PNL/000030-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de mayo de 2022, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000027 a PNL/000030.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de mayo de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

El escenario económico nacional actual, marcado profundamente por un contexto de conflicto bélico que ha venido a cambiar la tendencia de recuperación frente a la recesión económica en la que se encontraba España en el año 2021, requiere de una respuesta colaborativa del Gobierno de España y las Comunidades Autónomas.

En Castilla y León, la recesión de 2020 fue de menor intensidad que la nacional, recuperando a finales de 2021 dos terceras partes del PIB perdido en el primer año de la pandemia, con mejores datos que la media de España. Si bien los problemas surgidos por el ritmo de avance de la economía, el estancamiento de la industria, una inflación desbocada con costes energéticos desorbitados, una deuda pública estatal elevada que condiciona el futuro de las cuentas públicas, el déficit estructural, el incremento de impuestos o las dificultades para alcanzar niveles de PIB previos a la pandemia, sumados a la invasión de Ucrania, ha hecho necesario adoptar medidas urgentes ante el agravamiento de la situación económica. Por eso, el Gobierno de Castilla y León aprobó las "iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica".

La Junta de Castilla y León ha acordado dentro de estas iniciativas una bajada en el IRPF para todos los contribuyentes de Castilla y León, reduciendo el tipo mínimo del 9,5 % actual al 9 %.

Entre otras, se contempla también la adopción de medidas tributarias coyunturales para los sectores más afectados por las subidas del precio de la energía, el combustible y la elevada inflación, agravada por la guerra en Ucrania, con el retorno de tasas en transporte y servicios veterinarios.

Las "iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica" recogen medidas de reducción fiscal en el medio rural, medidas de apoyo a familias y colectivos vulnerables y medidas de diversificación geográfica orientadas a reforzar la capacidad productiva de las empresas de Castilla y León.

Igualmente se recogen medidas específicas en el ámbito del empleo, del sector agrícola y ganadero, del transporte, energético y de financiación de empresas.

También se contemplan medidas relacionadas con la ciberseguridad y otras dirigidas de forma específica a compensar el coste de las materias primas y el resto de insumos en los contratos del sector público.

Se contiene en este acuerdo una propuesta de análisis de las posibilidades de reprogramación de los diferentes fondos de la Unión Europea.

Este paquete de ambiciosas medidas previstas desde la Junta de Castilla y León para impulsar a corto y medio plazo un contexto de recuperación de la crisis y su impacto en la inflación que se ha visto agravada por la invasión militar de Rusia a Ucrania, sin embargo, deben ser complementadas con políticas económicas de competencia estatal eficaces en el conjunto de España.

Las políticas económicas que viene desplegando el Gobierno de PSOE-Podemos desde finales del año 2018 no están sirviendo a España para converger en desarrollo socioeconómico con la media de la UE.

Así lo confirman los datos de evolución del PIB, pero también los de déficit y deuda pública, muy alejados de los que presentan los países de nuestro entorno.

No siendo eso suficiente, vemos además como la inflación está generando un efecto devastador en nuestra economía, provocando, de una parte, una pérdida en el poder adquisitivo de las familias por el encarecimiento de los productos de consumo, y un deterioro en la competitividad de las empresas por el incremento de los costes de producción; y de otra parte un aumento del coste fiscal por el "aumento del tipo efectivo" en el IRPF y "por las subidas de precios de los últimos meses" en el IVA como destaca el Informe de Recaudación de la AEAT. Por tanto, las familias y a las empresas se empobrecen con la inflación, tanto por los efectos de aumento de precios como por el efecto sobre la fiscalidad que aumenta la carga impositiva.

De otra parte, el diseño unilateral del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte del Gobierno de la Nación, sin contar de manera real y efectiva con los agentes económicos, ni con el resto de las administraciones territoriales, está poniendo en peligro el aprovechamiento de esta oportunidad histórica de transformación económica.

Ante la actual situación económica de España, el Partido Popular en colaboración con diferentes agentes de la sociedad civil ha presentado al Gobierno de España una batería de propuestas realistas y que pueden acometerse de forma inmediata para conseguir cuatro áreas prioritarias:

La racionalización del gasto burocrático y político del Gobierno de España; el rediseño de los fondos europeos para hacerlos más útiles; y reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica.

En paralelo a una bajada de impuestos selectiva e inmediata, que complemente la bajada de impuestos que viene aplicando el Partido Popular en Castilla y León junto con las referidas medidas de recuperación, es urgente que también el Gobierno de España adopte medidas con el objeto de devolver la sobrerrecaudación al bolsillo de los contribuyentes, especialmente en la de aquellos con menores rentas del trabajo, y en los que el incremento del IPC hace mayores estragos.

En este punto, y en base a las estadísticas de recaudación, hay margen para actuar sin afectar la financiación de los servicios públicos fundamentales, utilizando el margen de sobrerrecaudación, que puede verse ampliado si continúa el aumento de la inflación; el máximo aprovechamiento de la financiación europea; la búsqueda en la eficiencia del gasto público y la puesta en marcha de reformas estructurales para la dinamización económica, la creación de empleo y la mejora de la productividad.

Por todo lo expuesto, ante la urgente necesidad de adoptar medidas que impulsen la economía en España y que en Castilla y León complementen las ya adoptadas por la Junta de Castilla y León, se emite la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de que de forma inmediata proceda a iniciar los trámites para:

PRIMERO.- Aprobar una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal sobre los sectores más afectados por la inflación, y para rentas bajas y medias cuantificada en una horquilla de entre 7.500 y 10.000 millones de euros que contemple:

a) En el IRPF deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos (hasta 40.000 euros).

b) Crear en el IRPF una nueva figura en el mínimo personal y familiar para rentas bajas y medias que se sitúan entre los 14.000 y los 22.000

c) Adaptar las retenciones y pagos fraccionados para que las medidas fiscales aprobadas tengan impacto automático y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero en la economía de las familias, empresarios y profesionales de forma inmediata.

d) Establecer un impuesto negativo articulado como pago anticipado (ayuda directa de entre 200 y 300 euros anuales que podrán obtenerla de forma anticipada) para personas especialmente desprotegidas por el incremento del IPC para las rentas del trabajo y de actividades económicas más bajas sobre las que no hay obligación de retener (caso general 14.000 euros, que puede llegar hasta los 17.600 euros aproximadamente en función de las circunstancias personales y familiares del contribuyente), y coordinado con las ayudas que se puedan recibir desde el Ingreso Mínimo Vital, la Renta Garantizada de Ciudadanía, el Bono Social Eléctrico, el Bono Social Térmico, así como del resto de prestaciones sociales autonómicas y locales.

e) Aprobar para autónomos y profesionales la reducción de la tributación en estimación objetiva en IRPF (módulos) y del régimen simplificado en IVA y régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes.

f) Introducir en el Impuesto de Sociedades un nuevo supuesto de libertad de amortización en el artículo 12.3 LIS para este tipo de inversiones en eficiencia energética, cuando cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Esta libertad de amortización se reservaría para las inversiones con nivel elevados de mejora de la eficiencia energética (de modo similar a como se han regulado distintos porcentajes de deducción en la DA 50.ª LIRPF, introducida por art. 1.2 del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre), estableciéndose en los casos en los que no se alcancen dichos niveles, medidas de amortización acelerada (duplicando los coeficientes máximos de amortización del art. 12.1.a) LIS).

g) Bajar de manera temporal el IVA del gas y la electricidad al 5 %, e impulsar la rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos con la finalidad reducir la carga impositiva de los tributos indirectos del IVA e Impuestos Especiales que gravan el consumo energético. Con ello se pretenden dos efectos, de una parte, liberar recursos en la economía familiar y de las empresas, y a su vez contribuir a la simplificación y la eficiencia al ahorrar costes de gestión, habida cuenta que sobre este tipo de imposición se vienen realizando bonificaciones y subvenciones que complican la gestión, añaden carga burocrática para la administración, las empresas y los consumidores".

SEGUNDO.- Diseñar un Plan Nacional para la mejora de la efectividad y calidad del gasto público que permita establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales, que permita un ahorro y racionalización del gasto.

TERCERO.- Mejorar el diseño del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia para hacerlo más ágil de manera que la financiación llegue a las empresas y familias de forma inmediata y para que las reformas sean transformadoras; intensificando, entre otras medidas, el uso de incentivos fiscales extraordinarios y temporales, aplicables a inversiones que hagan hogares y empresas que se consideren que contribuyan a la mejora de la cohesión social y la capacidad de reacción ante las crisis destinados a inversiones en materia de transformación y digital y eficiencia energética, financiables para la Hacienda Española con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinando al menos un 7 % del PRTR a esta finalidad (4.900 millones)".

Valladolid, 17 de mayo de 2022.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano