PNL/000658-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 17 de julio de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000658 a PNL/000666.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de julio de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Soraya Blázquez Domínguez, Pedro González Reglero, Luis Fernández Bayón, Alicia Palomo Sebastián, María Rodríguez Díaz, José Ignacio Ronda Gutiérrez y Yolanda Sacristán Rodríguez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior:

ANTECEDENTES

En la sociedad castellano y leonesa existe una enorme preocupación, igual que sucede en el resto de España, acerca de la situación que se ha vivido en los últimos meses, con motivo de la pandemia de COVID-19, en las residencias de personas mayores de Castilla y León, tanto públicas como privadas, que fueron declaradas servicios esenciales a través de la orden SND/275/2020. Una orden que durante el estado de alarma sirvió para reforzar las tareas de control de dichos centros por parte de las comunidades autónomas. No puede obviarse en este sentido que sólo el 9 % de los centros residenciales de Castilla y León son de titularidad pública.

El Boletín Oficial del Estado de fecha 19 de diciembre de 2013 publicó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que en su artículo 1 determina que tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

En su discurso de investidura el pasado 9 de julio de 2019, el presidente de la Junta de Castilla y León situó entre sus prioridades para el actual mandato el reforzamiento de la transparencia y la participación ciudadana en las políticas públicas. Sin embargo, según ha trascendido estos días en los medios de comunicación, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades firmó el pasado 3 de junio una orden, no vinculante para el Ejecutivo autonómico, en la que se niega a facilitar información sobre el número de fallecidos registrados en geriátricos privados, que ha sido solicitada a través de la Ley de Transparencia.

Para ello, la Consejería se ampara en el artículo 14 de esta norma, referido a los límites al derecho de acceso, en el que se mencionan en el punto h) "los intereses económicos y comerciales", si bien este mismo artículo, en su punto 2, establece que la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.

En el caso de los fallecimientos en residencias privadas, el Gobierno de Castilla y León entiende que "los intereses económicos y comerciales" de las empresas que gestionan las residencias en esta Comunidad Autónoma están por encima del derecho de los ciudadanos castellanos y leoneses a conocer qué aconteció durante la pandemia en las residencias de mayores de su ámbito territorial. Circunstancias en muchos casos de extraordinaria importancia para los ciudadanos que tienen o han tenido familiares o personas allegadas en centros de personas mayores. En muchos casos la existencia de brotes importantes en algunos centros y de las personas afectadas y fallecidos han sido recogidos por los medios de comunicación que son quienes han demostrado una voluntad de servicio al ciudadano de la que la Junta parece carecer.

Con esta negativa a aportar información, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades pretende ocultar datos referentes a su gestión de las residencias e intenta eludir responsabilidades, sobre todo en cuanto a los criterios de las gerencias de Salud y de Servicios Sociales para el traslado de los mayores enfermos por coronavirus y con síntomas a los hospitales y primar su atención en las propias residencias.

Por todo lo anteriormente expuesto, en aras a la transparencia en la gestión del COVID-19 de la que reiteradamente alardea el Gobierno de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Socialista formula y somete a la consideración de la Cámara la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a hacer públicos en su portal de transparencia los datos desagregados del número de personas afectadas por el Covid-19, el número de fallecidos por coronavirus diagnosticado como tal y el número de fallecidos con sintomatología compatible con Covid-19 hasta la fecha en todos y cada uno de los centros residenciales de personas mayores de titularidad pública (autonómica, provincial y local) y privada que actualmente prestan sus servicios en el ámbito territorial de Castilla y León".

Valladolid, 25 de junio de 2020.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: María Soraya Blázquez Domínguez,

Pedro Luis González Reglero,

Luis Ángel Fernández Bayón,

Alicia Palomo Sebastián,

María Rodríguez Díaz,

José Ignacio Ronda Gutiérrez y

Yolanda Sacristán Rodríguez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández