PNL/000220-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de septiembre de 2022, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000219 a PNL/000222.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de septiembre de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

La televisión autonómica en Castilla y León tiene un importante coste operativo para la hacienda de la Comunidad Autónoma aun a pesar de haberse optado por un modelo que implica menores costes que los que tienen que afrontar otras Comunidades Autónomas. Por ello, su funcionamiento debe ser evaluado garantizando la transparencia, la eficacia y la salvaguarda del interés general, como en todo gasto público.

La opción por la que se optó en su momento del contrato de gestión de servicio público para la explotación, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televisión digital terrestre del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, con la concesión, conjunta e inseparable, de dos canales de televisión digital terrestre, es mucho menos gravosa para las arcas públicas que otros sistemas. Dicha fórmula de gestión fue modificada por la Orden FOM/1271/2010, de 23 de agosto, por la que "se transforma en licencia para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, la concesión de «Radio Televisión de Castilla y León, S. A.», de los dos canales digitales que explota, en régimen de gestión indirecta, del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito autonómico en la Comunidad de Castilla y León". Esta transformación, amparada en lo dispuesto en Disposición transitoria segunda de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, estableció un plazo de validez para la licencia de quince años, ampliables por otros quince.

Pero es precisamente por la forma de realizarse la gestión y las condiciones en las que ésta se realiza, por lo que debemos de articular los controles necesarios en orden a garantizar la independencia de los profesionales que prestan sus servicios en este medio, la imparcialidad en su actividad de comunicación, la objetividad, la transparencia, la eficacia, la salvaguarda del interés general, y por ende el respeto al derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución española, que reconoce y protege el derecho a comunicar y recibir libremente información, así como a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Sin embargo, en estos días pasados, los trabajadores de Radio Televisión Castilla y León han denunciado públicamente tanto su situación como la "manipulación que se le está dando a la información política en los informativos" de este medio de comunicación.

Respecto a las condiciones en los que los trabajadores desempeñan su trabajo, se han denunciado los bajos sueldos que perciben, los horarios que imposibilitan la conciliación laboral, familiar y personal y la falta de estabilidad laboral. Esta situación, evidentemente, afecta de forma directa a la calidad de la información que recibe la ciudadanía atentando directamente a la reputación y la credibilidad de las informaciones, viéndose la calidad de éstas gravemente afectadas. Por no hablar de las presiones que pueden recibir los profesionales que trabajan en el medio a fin de socavar su independencia.

Así, se ha roto el compromiso alcanzado por consenso de dedicar dinero extra a mejorar las condiciones de plantilla hasta el punto de que, lejos de mejorar sus condiciones laborales, se ha procedido al despido de algunos trabajadores.

Esta denuncia ha sido apoyada por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León, que ha hecho público su apoyo a las demandas de los trabajadores de Radio Televisión Castilla y León, resaltando la importancia de la libertad de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones en los medios de comunicación.

Respecto a la manipulación informativa denunciada, la situación no es nueva. La sombra de la duda ya se extendió sobre ente medio cuando, en 2018, se puso de manifiesto la existencia de una trama corrupta en la que estaría presuntamente implicado el empresario José Luis Ulibarri, propietario de un importante grupo de comunicación y de la mitad de Radio Televisión Castilla y León. Este mismo año el citado empresario, condenado a un año y medio de cárcel por la Gürtel Boadilla, confesó cinco delitos para evitar penas que sumaban 7 años de prisión.

En la actualidad, la propia Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado que, en este momento, y tras el despido del Director de Informativos, "la orientación y manipulación que se le está dando a la información política en los informativos dista mucho de la que debería tener cualquier medio de comunicación que quiera mostrarse veraz, objetivo y creíble". A este comunicado se ha unido otro de Comisiones Obreras (CC. OO.) de otro centro de producción solidarizándose con sus compañeros y denunciando "actitud poco constructiva y despótica de la empresa en la negociación colectiva".

Radio Televisión de Castilla y León S. A. recibe más de 20 millones de euros al año como concesión directa aprobada por el Consejo de Gobierno. En el año 2021 la subvención ascendió a 20 millones de euros y en 2022 el pasado mes de julio le fue concedida una subvención de 20,2 millones de euros. De esta forma, esta televisión "privada" sobrevive casi exclusivamente por la financiación pública. Y esa situación obliga a la Junta de Castilla y León a garantizar un funcionamiento acorde con el interés público, alejándose de cualquier tentación de utilizar esa dependencia económica para la obtención de réditos políticos.

Las funciones desarrolladas por la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, órgano que tiene encomendada la supervisión de las condiciones de prestación del servicio objeto de la licencia, se están demostrando insuficientes para garantizar la objetividad y la independencia de este medio.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Realizar las actuaciones necesarias para estudiar la revisión de oficio de la Orden FOM/1271/2010, de 23 de agosto, que establece una prórroga de quince años en la duración de la licencia, añadida a la vigencia de quince años de la misma y no contemplada en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

2.- Cesar con carácter inmediato en la financiación a Radio y Televisión de Castilla y León a través de subvenciones o por cualquier otro procedimiento, iniciándose, en su caso, expediente de resolución de la licencia por incumplimiento de los términos del contrato de fecha 2 de marzo de 2009.

3.- Crear un grupo de trabajo con la participación de las formaciones políticas con representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, que culminará con una comunicación que, en el plazo máximo de dos meses, será remitida por la Junta a las Cortes para su debate, con el fin de garantizar el consenso político y social necesario para la estabilidad de la televisión autonómica.

Dicha comunicación definirá un modelo de televisión autonómica sobre la base del consenso político y social que, respetando los principios de profesionalidad, imparcialidad, objetividad e independencia, con total garantía de los derechos de los trabajadores a quienes asegurará unas condiciones adecuadas en el desarrollo de su trabajo, preste el servicio público amparado por una financiación estable y que:

a) Establezca las medidas necesarias para garantizar que la Radio y Televisión de Castilla y León esté al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos.

b) Garantice que la percepción de cualquier tipo de ayuda esté condicionada tanto al mantenimiento y la calidad del empleo de los trabajadores de dicho medio de comunicación, por considerar que lo contrario afectaría gravemente a la calidad en la prestación del servicio público. A estos efectos se elaborará un Estatuto Profesional de los Trabajadores en la televisión autonómica, que establezca garantías laborales y de independencia en el ejercicio de sus funciones. La asunción de los términos del mismo por la empresa titular de la licencia será requisito indispensable para la obtención de financiación pública.

c) Garantice que los titulares de la licencia cumplen con las exigencias éticas de conducta empresarial que lo salvaguarde de cualquier sombra de duda referente a corrupción política o empresarial. A estos efectos se deberán reforzar los controles sobre la objetividad, imparcialidad y transparencia del medio, reforzando su control parlamentario.

4.- Adoptar las medidas necesarias para que, en su caso, se garantice la subrogación de la empresa concesionaria en los contratos de la totalidad de la plantilla que actualmente trabaja en Radio Televisión de Castilla y León, de forma que no se produzca interrupción alguna en la prestación del servicio ni en el cobro de sus retribuciones.

Valladolid, 27 de septiembre de 2022.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández