PE/000949-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/000905, PE/000906, PE/000908, PE/000912, PE/000913, PE/000915 a PE/000917, PE/000933 a PE/000936, PE/000940 a PE/000947 y PE/000949 a PE/000958, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Contestación a la Pregunta Escrita PE/1100949, formulada por D.ª Yolanda Sacristán Rodriguez y D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa al número de solicitudes de reconocimiento de algún grado de carrera profesional, reglamentada por el Decreto 43/2009, de 2 de julio, que se han visto interrumpidas en su cumplimentación como consecuencia del fallecimiento de la persona solicitante a causa de la COVID-19.

En contestación a la pregunta formulada se facilita la información correspondiente al número de solicitudes de reconocimiento de algún grado de carrera profesional que, una vez iniciadas, se han visto interrumpidas como consecuencia del fallecimiento de la persona solicitante, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y la actualidad. De acuerdo con los datos que constan en la aplicación OCAP de carrera profesional, son 22 los profesionales cuyo fallecimiento ha interrumpido el proceso iniciado de reconocimiento de carrera de cualquiera de los grados y años convocados.

De los citados 22 profesionales no es posible determinar cuántos han fallecido por causa de la COVID-19 debido a que, para obtener este dato, seria necesario acceder a las historias clínicas de los profesionales cuyo fallecimiento ha interrumpido el proceso iniciado de reconocimiento de carrera para conocer la causa del mismo, no encontrándose contemplada esta finalidad en el artículo 16 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, ni en el artículo 13 del Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la historia clínica, que establecen como únicas causas de acceso: la implicación directa con el diagnóstico y tratamiento del paciente, tanto del personal sanitario como del personal no sanitario, y los fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia.

A ello se suma el hecho de que, al tratarse de pacientes fallecidos, el acceso vulneraría también el artículo 18.4 de la citada Ley 41/2002, que establece que sólo se facilitará el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

Valladolid, 24 de noviembre de 2022.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Alejandro Vázquez Ramos.