de cero a tres años.

Sí que hay una preocupación, ya que desde el año noventa y uno, que solamente había en estas guarderías que usted decía un presupuesto de 20.000.000 de pesetas, y actualmente se ha subido a 62.000.000; yo creo que ha sido un esfuerzo considerable. Por lo tanto, se ve la buena intencionalidad de querer suplir todas estas necesidades, que ya le digo que afortunadamente van aumentando. Pero se van haciendo de acuerdo con los recursos y con ese estudio en el que deben de estar estas tres Administraciones, para que se puedan tener unos principios de coherencia, de que haya una coordinación técnica, una coordinación administrativa y una coordinación organizativa. Por lo cual, yo creo que podría usted admitirla, puesto que siempre sería antes del año dos mil.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de dúplica, tiene la palabra don Jesús Olmos.

OLMOS PASCUAL

EL SEÑOR OLMOS PASCUAL: Bien, estoy de acuerdo que quizá, siempre que en la propuesta de resolución que ustedes proponen de sustitución, quizá había que sustituir... yo estaría dispuesto a admitirlo si se sustituye donde pone veinte mil habitantes, decir que "la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y Cultura y Turismo, y la Federación Regional de Municipios..." Digo por qué, y quitando lo de veinte mil habitantes: es que dejamos fuera a un conjunto de municipios que teniendo... estamos en nuestra región, en nuestra Autonomía, donde hay muchos municipios que tienen menos de veinte mil habitantes, por desgracia. Entonces, no limitando sólo a veinte mil habitantes e introduciendo la variante de que sea la Federación Regional de Municipios, yo creo que sí que podía ser. Y está la buena voluntad por parte -yo creo- de ambos; y podría ser perfectamente.

SAN SEGUNDO SANCHEZ

LA SEÑORA SAN SEGUNDO SANCHEZ: De acuerdo, sí. Podemos aceptar de esa forma. Y entonces, ¿cómo quedaría redactada?

En lugar de "las corporaciones locales de más de..."

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Me dicen que en el turno de fijaciones, el proponente leerá íntegramente la modificación y la aprobaremos, ¿eh?

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Virgilio Buiza.

BUIZA DIEZ

(-p.11305-)

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Dadas las circunstancias y las posiciones que se han puesto de manifiesto, simplemente manifestar mi apoyo al espíritu y a la letra de esta propuesta de resolución. Y también felicitar un poco al proponente y a la enmendante, y a esa capacidad -un poco. de ceder mutuamente y no hacer criterio de fuero, como se ha hecho en muchas Comisiones, sobre esta cuestión. Yo creo que estando de acuerdo en el fondo de la cuestión, en que existe este problema, en que es conveniente buscar soluciones realistas y que estas soluciones deben inspirarse, fundamentalmente, en la colaboración con otras Administraciones, a mí me parece que, recogiendo -ya digo- la excelente iniciativa del proponente, la Enmienda de sustitución con esta matización -a mi juicio- completa, matiza y perfila favorablemente al contenido de la propuesta de resolución.

Y yo simplemente manifestar mi apoyo y mi felicitación a ambos: a uno por proponer, al otro por aceptar, y a los dos por transigir, estando de acuerdo en lo esencial. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para fijar también posiciones, por el Grupo de Centro Democrático y Social, tiene la palabra don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Unicamente para congratularme del acuerdo a que han llegado proponente y enmendante, y decir que cuentan con nuestro apoyo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para fijar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que se propone, tiene la palabra don Jesús Olmos.

OLMOS PASCUAL

EL SEÑOR OLMOS PASCUAL: Gracias, señor Presidente. En concreto... Gracias también a los Grupos que lo apoyan y gracias a la ponente de la Enmienda de sustitución.

Yo creo que quedaría en concreto de la siguiente forma... es lo que planteo: "La Consejería de Sanidad y Bienestar Social y de Cultura y Turismo y la Federación Regional de Municipios y Provincias elaborarán un mapa en consonancia...", etcétera, etcétera. Repito la parte primera, porque todo lo demás, todo después es igual. "Las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social y de Cultura y Turismo y la Federación Regional de Municipios y Provincias...", y saltamos ya al punto donde dice: "...elaborarán un mapa..", todo lo demás ya es igual. Sustituimos o anulamos donde dice: "y las corporaciones locales de más de veinte mil habitantes de la Comunidad Autónomas"; sustituimos eso por "la Federación Regional de Municipios y Provincias". Lo demás, yo creo que queda igual, y nos abre un amplio abanico para poder elaborar ese mapa que dé solución al problema que planteamos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, Señoría. Concluido el debate, entiendo que esta Proposición... esta resolución se aprueba por unanimidad de todos los presentes. Muchas gracias.

Pasamos al tercer punto del Orden del Día. La señora Secretaria da lectura del mismo.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA CAVERO PEREZ): "Proposición No de Ley 270-I, presentada por el Procurador don Jesús Olmos Pascual, relativa a la redistribución intraprovincial de médicos en la provincia de Segovia, publicada en el Boletín Oficial de la Cortes de Castilla y León, número 221, de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Procurador don Jesús Olmos Pascual.

OLMOS PASCUAL

EL SEÑOR OLMOS PASCUAL: Gracias, señor Presidente. Es una preocupación en Segovia particularmente, aunque yo creo que es un problema que se puede extralimitar o extender al resto de la Autonomía, la redistribución de los sanitarios, de los médicos que tenemos en nuestra provincia. Y por eso digo que... en los antecedentes expongo que, en su momento, se frenó la redistribución intraprovincial de los médicos de los centros de salud por acuerdo con los sindicatos, supeditándole a la nueva Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Castilla y León.

Ello ha originado en la provincia de Segovia un desequilibrio entre las zonas rurales menos pobladas, zonas del noreste (Riaza, Sepúlveda, etcétera), y las urbanas, más pobladas (Segovia, Cuéllar, La Granja, El Espinar, etcétera), que da lugar a la paradoja de que, mientras en dichas zonas rurales sobran facultativos después de prestar una perfecta a sus pacientes, en el medio urbano está desfasada la relación facultativo/número de pacientes, lo que da lugar a un mal servicio sanitario y una infrautilización de los recursos humanos.

Por lo expuesto, la propuesta de resolución es que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta a que, a la mayor brevedad posible, realice la redistribución intraprovincial necesaria de los médicos en la provincia de Segovia, para una mejor y más igualitaria atención sanitaria a los ciudadanos, al tiempo que se realiza la idónea utilización de los recursos humanos. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra don Miguel Angel López de Marco.

LOPEZ DE MARCO

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EL SEÑOR LOPEZ DE MARCO: Gracias, señor Presidente. Efectivamente, existe un desequilibrio notable en la relación facultativos médicos/puestos de trabajo en la provincia de Segovia, pero este es un fenómeno general que afecta a todo el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, y me atrevería a decir que afecta a todo el ámbito del Estado español. Y obedece a un hecho demográfico este desequilibrio, que no es otro que la progresiva desertización rural y la tendencia a la aglomeración urbana; ya no es posible ese viejo concepto de la sanidad rural de un médico y un pueblo.

El Grupo Parlamentario Popular es sensible a una política redistribuidora de los facultativos médicos en el ámbito territorial, pero no solamente intraprovincialmente, sino en el sentido global de la región e incluso interprovincialmente. Hasta aquí, el Grupo Parlamentario y este Procurador coinciden plenamente con las motivaciones expuestas por Su Señoría.

Ahora bien, en cuanto a la relación del acuerdo de freno en la redistribución intraprovincial de los médicos de los centros de salud, llevada por pacto con los sindicatos, debo decirle a Su Señoría que tal acuerdo no existe; no existe ningún documento que lo acredite.

Y lo que más nos interesa, que para poder realizar una política redistribuidora de los facultativos en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, se necesita, obviamente, que se cumplan con rotundidad dos premisas esenciales: una primera premisa es la premisa de la integración. Se hace necesario que todas las Zonas Básicas de Salud de Castilla y León, que son doscientas cincuenta, ofrezcan un modelo de derecho homologado, una ordenación jurídica uniforme, hacia el nuevo modelo de sanidad que son los centros de atención primaria. Sin esa premisa, sin esa homologación, sin esa integración, no es posible ejecutar una redistribución. Y usted sabe, Señoría, que esta competencia en la integración es una competencia compartida entre el Gobierno regional y el INSALUD.

Y es notable y conocida la política integradora de la Junta de Castilla y León hacia la integración total que permita la redistribución, pero ésta choca, de una manera llamativa, con una política intervencionista, de interposición y de recursos, por la vía contencioso administrativa que ofrece el INSALUD. Yo aquí dispongo de tres ejemplares de documentos de recurso contenciosos administrativos que son enormemente llamativos. Uno referente a la no integración de la zona básica de salud de la Fuente de San Esteban en Salamanca; otro segundo referente a la no integración de la zona de salud del Valle de Valdedezana en Burgos; y otro, curiosamente llamativo -que estoy seguro que Su Señoría desconoce-, que es frente o en contra a la integración de la zona básica de salud de la Sierra en Segovia, de fecha catorce dos del noventa y cinco.

Y a mí, con el mayor respeto, me da la impresión que existe, de alguna manera, una especie de doble lenguaje: el que Su Señoría predica sensiblemente en esta Proposición No de Ley y el recurso que presenta el INSALUD; lo que usted predica para Segovia se lo recurre el INSALUD.

De todas las maneras, la política de Castilla y León, insisto, es totalmente favorable a la redistribución de facultativos. Para ello, también es necesario un segundo concepto, y es la necesaria formulación de un pacto entre Junta de Castilla y León, INSALUD y los agentes sociales -partidos políticos y sindicatos-, que sería la segunda premisa necesaria para ejecutar este proyecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Jesús del Olmo tiene la palabra.

OLMOS PASCUAL

EL SEÑOR OLMOS PASCUAL: Muchas gracias, señor Presidente. Bien, estoy de acuerdo con lo último que ha dicho, que quizá sea necesario ese pacto, y creo que cuando se hacen las transferencias, en cualquiera de las materias, es imprescindible ese pacto entre la Junta de Castilla y León, en este caso la Autonomía correspondiente, y la Administración Central, en este caso el INSALUD.

Lo que sí que está claro es que estaremos de acuerdo en que la redistribución del personal sanitario en nuestra Autonomía no es competencia del INSALUD; es única y exclusivamente competencia de la Junta de Castilla y León. Eso sí que creo que estaremos todos de acuerdo. Y es por lo que yo hago la Proposición No de Ley. De que en el momento que la Junta de Castilla y León es responsable de la redistribución o distribución del personal sanitario en los centros de salud, yo creo, yo creo que... lo que pido es que esa redistribución, esa redistribución se haga lo más -o menos- posible igualitaria para todos los centros de salud.

Le pongo los ejemplos... hablaban en mis antecedentes de que, por ejemplo, en Riaza y en la zona de Riaza y Sepúlveda, donde por ejemplo cada médico tiene a su servicio entre ciento cincuenta y doscientas tarjetas. Y sin embargo, en la zona de Segovia capital, o Segovia sur, o los pueblos más grandes, como estoy hablando, pues en Cuéllar, La Granja, El Espinar, Villacastín, etcétera, los médicos tienen todos en torno a mil quinientas-mil ochocientas tarjetas cada uno.

¿Qué es lo que produce esto dentro de los propios sanitarios? Bueno, en primer lugar, entiendo que lo que se está haciendo es un despilfarro, aparte de tener..., un despilfarro de los fondos públicos, porque puedo decir -y lo he visitado personalmente- que la atención sanitaria allí donde hay suficientes médicos, como es en la zona nordeste, pues, efectivamente sobran médicos, la atención es perfecta. Pero no en las zonas más pobladas. Pero es que además produce una cosa mucho más preocupante, y es que en los profesionales de la sanidad produce un desánimo enorme, porque hay momentos en que están en una completa inactividad, en una completa inactividad, y eso produce un desánimo; porque yo creo que los profesionales, cuando son destinados a un centro de salud, es para ejercer su profesión, no para pasar tranquilamente el tiempo por falta de actividad.

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Eso, sin contar con la parte más importante que, como es lógica, que es la atención al propio administrado, al propio ciudadano, donde en estas zonas están muy bien atendidos, en base a lo que usted ha dicho, de que se han despoblado... nuestras localidades, nuestros pueblos, nuestras provincias se van despoblando en la zona rural de forma alarmante. Pero yo creo que es responsable la Junta de que haga esa redistribución, y que, además, parece ser -y por informe de los propios médicos- que hace cuatro años ya se había llegado a ese acuerdo. Bien es verdad que lo han recurrido, y yo las informaciones que tengo, efectivamente, es que quien lo ha recurrido es incluso algún sindicato -parece ser- de tipo corporativista, más o menos, más o menos; efectivamente... No, no, y también algún sindicato más o menos corporativista, y por eso está detenido.

Entonces, insisto en que creo que es imprescindible, necesario, por los tres motivos. Primero, por un buen uso de los fondos públicos. Segundo, por una buena atención sanitaria a todos los ciudadanos. Y tercero, por los propios sanitarios, que hay momentos en que tienen cierta inactividad.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. En turno de dúplica, tiene la palabra don Miguel Angel López de Marco.

LOPEZ DE MARCO

EL SEÑOR LOPEZ DE MARCO: Gracias, señor Presidente. Brevemente y para ratificarme en los argumentos expuestos con anterioridad, señalar firmemente la política integradora de la Junta de Castilla y León, manifestada en las... de las doscientas cincuenta zonas básicas de salud, tan solo quedan diecisiete por integrar, que contrasta -insisto una vez más- documentalmente con la política del recurso del INSALUD frente a esta integración.

Por lo tanto, insisto en la preocupación de este doble lenguaje o este doble sentido: el que usted defiende sensatamente y con sensibilidad y el que yo tengo aquí acreditado con estos documentos. Y yo estoy seguro que estas anomalías, estas irregularidades, desaparecerán cuando esta Comunidad Autónoma asuma plenamente esta materia, esta competencia total, es decir, la transferencia del INSALUD. Porque yo creo -y voy a aprovechar la ocasión para decirlo- que ya va siendo hora que esta Comunidad abandere una política competencial. Porque desde aquella lejana iniciativa autonómica del 143 de la Constitución española y del 146 de la vía estatuyente, que paren una Comunidad de segundo grado concedida y pactada, y por tanto a la merced del Gobierno, ha transcurrido ya el tiempo necesario y suficiente para que esta Comunidad Autónoma surja con las características de ser una comunidad de segundo grado a la manera de las comunidades privilegiadas y de las comunidades autónomas de primer grado.

Puede estar usted seguro, señor Olmos, que una vez hecha la integración total, sin ninguna cortapisa, la Junta de Castilla y León instará una política redistribuidora de los facultativos médicos, porque es necesaria, y no solamente en su sensibilidad por Segovia, sino en todo el ámbito territorial de la Región, incluso en todo el ámbito nacional. Comprenderá que en estas circunstancias, aun reconociendo su sensibilidad que expresa, el Grupo Parlamentario Popular no puede votar favorablemente esta Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra don Virgilio Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. También brevemente, para, efectivamente, llegar a la conclusión de que el problema de fondo y esencial es el que esta competencia sea compartida, se ejerza con un cierto nivel de confusión, y a veces yo creo que con un cierto nivel de mala fe; por lo menos, en esta Comisión y en otras ocasiones hemos tenido constancia de que, a veces, surgen problemas en unas provincias, con una misma normativa, que no surgen en otras, problemas realmente graves.

Con lo cual, la conclusión es que, en efecto, yo creo que esto podrá resolverse cuando haya una única administración que tenga competencias perfectamente definidas en la materia y a la cual se le pueda exigir sus responsabilidades, alabar su gestión o criticarla. Porque, mientras eso no ocurra, yo creo que esto no tendrá un arreglo adecuado.

De otra parte, creo que, precisamente por esta concurrencia de competencias entre la Administración Regional y Central, hay... digamos que cuestiones en que tocan ambas; creo que incluso el tratamiento que se da, por ejemplo, a las zonas rurales es un tanto distinto, en cuanto a nivel competencial, al de las zonas urbanas, donde el INSALUD tiene mayores competencias por la propia esencia de la población a la que atienden.

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Y creo que, sin embargo, estoy también de acuerdo en que la propuesta de resolución apunta a un problema importante, y es que los recursos, sobre todo si son escasos, hay que dosificarlos, y hay que racionalizarlos, y hay que redistribuirlos adecuadamente para que cumplan su función, que en este caso es atender adecuadamente al ciudadano de Castilla y León en el aspecto sanitario. Pero, claro, no es tan simple el tema, ¿no? Supongo que la propuesta de resolución yo creo que, claro, simplifica y dice que la Junta de Castilla y León, pues, haga una redistribución interprovincial. Creo que no es tan fácil. Aparte de que yo también entiendo lo que decía el Portavoz del Grupo Popular, que aquí también se plantearía una distribución no intraprovincial solamente, sino interprovincial, porque, efectivamente, se detectan también desequilibrios en las plantillas de unas provincias con respecto a las de otras. Y no debemos olvidar que éste es un Parlamento Regional, un Gobierno Regional, y cuando se detecta un problema, la dinámica debe ir enfocado con esa vertiente.

En conclusión, compartiendo y reconociendo que existe el problema, entiendo que la propuesta de resolución lo simplifica excesivamente, lo hace -a mi juicio- inaplicable, porque tampoco creo que al personal se le pueda redistribuir así, sin más, en el menor tiempo posible, sobre todo el que tiene una plaza definitiva. Habrá que modificar esa relación de puestos de trabajo, hacer una serie de trámites, concursos, etcétera, etcétera, Porque, claro, afecta a derechos de terceros que también son respetables, se comparten en mayor o menos medida; porque estamos en un Estado de derecho y creo que no es tan sencillo decir que la Junta redistribuya sin más, en el menor tiempo posible, porque no es tan sencillo.

Ya termino, simplemente diciendo que, compartiendo un poco el problema y la preocupación que viene en la propuesta de resolución, o sea, en esta Proposición No de Ley, sin embargo, no comparto plenamente el contenido de la propuesta de resolución, por lo cual, me voy a abstener. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Centro... por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, tiene la palabra don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Para anunciar mi abstención en esta Proposición No de Ley, porque, aunque la voluntad es buena, o la iniciativa podía ser buena, es inviable.

Lo que sí creo que podía hacer la Junta era tomar la iniciativa de presentar ese proyecto a los sindicatos, a los profesionales y al propio INSALUD, y a los partidos políticos: ésta es la redistribución que quiere la Junta. Y para el futuro no tener el corsé que tiene ahora de cuando varíe el criterio poblacional, tener que variarlo, tener que volver a presentarlo. Esa iniciativa sí la puede presentar la Junta.

Lo que yo no salgo de mi asombro es oír aquí las propuestas o las palabras que se dicen. Por una parte, a un representante socialista que hace la política del INSALUD, pedir lo que INSALUD no quiere. Al Portavoz, en este caso, del Grupo Popular, hablar que hay que abordar la política reivindicativa competencial, cuando son ustedes los culpables de haber firmado el Pacto Autonómico. Yo creo, señor Portavoz, que se le ha ido y no se acuerda la discusión que hace dos años tuvimos en estas Cortes. Es decir, ustedes -y yo lo estoy diciendo siempre que me pregunta algún periodista- están inhabilitados, ningún representante del PP ni del PSOE, incapacitados para poder hablar de reivindicaciones competenciales. Son los culpables de que haya un Estatuto de tercera, porque fíjese si era fácil haber abordado el Estatuto y planificar la devolución.

Por tanto, no salgo de mi asombro en las propuestas que aquí se hacen. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para cerrar el debate, tiene la palabra don Jesús Olmos.

OLMOS PASCUAL

EL SEÑOR OLMOS PASCUAL: Bien. Muy breve. Sencillamente para decir que mantengo la Proposición No de Ley -como he dicho-, y, además, más todavía después de haber -creo- oído aquí que no solamente es un problema intraprovincial, sino interprovincial. Efectivamente, más para poner remedio a la cuestión.

Y lo que lamento es que pienso que quizá, si el Partido Popular no apoya esta Proposición No de Ley, difícil, y que, efectivamente, no solamente intraprovincial, sino que debe ser interprovincial, me temo que sea o por miedo a ese pacto que yo digo, del cual se me ha informado que puede haber con los sindicatos, o por complacencia corporativista. Porque si en Segovia este problema se plantea entre seis u ocho facultativos, la interrogante que me hago es: ¿cuántos facultativos están mal utilizados y pagados con esos fondos públicos en toda nuestra Comunidad Autónoma por esto que decimos, que es un problema de, quizá, disparidad de opiniones entre el INSALUD y la Junta de Castilla y León, o sencillamente por el hecho de que la Junta de Castilla y León no quiere abordar el problema? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación son: votos a favor, seis; votos en contra, nueve; abstenciones, dos. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

Pasamos al cuarto punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑOR CAVERO PEREZ): Punto cuarto: "Proposición No de Ley 278-I, presentada por el Procurador don Octavio Granado Martínez, relativa a modificación de la normativa sobre apertura de oficinas de farmacia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 230, del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias. Buenos días. Tiene la palabra, para la presentación de la Proposición No de Ley, el señor Procurador señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

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EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Con la mayor brevedad. Esta Proposición se presenta en el marco de una situación muy compleja, no tanto por el ordenamiento jurídico como por la posición que la Junta de Castilla y León ha manifestado siempre en relación al tema de las oficinas de farmacia en la Región.

Para empezar, convendría señalar que una de las primeras competencias que fueron transferidas, ni siquiera ya a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sino incluso al ente preautonómico de Castilla y León, era la competencia en materia de autorización y registro de establecimientos sanitarios, que fue transferida al Consejo General de Castilla y León en el año mil novecientos ochenta y dos.

Los socialistas hemos mantenido que con esta competencia en materia de autorización de establecimientos sanitarios era posible que la Junta de Castilla y León ejecutara directamente las competencias que, en estos momentos, ha recibido delegadas desde el Ministerio de Sanidad en los Colegios Farmacéuticos. No lo ha hecho así, y siempre ha supeditado esta posibilidad de ejercer las competencias a una doble situación: en primer lugar, a que la Comunidad Autónoma tuviera competencias no solamente en materia de ejecución de la legislación del Estado, sino en materia de dictar su propia legislación, lo cual se produce, sin ningún género de dudas, a partir de la reforma del Estatuto de Autonomía de mil novecientos noventa y tres; y, en segundo lugar, a hacerlo en el marco de una Ley de Ordenación Farmacéutica.

La Ley de Ordenación Farmacéutica es la ley más prometida y más retrasada de todas las Cortes de Castilla y León. Se introdujo en ella una referencia en el discurso de investidura de don Javier León de la Riva, cuando fue nombrado Consejero de Sanidad y Bienestar Social, en el año mil novecientos ochenta y siete. El actual Consejero hizo una referencia a esta ley en su discurso de investidura el año mil novecientos noventa y uno. Cuando discutíamos la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario, los Procuradores Socialistas pedimos que se asumiera, por parte de la Junta, se avocara la competencia que habíamos recibido delegada de la Administración del Estado en los Colegios de Farmacéuticos, y se nos dijo que no iba a hacerse, porque antes de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, noventa y tres -es decir, hace año y medio; la Ley la estábamos discutiendo hace exactamente dos años-, se iba a dictar una Ley de Ordenación Farmacéutica. Y ahora, en el discurso de Presupuestos del Consejero ante la Comisión de Economía, se nos anunció que esta Ley sería presentada, si era posible, antes del final de la Legislatura.

Yo creo que la ley no va a presentarse antes de final de la Legislatura. Y es más, voy a decir lo que pienso sinceramente: yo creo que esta Ley no se presentará nunca; y si se presenta, va a ser para dar rango de ley a las disposiciones que actualmente están en vigor. Porque la Junta de Castilla y León en esta materia actúa, más que como una Administración de todos los ciudadanos, como el brazo administrativo de los colegios farmacéuticos. Y estamos ante un problema de intereses, un problema de intereses que, en estos momentos, cobra toda su actualidad y toda su virulencia a partir de la recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia de que se liberalice en España un sector, un sector de servicio público, como son las oficinas de farmacia, que, no obstante, está ocupándose en estos momentos en Castilla y León -como en otras comunidades autónomas-, pues, al dictado de intereses privados.

Y nosotros, sobre este tema tenemos algunas cosas muy claras. En primer lugar, que lo prioritario para regular este sector es la defensa del interés público, y el interés público supone, desde nuestro punto de vista, que allá donde pueda haber un servicio público, allá donde pueda haberlo, y donde haya una persona con la habilitación que le da un título universitario para prestar una función pública, debe haberlo sin ningún tipo de impedimentos. Que la Administración no está para crear problemas a los servicios públicos, sino para posibilitar su promoción. Y, en este sentido, nos parece que la regulación debe atender a estos fines de interés público.

En segundo lugar, que tampoco va a ser -a nuestro juicio, desde nuestro punto de vista-, tampoco tiene por qué ser exclusivamente el mercado el que regule la prestación de estos servicios. No debe abrirse una oficina de farmacia allí donde el mercado diga, sino con un sistema de regulación que garantice la preeminencia del interés público sobre el interés de mercado. Ahora, en estos momentos, parece que la discusión se articula a qué es lo que tiene que primar, si el interés corporativo de los farmacéuticos con farmacia -porque en este país hay muchos farmacéuticos que están en paro y a los que no se les permite abrir una farmacia-, o el interés de mercado, que puede abrir una farmacia allá... simplemente la persona que tenga más dinero para hacerlo. Desde nuestro punto de vista, ninguna de estas dos posiciones es aceptable. Debe abrirse una farmacia allá donde se demande.

(-p.11310-)

Y nosotros pensamos que en una Comunidad Autónoma con más de dos mil ayuntamientos, con muchos ayuntamientos de pocos habitantes, y en donde lo prioritario es garantizar una adecuada distribución territorial de los servicios, debe habilitarse una carrera administrativa que parta de la base de que probablemente sea justo que las personas que puedan abrir una farmacia en los núcleos mayores de población y, en este sentido, alcanzar una mayor rentabilidad económica, tenga que exigírsele una experiencia como farmacéuticos en el medio rural. Y nosotros, en este sentido, pensamos que esto puede obtenerse a partir de una liberalización de las oficinas de farmacia en todos los municipios de la Región, a partir del principio de que cualquier profesional farmacéutico que se comprometa a abrir una oficina de farmacia en un municipio que carezca de ella se le dé la posibilidad de hacerlo, y luego se articule, a través de esa Ley de Ordenación Farmacéutica, la posibilidad de que esa experiencia en el medio rural, lógicamente, le valga como puntos o le valga como criterio preferente de acceso a la posibilidad de que promocione profesionalmente a partir de una apertura de farmacia en otras localidades de población en las que existan más de una oficina de farmacia.

¿Qué obstáculos se pueden plantear a esta Proposición? Bueno pues, en primer lugar, el primer obstáculo yo ya sé que va a ser planteado como reducción al absurdo, es decir: nadie va a abrir una oficina de farmacia en un pequeño municipio. Bueno, pues en ese caso la Proposición no jugará ningún papel negativo. O que va a haber una proliferación de oficinas de farmacia en el medio rural. Bueno, si los farmacéuticos quieren abrirlas, yo creo realmente que ellos serán los perjudicados y los beneficiarios serán los usuarios de la sanidad pública. O que esto luego obligará a hacer reformas legales para posibilitar esa promoción profesional de esos farmacéuticos. Eso es, precisamente, lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que haya muchas farmacias abiertas en el medio rural y que luego esos farmacéuticos puedan, en condiciones de preferencia, optar a las farmacias en el medio urbano, y que no sean razones tan pintorescas como la herencia las que determine quién puede abrir una farmacia en una ciudad o en una localidad de un determinado número de habitantes.

¿Cuál es la actual situación? Pues la actual situación es que hay partidos farmacéuticos que están vacíos, hay partidos farmacéuticos que están vacíos, que no tienen oficinas de farmacia abierta. Hay partidos farmacéuticos en donde existe una oficina de farmacia -tengo la lista aquí de los partidos farmacéuticos que están vacíos a fecha de hoy en día, o sea que se lo puedo leer a Sus Señorías, veo que alguno hace alguna señal de que no es así-, hay partidos farmacéuticos en donde existe una oficina de farmacia teóricamente abierta y en la práctica no abierta, porque las actuales normas de establecimiento de oficinas de farmacia obligan a que se dé preferencia a todos y cada uno de los farmacéuticos de la zona de salud que tienen ya abierta oficina de farmacia en la zona de salud para cubrir esa nueva farmacia, y lo que está pasando es que los farmacéuticos con farmacia abierta optan, dejan pasar los plazos, les llevan hasta el absurdo y luego renuncian a última hora, para posibilitar que durante años y años haya oficinas de farmacia que estén vacías. Y que incluso normas de la Junta de Castilla y León dan preferencia a los titulares de farmacia abierta en el medio rural, para obtener plazas de interinos como farmacéuticos de la Junta en el medio rural. Con lo cual, por un lado, impedimos que se abran oficinas de farmacia, y, por otro lado, incluso, damos la posibilidad a aquellos que detentan una situación de práctico monopolio a que cubran las plazas como funcionarios interinos de la Junta.

Esta regulación sólo obedece al interés corporativo de los farmacéuticos con farmacias abiertas, y es una situación que hay que cambiar. Porque si no la cambiamos nosotros y seguimos actuando, desde la Administración de la Junta de Castilla y León, como el brazo legislativo de los colegios de farmacia y no como una administración pública, al final nos la van a cambiar las sentencias de los tribunales, y al final podemos ir a una situación de liberalización absoluta y de predominio absoluto del mercado que no satisfaga los intereses de los ciudadanos, pero que sea la única solución legal posible, ante el bloqueo que estos intereses corporativos están haciendo de una regulación legal que debería garantizar que lo prioritario en el establecimiento de oficinas de farmacia es el interés del ciudadano y no el interés del farmacéutico que tiene la farmacia de al lado.

Por esta razón, nosotros hemos hecho esta propuesta, que entendemos que es perfectamente razonable y perfectamente aplicable en un corto periodo de tiempo. Que entendemos que debe ser complementada con otra serie de medidas en la Ley de Ordenación del Sistema Farmacéutico de Castilla y León. Que, desde luego, nosotros esperamos que sea una realidad y esperamos que no se limite, como algunos borradores amenazan, a dar rango de ley a la actual regulación existente en estos momentos. Y, de alguna manera, con esta Proposición nosotros intentamos también obligar a la Junta de Castilla y León a que esa Ley sea realidad y obligamos a la Junta de Castilla y León a que dé una respuesta a una realidad sangrante, como la que se podía resumir en el sentido de: muchos ayuntamientos que quieren farmacia y no pueden tenerla, muchos profesionales farmacéuticos que están en paro y a los que se les niega el ejercicio de la profesión, porque se les impide abrir una farmacia, y muchas personas... mejor dicho, muy pocas personas que están haciendo un negocio extraordinario traspasando por decenas de millones de pesetas farmacias en núcleos urbanos, ocupando varias oficinas de farmacia, compatibilizando oficinas de farmacia con puestos en la Administración, e impidiendo el trabajo a sus colegas en paro, impidiendo que se preste un mejor servicio a los ciudadanos.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, Señoría. Para consumir el turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Santamaría.

SANTAMARIA GARCIA

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EL SEÑOR SANTAMARIA GARCIA: Gracias, Presidente. Señorías. Ante el contenido de esta Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista... Gracias, Presidente. Señorías. Ante el contenido de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que insta a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social a modificar la normativa en materia de apertura de oficinas de farmacia, cabría plantearnos dos alternativas. O bien compartir la preocupación que late en esta Proposición No de Ley sobre la situación en paro que afecta a un importante número de farmacéuticos, no solamente en nuestra Comunidad, sino a nivel de todo el territorio nacional, a cuyo fin instaríamos al Gobierno a que tome una serie de medidas, que arbitre una serie de medidas, que no precisamente deben coincidir con las que nos expone Su Señoría.

El segundo punto sería debatir los estrictos términos de la ponencia que giran en torno a tres elementos. Un medio, habla usted exclusivamente del medio rural; un ámbito territorial y administrativo, que es el municipio; y, por último, un criterio de preferencia, el ser licenciado en farmacia y el estar en paro.

De las dos alternativas, que a mí me parece que es esencialmente lo que tenemos que debatir, excluyo ya de una forma inmediata la primera, y no precisamente por no estar de acuerdo con ella, sino porque la Consejería de Sanidad tiene la evidencia absoluta de la preocupación por estos licenciados en paro y es consciente de los problemas de dicho colectivo. Precisamente, en fechas recientes, sus representantes, los representantes de este colectivo, han sido recibidos por nuestro Consejero de Sanidad y Bienestar Social y ellos han expuesto sus reivindicaciones que han quedado reflejadas en los medios de comunicación.

Por tanto, instarle nuevamente en términos como los señalados no sería sino una reiteración, y supondría el desconocimiento de que la Consejería y la Junta están trabajando ya en la materia, y, en definitiva, constituiría una especie de brindis al sol con nula transcendencia real.

La segunda alternativa, o, mejor dicho, los tres elementos enunciados anteriormente, es decir, el medio rural, el ámbito municipal y los licenciados en paro, además de despacharse en sentido negativo, de su mera mención tendríamos las siguientes conclusiones. Se trataría de una solución provisional y transitoria, que va a prejuzgar, comprometer y predeterminar la solución anterior y definitiva que debe darse a la ordenación farmacéutica de la Región. Yo creo que es un parcheo que, benevolentemente y con todo el respeto que usted me merece, hay que calificar, como mínimo, de irreflexivo e inoportuno. Yo creo que es una solución que en este momento, dado el enorme... la complejidad del problema, creo que sería enormemente inoportuna.

Los tres elementos citados inciden de lleno en los criterios básicos de cualquier proyecto de ordenación del sistema sanitario. Y surgen una serie de interrogantes inmediatamente: ¿por qué solamente en el medio rural? ¿Es posible una ordenación que compartimente el medio rural sin tener en consideración su interrelación con el medio urbano o semiurbano? ¿Qué ocurre con los municipios? ¿Son homologables las circunstancias en nuestros municipios de nuestra Comunidad? Porque en su anterior Proposición No de Ley, creo recordar, Señoría, que usted hablaba de las áreas de salud y decía que había que suprimir el concepto de municipios, cosa que ahora incide de una forma muy aguda. ¿Y también debe considerarse la situación de desempleo como criterio único o como mérito preferente excluyente de otras posibilidades?

Pues bien, todos estos interrogantes, y otros muchos que se nos plantea al leer su resolución, nos ponen precisamente en guardia para aceptar la misma, porque creemos que se debe hacer una normativa que fije y establezca la organización de las oficinas de farmacia en toda la Región. Y es que esta propuesta, Señoría, yo creo que responde a una filosofía un tanto oportunista; parece ser que tenemos que estar en todo y en todo momento. Yo creo que la situación del colectivo de farmacéuticos en paro es lo suficientemente seria como para no manipularla alegremente con iniciativas intempestivas, que únicamente son susceptibles de crear tensión, inquietud y falsas expectativas en los profesionales.

A propósito -y usted lo ha citado-, la Consejería de Sanidad, el Consejero de Sanidad ya anunció el compromiso de crear la Ley de Ordenación Farmacéutica en la próxima Legislatura, y esa... ese compromiso ha sido uno de los proyectos de ley -diríamos- que son fundamentales si los ciudadanos nos dan la confianza en el próximo periodo electoral.

Pero, curiosamente, recuerdan ustedes que fue en el debate de los presupuestos, por primera vez, cuando se anuncia por parte del Consejero la elaboración de esa Ley de Ordenación Farmacéutica, y es un día después cuando su Grupo y usted hace la Proposición de intentar en dos meses, prácticamente, porque fue a finales de noviembre -se presenta el veintisiete de octubre, pero es en noviembre cuando se trae esa Proposición-, en dos meses crear una ley tan compleja como la que estamos en este momento tratando. Yo creo que es una propuesta... esa propuesta es irrealizable, como usted ahora mismo lo reconoce en los antecedentes de esta Proposición No de Ley, donde dice usted que va a ser imposible hacer la ley en dos meses y, desde luego, incluso pone en duda el año noventa y cinco que se pueda hacer esta ley. Tiene usted razón y usted lo reconoce ahora que esa ley necesita de mucho consenso, necesita de mucho estudio, porque hay muchas personas implicadas en el tema.

(-p.11312-)

Pero yo querría manifestar... que habla usted en los antecedentes también, habla usted de la lenidad de la Administración y de la renuncia por parte de la Junta a ejercer el derecho en estas competencias. Yo creo que la lenidad no existe; es decir, en este caso, yo creo que una gran parte de la situación que venimos sufriendo en el tema de la Ley de Ordenación Farmacéutica se debe a que el Gobierno Central no ha desarrollado la Ley del Medicamento. Usted sabe que en el artículo 88.1.c) de ese artículo habla del desarrollo estatutario de todas las oficinas de farmacia como norma básica a la hora de desarrollar las competencias por parte de las Comunidades Autónomas, y, por tanto, es... llevamos ya más de cuatro años esperando esa norma básica, norma básica que, por supuesto, no se ha desarrollado.

Se dice también que ha renunciado la Junta al ejercicio de sus competencias. Yo creo que ustedes en el gobierno del ochenta y tres al ochenta y siete podían haber puesto en marcha el desarrollo de esas competencias, y otras Comunidades Autónomas gobernadas por socialistas revocaron la delegación en los colegios profesionales de farmacéuticos. Quizá nosotros lo que hemos querido, o, por lo menos, la Consejería lo que desea es tener esa normativa básica y desarrollarla en función... porque ustedes saben hasta la Ley 11 del noventa y cuatro de la Reforma del Estatuto, del veinticinco de marzo, esa competencia no ha sido cedida a la Comunidad.

Por tanto, yo creo que hay suficientes argumentos para rechazar esta Proposición No de Ley. Pero no quiero tampoco dejar pasar un párrafo que introduce usted en sus antecedentes, y que textualmente dice: "la imperiosa demanda de liberalización del sector".

Mire usted, guste o no nos guste, sea usted o no sea más liberal que el Gobierno que preside esta Comunidad, las oficinas de farmacia constituyen, según la definición del Tribunal Constitucional, un servicio sanitario público, con las lógicas consecuencias de intervención administrativa en su intervención, en su autorización, en su apertura, en su control, etcétera, etcétera, y, por tanto, van dirigidas, como usted bien sabe, a la prestación del servicio en óptimas condiciones de acceso para la población.

Y a esta finalidad debe ir dirigida la nueva Ley de Ordenación Farmacéutica, y sólo en el marco de esta Ley podrán arbitrarse medidas que atiendan a crear mayor y mejor empleo para los profesionales.

Por todo lo expuesto, no duden Sus Señorías que estas Cortes deberán ocuparse de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Castilla y León en la próxima legislatura, incluso, insisto, mucho antes de que el Gobierno Central determine previsiones sobre la ordenación farmacéutica que la Ley del medicamento le ordenó desarrolla, y cuatro años después seguimos esperando.

Mientras tanto, y compartiendo la inquietud del Grupo Socialista por un tema que nos preocupa y que la Consejería de Sanidad y Bienestar Social tiene ya en su agenda de trabajo, por ser uno de los objetivos a realizar en la próxima legislatura, lamentamos tener que votar negativamente la Proposición No de Ley.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, Señoría. Para consumir el turno de réplica, tiene la palabra el señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Empezaré por el final. Yo creo que ustedes no lamentan votar en contra de la Proposición No de Ley. Ustedes lo van a hacer absolutamente convencidos, porque yo creo que ustedes defienden en este tema intereses corporativos, y los peores intereses corporativos, aquellos que tienen además una raíz económica; ni siquiera defienden ustedes a los farmacéuticos, sino defienden ustedes a los farmacéuticos con farmacia.

Y, en este sentido, no lamentan nada, o sea, lo van a hacer a conciencia, y, además, orgullosos de hacerlo.

Dice el señor Santamaría que la Consejería se preocupa de los problemas de los farmacéuticos en paro. Traería a colación aquí la cita ignaciana, que es una de las más preferidas: "con los problemas no hay que preocuparse, hay que ocuparse".

Yo puedo aceptar que, imbuidos de toda su buena fe, ustedes se preocupen mucho de los problemas. El problema es que no se ocupan de ellos. Y a la administración no se le exige que se preocupe de los problemas; de los problemas se preocupan los padres respecto de sus hijos, los ciudadanos respecto de sus vecinos o de la buena marcha del municipio. La administración tiene que solucionarlos.

Y ustedes llevan aquí una serie de años, cada día poniendo un motivo diferente de retraso, para no ocuparse del problema, para no ocuparse del problema. Porque, además, el último de los... la última de las trincheras para no ocuparse del problema es la que desde el punto de vista jurídico... ya sí que aquí tengo que empezar por decir que es pintoresca. Porque a la vez se nos dice: tiene que haber una ley de ordenación del sistema farmacéutico, y luego se nos dice que hay una competencia, no se sabe cuál, que no ha sido cedida a la Comunidad, que es la de desarrollo básico del artículo 88 de la Ley del Medicamento, que le impide a la Junta de Castilla y León hacer su ley o ocuparse del problema.

Si fuera esto así, no podríamos hacer la Ley, señor Santamaría. Si podemos hacer la Ley de Ordenación Farmacéutica de Castilla y León es porque tenemos todas las competencias en esta materia. Y le voy a aclarar una cuestión: el artículo 88 del la Ley del Medicamento es un artículo declarado básico por el propio artículo 2 de la Ley, que empieza diciendo lo siguiente: "Las autoridades sanitarias con competencias en ordenación farmacéutica realizarán la ordenación de las oficinas de farmacia". ¿Cuáles son estas autoridades sanitarias con competencias en la ordenación farmacéutica? Pues, desde la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía del año mil novecientos noventa y tres, entre ellas, la Comunidad de Castilla y León.

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Es la Comunidad de Castilla y León la que tiene que hacer la Ley de Ordenación Farmacéutica, no es el Estado. No es el Estado. El Estado no tiene ya competencias en ordenación farmacéutica en Castilla y León. Por eso la Junta va a hacer la Ley que tantas veces se nos ha prometido, porque ya es la Junta la competente. Porque aquel... aquella reticencia que aparecía en el Estatuto de Autonomía antes del año mil novecientos noventa y tres, que era en los términos de ejecución de la legislación del Estado, ha desaparecido de la redacción del Estatuto de Autonomía después del año mil novecientos noventa y tres, y ahora tenemos competencia plena en ordenación sanitaria, y competencia plena en autorización de centros y establecimientos sanitarios.

Luego no hace falta que el Estado desarrolle ninguna norma básica; las Comunidades Autónomas que sí que son celosas de sus competencias ya lo ha dicho así, esas Comunidades Autónomas que el señor de Marco decía que son las de primer grado, pues esas Comunidades Autónomas ya lo han aclarado suficientemente. Si el Estado lo hiciera, lo haría en intromisión de las competencias de la Comunidad Autónoma. Y ustedes lo que pasa, que no tienen ninguna gana de regular nada, porque saben que en este tema pues están ustedes regulando una situación que solamente, a cualquier regulación que se dé, va a recortar algunos privilegios de un colectivo muy pequeño, eso sí, muy bien representado por ustedes.

Y, en ese sentido, pues, una vez más se nos dice que tiene que haber una Ley. Nosotros presentamos una Proposición No de Ley, y por razones pura y simplemente de juego de duendes, de... de juego de duendes, se presentó al día siguiente que el Consejero hubiera hecho en la Comisión de Economía -al día siguiente- el anuncio de la Ley de Ordenación Farmacéutica. Y fíjese usted si somos respetuosos con la posición de la Junta de Castilla y León que retiramos esa Proposición No de Ley, y la retiramos para que no se interpretara que lo que nosotros teníamos elaborado con anterioridad, y al margen de la intervención del Consejero, se pudiera interpretar, precisamente, como un aprovechamiento oportunista de la declaración del Consejero. Y un compañero, que era el que la había redactado, que no estaba presente en aquella Comisión fue el que la presentó, y automáticamente el Grupo decidió que como el Consejero ya había hecho el anuncio se retiraba esa Proposición.

O sea, en ese sentido, no hay ningún oportunismo. Lo que hay es un poco pérdida de paciencia, porque se nos ha prometido tantas veces esta ley, y la verdad es que, conforme vamos conociendo los borradores que se van avanzando, nos asusta tanto su contenido que, francamente, pensamos que la ley no va a solucionar ninguno de estos problemas.

Y, bueno, por otro lado, pues para ilustrar el que la Ley no va a solucionar ninguno de estos problemas, pues puedo hasta hacer una cita de extraordinaria autoridad, que es la del Consejero, del Consejero de Sanidad y Bienestar Social.

El Consejero dice en unas declaraciones a la revista de farmacéuticos que "en materia de oficinas de farmacia en el medio rural, tiene la misma posición que los colegios de farmacéuticos". Y lo dice así, literalmente.

Y, desde luego, desde ese punto de vista, yo estoy absolutamente seguro, y lo están todas Sus Señorías, de que el tema no va a alcanzar ningún tipo de solución. El tema se seguirá enquistando, el Consejero continuará recibiendo a las Comisiones de farmacéuticos en paro, continuará diciéndoles que se está preocupando de sus problemas, no se ocupará de los mismos, y no arreglará absolutamente nada.

¿Por qué no se puede regular la situación de las oficinas de farmacia en el medio rural y dejar al margen una regulación, que sí que tiene que ser necesariamente más cuidadosa, en aquellos lugares en donde existen más de una oficina de farmacia, o en donde existe una oficina de farmacia ya abierta? Pues, mire usted, porque, desde luego, lo que es muy difícil de explicar es a un pueblo que quiere tener una oficina de farmacia, y que tiene un farmacéutico en paro que quiere ocuparla, que no puede tenerla abierta, que no puede tenerla abierta. Esto no tiene ninguna explicación razonable. Y nosotros en la Ley de Ordenación Farmacéutica, si esta Proposición es rechazada -como va a serlo previsiblemente-, defenderemos la misma regulación. Será un problema de rentabilidad económica del establecimiento. Pero allá donde puede haber un servicio público, ¿por qué no debe haberlo? ¿Quién es la Administración para decir a un Ayuntamiento de Castilla y León que no puede tener un servicio público que quiere alguien prestar, en función de intereses -digámoslo así- telúricos, o del sector, intereses económicos, a fin de cuentas? ¿Con quién quieren llegar ustedes al consenso de la ley? Porque si el consenso es un consenso entre criterios políticos, nosotros hemos dado sobradas pruebas de que estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo político con ustedes. Todas las Leyes de Ordenación Sanitaria de esta Comunidad Autónoma han sido consensuadas entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, porque siempre hemos pensado que era mejor un mal arreglo que un buen pleito, y, además, hemos llegado a la convicción de que los arreglos eran buenos.

Pero, claro, es que ustedes quieren llegar a un consenso entre los diferentes intereses económicos del sector, y eso sí que es imposible. No se pueden hacer las tortillas sin cascar huevos. Si ustedes quieren ordenar el sistema farmacéutico en Castilla y León, van a tener que recortar algunos privilegios de los actuales farmacéuticos de farmacia.

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Y si no van ustedes a ser capaces de hacer una ley sin llegar al consenso con los colegios de farmacéuticos, a los que el Consejero dice que hablan por él en los temas de farmacia, pues, desde luego, el consenso va a ser imposible, pero no ya con este Grupo político, sino el consenso social con los ciudadanos, con los ciudadanos, que lo que quieren es tener más farmacias y que los farmacéuticos en paro puedan trabajar en las mismas.

En este sentido, yo creo que sí que ha habido una cierta lenidad.

Usted conoce, señor Santamaría, como conozco yo y como conocen, sin duda, muchos Procuradores de estas Cortes, que ha habido situaciones absolutamente sangrantes; de farmacias autorizadas por el Colegio Farmacéutico y que se han tirado sin estar abiertas durante años, durante años, en función de que todos y cada uno de los farmacéuticos de su zona de salud iban optando a esa farmacia para impedir que se abriera, dejando escapar los plazos legales hasta el último día, para, a continuación, renunciar a la misma y que el siguiente farmacéutico planteara la opción.

¿Qué han hecho ustedes para solucionar esos problemas? Nada, señor Santamaría, señores del Grupo Popular. No han hecho nada. Ni han inspeccionado cómo ejercitan las competencias los colegios farmacéuticos, ni les han llamado la atención cuando lo estaban haciendo mal. Y han tenido que ser los tribunales de justicia los que, apreciando en algunas ocasiones temeridad y fraude de ley en el ejercicio de algunos derechos legales, han obligado a la apertura de determinadas farmacias a la Comunidad.

¿Qué han hecho ustedes para solucionar el problema de partidos farmacéuticos que no tienen farmacia? Pues, poca cosa, señor Santamaría, porque los intereses económicos son muy difíciles de combatir cuando uno les defiende. Y yo creo que ustedes han asumido en este tema la posición de defender el interés económico del pequeño colectivo de farmacéuticos con farmacia.

Nuestra regulación puede ser imperfecta, pero, desde luego, es mucho más perfecta que la regulación actualmente existente. Una regulación que llega hasta el cinismo -y, permítame la expresión, porque no es un cinismo aplicable a ninguna de Sus Señorías, sino me refiero de la ordenación administrativa- de hacer que se convierta en un privilegio el tener abierta una oficina de farmacia que no se permite abrir, porque hasta los actuales titulares de oficinas de farmacia, si no son funcionarios de la Junta, tienen preferencia para ser nombrados interinos, cuestión que es un disparate, es un disparate absoluto. O sea, digámoslo claramente: para ser interino de la Comunidad Autónoma, lo razonable será, como mérito preferente tener determinado expediente académico, tener determinada titulación, determinada experiencia profesional, lo que se quiera, pero no ocupar un puesto de trabajo en el sector privado cuando nosotros estamos restringiendo el que haya más puestos de trabajo en el mismo sector.

Y toda esa regulación no es ni inoportuna, ni irreflexiva, ni oportunista, ¡pues claro que lo es, señor Santamaría! Si lo oportunista en estos momentos es negarse a solucionar el problema. Y, además, yo les veo venir. Van a decir que la ley es muy complicada, van a someterla -la ley- a los nueve Colegios Farmacéuticos de Castilla y León, van a intentar llegar con ellos a un acuerdo, y, al final, van a llegar ustedes a un acuerdo tal que no va a servir para nada, y al final será una sentencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o, probablemente, sentencias de los Tribunales de Justicia en ámbitos inferiores, los que al final acaben reconociendo el derecho constitucional a trabajar.

Si un licenciado de farmacia quiere abrir una farmacia en un sitio donde no existe ninguna, ¿quién se lo puede impedir, desde el punto de vista de ordenación de los servicios públicos? Nosotros tendremos que garantizar un mínimo de servicios, pero a partir de ese mínimo, ¿por qué vamos a ponerle puertas al monte, si alguien quiere trabajar y ganarse el pan?

En conclusión, nosotros, con todas las dificultades que planteaba este problema, hemos optado por una vía: la vía de considerar que en todos los ayuntamientos de Castilla y León donde haya alguien quiera trabajar, puede trabajar, manteniendo una oficina de farmacia abierta como servicio público a los ciudadanos, y que eso debe ser un mérito para ocupar farmacias en el medio urbano.

Yo creo que ustedes han optado por seguir preocupándose del problema. Y no tengo ninguna duda de que se van a seguir preocupando del problema, tanto tiempo como sea necesario para evitar que en esta Comunidad Autónoma los privilegios de un pequeño colectivo de personas sigan primando sobre el interés colectivo de los ciudadanos.

Pero, desde luego, nosotros, en esa historia no estamos, y no tenemos ningún miedo a afrontar esa respuesta corporativa, y a decir a los ciudadanos que si quieren mejorar sus servicios públicos en esta materia, pues, evidentemente, no es el Partido Popular el que lo va a hacer.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Granado. Para consumir el turno de dúplica, tiene la palabra el señor Santamaría.

SANTAMARIA GARCIA

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EL SEÑOR SANTAMARIA GARCIA: Gracias, Presidente. En primer lugar, decirle que sí que lamentamos votar en contra de esta Proposición No de Ley, por lo que tiene de trascendencia a esos farmacéuticos profesionales en paro. Y, desde luego, descartar que no tenemos ningún interés corporativista. Esto tiene que quedar muy claro. Usted tiene que comprender que la ley es muy compleja. Dentro de las leyes que hemos aprobado dentro del sector sanitario, desde luego, la Ley de Ordenación Farmacéutica es una ley muy compleja, y, por tanto, habrá que tener en cuenta, no solamente los criterios políticos, sino también los criterios de los colegios profesionales, porque están ahí por ley y, por tanto, habrá que escucharles, cosa que parece usted que intenta divorciarse de esos colegios profesionales.

Mire usted, la complejidad de esta ley es tan importante que Comunidades como el País Vasco o como Cataluña tardaron quince y doce años, respectivamente -quince años Cataluña, doce... perdón, doce Cataluña, quince el País Vasco-, para poder poner en marcha una Ley de Ordenación Farmacéutica. Por tanto, no es un tema baladí, no es un tema que podamos resolver de una forma aquí rápida, en un par de meses que nos quedan de Legislatura, y, sobre todo, modificando una normativa que va contra un Decreto, un Decreto de Ley, que sería incluso cuestionable desde el punto de vista legal. Por tanto, yo creo que no hay oportunismo.

Pero fíjese usted que en su anterior Proposición No de Ley, cuando usted habla de los criterios que deben de tenerse en cuenta a la hora de elaborar esa ley, usted habla, como mínimo, de nueve puntos de los criterios, y al final los... pretendemos hacer una norma en la cual sólo un punto, licenciados en paro y medio rural, sea -diríamos- la panacea de todo el problema que implica esta ley conflictiva y problemática.

Yo creo que va a ser una ley consensuada, usted lo ha dicho; tiene que haber un acuerdo político, como lo ha habido siempre, y usted ha sido un protagonista esencial en estas leyes sanitarias que hemos aprobado, de ordenación sanitaria, de la droga, etcétera. Por tanto, deseche usted esos temores. No hay una reivindicación por parte nuestra, cara a los colegios profesionales, yo creo que eso es un error, y que, por tanto, tendremos en cuenta todas esas matizaciones.

Dice usted que el Consejero ha hecho una referencia de que en el tema de farmacéuticos rurales coincide con los colegios profesionales. Pues claro que tiene que coincidir, porque en este momento la ley que tenemos, la ordenación legal que tenemos dice que los colegios profesionales tienen que tener una cierta... vamos, una importante... diríamos, un importante desarrollo en esa actividad. Y, por tanto, no podemos olvidarlo, es decir, hay que contar con los colegios profesionales. Por tanto, no ha dicho ninguna incoherencia. Pero sí ha escuchado y toma buena nota de esas reivindicaciones que le han planteado, precisamente, esos profesionales en paro.

Yo creo que hay argumentos suficientes como para... en fin, se podrían denunciar montones de anomalías, que es cierto que pueden existir en algunas parcelas de la Administración, pero no solamente en esta ley y no solamente en nuestra Comunidad. Lo que yo sí creo es que lo que hagamos, hay que hacerlo muy bien, porque usted sabe la conflictividad que todos los días -lo ha dicho usted- existe en los Tribunales con estos problemas, y, por tanto, hay que atar muchos cabos antes de tomar ninguna decisión.

De todas formas, insisto, se está trabajando en el tema, se está... yo creo que es un compromiso no del Consejero, sino del Gobierno de la Comunidad, el hacerlo en esta Legislatura que vamos a entrar, pero sobre todo en los primeros meses... yo soy tan pesimista como usted para pensar que el año noventa y cinco no se va a hacer. Yo creo que una vez que empiece la nueva Legislatura se va a poner en marcha esta Ley de Ordenación Farmacéutica. Y, por tanto yo querría, pues, dejar aquí la idea clara de que el Gobierno de la Junta tiene esta Ley para poderla realizar y lo va a hacer con una premura importante. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Santamaría. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Bien, parece que en algo estamos de acuerdo, y es que éste es un problema y gordo. El tema de la ordenación farmacéutica, realmente, es un tema importante, que requiere también respuestas importantes, porque estamos viendo que aquí una propuesta que yo calificaría de razonable y positiva, pero tímida, en todo caso, las escamas que está levantando. ¿Qué será cuando se pretenda abordar en profundidad todo lo referente a la ordenación sanitaria... del sector farmacéutico, perdón, en Castilla y León? Porque, evidentemente, lo que se propone, en definitiva, yo creo que... en el fondo lo que pretende es evitar el sistemático fraude de ley que se está cometiendo en la apertura de farmacias en las zonas rurales. Porque, efectivamente, esos tiquismiquis legales, esos vericuetos que se utilizan casi con premeditación y alevosía -yo diría-, en el fondo es un fraude de ley, porque la ley no pretende decir lo que, a la postre, se pone en práctica.

Por consiguiente, creo que en el fondo esa Propuesta de Resolución del Grupo Socialista pretendería clarificar la situación para evitar este aparente fraude de Ley. Ya vemos que ni siquiera eso va a salir. Yo tenía dudas si votar a favor o abstenerme, porque entendía era muy tímida esta propuesta. Pero, visto lo importante y lo trascendente que es el problema, voy a votar favorablemente, porque entiendo que, compartiendo lo más, tengo que estar también de acuerdo con lo menos, que es lo que se propone.

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A mi juicio, el problema se resolverá cuando, de una vez por todas, primen los intereses públicos, los intereses generales, y se liberalice, con las cautelas y garantías que se quiera, el sector farmacéutico. Porque, realmente, esto se está convirtiendo... aquí todo se liberaliza, parece que se ha puesto de moda, o estamos en un entorno, que es la Unión Europea, donde prima la liberalización de la actividad económica. Solamente algunos sectores especialmente influyentes en algunos países se resisten a esta nueva realidad. Y, además, es que me parece razonable que el camino sea ése, insisto, con las garantías que se quiera, dada la sensibilidad y la importancia del servicio público de este sector, porque tampoco es de recibo que de esto se haga un mero comercio, y que se traspasen o vendan farmacias en unos precios realmente llamativos, al mejor postor, y no porque valga mucho el edificio, sino porque vale mucho ese privilegio público que el poder público ha concedido a un señor. Y creo que esto no es muy razonable, afecte a quien afecte, porque qué duda cabe que al que le toque perder esos privilegios no le va a gustar. Yo, además, entiendo y comparto su planteamiento, pero aquí estamos hablando, por lo menos desde mi óptica, desde una actitud -digamos- de aparente... por lo menos de pretendida neutralidad, de ver un poco las cosas no siendo -como se suele decir- juez ni parte.

Por otra parte, que se den circunstancias al amparo de esta especie de monopolios, de que además se practiquen también objeciones de conciencia, en el sentido de que se venden ciertas cosas, pero ciertas cosas no se venden, porque por cuestiones de conciencia no se venden, cuando está demostrado, reconocido de que sanitariamente es lo correcto y lo adecuado, y que encima eso se haga en una situación de monopolio, yo no lo entiendo. Porque que a un ciudadano se le obligue a ir a otro municipio, a otra ciudad, a adquirir un bien, que desde el punto de vista sanitario es recomendable, porque la farmacia de su localidad por cuestiones de conciencia no lo vende, en una situación de monopolio, señores míos, díganme ustedes dónde vamos a parar.

Por consiguiente -ya termino porque no tengo mucho más que añadir-, creo que esta situación de privilegio se resolverá satisfactoriamente cuando se liberalice el sector farmacéutico, con todas las cautelas que se quiera; que esto que propone el Grupo Socialista es un paso tímido, pero importante, a la vista del sistemático fraude de ley que se está poniendo en práctica. Y por eso lo voy a apoyar, aun con la tristeza de que no va a salir y que no vamos a colaborar en absoluta a resolver, aunque sea mínimamente, ese gordo problema de la ordenación sanitaria en Castilla y León, y yo me imagino que en gran parte del resto de España, porque la mayoría, como siempre, tiene razón. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Buiza. Para fijar el turno de fijación de posiciones del Grupo Mixto, tiene también la palabra el señor de Fernando... CDS, sí.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Yo que comparto casi todas las inquietudes del señor Granado, y bastantes de las cosas que ha dicho aquí, voy a votar en contra, pero porque quiero sólo que se solucione el problema, no que se complique, señor Granados.

Si usted mira la Proposición No de Ley que usted presentó y lo que presenta ahora es totalmente contradictorio. Y, es más, aquello que iba bien enfocado, al aprobar esto podría estropearlo. Usted hablaba de la zona básica de salud, y así lo tienen los catalanes y así lo tienen los vascos. Yo creo que aquí lo que hay que mirar es el servicio público como punto de mira primero, y, a partir de ahí, desarrollar todo lo demás, no los intereses de unos ni de otros.

Y le voy a decir más, señor Granado, a mí, como le decía antes al Portavoz del Grupo Popular, que hablase él precisamente de reclamar las competencias, ustedes que han tenido diez años estas competencias en el Gobierno Central no han querido hacer caso a la única Asamblea de Farmacéuticos que hubo en España en el año sesenta y cinco, y sí han estado haciendo caso a los Colegios de Farmacéuticos. Y mal hecho. Desde el año sesenta y cinco la Asamblea de Farmacéuticos y yo, que asistí a ella, vengo diciendo en todas partes que he tenido ocasión: primero, había que regular el acceso a la propiedad de las farmacias por méritos profesionales y no por dinero; primer punto que debíamos tener en cuenta para la próxima Ley de Ordenación Farmacéutica.

En segundo lugar, hay que regular el farmacéutico adjunto, el farmacéutico adjunto, por el número de dispensaciones que se hagan. No es lo mismo estar un farmacéutico pendiente de diez recetas que aquél que tiene dispensar diez mil; imposible controlar las diez mil.

Y les voy dando puntos para todos esos parados. Hay que jubilar a los farmacéuticos cuando llegue la edad igual que a cualquier funcionario. Yo sé que esto cuando se lo digo a mis compañeros se suben por las paredes, ¿Por qué? Pues, como se jubila un notario. Si es un servicio público y a mí el Gobierno me concede una farmacia en estas condiciones, también me exige que me jubile. ¿Por qué yo no me voy a jubilar?

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Solamente con esas medidas -señor Granado- que ustedes hubiesen tomado, probablemente el paro estuviese reducido en un cincuenta por ciento. Porque esto que usted propone ya está en la ley. En la Ley está que todos los municipios pueden tener oficina de farmacia. En la ley está quien puede recurrir y quien puede pedir. En los trámites que ustedes han puesto en el Gobierno Central es donde está, y recurrir no es solución. No hay solución, pero es que, además, cuando la ha habido, y en algún sitio la han puesto... vaya usted a la provincia de Zamora y vea si lo que hay allí es un servicio público o no es un servicio público. ¿De qué adelanta usted que un señor ponga una farmacia en un ayuntamiento de doscientos habitantes? Pues si luego no tiene nada, no tiene absolutamente nada, no puede tenerlo. Y entonces resulta que lo que se está es empañando. No tiene el servicio público. Haga usted la zona de salud y exija al farmacéutico que le corresponde ese núcleo de cien habitantes a que dé un verdadero servicio en ese pueblo. Pero no engañe usted al pueblo diciendo: va a tener una farmacia, que no la tiene, señor Granado. Yo le puedo llevar a pueblos de Avila con ciento cincuenta habitantes, han puesto una farmacia, y le llevo allí a ver si vé usted una farmacia. Y le pregunta usted a los habitantes que qué tal servicio tienen, y dicen: peor que antes que no la teníamos. Porque antes, cuando no la teníamos, el farmacéutico de al lado venía por las mañanas, por las tardes, y estábamos perfectamente atendidos. Pero con ciento cincuenta habitantes no puede haberla.

Por eso le digo que yo, que comparto con usted el tema de la... lo que hace falta es urgir -y usted fue el que retiró la Proposición No de Ley-, para haber agilizado el tema. Se lo estuve diciendo cuando usted la retiró: no la retire. Sí, que me han dicho que la van a proponer a la Legislatura siguiente. Algo llevaríamos avanzado, por lo menos el habernos puesto de acuerdo en los criterios -como le digo- que son básicos: modificar el número de habitantes. No es comprensible, no es comprensible que cuando en cualquier ciudad el número de habitantes por farmacia sea mil quinientos-dos mil, haya núcleos de cinco mil habitantes en el núcleo rural con una sola farmacia y no se pueda poner otra.

Luego, entonces, no es que el medio rural sea un tema y el medio urbano sea otro; si va todo encajado. Y haga usted un acceso a la propiedad donde prive el mérito el haber estado en el medio rural, y verá usted como entonces cualquiera va a al medio rural, sabiendo que a los dos años sale de allí para irse a otro pueblo más grande. Y eso ya lo he introducido en parte... el País Vasco en su Ley de Ordenación Farmacéutica; es la más moderna. No se tarda tanto en hacer una Ley si nos ponemos de acuerdo en los criterios. Y yo ya le he dicho unos cuantos: el acceso a la propiedad por méritos, jubilación del farmacéutico a la edad de los funcionarios, variar el número de habitantes, y regular lo de los farmacéuticos adjuntos.

Yo le aseguro que con una ley en Castilla y León que compara estos criterios, probablemente reduzcamos el paro, no digo al cien por cien, pero en un setenta y cinco por ciento quedaría reducido el paro.

Y esos serían los criterios. Aprobar lo que usted dice ahora sería entorpecer el que la futura Ley de Ordenación Farmacéutica -que ojalá se haga al año que viene-, al regular las zonas de salud, se encuentre con que en esa zona de salud ya hay tres farmacias abiertas, oficialmente, porque allí no hay nada, pero hay tres. ¿Cómo va a regular luego usted esa zona de salud de estos cuatro municipios, que debían de tener una farmacia... ? Y no va a reducir el número de farmacias; en el medio urbano pueden salir bastantes más de las que hay si se aplica la normativa que había antes, el artículo 5, en vez de la normativa que hay ahora, que daba muchos menos problemas.

Por tanto, se abrirían más farmacias de las que hay, señor Granado, se regularían mejor, se colocarían mejor los farmacéuticos, y se haría una ley mucho más justa de la que hay.

Y, lo siento mucho, aprobando lo que usted trae hoy, lo que se podría es entorpecer. Yo lo que... coincidiendo con el señor Buiza, que si un tema levanta esto, ¿qué levantará la ley? Levante lo que levante, hágase la ley urgentemente.

Y tiene usted razón, señor Granado, a los Colegios hay que consultarles, pero tampoco hay que hacerles caso al cien por cien. Porque no los de Farmacéuticos, desgraciadamente los colegios en España están variando su posición de lo que deberían ser: en vez de defender la profesión, defienden al instalado. Pero no el de Farmacéuticos, y el de Médicos, y el de Psicólogos, y el de ATS. Hay que variar la mentalidad de los Colegios. Y, en este caso, habrá que consultar a los Colegios, porque es preceptivo, pero no hacerles caso al cien por cien, sino sólo en aquello que puedan aportar a una ley moderna, y que creo que con la experiencia que hay de la Ley del País Vasco, insisto, la más moderna en la tramitación, porque es la última que se ha hecho, y la más moderna o avanzada, pero con bastantes defectos, sobre todo para aplicarla en Castilla y León, que tiene mucho más medio rural que tiene el País Vasco.

Yo creo que poniéndose de acuerdo en los criterios, si hay voluntad política, en pocos meses, la ley puede salir adelante.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor de Fernando. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Para agradecer, en primer lugar, al señor Buiza el apoyo a la Proposición, y luego hacer unas consideraciones sobre la intervención última del señor Santamaría y del señor de Fernando.

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En primer lugar, voy a hacer la cita literal -antes no la encontré- de lo que dijo el Consejero a la revista "Farmacéuticos" de octubre del noventa y tres, para que veamos de lo que estamos hablando. "Respecto al problema de las farmacias rurales, al problema de las farmacias rurales -que parece que es un problema específico, no es parte de la cosmogonía de los problemas farmacéuticos, sino un problema específico- tengo la misma postura que el Colegio de Farmacéuticos, hay que cuidar la concesión de aperturas". Claro, cuando estamos diciendo aquí que si hay que escuchar a los Colegios y tal..., si estamos totalmente de acuerdo; el problema es que ustedes no se han limitado a escuchar a los Colegios, sino que ustedes están defendiendo exactamente lo mismo que dicen los Colegios. Y los Colegios, en este tema, el de mi provincia y el de las otras ocho provincias de Castilla y León, lo tienen muy claro: cuántas menos oficinas de farmacia, mejor. Y ésta es su posición y la posición que ustedes van a manifestar aquí: cuántas menos oficinas de farmacia, mejor. Y en ese sentido, así no solucionamos el problema. Así solucionamos la inquietud de los actuales farmacéuticos con farmacia de ver que puedan verse reducidos sus ingresos; que es una inquietud razonable y legítima, pero que es una inquietud, sinceramente, privada, no pública.

Estamos hablando de un servicio público, es verdad. Hombre, es verdad que si se hubiera producido lo que nos dice el señor de Fernando, que tiene un conocimiento del tema profundo, pues, evidentemente, a lo mejor no hubiera sido necesaria la presentación de esta Proposición. Pero, vamos, estamos hablando de un servicio público que se hereda; cosa curiosísima. Estamos hablando de un servicio público que se vende por decenas de millones de pesetas; cosa curiosísima. Estamos hablando de un servicio público, bueno, pues, que está siendo gestionado por el Colegio corporativo, porque las competencias de inspección, de control, de autorización de nuevos establecimientos están delegadas en los Colegios Farmacéuticos, no por una legislación socialista, sino por una legislación de la época en que era Director General de Farmacia -creo recordar- mi amigo el señor Reol Tejada, o, en todo caso, regulada administrativamente por el Decreto del año setenta y ocho, cuando gobernaba la Unión de Centro Democrático. Que yo sepa, el Gobierno socialista ha mantenido en sus términos, prácticamente, con absoluta... sin modificación ninguna esa legislación.

En ese sentido, estamos hablando de una legislación que es parte del problema y de unos colectivos profesionales, que son los Colegios Farmacéuticos, que son parte del problema. Y ustedes yo creo que no van a poder abordar la solución del problema asumiendo la posición de defensa de los intereses de parte. O sea, ustedes en el pleito no están haciendo de juez, que es lo que debería hacer la Administración Pública, sino están haciendo el papel de abogado defensor de algunos intereses corporativos. Y yo creo que así no se va a solucionar el problema, va a haber unas elecciones, no es conveniente vender la piel del oso antes de cazarlo, y, en ese sentido, yo creo que el problema se solucionaría mejor si gobernamos unos que si gobiernan otros, pero, bueno, eso, en cualquier caso, es una percepción también muy interesada y de parte.

Y en cuanto a la intervención del señor de Fernando. Bueno, a mí me interesaría decir simplemente una cuestión general. Yo comparto sus criterios, yo comparto el criterio de que a los farmacéuticos hay que jubilarlos, de que debe ser el interés... vamos, debe ser el mérito y la capacidad, y no la capacidad económica o el ser hijo de farmacéutico lo que determine que alguien pueda tener una farmacia, y, en ese sentido, pues probablemente nos pudiéramos poner de acuerdo en que si esos criterios se hubieran adoptado, pues no sería necesaria la presentación de la Proposición.

Pero en cualquier caso, señor de Fernando, en cualquier caso, si decimos que va a ser un mérito para ocupar una farmacia en un núcleo urbano el haber estado antes en el medio rural, nos exige liberalizar el medio rural. Porque si en el medio rural el número de farmacias es inferior al del medio urbano, lo que estamos promoviendo con ese sistema de promoción no es la promoción de los más, sino es la promoción de los menos: la cooptación. Es decir, no hemos resuelto el problema. Lo que hemos dado al problema es otra dimensión; seguirá habiendo las mismas farmacias, alguna más, y seguirá habiendo un trasiego de farmacéuticos de un sitio a otro. Pero no vamos a solucionar el problema. Yo no creo que en estos momentos exista ningún riesgo de que estableciendo el adecuado sistema de promoción, si se liberaliza el medio rural, esté peor prestado el servicio público.

Señor de Fernando, yo hablo con muchos concejales de ayuntamientos, y normalmente de lo que se quejan es de no tener farmacia; normalmente de lo que se quejan es de eso, no de que el farmacéutico está poco. Se quejan de que el farmacéutico está poco cuando el farmacéutico, a veces, es funcionario de la Junta, y entonces sí que está poco, entonces sí que está poco, y no se cumple la legislación que obliga a que haya un farmacéutico en la farmacia en todo momento, porque las horas que ese señor está trabajando en la Junta no suele haber un farmacéutico en la farmacia. Pero claro, como la competencia de inspección está delegada en los Colegios y la Junta no hace nada por controlar cómo los Colegios ejercen esa inspección... Si es que aquí podríamos traer a colación cuántas actas de inspección se han levantado en cada uno de los Colegios por no prestación de servicio y por no estancia del farmacéutico en cada farmacia, y nos encontraríamos con una situación ridícula. Se está tolerando el incumplimiento de las normas legales.

Para solucionar este problema, pues lógicamente, la liberalización aporta una solución, y es la de que si un farmacéutico no está en la farmacia, pues el ciudadano puede acudir a la del pueblo de al lado, en donde, a lo mejor, el farmacéutico sí que está, porque no es funcionario de la Administración, y le presta un mejor servicio.

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En ese sentido, creo que nuestra propuesta, señor de Fernando, no es incompatible con sus criterios. Es más, yo diría que es necesario que se liberalice de alguna manera -yo no sé si como decimos nosotros o con otro sistema- las farmacias en el medio rural, para garantizar que esos criterios se ponen en marcha. Porque tampoco se trata de crear puestos de trabajo ficticios, como hacían en la Unión Soviética, y de buscar farmacéuticos adjuntos a las farmacias porque sí; lo que se trata es de prestar ese mejor servicio a los ciudadanos.

En conclusión, pues la actual mayoría va a impedir la aprobación de nuestra Proposición. Yo sigo, en uso de mi libertad de expresión, pensando que ustedes están defendiendo intereses minoritarios y corporativos, y me da la impresión de que, cada vez que se hable de este tema, habrá siempre algún argumento para impedir que este nudo gordiano se corte. Y los nudos gordianos, como bien nos demostró Alejandro Magno, no se cortan desatándoles, se cortan dándoles un tajo. Y yo sigo pensando que ustedes no van a dar nunca el tajo, porque el tajo iría en contra de los intereses que ustedes defienden. Y, al final, yo me temo que haremos una Ley de Ordenación Farmacéutica la próxima legislatura, pero si ustedes tienen la mayoría que les permita hacer esa ley, será un pan con unas tortas, no solucionará nada, y seguiremos los ciudadanos pensando que la farmacia no es, en la práctica, un servicio público, sino un negocio privado de unas pocas personas.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Granado. Antes de terminar el debate, ¿desea algún señor Procurador intervenir al respecto?

Concluido el debate, procedemos a someter a la votación la Proposición No de Ley en los términos definitivamente fijados por el señor Procurador proponente.

Comienza la votación. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

No habiendo más asuntos que tratar...

¡Ah!, bueno. El resultado de los votos es: votos a favor, siete; votos en contra, diez; abstenciones, ninguna. Por lo tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.