M/000099-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 22 de julio de 2021, ha admitido a trámite la Moción, M/000099, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de regeneración democrática, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 22 de junio de 2021.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 22 de julio de 2021.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN, derivada de la Interpelación I/000099, relativa a "Política general en materia de regeneración democrática":

ANTECEDENTES

La mejora de la calidad democrática en nuestra sociedad, y por tanto en nuestra comunidad autónoma, es fundamental para reconciliar a la ciudadanía con la política. La política que debe entenderse como el instrumento para garantizar el bienestar común y la defensa del interés general por encima del particular, la defensa del interés público por encima del privado.

El buen gobierno y la regeneración democrática son principios que deben regir en la actuación diaria de los cargos públicos y por tanto la transparencia real es la mejor herramienta para garantizar la integridad exigible que debe presuponerse al desarrollo de las funciones de quien tiene la responsabilidad de dirigir la acción política.

Que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones solo se puede conseguirse a través de un gran ejercicio de transparencia y mejorando la representación y legitimidad, así como siendo diligentes y efectivos en la resolución de los problemas de la sociedad actual. Es decir, la adhesión ciudadana a las instituciones democráticas está asociada, más allá de la legitimidad de origen, al buen gobierno y la buena administración, que son las dos caras de la legitimidad de ejercicio en democracia.

La Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, en su exposición de motivos predica que la transparencia de la actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y su gobierno, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas.

La pérdida de confianza de la ciudadanía en los poderes públicos ha aumentado en Castilla y León notablemente con la aparición en los últimos 10 años de innumerables casos de corrupción que están en los juzgados y que cada día nos sorprenden con una nueva imputación o condena de miembros que han pertenecido al gobierno de nuestra comunidad autónoma.

Por todo ello, el grupo parlamentario socialista considera primordial abordar una serie de reformas en la vida pública que respondan a las exigencias de la sociedad de una mayor transparencia en el funcionamiento de lo público y de un mayor control y fiscalización de la Administración.

Por lo expuesto se formula la siguiente

MOCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

En materia de REGENERACION DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Que antes de que finalice el año 2021, previo consenso con el resto de grupos políticos del Parlamento, se acuerde:

1. La supresión de los aforamientos tanto de los procuradores como del ejecutivo sin limitaciones ni coletillas que dejen fisuras abiertas a interpretación.

2. La limitación de mandatos de los cargos del ejecutivo a un período máximo de 8 años tanto del presidente como de los miembros de la Junta.

3. Agilizar la tramitación de la Oficina para la lucha contra el fraude y la corrupción, atendiendo a las recomendaciones de los informes de las instituciones propias, subsanando tanto las deficiencias sustanciales como incluyendo las que no son preceptivas pero otorgan seguridad jurídica y eficacia de dicha Oficina.

4. Aumentar el número de inspectores para la lucha contra el fraude fiscal, garantizando para cada provincia como mínimo un inspector, un subinspector y un equipo administrativo.

5. Reducir la administración paralela de la Junta de Castilla y León, eliminando todos los organismos autónomos, empresas públicas y fundaciones dependientes de la Junta cuyas funciones puedan ser desarrolladas por la propia Junta.

6. Apartar del gobierno y cesar como alto cargo a aquellas personas que hayan sido responsables de un proceso fraudulento en la gestión y desarrollo de un proceso de primarias o de otros procedimientos de expresión de la democracia interna del partido al que pertenecen.

7. Regular antes de que finalice el año la provisión de puestos de libre designación mediante concurso y limitar al 25 % el número de puestos de estas características tanto en la administración general como en la educación y la sanidad públicas de la Comunidad. De tal forma que se deje a los cargos con rango de secretarios y dirección general o gobierno.

8. La regulación de presupuestos participativos mediante una reserva económica en cada proyecto de presupuestos, no inferior al 25 % de las cantidades no comprometidas en inversiones plurianuales en los capítulos 6 y 7, cuyo destino de inversión pueda decidir la ciudadanía, previa fijación de criterios de equidad territorial en su aplicación.

9. Que se establezca antes de que acabe el año un programa de gobierno abierto donde se modernice el portal de participación incluyendo funcionalidades de voto, nuevas funciones como la inclusión de propuestas ciudadanas y la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda preguntar al gobierno y con garantía de que se publiquen las respuestas.

10. Se elabore un plan de acción para el fomento de la participación y colaboración ciudadanas en las políticas públicas.

En materia de TRANSPARENCIA:

Que antes de que finalice el año 2021, previo consenso con el resto de grupos políticos del Parlamento, se acuerde:

11. Promover antes de que finalice el año, previa negociación con los grupos políticos representados en la cámara, la modificación de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, con el propósito fundamental de establecer criterios objetivos para el gasto en publicidad institucional, así como para evitar su desviación a fines electorales.

12. Que se publique la declaración de IRPF de todos los procuradores así como de los miembros del ejecutivo.

13. Que se publique mensualmente el estado de ejecución del presupuesto en formato accesible para la ciudadanía y de la manera más desglosada posible tanto con distribución económica como funcional, incluyéndose el formato reutilizable.

14. Que se publiquen todos los viajes de los altos cargos de la Junta de Castilla y León de la misma manera que los del presidente y los Consejeros.

15. Que se publiquen al menos cada semestre las cantidades percibidas por cada funcionario en concepto de gratificaciones extraordinarias.

16. Que se publiquen los expedientes abiertos por la Junta de Castilla y León a todos aquellos funcionarios que sean procuradores o miembros del ejecutivo.

17. Que la Junta de Castilla y León mediante Ley de Transparencia en tramitación garantice a los ayuntamientos medios materiales y humanos suficientes para poder llevar a efecto el cumplimiento de las obligaciones que impone la nueva ley autonómica prevista aprobar.

18. Que en dicha ley se contemple la obligatoriedad de rendición de cuentas ante las Cortes de Castilla y León de todos los altos cargos de la Junta así como de los entes adscritos a la Administración autonómica, al menos una vez al año".

Valladolid, 28 de junio de 2021.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández