PE/002800-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de mayo de 2020, ha admitido a trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/002658 a PE/002807.

Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de mayo de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Jesús María García-Conde del Castillo, procurador del Grupo Mixto por el partido político Vox, al amparo de lo establecido en los artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, formula las siguientes preguntas al Sr. Consejero de Economía y Hacienda, D. Carlos Fernández Carriedo, para su contestación escrita, referentes a la toma de MEDIDAS PARA PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PANDEMIA DE COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, fue declarado por el Consejo de Ministros, al amparo del artículo 116 de la Constitución, el estado de alarma en toda España.

El Reai Decreto aludido, dispuso una serie de limitaciones impuestas por el estado de alarma que exigen severas restricciones a los ciudadanos, entre ellas el cierre de gran parte de los negocios y establecimientos comerciales en función de la actividad a desarrollar. Asimismo, miles de negocios se han visto afectados por la limitación de circulación de personas establecida en el artículo 7 del referido Real Decreto, con los evidentes perjuicios que se generan fundamentalmente a autónomos, sector primario, comercios, profesionales independientes, emprendedores y pymes, que afectan a muchos vecinos que han tenido que cesar en su actividad y que no percibirán ingreso alguno durante el período previsto en el decreto de alarma.

Mediante Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Gobierno ha adoptado diversas medidas.

Indiscutiblemente, las medidas adoptadas por el Gobierno están ya afectando y afectarán en mayor medida a la economía española, especialmente a los autónomos, pymes y familias, bien porque muchos de sus miembros perderán su empleo, bien porque verán radicalmente disminuidos sus ingresos, bien por culpa directa de la crisis sanitaria, bien como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

Las empresas están sufriendo el golpe, viéndose muchas de ellas obligadas a la realización de EREs y ERTEs, lo que produce un sustancial aumento del paro. Como hemos dicho, la crisis está golpeando de forma dura a unos autónomos que, en muchos casos, ven

imposibilitado el ejercicio de su actividad mientras que se les mantiene la exigencia del pago de impuestos, sin aplazar o suspender los mismos.

Por último, no encontramos con el golpe económico a uno de los sectores más importantes de nuestra región, que es el turismo. Esta crisis está llevando al límite a restaurantes, hoteles, casas rurales, empresas de actividades al aire libre, agencias de viajes, etcétera, que no solo han perdido la temporada de Semana Santa, una de las más importantes del año, sino que miran con preocupación un nuevo fracaso en la temporada estival, fundamental para la supervivencia anual de tantas empresas del sector.

La situación de urgencia económica y social por los motivos expuestos, hacen insostenible que las distintas Administraciones sigan soportando el actual gasto político, mientras los españoles están aguantando de forma ejemplar una de las mayores crisis que ha azotado España.

La prioridad de los Poderes Públicos debe ser solucionar la actual crisis sanitaria y paliar las consecuencias de la subsecuente crisis económica que ya están experimentando los hogares españoles. Así, es deber de las Administraciones revisar sus partidas de fondos públicos y reorientar cualquier gasto no esencial a la solución y mitigación de la crisis sanitaria, actualmente en curso, y la económica, que atravesará España en los próximos meses.

La prioridad para VOX es que ni un sólo euro de dinero público pueda destinarse a otra cosa que no sea ayudar a los españoles a salir de la emergencia sanitaria y económica.

España debe protegerse, pero no puede detenerse. La Comunidad Autónoma de Castilla y León debe protegerse, pero al mismo tiempo no debe detenerse.

Por todo ello, consideramos necesario que se conteste a las siguientes preguntas:

1°.- ¿Tienen previstas medidas para contener el impacto negativo del COVID-19 sobre el empleo y la actividad empresarial en la Comunidad, y medidas para el fomento de la actividad económica y la creación de empleo? ¿Cuáles son, con qué consignación presupuestaria contarán y cómo se regulará su adjudicación?

2°.- ¿Tienen previsto contener y/o reducir la carga fiscal de ciudadanos, autónomos y empresas, mediante la eliminación temporal y excepcional de tributos autonómicos vinculados a la actividad empresarial? ¿En qué medida y quiénes serán los beneficiados? ¿Se va a eliminar el impuesto de sucesiones, aunque sólo sea para los familiares de los fallecidos como consecuencia de la pandemia de COVID-19?

3°.- ¿Han realizado el análisis de todas las partidas del Presupuesto de 2019, actualmente prorrogado, examinando todas aquellas dedicadas a subvenciones a partidos políticos, patronales, sindicatos, y o entidades cuya actividad no tenga

naturaleza mercantil y no esté directamente vinculada a la garantía del empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, la alimentación o la vivienda de los más necesitados, con el fin de evaluar su transferencia a partidas que mitiguen los efectos de la pandemia COVID-19?

4°.- ¿Han valorado la posibilidad de que todas aquellas partidas de promoción y publicidad institucional de la Administración Regional y sus organismos dependientes, exceptuando las sanitarias, sean también transferidas a la mitigación de los efectos de la pandemia COVID-19?

5°.- ¿Han sopesado que se proceda de manera inmediata a la suspensión en el devengo del canon o de la renta de las concesiones o alquileres de inmuebles de la Comunidad a aquellos comerciantes o empresarios que se vean afectadas por restricciones de la actividad y hasta 30 días después de finalizado del estado de alarma o situación de emergencia que lo sustituya?

6º.- ¿Han valorado la posibilidad de dar las instrucciones y establecer los protocolos necesarios para que todos los inspectores que tiene la Comunidad Autónoma se conviertan en receptores de los problemas de sus sectores de trabajo y no se limiten solamente a realizar su labor de inspección?

En Valladolid, a 14 de abril de 2020