PE/008357-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/007919, PE/007920, PE/008171, PE/008173, PE/008178, PE/008179, PE/008181 a PE/008189, PE/008226, PE/008227, PE/008331, PE/008338 a PE/008340, PE/008342 a PE/008344, PE/008349, PE/008354, PE/008357 a PE/008382 y PE/008444, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de diciembre de 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

Contestación a la Pregunta Escrita número 1008357 formulada por D. Pablo Fernández Santos, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, relativa a medidas que prevé implementar la Junta de Castilla y León para eliminar el subdesarrollo tecnológico de los pequeños núcleos rurales.

De conformidad con la legislación española, la competencia en materia de telecomunicaciones corresponde con carácter exclusivo al Estado, ejerciéndose por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y los servicios de telecomunicaciones se prestan en régimen de libre competencia por los operadores privados, viniendo su actuación determinada por sus propios intereses de negocio y por la rentabilidad de las inversiones que llevan a cabo.

No obstante la Ley permite al Estado imponer determinadas obligaciones de servicio público a esos operadores, denominadas Servicio Universal, que garantiza a todos los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica, el derecho a una conexión fija que permita comunicación de voz, fax y conexión a internet con velocidad de 1 Mbps, siendo el operador designado para cumplir con el Servicio Universal Telefónica (Movistar) y correspondiendo al Estado velar por su cumplimiento.

La Junta de Castilla y León no tiene competencias para imponer a las operadoras la obligación de prestar ningún servicio de telecomunicaciones ni de control de su prestación, disponiendo únicamente de la información que sobre la misma le puedan facilitar terceras partes, siendo conveniente destacar, en este sentido, que no se ha recibido comunicación alguna por parte del Ayuntamiento de Miranda de Azán en la que se ponga de manifiesto la existencia de problemas con la cobertura o el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones.

En respuesta a la indeterminación del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, recientemente aprobado, que modifica las condiciones del servicio universal sin fijar sus características, en el trámite de audiencia pública, la Junta de Castilla y León presentó varias alegaciones, solicitando que se estableciera en la Ley un valor concreto de acceso a internet de banda ancha que no fuera inferior a 30 Mbps, en consonancia con los objetivos fijados por la Agenda Digital para España para 2020. En este mismo sentido, en el mes de julio, se solicitó expresamente, mediante carta dirigida a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones vigente para contemplar un servicio universal de banda ancha con, al menos, 30 Mbps de velocidad.

Debido a las restricciones establecidas por la normativa en materia de competencia, el único mecanismo de actuación que se permite, en la práctica, a las administraciones públicas para incentivar la mejora de la cobertura de los diferentes servicios de telecomunicaciones, es la convocatoria de subvenciones a los operadores, mediante procedimientos que garanticen la libre competencia, sin posibilidad de condicionar la libertad de los operadores para elegir el alcance de los proyectos presentados a las convocatorias y las localidades que incluye cada uno, en función de sus planes de negocio y de despliegue.

Esta es la vía utilizada durante años, tanto por la Junta de Castilla y León, como por la Administración General del Estado, para mejorar la cobertura de la banda ancha, habiendo percibido los operadores, hasta el año 2020, ayudas por importe superior a los 80 millones de euros, gracias a los que la posibilidad de conectar a Internet con alta velocidad ha llegado a cerca de 800.000 ciudadanos de Castilla y León.

En el año 2020, la Junta de Castilla y León suscribió Protocolos con todas las Diputaciones Provinciales, en los que se establece el marco de colaboración para el estudio de la situación de la banda ancha fija y móvil en cada provincia y diseñar y llevar a cabo las actuaciones conjuntas que se consideren necesarias para mejorar las carencias de cobertura existentes y un Protocolo General de Actuación con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que establece las bases de la actuación coordinada entre ambas administraciones, para el estudio de la situación de los servicios de telecomunicaciones en la Comunidad de Castilla y León y para el diseño de mecanismos que contribuyan a mejorar su cobertura.

Con respecto a la extensión de banda ancha fija de alta velocidad, la inversión “C15.I1- Favorecer la vertebración territorial mediante despliegue de redes: Extensión de la banda ancha ultrarrápida” del Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene como objetivo lograr el 100% de la cobertura de banda ancha con una velocidad mayor de 100 Mbps. Esta inversión se articula por medio de ayudas a los operadores, cuya primera convocatoria se encuentra, en estos momentos, en proceso de resolución.

Pese a que se trata de medidas de notable interés para las zonas rurales menos favorecidas, el Gobierno de España no ha abierto a las Comunidades Autónomas la posibilidad de participar en estas actuaciones para la mejora de las coberturas de banda ancha y telefonía móvil, no habiéndose dado opción a aportar fondos para mejorar su alcance.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha publicado una nueva línea de actuaciones para la extensión de las infraestructuras de telecomunicaciones, denominada Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Programa UNICO). La propuesta de resolución provisional de la convocatoria para 2021 destina 53 millones de euros a proyectos en Castilla y León, habiéndose seleccionado un proyecto por provincia, desconociéndose, no obstante, por el momento, las zonas que estarán incluidas en cada uno de ellos.

Con respecto a la cobertura de telefonía móvil, el “Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios” del Gobierno de España establece, dentro del “Eje vertical de Extensión de banda ancha para favorecer la vertebración territorial”, el objetivo de lograr un 100% de cobertura de banda ancha móvil en 2023. El desarrollo de las actuaciones necesarias para ello ha comenzado con la preparación de las bases que regularán la concesión de ayudas a los operadores, que fueron sometidas a consulta pública el pasado mes de julio de 2021, habiéndose remitido propuestas por parte de la Junta de Castilla y León en el sentido de que las ayudas no se limiten a la extensión de la banda ancha móvil, sino que se incentive también a los operadores para que vaya acompañada de una extensión de la cobertura de voz, de forma que cualquier ciudadano puede realizar llamadas a los servicios de emergencia (112)

desde cualquier punto del territorio, que se introduzcan en las convocatorias de ayudas criterios de discriminación positiva que favorezcan la llegada de la cobertura a las zonas menos pobladas y que las convocatorias de ayudas establezcan unos objetivos mínimos de cobertura a lograr para cada provincia, de forma que se reduzcan las diferencias de cobertura entre unas y otras.

Durante el mes de junio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ha publicado una consulta pública para determinar las zonas potenciales de actuación y recepción de ayudas para la mejora de la cobertura de voz y banda ancha móvil, dentro del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Programa UNICO), línea de ayudas cuya primera convocatoria, con una dotación presupuestaria de 150 millones de euros, está prevista para 2021.

Valladolid, 3 de diciembre de 2021.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,

Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.