POC/000042-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de febrero de 2023, ha admitido a trámite las preguntas para respuesta oral en Comisión POC/000040 a POC/000043.

Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León y a la Presidencia de la Comisión correspondiente.

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de febrero de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Carlos Pollán Fernández

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Francisco Igea Arisqueta, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 159 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU CONTESTACIÓN ORAL EN COMISIÓN.

Según denuncia la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (SOCALEMFYC), la Consejería de Sanidad continúa incumpliendo la normativa al contratar a graduados en Medicina sin especialidad para atender a la población. Una situación que persiste desde hace más de un año, como ya viene advirtiéndose desde hace meses.

La organización explica que la normativa que permitía esta situación, con carácter excepcional y con motivo de la pandemia por COVID-19 (Real Decreto Ley 29/2020 del 29 de septiembre, que estableció la posibilidad de poder contratar personas que, contando con el grado o licenciatura correspondiente carecían del título de especialista reconocido en España), decayó en octubre de 2021.

Por lo tanto, actualmente y desde hace más de un año, es ilegal la contratación de médicos sin especialidad para ejercer actividad asistencial en el sistema público de salud con carácter general y, en Sacyl, con carácter particular. Finalizada la crisis del COVID no existe razón alguna para prorrogar estos contratos.

Esta actitud incumple la normativa y vulnera el derecho de los ciudadanos de esta Comunidad a ser atendidos por personal especializado y con una formación adecuada, poniendo en grave riesgo la calidad del sistema y la atención de la población.

Como es conocido, nuestra Comunidad cuenta con el mayor número de especialistas en medicina familiar por población asistida de todo el país. Es urgente reordenar la atención primaria, evitando caer en este tipo de parches que tan solo deterioran el servicio prestado, y que generan una "apariencia de asistencia" en lugar de la sanidad de calidad que merecen nuestros ciudadanos.

Por todo ello, trasladamos a la Consejería de Sanidad las siguientes preguntas para su respuesta oral en Comisión:

1- ¿Puede la Consejería de Sanidad asegurar la correcta asistencia de aquellos ciudadanos que sean asistidos por profesionales sin la formación requerida?

2- ¿Piensa la Consejería asumir las responsabilidades penales y sanitarias derivadas de situaciones de mala praxis en estos casos?

3- ¿Ha obtenido la Consejería el consentimiento escrito de la Organización médica colegial para prorrogar esta medida?

4- ¿Ha obtenido la Consejería el consentimiento escrito del Ministerio para prorrogar esta medida más allá de la fecha señalada?

Valladolid, 24 de enero de 2023.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Francisco Igea Arisqueta