PNL/000375-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2023, ha admitido a trámite las proposiciones no de ley PNL/000372 a PNL/000375.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento, se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas proposiciones no de ley hayan de debatirse.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara.

ANTECEDENTES

Nuestro ordenamiento jurídico nos otorga, como ciudadanos de derecho, un marco de protección, que sirve para asegurar un tratamiento civil y penal que castigue los ilícitos cometidos, y a la vez desincentive las conductas consideradas como reprochables.

Ese objetivo que resulta, si cabe, más importante en el ámbito de la violencia de género, que desgraciadamente se constituye como una de las manifestaciones más crueles e inhumanas del fracaso en la convivencia entre hombres y mujeres. Una lacra social que erosiona el derecho al libre desarrollo de la personalidad en la esfera sexual, así como la integridad física y moral, e incluso la vida, de las mujeres.

España ha sido un país pionero en la lucha contra la violencia de género, desplegando una adecuada protección en materia de violencia de género desde la normativa nacional e internacional, destacando aquí el Convenio de Estambul o el Convenio de Varsovia. A nivel nacional, nuestro país cuenta con la Ley de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma referente en la protección de las víctimas de violencia de género. Estas leyes complementan la tipificación penal propia de los distintos delitos que afectan a la libertad e indemnidad sexual.

Además, muestra del espíritu de consenso político que debe dominar estas políticas, en diciembre de 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que impulsó el Partido Popular y dotó económicamente el Gobierno de Mariano Rajoy con 1000 millones de euros. El Pacto fue ratificado por los Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales y destinó, entre 2018 y 2022, un total de 100 millones de euros entre Entidades Locales, 500 millones entre Comunidades Autónomas y 400 millones entre los organismos competentes de la Administración General del Estado. Todo ello para luchar contra la violencia de género en áreas como sensibilización y prevención; respuesta institucional; ayuda y protección a las víctimas; o asistencia y protección de los menores.

Una parte importante del esfuerzo que hemos hecho entre todos años atrás está siendo puesto en cuestión, y los resultados de ello, desgraciadamente los estamos viendo estos días, también en Castilla y León. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley del "solo sí es sí", ha modificado el Título VIII del Código Penal en lo relativo a los delitos denominados actualmente de libertad sexual. Ahora todos estos delitos son considerados agresión sexual, cuando con anterioridad se dividían en abusos o agresiones sexuales, según su gravedad. Aún más grave, las penas de estos hechos delictivos especialmente lesivos para las mujeres y menores se han visto reducidas para dar cabida a delitos de menor envergadura. Esta circunstancia implica que muchos de los condenados por estos hechos podrán acogerse a una reducción de sus penas, por la aplicación obligatoria del principio de norma más favorable para el reo, en base al artículo 2 del Código Penal.

Las consecuencias la Ley del "solo sí es sí" se comenzaron a ver a los pocos días de su aprobación en forma de reducciones de condena, cuando no de excarcelaciones de agresores sexuales y violadores.

Ello nos llevó a presentar una Proposición no de Ley que el pasado 15 de diciembre las Cortes de Castilla y León con el sorprendente voto en contra de los grupos que sustentan al Gobierno de España, fue aprobada por el Pleno de las Cortes de Castilla y León con el siguiente texto:

"Las Cortes de Castilla y León, reiterando su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género, instan a la Junta de Castilla y León a fin de que requiera al Gobierno de España para que mantenga el consenso surgido del Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, y que ha servido para poner a España en la vanguardia de la lucha contra la violencia sobre las mujeres, y proceda, en consecuencia, de forma inmediata y por la vía de urgencia, a modificar la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, para que quienes cometan delitos sexuales tengan las mismas penas que antes de aprobar la citada ley".

Aquel día la cifra de agresores sexuales y violadores que se habían visto beneficiados por la redacción de la conocida como Ley del Si solo es Si ascendía a 45, y apenas 11 personas habían sido excarceladas.

Hoy, tan solo un mes y medio más tarde, los violadores que han visto reducida su condena alcanzan los 280, y son casi 30 los que han salido a la calle ante el estupor de sus víctimas y de toda la sociedad que asiste atónita a tan lamentable espectáculo. Y el goteo no cesa, ni tiene tampoco visos de hacerlo pues son muchas las Audiencias Provinciales que están revisando condenas.

Por supuesto la petición de las Cortes de Castilla y León no ha sido atendida por el Gobierno, tampoco ningún ministro ha dado explicación alguna en el Congreso, habiéndose rechazado hasta cinco solicitudes de comparecencia. El Gobierno de España, lejos de pedir perdón a las víctimas y a la sociedad española por el daño que les está causando su negligencia, y proceder a la rectificación del error cometido en la redacción de la Ley, reformando la misma, ha estado mirando para otro lado, mintiendo, y dedicándose a faltar al respeto, cuando a no a insultar, a los jueces y magistrados que se limitan a aplicar la ley, lo que les convierte en "fachas machistas" para la izquierda de este país. E incluso, algunos de los miembros del Gobierno se han permitido el lujo, incluso, de reírse de las víctimas que han sufrido y sufren la violencia machista, sin que por cierto sean cesadas o al menos reprobadas por el resto del gobierno.

Durante el debate en las Cortes de Castilla y León, la portavoz interviniente del grupo socialista justificó su voto en contra afirmando textualmente que "debido a esta diversidad de interpretaciones por los distintos tribunales, estaría bien esperar a que el Tribunal Supremo unifique doctrina". Por entonces el PSOE intentaba hacer creer a la sociedad española que la ley aprobada era impecable desde el punto de vista jurídico, y que el único problema que presentaba era que algunos jueces, por falta de cultura o sensibilidad feminista, hacían interpretaciones equívocas de la norma.

Concluía su intervención la voluntariosa procuradora socialista afirmando con rotundidad y solemnidad "se lo vuelvo a repetir, lo ha dicho el presidente del Gobierno: una vez que el Tribunal Supremo unifique doctrina, si hay que hacer algún retoque o alguna modificación jurídico-técnica, se hará. Porque si algo tiene el Partido Socialista es que siempre hemos estado al lado de las víctimas". (Aplausos de sus compañeros). Es verdad que el presidente del Gobierno lo había dicho, en concreto el día 16 de noviembre del año pasado.

Pues bien, el Tribunal Supremo ya ha tenido oportunidad de manifestarse, tal y como le pedía el presidente del Gobierno, lo que pasa es que lo ha hecho en sentido contrario a lo que él creía que iba a suceder, y ha afirmado de forma reiterada y continuada en el tiempo que la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, la llamada ley del 'solo sí es sí', es "obligatoria" por ser "más favorable" al reo, es decir, que se debe aplicar la retroactividad de la ley penal más "beneficiosa".

Y lo ha hecho a través de 9 sentencias dictadas todas en el mismo sentido y que en síntesis afirman que ya se trate de condenas que incluyan condenas mínimas, como de las que hayan impuesto penas máximas, o las que abarquen condenas intermedias, o finalmente las que examinan varios delitos en concurso. Todas, ha dejado claro el Tribunal Supremo, se deben revisar.

En este sentido, el pasado día 29 de enero, la parte socialista del Gobierno anunciaba que "de inmediato" iba a proceder a presentar una proposición de ley para "corregir el sí es sí". Al margen de lo curioso que resulta que un gobierno anuncie una iniciativa legislativa que le corresponde a los grupos parlamentarios, lo cierto es que no sabemos si dicha afirmación responde a una voluntad real de modificar el texto o simplemente es una escenificación más de la relación que se vive en el Consejo de Ministros y pagamos todos los españoles.

En lo único que coincidimos con la parte socialista del gobierno es en la necesidad de actuar de inmediato, y ello porque la situación es en todo punto inaceptable. La Ley del "solo sí es sí" se ha demostrado claramente ineficaz en su supuesto objetivo de protección de las mujeres. No protege a las mujeres de hoy ni a las víctimas de ayer y solo favorece la revictimización.

Por la dignidad y derechos de las víctimas, consideramos que la gravedad de los hechos y la alarma social generada por la irresponsabilidad e inacción del Gobierno de España merecen una respuesta clara y urgente.

Una respuesta que al margen de anuncios frentistas entre los socios de gobierno requiere, en primer término, el reconocimiento de la negligencia de todo el Gobierno de España en la elaboración y tramitación de la Ley del "sí solo es si", la disculpa pública a las mujeres víctimas de los casi 280 violadores y agresores sexuales que se han visto beneficiados por ella, y por último la urgente modificación, al menos, de la redacción dada por la misma al título VIII del Código Penal, referido a los delitos sexuales.

Una modificación que, desde nuestro punto de vista, pasa solo por elevar las penas de los artículos 178, 179, 180 y 181 para establecerlas en los límites correspondientes a la redacción anterior a la introducida por la Ley Orgánica 10/2022.

Es cierto que esta modificación no podrá tener efectos retroactivos, y que el daño que está haciendo la Ley socialista es ya irreparable, pero al menos, volviendo a la redacción anterior, podremos evitar que quien cometa una agresión en el futuro se beneficie de una norma penal que estamos viendo resulta más benevolente para el agresor y, por lo tanto, más injusta para la sociedad y para las víctimas.

Por otro lado, y a la vista de que, aunque se modifique el texto, sus consecuencias se van a prolongar en el tiempo, se hace necesario hacer un seguimiento de éstas, serio, objetivo y riguroso, centrado en la protección de las víctimas y sus familiares, que sea capaz de anticipar los daños de todo tipo que las mujeres puedan volver a sufrir por parte de sus agresores y violadores, prestando también ayuda psicosocial y económica a aquellas mujeres que se vean obligadas a cambiar sus hábitos llegando al extremo de tener que huir de sus casas por la excarcelación de sus agresores.

Por lo expuesto, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de España a fin de que:

1. Reconozca su absoluta negligencia en la tramitación, para su posterior aprobación, de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, la llamada ley del 'solo sí es sí', que está llevando a que cientos de agresores sexuales y violadores se estén beneficiando de la misma, en forma de reducción de sus condenas cuando no, directamente, de excarcelaciones.

2. Pida perdón públicamente a las mujeres víctimas de los más de 300 violadores y agresores que hasta ahora han sido beneficiados por la Ley, y en general a todas las mujeres víctimas de violencia de genero de nuestro país por el paso atrás que, por exclusiva culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, hemos dado como sociedad en la lucha contra esta desgraciada lacra.

3. Con carácter urgente, acometa la reforma, que una parte del gobierno ha anunciado, de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, y que habrá de abarcar la modificación, al menos, de la redacción dada por esta a los artículos 178, 179, 180 y 181 del Código Penal para establecer las penas que los mismos imponen para los delitos sexuales en ellos descritos en los límites correspondientes a la redacción que tenían con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022. Dicha iniciativa debe estar avalada por los informes favorables del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Fiscales y del Consejo de Estado.

4. Con independencia de lo anterior, establezca un protocolo específico de seguimiento de las consecuencias de la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, haciendo público periódicamente el número de condenas revisadas con indicación del tiempo de reducción de las condenas y de excarcelaciones, y comunicando a las comunidades autónomas los datos de los reos beneficiados a fin de que por parte de estas se dé a sus víctimas y familiares la debida atención psicosocial, debiendo garantizar simultáneamente el Gobierno de España su protección".

Valladolid, 31 de enero de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano