La presidenta de las Cortes de Castilla y León destaca la apuesta por la profesionalización de la contratación pública

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La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, y el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, durante la inauguración de la Jornada sobre ‘Los contratos públicos de servicios a las personas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público’
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Numerosos asistentes pudieron aprender de una jornada cuyo objetivo era contribuir a la profesionalización de la contratación pública, analizando las herramientas de la nueva Ley de Contratos para luchar contra el desempleo, la perspectiva de género y la contratación de personas con discapacidad
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A la jornada organizada por el Consejo Consultivo también acudieron, junto a la presidenta de las Cortes, representantes de las demás instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León, como el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común y el CES.
Las Cortes acogen una jornada para analizar las herramientas que la nueva Ley de Contratos pone a disposición de las Administraciones Públicas para luchar contra el desempleo, mejorar la calidad del mismo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad así como la inserción laboral a través de Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo. Una jornada, según la presidenta, con la que se pretende contribuir a la profesionalización de la contratación pública.
03/05/2018,   jueves

Sede de las Cortes de Castilla y León
Gabinete de Prensa

La nueva ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, tiene como objetivo lograr mayor transparencia en la contratación pública; conseguir una mejor relación calidad-precio: para ello, por primera vez, se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por establecer unos criterios de adjudicación que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al contrato; simplificar los trámites y mejor acceso para las PYMES; y además posibilita a los órganos de contratación el rechazo de las ofertas anormalmente bajas si se comprueba que no cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

Esta ley se adapta a la normativa europea en materia de contratación con el objetivo de modernizar la contratación pública de la Unión Europea, fomentar la eficiencia y permitir diseñar políticas que favorezcan el crecimiento en un contexto de globalización económica.

Una norma que, como ha asegurado la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, es compleja en su contenido por las múltiples remisiones que contiene y por los importantes cambios con respecto a la normativa anterior. Por eso, ha animado al personal que se dedica a contratación de las distintas administraciones a formarse y a conocer en profundidad la nueva normativa.  

Precisamente, la sede de las Cortes de Castilla y León acogió, en noviembre del pasado año, una Jornada Técnica sobre Contratación del Sector Público co-organizada por el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas de Castilla y León. En esta jornada se trasladó a los más de 400 asistentes las novedades que el texto legislativo de la nueva Ley de Contratos establecía, formando a los asistentes en la aplicación de la norma.

Novedades sociales en la Ley de Contratos

La nueva Ley de Contratos, como ha explicado Clemente, pone en manos de las Administraciones Públicas diversas herramientas para luchar contra el desempleo, y mejorar la calidad del mismo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad, así como la inserción laboral a través de la reserva de contratos a Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo. Unas herramientas que, la presidenta del Parlamento autonómico, confía en que sean usadas por las administraciones en beneficio de los ciudadanos.    

La norma, como ha destacado Silvia Clemente, permite que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.

Por primera vez, como ha explicado la presidenta, se obliga a los órganos de contratación a velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Los poderes públicos, como establece la nueva norma, siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios, incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones.

Respecto de los temas sociales, como ha asegurado la presidenta, se siguen regulando los contratos reservados a centros especiales de empleo o la posibilidad de reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las empresas de inserción y exigiéndoles a todas las entidades citadas que tengan en plantilla el porcentaje de trabajadores discapacitados que se establezca en su respectiva regulación.

La presidenta también ha destacado que la nueva Ley de Contratos estipula como causa de prohibición de contratar desde las entidades del sector público con empresas que no cumplan el requisito de que al menos el 2 por ciento de los empleados de las empresas de 50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad.

Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate.

Recientemente, como ha señalado la presidenta, se ha creado, a nivel nacional, la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública.

Jornada con ponentes de prestigio

La presidenta se ha referido a las novedades sociales de la Ley de contratos durante la inauguración de la jornada ‘Los contratos públicos de servicios a las personas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público’ celebrada en la sede del Parlamento autonómico.

Una jornada a la que han acudido 200 profesionales de diversos colectivos: profesionales dedicados a la contratación, sindicatos, fundaciones, universidades, organizaciones no gubernamentales…etc. La jornada ha consistido en cuatro ponencias y una mesa redonda con la participación de expertos de primer nivel en la materia.

La primera ponencia, a cargo de José María Gimeno -catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio de Contratación Pública- se ha centrado en la contratación pública en los contratos sanitarios y sociales en la nueva Ley de Contratos. Gimeno es, además, desde julio de 2015, Miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Fomento y autor de 20 monografías y más de 140 publicaciones en libros colectivos y en revistas especializadas relacionados todos ellos con la contratación. José María Gimeno ha sido investigador principal de siete proyectos y ha participado como ponente de forma constante en foros especializados nacionales e internacionales (UIMP, Instituto Europeo de Administración Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Parlamento Europeo, etc.).

La segunda ponencia ha versado sobre la temática de las cláusulas sociales en la contratación pública a cargo de Rafael Fernández, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo y Coordinador del Máster en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente (DUMA) de la misma Universidad. Está especializado en bienes públicos, transporte y contratación pública, materias en las que he publicado diversos trabajos, impartido ponencias en Congresos y Seminarios y participado en proyectos de investigación. Además, ha colaborado con diversos despachos de abogados especialmente en materia de contratos públicos y concesiones demaniales, en particular, mineras.

La cuarta ponencia ha descrito la figura del “concierto social” en la nueva Ley y para ello se ha contado con las profesoras Isabel Gallego e Ximena Lazo.

Gallego es profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y Codirectora del Máster en Derecho de la Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha realizado estancias de investigación en el Reino Unido (University of Cambridge) y en Italia (Università degli Studi di Bologna) y tiene publicado cinco monografías y multitud de artículos doctrinales y capítulos de libro. Sus líneas de investigación más consolidadas son el estudio de las privaciones coactivas de la propiedad, Derecho de aguas y Derecho de la contratación pública.

Lazo es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá, imparte clases en la Licenciatura en Derecho, en el Master Oficial en Derecho y en la Licenciatura y en el Grado en Ciencias Ambientales. Sus principales líneas de investigación son la contratación pública, el régimen de control sobre la actuación de la Administración Pública, el urbanismo y el medio ambiente. Ha participado en 8 proyectos de investigación y ha sido investigadora responsable de 5 contratos de investigación. Además, ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Bolonia, Oxford, Nottingham y Munich.

Para terminar, se ha celebrado una mesa redonda sobre la reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y otras Entidades de Economía Social. En ella han participado Judith Flores, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP; Jesús Fuertes, secretario general de la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León; y José Luis Henarejos, coordinador del área de Formación y Empleo de la CEPES.

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León

La jornada ha estado organizada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, creado en 2012 y adscrito al Consejo Consultivo, encargado de resolver recursos en materia de contratación. Es decir, de velar si las adjudicaciones de los contratos de las administraciones se ajustan a la legislación vigente. Con la entrada en vigor de la Ley de Contratos, este Tribunal se encargará además de resolver los recursos que puedan interponer las empresas si no se respetan los aspectos sociales en la Contratación.

Desde su puesta en marcha, en 2012, este Tribunal ha revisado 566 contratos con el servicio público de la Comunidad que tenían una cuantía de 4.148 millones de euros.  

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