PNL/001043-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de abril de 2021, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001034 a PNL/001037 y PNL/001039 a PNL/001043.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de abril de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Martín Benito, Juan Luis Cepa Álvarez, Rosa Rubio Martín, Fernando Pablos Romo, M.ª del Carmen García Romero y Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de la Presidencia:

ANTECEDENTES

Una de las diócesis de la actual Comunidad de Castilla y León es la de Ciudad Rodrigo, cuya institución data del año 1161. Surgió en el contexto de la repoblación del sur del Reino de León, llevada a cabo por el rey Fernando II, y lo hizo como diócesis sufragánea del arzobispado de Santiago. En 1174 fue reconocida por la Santa Sede. Desde sus orígenes, la diócesis civitatense y la ciudad de Ciudad Rodrigo han ido de la mano, constituyendo las dos caras de una misma moneda. Son y han sido la epidermis y la dermis de un territorio rayano con Portugal.

En la actualidad la diócesis lleva esperando más de dos años el nombramiento de un obispo ordinario, exclusivo y residencial, tras la renuncia en enero de 2019 del último prelado civitatense.

En los 850 años de historia de este obispado, tan solo ha habido tres periodos más largos de sede vacante. Esta circunstancia ha generado una incertidumbre general en la ciudad y su Tierra, asentada en los históricos rumores que se reanudan cada vez que la sede episcopal de Ciudad Rodrigo queda vacante, y que aluden a la absorción o a la unificación con la diócesis de Salamanca compartiendo obispo, con lo cual, si bien sobre el papel seguiría existiendo una diócesis civitatense, en la práctica sería una anexión a la salmantina, con la que se perdería una institución que, con cerca de nueve siglos de existencia, ha distinguido la Tierra de Ciudad Rodrigo.

Especialmente destacable fue la lucha por el sostenimiento y mantenimiento de esta Diócesis desde que en el siglo XIX, pues por el Concordato de 1851 (Art. 5) la condenaba a su desaparición, uniéndola a la de Salamanca, consiguiéndose su continuidad gracias al entendimiento, desde siempre, entre el estamento eclesiástico y las diferentes instituciones religiosas y laicas locales.

Gracias a este interés de los civitatenses se consiguió el nombramiento de un administrador diocesano propio en 1884 y más tarde, en 1950, la restitución de la mitra, lo que se llama en los libros de historia vinculados a esta tierra la "normalización" de la diócesis.

En el caso de Ciudad Rodrigo, la modificación del estatuto jurídico actual de la diócesis civitatense no es solo un problema eclesial, sino también político o social de primera magnitud para esta zona de España. Por ello su importancia trasciende de lo meramente religioso, aun respetando las decisiones de la jerarquía de la Iglesia, por el principio de separación entre la Iglesia y el Estado.

Hoy, más que nunca, las zonas diezmadas por la despoblación necesitan tener cerca a sus instituciones. Sin dichas instituciones, nuestros pueblos irán perdiendo su voz, sus derechos y, en definitiva, su existencia.

Hoy tras la fuerte migración de los años sesenta, la comarca de Ciudad Rodrigo sigue la estela de la despoblación, aunque hay lecturas que apuntan a una cierta estabilización en su progresivo descenso poblacional. La supresión de la Diócesis produciría unos efectos socioeconómicos muy negativos en la comarca, máxime en unos momentos en que todas las fuerzas políticas y sociales se esfuerzan en construir un futuro positivo.

La frontera, la Raya que en tiempos pasados fue símbolo de ruptura y enfrentamiento lo es ahora de unión y cooperación. Y la demarcación diocesana propia, con su patrimonio cultural, artístico y monumental, ha sido y es un puntal importante en la economía comarcal, ya que el turismo basado en la arquitectura y arte religioso contribuye de forma importantísima en la atracción de visitantes y está implicando acciones desde las administraciones públicas en una evidente colaboración para mantener la riqueza vinculada a esas iniciativas.

La lejanía del obispo de la diócesis supondría un inevitable deterioro del patrimonio cultural y artístico-religioso, como ha ocurrido en otras ciudades, antiguas diócesis, con el consiguiente impacto negativo en el turismo y en la cultura.

Esta necesidad de seguir contando con una diócesis independiente, con obispo propio, exclusivo y residencial, como ha ocurrido hasta la fecha, ha sido reconocida por instituciones culturales, vecinales, religiosas y ciudadanos en general que han asumido como suya esta lucha por el mantenimiento del obispado civitatense desde hace muchos años, décadas e incluso centurias y que ahora, ante esta nueva incertidumbre, también han iniciado una movilización para preservar la diócesis de Ciudad Rodrigo.

Por todo ello se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse a la Nunciatura Apostólica en España y a la Conferencia Episcopal Española, con el fin de que Ciudad Rodrigo siga manteniendo su centenaria diócesis y, en consecuencia, siga contando con un obispo titular, exclusivo y residencial".

Valladolid, 16 de abril de 2021.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: José Ignacio Martín Benito,

Juan Luis Cepa Álvarez,

Rosa María Rubio Martín,

Fernando Pablos Romo,

María del Carmen García Romero y

Luis Briones Martínez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández